La demanda contra J. J. Rendón por la Operación Gedeón

Ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial para el condado de Miami, en Florida, avanza la demanda civil presentada por Jordan Goudreau, exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y propietario de la firma Silvercorp, contra el polémico asesor político venezolano J. J. Rendón. La pelea es por un pagaré de US$1,45 millones que, supuestamente, Rendón no canceló a Goudreau por servicios prestados en la fallida Operación Gedeón. Sin embargo, en 133 páginas, el documento devela la bitácora de la negociación que provocó la aparatosa acción en Venezuela, que fue impulsada, entre otros, por el mismísimo líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

En pocas palabras, Jordan Goudreau —un exmilitar nacido en Canadá, que intervino en las guerras de Afganistán e Irak con el uniforme de los Estados Unidos y hoy es contratista en temas de seguridad que administra desde Francia— ahora le reclama a Rendón una gruesa suma de dinero que se comprometió a cancelar en su condición de socio del “acuerdo de servicios generales” que, junto a otros, suscribió para el proyecto de sustitución del gobierno Maduro. Una negociación que se precisa en la demanda, con el registro de las reuniones adelantadas en Miami y Bogotá, y una que no se concretó en Lima, más el entramado de los protagonistas en la tras escena de la fracasada operación.

Lo que no incluye Goudreau en su demanda contra J. J. Rendón sí aparece en el expediente de la justicia colombiana sobre el caso Gedeón. Por ejemplo, que Goudreau ayudó en temas de seguridad en la realización del concierto de ayuda humanitaria para Venezuela, el 22 de febrero de 2019 en Cúcuta, y que al día siguiente viajó a La Guajira, donde se reunió con algunos exmilitares y desertores del vecino país, previstos como posibles mandos para la citada operación. De hecho, la Fiscalía que instruye el caso lo enmarca en el memorando de entendimiento que en esos mismos días firmaron el Gobierno de Colombia y Juan Guaidó, entonces reconocido por cincuenta países como primer mandatario de Venezuela.

En concreto, sugiere que en la trastienda del concierto que se realizó en la frontera colombo-venezolana, con el pretexto de entrar un lote de ayuda humanitaria, no solo ingresaron unos 1.500 militares desertores a Colombia, sino que empezó a tomar forma la Operación Gedeón que, en los siguientes meses, terminaron de estructurar política y económicamente en Estados Unidos Goudreau, J. J. Rendón y otros promotores de la acción militar, como Keith Schiller y Néstor Sainz, empresarios de Global; Léster Javier Toledo, activista político zuliano, y Jorge Betancourt, empresario venezolano que llevó la vocería de Juan Guaidó.

El 28 de mayo de 2019, como se lee en la demanda de Goudreau, él viajó con Toledo y Betancourt a Colombia, para reunirse con la pieza clave de la Operación Gedeón: el general retirado venezolano Clíver Alcalá Cordones, exmilitar de las entrañas del expresidente Hugo Chávez que participó en la intentona golpista de febrero de 1992 y llegó a ser comandante de la región de defensa integral en Guayana, pero que después cayó en desgracia con el gobierno Maduro y se radicó en Barranquilla, desde donde se convirtió en su incisivo detractor. Con Alcalá discutieron acceso a pistas de aterrizaje, libre paso por las fronteras, entrega de equipos y armas e instalación de campamentos.

Goudreau añade en su demanda ante un tribunal de Florida que en esa reunión estuvo también Eliécer Camacho Jiménez, general de la Policía colombiana, “comandante de la Región Cinco en el Valle de Aburrá”, y que igualmente se habló de la posibilidad de estructurar un grupo para combatir al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Días después, en el hotel JW Marriott en Bogotá, con asistencia de Arturo José Gómez, comandante de la División de Administración Financiera de la Guardia Nacional Bolivariana, se dio un avance significativo, aunque Goudreau dejó claro un insubsanable: no era posible involucrar armas en la acción sin la licencia del gobierno de los Estados Unidos.

En ese momento, según Goudreau, él estaba convencido de que el gobierno de los Estados Unidos apoyaba la cruzada contra Maduro, entre otras razones porque, incluso, el empresario Roen Kraft comentó haber recibido un mensaje suficiente del vicepresidente Michael Pence: “Todas las puertas están abiertas”. Después Goudreau se reunió con Rendón en el condominio privado de este último en Brickell Bay Drive, en Miami, y avanzaron decididamente hacia la creación de un comité de estrategia para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En ese momento, según la demanda, ya se había sumado el político venezolano Sergio Vergara, del círculo directo de Juan Guaidó.

El resto de 2019 se fue en ultimar los detalles del acuerdo final: la firma del pagaré por US$1,45 millones, del que Rendón alcanzó a desembolsar US$50.000 para gastos de manutención y viáticos; la consecución de equipos no restringidos por Estados Unidos, como uniformes, mochilas, guantes y cascos, y el trámite de la licencia ante el Departamento de Tráfico Internacional de Armas. En medio de los pormenores de la negociación, se incluyó finalmente una cláusula de confidencialidad estratégica: en caso de que fracasara el plan, debía negarse a toda costa la participación de Guaidó. Cuando la Operación Gedeón fracasó, en mayo de 2020, así se pronunció Rendón: “Fue un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo”.

Un craso error que comenzó a manifestarse el 23 de marzo de 2020, cuando en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, en un puesto de control de la Policía, cayó un cargamento de 26 fusiles y otros equipos de asalto militar, que movilizaba el conductor Jorge Alberto Molinares en su camioneta blanca Renault Duster. Aunque con el tiempo la justicia ratificó que nada sabía sobre el contenido de las maletas que debía llevar hasta Maicao, por sus declaraciones se fue descubriendo la baraja sobre el destino de las armas. Entonces apareció el nombre de la ingeniera de sistemas venezolana Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, vinculada al caso como supuesta coordinadora de logística de la Operación Gedeón.

Hoy, esta caraqueña de 39 años, que trabajaba en Barranquilla de gerente de marketing de Lubricantes Venoco, permanece detenida en la cárcel El Pedregal, en Medellín, sindicada de los presuntos delitos de tráfico de armas y entrenamiento para actividades ilícitas. Después fueron capturados los exmilitares venezolanos Juvenal y Juven José Sequea Torres y Rayder Alexánder Russo Márquez, conocido como el teniente Pico. Los tres están detenidos en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar. A pesar de que aparecieron otros nombres, como los del diputado del vecino país Hernán Alemán y el desertor militar José Manuel Jiménez, conocido como Lobo de Mar, la justicia colombiana no avanzó más. Entre otras razones, porque entre la incautación de las armas cerca a Santa Marta, el 23 de marzo de 2020, y la fallida Operación Gedeón del 3 de mayo, vino una sucesión de hechos que hoy causan más interrogantes. Fue así como, el 26 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público un plan de recompensas por las principales cabezas del gobierno Maduro, y además del mandatario y su círculo inmediato, extrañamente apareció entre los requeridos el general Clíver Alcalá. Si bien contra él existían pesquisas desde 2011 por su presunta intervención en temas de narcotráfico en Venezuela, era el enlace determinante para la Operación Gedeón en el capítulo Colombia.

El 27 de marzo de 2020, Alcalá contactó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que a su vez le ayudó a entregarse a la DEA en Bogotá. Desde entonces, aunque poco se sabe de su paradero o de su situación judicial en Estados Unidos, sí se sabe que se negó a declarar en el proceso que se sigue en Colombia contra la venezolana Yacsy Álvarez. La Fiscalía tiene incluso cartas de Álvarez a la esposa de Clíver Alcalá, identificada como Martha Ojeda, pero su defensa no ha logrado la colaboración del exoficial venezolano. Álvarez asegura que su labor fue logística para la entrega de comida, ropa y medicamentos a militares venezolanos en La Guajira, y que incluso ofició como traductora de Goudreau, pero que nada tuvo que ver con armas ni intentos de asalto militar en Venezuela.

Ella insiste ante la justicia colombiana que salió de su país porque tanto ella como su familia, hoy regada entre Chile y Estados Unidos, han sido perseguidos por el gobierno Maduro. La Fiscalía manifiesta que si bien Yacsy Álvarez entró por primera vez en Colombia hace años, en enero de 2020 lo hizo en un vuelo privado en compañía de Goudreau y de los exmilitares norteamericanos Luke Denman y Airan Berry, que cayeron presos en la Operación Gedeón y fueron condenados a veinte años de prisión en Venezuela. Además, la relacionan con el empresario chavista Franklin Durán, dueño de Venoco, investigado en Venezuela como supuesto financiador de la fallida operación.

El próximo miércoles 13 de enero, de manera virtual, hay una nueva audiencia en su caso. A través de su abogado buscará su libertad, con el mismo argumento del primer día: que solo es una perseguida política y que su único vínculo con el general Clíver Alcalá fue el de ser intermediaria de ayudas económicas que enviaba su jefe, Franklin Durán, al exoficial desde Venezuela, y que nunca consideró que estuviera en algo ilegal cuando enviaba comida o medicamentos a La Guajira, pues Alcalá le insistió en que él trabajaba con la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI) y le presentó a un contacto de este organismo, con quien se comunicó hasta el día de su captura, ocurrida en septiembre de 2020.

En cuanto a los tres venezolanos presos en la cárcel de Valledupar, insisten en que ellos no participaron en la operación, pues cumplían la cuarentena obligatoria en Santa Marta. Lo paradójico es que Juvenal y Juven José Sequea son hermanos de uno de los capturados en Venezuela: el capitán Antonio Sequea, quien cayó junto a Adolfo Baduel, hijo del general chavista Raúl Isaías Baduel, hoy detenido en una cárcel del vecino país. Justamente, uno de los supuestos objetivos de la operación era liberarlo y, desde su liderazgo, orientar la caída de Maduro. Una conjetura tan ambigua como las demás fichas del rompecabezas de una operación que sigue dejando más dudas que certezas.

“Fue una operación suicida e irresponsable”, comentó en su momento el analista J. J. Rendón, hoy demandado por Goudreau en Miami. “Los esperaban para masacrarlos”, observó Juan Guaidó en respuesta al comentario de Diosdado Cabello, quien se ufanó en decir que la operación estaba infiltrada desde el primer momento. En el río revuelto de este ruidoso capítulo ronda la misma pregunta: si con la caída de las armas el 23 de marzo, desde Colombia y Venezuela estaba develado el plan de asalto, ¿por qué el 3 de mayo de 2020 se dejó consumar en una acción equivalente a meterse a la boca del lobo? Falta mucho por cortar y responsabilidades por esclarecer en este escándalo que no fue.

La acusación contra Yacsy Álvarez

A mediados de diciembre de 2020 la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Yacsy Álvarez por los delitos de tráfico y porte de armas de uso de las Fuerzas Armadas y entrenamiento para actividades ilícitas.

La Fiscalía aportó 132 pruebas, con las que pretenden demostrar que la mujer participó “consciente y voluntariamente en una operación ilegal de entrenamiento de fuerzas paramilitares conformadas por exmilitares y policías venezolanos para atacar y llevar a cabo operaciones de justicia privada en contra de gobiernos extranjeros”. Asimismo, que habría participado en la financiación del grupo a través de su jefe, el empresario Franklin Durán, dueño de Venoco.

Una de las pruebas es un video en el que se ve a Álvarez entregando unas maletas en las que estaban las armas decomisadas en marzo de 2020. Su defensa alega que ella no conocía el contenido de las maletas y que en el video se ve a Clíver Alcalá, quien le dijo que ahí iban pistolas de paintball y que la DNI estaba informada de todos sus movimientos.

La defensa de Jordan Goudreau

El 13 de enero, cuando la defensa de Yacsy Álvarez solicite la libertad, presentará entre sus pruebas una entrevista con Jordan Goudreau. El exmilitar norteamericano declaró que sí conoció a la venezolana a través del general Clíver Alcalá, pues le sirvió como traductora en algunas de sus reuniones, y precisó que nada tuvo que ver con temas de armamento: “Yacsy nunca tocó equipamiento militar prohibido por Estados Unidos”.

Además, Goudreau sostiene en la entrevista que la ciudadana venezolana nunca estuvo implicada en el entrenamiento de militares en Colombia, sino que solo ayudó con medicamentos, ropa y comida. La defensa le preguntó a Goudreau si Yacsy Álvarez participó en alguna reunión en la que se habló del plan de asalto militar que se conoció como Operación Gedeón. Goudreau señaló que la mujer nunca financió la fallida operación y dijo que ella tenía más amor por su patria que cualquier político que haya visto.

Ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial para el condado de Miami, en Florida, avanza la demanda civil presentada por Jordan Goudreau, exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos y propietario de la firma Silvercorp, contra el polémico asesor político venezolano J. J. Rendón. La pelea es por un pagaré de US$1,45 millones que, supuestamente, Rendón no canceló a Goudreau por servicios prestados en la fallida Operación Gedeón. Sin embargo, en 133 páginas, el documento devela la bitácora de la negociación que provocó la aparatosa acción en Venezuela, que fue impulsada, entre otros, por el mismísimo líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

En pocas palabras, Jordan Goudreau —un exmilitar nacido en Canadá, que intervino en las guerras de Afganistán e Irak con el uniforme de los Estados Unidos y hoy es contratista en temas de seguridad que administra desde Francia— ahora le reclama a Rendón una gruesa suma de dinero que se comprometió a cancelar en su condición de socio del “acuerdo de servicios generales” que, junto a otros, suscribió para el proyecto de sustitución del gobierno Maduro. Una negociación que se precisa en la demanda, con el registro de las reuniones adelantadas en Miami y Bogotá, y una que no se concretó en Lima, más el entramado de los protagonistas en la tras escena de la fracasada operación.

Lo que no incluye Goudreau en su demanda contra J. J. Rendón sí aparece en el expediente de la justicia colombiana sobre el caso Gedeón. Por ejemplo, que Goudreau ayudó en temas de seguridad en la realización del concierto de ayuda humanitaria para Venezuela, el 22 de febrero de 2019 en Cúcuta, y que al día siguiente viajó a La Guajira, donde se reunió con algunos exmilitares y desertores del vecino país, previstos como posibles mandos para la citada operación. De hecho, la Fiscalía que instruye el caso lo enmarca en el memorando de entendimiento que en esos mismos días firmaron el Gobierno de Colombia y Juan Guaidó, entonces reconocido por cincuenta países como primer mandatario de Venezuela.

En concreto, sugiere que en la trastienda del concierto que se realizó en la frontera colombo-venezolana, con el pretexto de entrar un lote de ayuda humanitaria, no solo ingresaron unos 1.500 militares desertores a Colombia, sino que empezó a tomar forma la Operación Gedeón que, en los siguientes meses, terminaron de estructurar política y económicamente en Estados Unidos Goudreau, J. J. Rendón y otros promotores de la acción militar, como Keith Schiller y Néstor Sainz, empresarios de Global; Léster Javier Toledo, activista político zuliano, y Jorge Betancourt, empresario venezolano que llevó la vocería de Juan Guaidó.

El 28 de mayo de 2019, como se lee en la demanda de Goudreau, él viajó con Toledo y Betancourt a Colombia, para reunirse con la pieza clave de la Operación Gedeón: el general retirado venezolano Clíver Alcalá Cordones, exmilitar de las entrañas del expresidente Hugo Chávez que participó en la intentona golpista de febrero de 1992 y llegó a ser comandante de la región de defensa integral en Guayana, pero que después cayó en desgracia con el gobierno Maduro y se radicó en Barranquilla, desde donde se convirtió en su incisivo detractor. Con Alcalá discutieron acceso a pistas de aterrizaje, libre paso por las fronteras, entrega de equipos y armas e instalación de campamentos.

Goudreau añade en su demanda ante un tribunal de Florida que en esa reunión estuvo también Eliécer Camacho Jiménez, general de la Policía colombiana, “comandante de la Región Cinco en el Valle de Aburrá”, y que igualmente se habló de la posibilidad de estructurar un grupo para combatir al Ejército de Liberación Nacional (Eln). Días después, en el hotel JW Marriott en Bogotá, con asistencia de Arturo José Gómez, comandante de la División de Administración Financiera de la Guardia Nacional Bolivariana, se dio un avance significativo, aunque Goudreau dejó claro un insubsanable: no era posible involucrar armas en la acción sin la licencia del gobierno de los Estados Unidos.

En ese momento, según Goudreau, él estaba convencido de que el gobierno de los Estados Unidos apoyaba la cruzada contra Maduro, entre otras razones porque, incluso, el empresario Roen Kraft comentó haber recibido un mensaje suficiente del vicepresidente Michael Pence: “Todas las puertas están abiertas”. Después Goudreau se reunió con Rendón en el condominio privado de este último en Brickell Bay Drive, en Miami, y avanzaron decididamente hacia la creación de un comité de estrategia para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En ese momento, según la demanda, ya se había sumado el político venezolano Sergio Vergara, del círculo directo de Juan Guaidó.

El resto de 2019 se fue en ultimar los detalles del acuerdo final: la firma del pagaré por US$1,45 millones, del que Rendón alcanzó a desembolsar US$50.000 para gastos de manutención y viáticos; la consecución de equipos no restringidos por Estados Unidos, como uniformes, mochilas, guantes y cascos, y el trámite de la licencia ante el Departamento de Tráfico Internacional de Armas. En medio de los pormenores de la negociación, se incluyó finalmente una cláusula de confidencialidad estratégica: en caso de que fracasara el plan, debía negarse a toda costa la participación de Guaidó. Cuando la Operación Gedeón fracasó, en mayo de 2020, así se pronunció Rendón: “Fue un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo”.

Un craso error que comenzó a manifestarse el 23 de marzo de 2020, cuando en la vía entre Barranquilla y Santa Marta, en un puesto de control de la Policía, cayó un cargamento de 26 fusiles y otros equipos de asalto militar, que movilizaba el conductor Jorge Alberto Molinares en su camioneta blanca Renault Duster. Aunque con el tiempo la justicia ratificó que nada sabía sobre el contenido de las maletas que debía llevar hasta Maicao, por sus declaraciones se fue descubriendo la baraja sobre el destino de las armas. Entonces apareció el nombre de la ingeniera de sistemas venezolana Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, vinculada al caso como supuesta coordinadora de logística de la Operación Gedeón.

Hoy, esta caraqueña de 39 años, que trabajaba en Barranquilla de gerente de marketing de Lubricantes Venoco, permanece detenida en la cárcel El Pedregal, en Medellín, sindicada de los presuntos delitos de tráfico de armas y entrenamiento para actividades ilícitas. Después fueron capturados los exmilitares venezolanos Juvenal y Juven José Sequea Torres y Rayder Alexánder Russo Márquez, conocido como el teniente Pico. Los tres están detenidos en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar. A pesar de que aparecieron otros nombres, como los del diputado del vecino país Hernán Alemán y el desertor militar José Manuel Jiménez, conocido como Lobo de Mar, la justicia colombiana no avanzó más. Entre otras razones, porque entre la incautación de las armas cerca a Santa Marta, el 23 de marzo de 2020, y la fallida Operación Gedeón del 3 de mayo, vino una sucesión de hechos que hoy causan más interrogantes. Fue así como, el 26 de marzo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público un plan de recompensas por las principales cabezas del gobierno Maduro, y además del mandatario y su círculo inmediato, extrañamente apareció entre los requeridos el general Clíver Alcalá. Si bien contra él existían pesquisas desde 2011 por su presunta intervención en temas de narcotráfico en Venezuela, era el enlace determinante para la Operación Gedeón en el capítulo Colombia.

El 27 de marzo de 2020, Alcalá contactó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que a su vez le ayudó a entregarse a la DEA en Bogotá. Desde entonces, aunque poco se sabe de su paradero o de su situación judicial en Estados Unidos, sí se sabe que se negó a declarar en el proceso que se sigue en Colombia contra la venezolana Yacsy Álvarez. La Fiscalía tiene incluso cartas de Álvarez a la esposa de Clíver Alcalá, identificada como Martha Ojeda, pero su defensa no ha logrado la colaboración del exoficial venezolano. Álvarez asegura que su labor fue logística para la entrega de comida, ropa y medicamentos a militares venezolanos en La Guajira, y que incluso ofició como traductora de Goudreau, pero que nada tuvo que ver con armas ni intentos de asalto militar en Venezuela.

Ella insiste ante la justicia colombiana que salió de su país porque tanto ella como su familia, hoy regada entre Chile y Estados Unidos, han sido perseguidos por el gobierno Maduro. La Fiscalía manifiesta que si bien Yacsy Álvarez entró por primera vez en Colombia hace años, en enero de 2020 lo hizo en un vuelo privado en compañía de Goudreau y de los exmilitares norteamericanos Luke Denman y Airan Berry, que cayeron presos en la Operación Gedeón y fueron condenados a veinte años de prisión en Venezuela. Además, la relacionan con el empresario chavista Franklin Durán, dueño de Venoco, investigado en Venezuela como supuesto financiador de la fallida operación.

El próximo miércoles 13 de enero, de manera virtual, hay una nueva audiencia en su caso. A través de su abogado buscará su libertad, con el mismo argumento del primer día: que solo es una perseguida política y que su único vínculo con el general Clíver Alcalá fue el de ser intermediaria de ayudas económicas que enviaba su jefe, Franklin Durán, al exoficial desde Venezuela, y que nunca consideró que estuviera en algo ilegal cuando enviaba comida o medicamentos a La Guajira, pues Alcalá le insistió en que él trabajaba con la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI) y le presentó a un contacto de este organismo, con quien se comunicó hasta el día de su captura, ocurrida en septiembre de 2020.

En cuanto a los tres venezolanos presos en la cárcel de Valledupar, insisten en que ellos no participaron en la operación, pues cumplían la cuarentena obligatoria en Santa Marta. Lo paradójico es que Juvenal y Juven José Sequea son hermanos de uno de los capturados en Venezuela: el capitán Antonio Sequea, quien cayó junto a Adolfo Baduel, hijo del general chavista Raúl Isaías Baduel, hoy detenido en una cárcel del vecino país. Justamente, uno de los supuestos objetivos de la operación era liberarlo y, desde su liderazgo, orientar la caída de Maduro. Una conjetura tan ambigua como las demás fichas del rompecabezas de una operación que sigue dejando más dudas que certezas.

“Fue una operación suicida e irresponsable”, comentó en su momento el analista J. J. Rendón, hoy demandado por Goudreau en Miami. “Los esperaban para masacrarlos”, observó Juan Guaidó en respuesta al comentario de Diosdado Cabello, quien se ufanó en decir que la operación estaba infiltrada desde el primer momento. En el río revuelto de este ruidoso capítulo ronda la misma pregunta: si con la caída de las armas el 23 de marzo, desde Colombia y Venezuela estaba develado el plan de asalto, ¿por qué el 3 de mayo de 2020 se dejó consumar en una acción equivalente a meterse a la boca del lobo? Falta mucho por cortar y responsabilidades por esclarecer en este escándalo que no fue.

La acusación contra Yacsy Álvarez

A mediados de diciembre de 2020 la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Yacsy Álvarez por los delitos de tráfico y porte de armas de uso de las Fuerzas Armadas y entrenamiento para actividades ilícitas.

La Fiscalía aportó 132 pruebas, con las que pretenden demostrar que la mujer participó “consciente y voluntariamente en una operación ilegal de entrenamiento de fuerzas paramilitares conformadas por exmilitares y policías venezolanos para atacar y llevar a cabo operaciones de justicia privada en contra de gobiernos extranjeros”. Asimismo, que habría participado en la financiación del grupo a través de su jefe, el empresario Franklin Durán, dueño de Venoco.

Una de las pruebas es un video en el que se ve a Álvarez entregando unas maletas en las que estaban las armas decomisadas en marzo de 2020. Su defensa alega que ella no conocía el contenido de las maletas y que en el video se ve a Clíver Alcalá, quien le dijo que ahí iban pistolas de paintball y que la DNI estaba informada de todos sus movimientos.

La defensa de Jordan Goudreau

El 13 de enero, cuando la defensa de Yacsy Álvarez solicite la libertad, presentará entre sus pruebas una entrevista con Jordan Goudreau. El exmilitar norteamericano declaró que sí conoció a la venezolana a través del general Clíver Alcalá, pues le sirvió como traductora en algunas de sus reuniones, y precisó que nada tuvo que ver con temas de armamento: “Yacsy nunca tocó equipamiento militar prohibido por Estados Unidos”.

Además, Goudreau sostiene en la entrevista que la ciudadana venezolana nunca estuvo implicada en el entrenamiento de militares en Colombia, sino que solo ayudó con medicamentos, ropa y comida. La defensa le preguntó a Goudreau si Yacsy Álvarez participó en alguna reunión en la que se habló del plan de asalto militar que se conoció como Operación Gedeón. Goudreau señaló que la mujer nunca financió la fallida operación y dijo que ella tenía más amor por su patria que cualquier político que haya visto.