La demanda pendiente de la zona franca que estuvo ligada a los hijos de Álvaro Uribe

Han pasado 12 años desde que los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, dejaron de tener cualquier vínculo comercial con la Zona Franca de Occidente (ZFO), luego de haber sido cuestionados en 2009 de comprar, junto a familiares del entonces alcalde de este municipio, 32 hectáreas de un área en donde se creó dos años después esta zona con beneficios tributarios. Además, en 2021, el Consejo de Estado les dio la razón al determinar que no hubo manejos irregulares en el trámite y entregada durante el gobierno del propio Uribe Vélez.

Han pasado 12 años desde que los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, dejaron de tener cualquier vínculo comercial con la Zona Franca de Occidente (ZFO), luego de haber sido cuestionados en 2009 de comprar, junto a familiares del entonces alcalde de este municipio, 32 hectáreas de un área en donde se creó dos años después esta zona con beneficios tributarios. Además, en 2021, el Consejo de Estado les dio la razón al determinar que no hubo manejos irregulares en el trámite y entregada durante el gobierno del propio Uribe Vélez.

Hoy, esta inmensa área industrial, ubicada en Mosquera, Cundinamarca, es propiedad de más de 80 empresas nacionales e internacionales, que a su vez generan más de 8.500 empleos directos e indirectos, según contaron los abogados de la zona franca a este diario. Además, su operación se expandió de 32 a 55 hectáreas, en 2015, luego de que el Gobierno de Juan Manuel Santos avalara esta ampliación. Los cientos de contenedores de colores que contienen mercancías que no pagan impuestos, beneficiadas con el régimen franco que aplica en Colombia para estas áreas, son testigos del floreciente negocio. Sin embargo, en el plano jurídico, siguen existiendo cuestionamientos sin resolver sobre posibles irregularidades en su creación.

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El Espectador conoció un proceso, que está activo en el Consejo de Estado, relacionado con este caso, que lleva 14 años sin que el alto tribunal tome una decisión de fondo. Se trata de una demanda que pide, en pocas palabras, que se anule la resolución con la que, en diciembre de 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le dio vida a la denominada Zona Franca de Occidente.

La acción judicial que hasta hoy se conoce, presentada en 2009, señala que hubo un error de forma en el trámite de aprobación de la zona franca por parte de varias entidades del entonces gobierno de Álvaro Uribe. Señala que la empresa que pidió operar el terreno, llamada Zona Franca de Occidente S.A. , no existía cuando hizo la petición a las autoridades, en diciembre de 2007. Y que solo fue creada en junio de 2008, seis meses después de la solicitud.

Un asunto que, según el demandante, sería irregular a la luz del marco legal colombiano: “No se cumplió con la identificación de la compañía que presenta la solicitud de la zona franca, incluyendo el certificado de la Cámara de Comercio”. Los alegatos de la Zona Franca y la DIAN, a su turno, señalaron que no hubo ninguna irregularidad, ya que, en junio de 2008, la Zona Franca de Occidente presentó la documentación y las autoridades volvieron a evaluar la solicitud para operar la zona y un mes después se emitió un concepto favorable que le dio vida a la zona franca.

De acuerdo con este expediente, desde marzo de 2021, el Consejo de Estado recibió los alegatos de conclusión. Es decir, la etapa previa al fallo y en la que las partes del caso vuelven a exponer sus argumentos ante los magistrados. Pero uno de los documentos del proceso, que conoció El Espectador, explica por qué el proceso lleva tres lustros sin ser resuelto.

Resulta que, entre 2015 y 2016, los abogados de la zona franca le pidieron al Consejo de Estado que aceptara la declaración de cuatro testigos que, a su parecer, podrían verificar que no hubo irregularidades. Entre ellos, Luis Guillermo Plata, quien fue el ministro de Comercio cuando esta entidad le dio luz verde a la creación de la ZFO. Luego, en 2017, los abogados de la zona franca advirtieron que la alta corte nunca fijó fechas para tomar las declaraciones de los declarantes y que, además, en los registros judiciales aparecía que el proceso judicial estaba listo para ser analizado y fallado.

El alto tribunal se tomó casi cuatro años para responder a los abogados de la zona franca sobre este error. En un documento de cuatro páginas, de diciembre de 2020, el Consejo de Estado ordenó corregir esta equivocación y avaló la declaración del exministro Plata. En abril de 2021, Plata, entonces embajador de Colombia en España, señaló que no participó en la reunión en la que se emitió el concepto favorable de la zona franca, ya que se encontraba por fuera de Colombia.

De hecho, en diálogo con este diario, Plata retomó lo que le dijo en ese momento al magistrado del Consejo de Estado, Hernando Sánchez, ponente del caso: “Por mi salida del país, un viceministro me reemplazó en esa sesión en la que se dio la aprobación y donde se subsanó la identificación de la compañía peticionaria (...) El Ministerio obró en el cumplimiento de las normas establecidas, con la debida diligencia y estricto apego a la ley”.

Por la demora en tomar una decisión en este caso, la abogada que representa al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una de las entidades demandadas en el proceso, pidió un impulso procesal para que se emita un fallo, en diciembre de 2023, como se puede consultar en la base de datos de la rama judicial. Petición que a la fecha tampoco ha sido contestada. De cualquier modo, los cuatro magistrados de la sección primera del Consejo de Estado tendrán que volver a valorar si la Zona Franca de Occidente, en la que estuvieron vinculados los hijos de Álvaro Uribe Vélez, tuvo alguna irregularidad en su trámite de aprobación.

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