La estrategia bursátil de dos ex ministros de Estado
Fueron acusados por utilización indebida de información hace ocho meses, pero un recurso jurídico tiene en vilo su suerte.
Norbey Quevedo H.
Mientras que el país sigue milimétricamente la pelea entre los poderes Ejecutivo y Judicial y al tiempo que la yidispolítica y parapolítica siguen ocupando titulares, un proceso que enfrenta a los pesos pesados del derecho en Colombia por una acusación contra dos ex ministros y dos empresarios, reposa hace varios meses en el despacho del fiscal Mario Iguarán a la espera de una decisión que puede sentar un enérgico precedente en el buen uso de información privilegiada en el ámbito empresarial colombiano.
El complicado asunto ya tuvo un primer round judicial. El pasado 24 de diciembre de 2007, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió acusar a los ex ministros de Minas Luis Carlos Valenzuela Delgado y de Trabajo Luis Fernando Ramírez, así como a los empresarios Felipe Riveira Herrera y David Seint Neirus, por los presuntos delitos de utilización indebida de información privilegiada y por la divulgación y empleo de documentos reservados, en un negocio estimado en US$6 millones.
Un proceso en el que interviene un verdadero dream team jurídico con diversas estrategias entre las partes, en donde radica una preocupación mayor: que casi ocho meses después de la decisión de acusar a esas cuatro personas, el ente investigador sigue estudiando el caso con el propósito de ratificar o no la acusación, pero aún no resuelve el recurso. En un caso único en el país y que tiene a la expectativa a banqueros, inversionistas, abogados y académicos del derecho.
Todo comenzó en enero de 2002, cuando el empresario Armando Lloreda Zamorano, en su condición de accionista de la firma Transgas de Occidente S.A., manifestó su intención de adquirir las acciones que las empresas Gasoriente, Spie Capag Jersey Ltda., Fluor de Colombia e Ismocol de Colombia S.A. poseían en Transgas.
En la memoria de Lloreda apareció un reconocido hombre de negocios con quién habían trabajado en Corfivalle y conocía hace diez años. Se trataba del ex ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela. De inmediato Lloreda contactó a su amigo, recordó su basta experiencia en manejo de banca de inversión y le confió su secreto empresarial: que tenía adelantadas algunas conversaciones con accionistas de Transgas, quienes le venderían las acciones que poseían en la empresa.
El negocio prometía ser muy jugoso. No era la primera vez que Lloreda invertía en negocios de magnitud. Su olfato empresarial le indicaba que las acciones se valorizarían después de su compra. Y no quería dejar nada al azar, por eso también acudió a otro experto en el tema. Era Álvaro Hernán Mejía, presidente de Correval, y a Juan Cristóbal Romero, quién trabaja en el Ingenio La Cabaña, compañía que también estaba interesada en comprar acciones a través de uno de sus principales accionistas: David Seinjet Neirus.
Lloreda fue más allá y contrató a la banca de inversión Invercor S.A. y a un pool de abogados que hicieron los estudios respectivos sobre Transgas S.A. y crearon un cuarto de datos para posibles compradores de acciones. De esta manera, el 24 de julio de 2002, firmó un acuerdo de confidencialidad y no competencia con el representante legal de Invercor.
En octubre de 2002, los estudios rindieron sus frutos. Armando Lloreda obtuvo la opción de compra de las acciones que Fluor Daniel de Colombia Ltda. poseía en Transgas de Occidente. En ese mismo mes se reunió con Luis Carlos Valenzuela, Felipe Riveira y Luis Fernando Ramírez, socios de la banca de inversión Sumatoria S.A. Y acordaron que ésta vendería las acciones de Fluor Daniel a un precio de US$1,15, con lo cual ganaría una comisión del 8% del valor de la venta.
Pero empezaron los problemas. El 4 de diciembre de 2002, Sumatoria y Transgas firmaron un acuerdo de confidencialidad. Posteriormente, la banca de inversión Sumatoria le informó a su cliente, Lloreda, que los inversionistas estaban interesados en adquirir acciones en 0,72 centavos de dólar, pero el empresario no quiso vender. Y según relató a la Fiscalía, quienes habían contratado como su banca de inversión: “Se dedicaron a preparar el terreno para adquirir las acciones a bajo precio”.
La sorpresa sería mayor cuando, según el denunciante, Luis Carlos Valenzuela, Luis Fernando Ramírez y Felipe Riveira crearon con un capital de un millón de pesos las empresas Portgas y Gasolar para adquirir las acciones de Transgas de Occidente.
Lo propio hizo David Seinjet Neirus, accionista del Ingenio La Cabaña. En suma, Lloreda contrató una banca de inversión, estos conocieron del negocio, manejaron la información confidencial y finalmente, según él, fueron quienes se quedaron con las acciones, causándole un grave perjuicio económico.
Por estos hechos, el 13 de noviembre de 2003 Lloreda formuló denuncia penal contra los ex ministros Valenzuela y Ramírez y los empresarios Felipe Riveira Rodolfo Muller y David Seinjet.
El 21 de enero de 2004 el asunto tomó vuelo en la Fiscalía y al caso llegaron connotados juristas. Un pool de cinco penalistas, entre ellos Jaime Lombana y Yesid Reyes en representación de los ex ministros, y Vicente Gaviria, apoderado de Lloreda.
Casi cuatro años después de investigación, audiencias, indagatorias, numerosos alegatos y un expediente de varios cuadernos, la Fiscalía, en primera instancia, tomó decisiones en el caso y el 24 de diciembre pasado decidió acusar a Valenzuela, Ramírez, Riveira y Seinjit.
El ente acusador consideró: “Los sindicados no conocían de la oportunidad de la negociación y de la información necesaria para poder realizar la transacción en el mercado”. Además que Lloreda era la única persona que podía revelar la información confidencial de Transgas.
Para el organismo fue evidente que cuando el querellante renuncia la negocio, las sociedades de sus asesores las adquieren inmediatamente. Y destaca que se lesionó a Lloreda su derecho a tener reserva sobre la información. Además, un informe del CTI dictaminó que sí existió detrimento patrimonial de Lloreda.
Los acusados sostuvieron que ya conocían el asunto, que no manejaron información privilegiada y que ésta era pública . Por ahora, el trascendental caso sigue en suspenso y en manos del fiscal Iguarán.
Mientras que el país sigue milimétricamente la pelea entre los poderes Ejecutivo y Judicial y al tiempo que la yidispolítica y parapolítica siguen ocupando titulares, un proceso que enfrenta a los pesos pesados del derecho en Colombia por una acusación contra dos ex ministros y dos empresarios, reposa hace varios meses en el despacho del fiscal Mario Iguarán a la espera de una decisión que puede sentar un enérgico precedente en el buen uso de información privilegiada en el ámbito empresarial colombiano.
El complicado asunto ya tuvo un primer round judicial. El pasado 24 de diciembre de 2007, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió acusar a los ex ministros de Minas Luis Carlos Valenzuela Delgado y de Trabajo Luis Fernando Ramírez, así como a los empresarios Felipe Riveira Herrera y David Seint Neirus, por los presuntos delitos de utilización indebida de información privilegiada y por la divulgación y empleo de documentos reservados, en un negocio estimado en US$6 millones.
Un proceso en el que interviene un verdadero dream team jurídico con diversas estrategias entre las partes, en donde radica una preocupación mayor: que casi ocho meses después de la decisión de acusar a esas cuatro personas, el ente investigador sigue estudiando el caso con el propósito de ratificar o no la acusación, pero aún no resuelve el recurso. En un caso único en el país y que tiene a la expectativa a banqueros, inversionistas, abogados y académicos del derecho.
Todo comenzó en enero de 2002, cuando el empresario Armando Lloreda Zamorano, en su condición de accionista de la firma Transgas de Occidente S.A., manifestó su intención de adquirir las acciones que las empresas Gasoriente, Spie Capag Jersey Ltda., Fluor de Colombia e Ismocol de Colombia S.A. poseían en Transgas.
En la memoria de Lloreda apareció un reconocido hombre de negocios con quién habían trabajado en Corfivalle y conocía hace diez años. Se trataba del ex ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela. De inmediato Lloreda contactó a su amigo, recordó su basta experiencia en manejo de banca de inversión y le confió su secreto empresarial: que tenía adelantadas algunas conversaciones con accionistas de Transgas, quienes le venderían las acciones que poseían en la empresa.
El negocio prometía ser muy jugoso. No era la primera vez que Lloreda invertía en negocios de magnitud. Su olfato empresarial le indicaba que las acciones se valorizarían después de su compra. Y no quería dejar nada al azar, por eso también acudió a otro experto en el tema. Era Álvaro Hernán Mejía, presidente de Correval, y a Juan Cristóbal Romero, quién trabaja en el Ingenio La Cabaña, compañía que también estaba interesada en comprar acciones a través de uno de sus principales accionistas: David Seinjet Neirus.
Lloreda fue más allá y contrató a la banca de inversión Invercor S.A. y a un pool de abogados que hicieron los estudios respectivos sobre Transgas S.A. y crearon un cuarto de datos para posibles compradores de acciones. De esta manera, el 24 de julio de 2002, firmó un acuerdo de confidencialidad y no competencia con el representante legal de Invercor.
En octubre de 2002, los estudios rindieron sus frutos. Armando Lloreda obtuvo la opción de compra de las acciones que Fluor Daniel de Colombia Ltda. poseía en Transgas de Occidente. En ese mismo mes se reunió con Luis Carlos Valenzuela, Felipe Riveira y Luis Fernando Ramírez, socios de la banca de inversión Sumatoria S.A. Y acordaron que ésta vendería las acciones de Fluor Daniel a un precio de US$1,15, con lo cual ganaría una comisión del 8% del valor de la venta.
Pero empezaron los problemas. El 4 de diciembre de 2002, Sumatoria y Transgas firmaron un acuerdo de confidencialidad. Posteriormente, la banca de inversión Sumatoria le informó a su cliente, Lloreda, que los inversionistas estaban interesados en adquirir acciones en 0,72 centavos de dólar, pero el empresario no quiso vender. Y según relató a la Fiscalía, quienes habían contratado como su banca de inversión: “Se dedicaron a preparar el terreno para adquirir las acciones a bajo precio”.
La sorpresa sería mayor cuando, según el denunciante, Luis Carlos Valenzuela, Luis Fernando Ramírez y Felipe Riveira crearon con un capital de un millón de pesos las empresas Portgas y Gasolar para adquirir las acciones de Transgas de Occidente.
Lo propio hizo David Seinjet Neirus, accionista del Ingenio La Cabaña. En suma, Lloreda contrató una banca de inversión, estos conocieron del negocio, manejaron la información confidencial y finalmente, según él, fueron quienes se quedaron con las acciones, causándole un grave perjuicio económico.
Por estos hechos, el 13 de noviembre de 2003 Lloreda formuló denuncia penal contra los ex ministros Valenzuela y Ramírez y los empresarios Felipe Riveira Rodolfo Muller y David Seinjet.
El 21 de enero de 2004 el asunto tomó vuelo en la Fiscalía y al caso llegaron connotados juristas. Un pool de cinco penalistas, entre ellos Jaime Lombana y Yesid Reyes en representación de los ex ministros, y Vicente Gaviria, apoderado de Lloreda.
Casi cuatro años después de investigación, audiencias, indagatorias, numerosos alegatos y un expediente de varios cuadernos, la Fiscalía, en primera instancia, tomó decisiones en el caso y el 24 de diciembre pasado decidió acusar a Valenzuela, Ramírez, Riveira y Seinjit.
El ente acusador consideró: “Los sindicados no conocían de la oportunidad de la negociación y de la información necesaria para poder realizar la transacción en el mercado”. Además que Lloreda era la única persona que podía revelar la información confidencial de Transgas.
Para el organismo fue evidente que cuando el querellante renuncia la negocio, las sociedades de sus asesores las adquieren inmediatamente. Y destaca que se lesionó a Lloreda su derecho a tener reserva sobre la información. Además, un informe del CTI dictaminó que sí existió detrimento patrimonial de Lloreda.
Los acusados sostuvieron que ya conocían el asunto, que no manejaron información privilegiada y que ésta era pública . Por ahora, el trascendental caso sigue en suspenso y en manos del fiscal Iguarán.