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Los responsables de la incalculable estafa que hubo alrededor del pago del impuesto de registro de inmuebles a la Oficina de Rentas de Cundinamarca en los últimos cinco años, aún no se conocen. Muchas personas o empresas tienen documentos que acreditan que pagaron este gravamen, pero la Oficina de Rentas les sigue cobrando, porque no aparecen sus pagos. La Fiscalía investiga desde 2010, pero hasta ahora, por casi mil denuncias, no hay detenidos ni imputados.
Aunque el monto de las denuncias, hoy estimado en más de $2 mil millones, puede parecer menor teniendo en cuenta que se trata de una entidad que recauda al año casi $250 mil millones por este tributo, también se tiene certeza de que hay miles de ciudadanos que no saben que fueron víctimas. Lo increíble es que por el boom inmobiliario en Bogotá, el método del fraude, el flujo de caja de la entidad y las consecuencias económicas que podría tener, se estaría al frente de un robo similar al del cobro de beneficios a la DIAN por falsas exportaciones, la defraudación al sector salud o la de la contratación en Bogotá.
Un desafuero que, al margen de la inoperancia penal para esclarecer lo sucedido, hoy plantea una pelea aparte entre la Oficina de Rentas de Cundinamarca y los afectados. Ambos están interesados en establecer quién debe asumir las pérdidas. El ente oficial señala que los defraudados fueron los contribuyentes y las víctimas dicen que la Oficina de Rentas debe responder. La entidad pública reconoce que hubo una red que se robó parte del pago del impuesto y que, incluso, posiblemente participaron notarías, intermediarios y algunos funcionarios, pero también que el pago no ingresó a la Gobernación y por eso “los ciudadanos tendrán que volver a pagar”.
La aseveración es de Luis Alfonso González Saavedra, secretario de Hacienda y director de Rentas de Cundinamarca, quien sigue sosteniendo que en la entidad no se gestó la millonaria defraudación. Sin embargo, algunos afectados aseguran tener evidencias de que la red estuvo enquistada en la oficina donde hicieron los pagos y que por eso es ella la que tiene que asumir las pérdidas e, incluso, indemnizar a los perjudicados. Al menos así lo dejan claro las denuncias que han llegado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tendrá que resolver la controversia mientras se aguarda a que la justicia penal dé con los responsables.
Red enquistada
Quizás uno de los casos mejor documentados para concluir que el fraude fue producto de una mafia enquistada en la Oficina de Rentas o en el banco que recibía los pagos, es la denuncia que presentó la firma de abogados De Vega y Asociados, que representa a la Fiduciaria Davivienda S.A. y la Sociedad Betancourt Montoya, que construyeron el edificio de apartamentos Bosques del Rosario, ubicado en la carrera 3ª con calle 52 en Bogotá. Esta sociedad tiene perdidos casi $23 millones que, a través de la Notaría 20 de Bogotá, pagó en julio de 2008 a la Beneficencia por impuesto de registro del lote que adquirió para la obra. Pese a que tiene los documentos que soportan la transacción, la Oficina de Rentas le sigue cobrando el dinero.
Betancourt Montoya Asociados le entregó el dinero a la Notaría 20 para que hiciera el trámite del registro. Ésta, a su vez, envió a uno de sus funcionarios con un cheque de gerencia del Banco de Bogotá a favor de la Gobernación para cancelar el impuesto. Allí les entregaron copia de la Boleta Fiscal y el recibo de la consignación que hicieron en la oficina del Banco Agrario, en la misma sede de la Beneficencia. La constructora estaba convencida de que había quedado al día con el impuesto. Sin embargo, en marzo de 2010 la Oficina de Rentas, tras una revisión de cuentas, les dijo que el pago no aparecía.
Rastreo del cheque
Al conocer del reclamo de la Oficina de Rentas , la Fiduciaria, la Notaría y la Constructora iniciaron el rastreo del cheque con el que pagaron el impuesto del edificio Bosques del Rosario y encontraron que sí ingresó a la Gobernación de Cundinamarca, pero que lo usaron para cubrir trámites de otros ciudadanos. También identificaron a otros defraudados, quienes cancelaron el trámite por su cuenta y en efectivo. “Un caso de jineteo, en el que alguien se embolsilló el dinero”, explicó un abogado que hoy trabaja en una de las demandas.
Por eso, tras poner en conocimiento del entonces gobernador de Cundinamarca Andrés González la irregularidad, la Notaría 20 presentó denuncia penal el 29 de septiembre de 2010 por las inconsistencias en el trámite que adelantó para el edificio Bosques del Rosario y otras 34 escrituras con irregularidades similares. Esta denuncia se suma al proceso administrativo a través del cual el constructor busca que le reconozcan el pago del impuesto que no aparece en la Oficina de Rentas y que los indemnicen por los perjuicios económicos.
Deben pagar
A pesar de que los demandantes han entregado los documentos que demuestran las irregularidades, la Oficina de Rentas insiste en que deben volver a pagar sus impuestos. El argumento principal es que la Boleta Fiscal que tiene el consorcio constructor como respaldo del pago es falsa, ya que ésta corresponde a otra transacción por $700 mil y no por $23 millones.
En contraste, la Notaría 20 y los constructores dicen que con el rastreo del cheque pueden demostrar que la irregularidad ocurrió en la Oficina de Rentas y que el supuesto recibo falso lo entregó el Banco Agrario, el cual se presume legal, y sólo las autoridades judiciales podrían decir lo contrario.
Este caso es apenas un ejemplo de los centenares que se registraron en los últimos años en la Oficina de Rentas de Cundinamarca. La Notaría 20 sostiene que faltaron acciones para garantizar el recaudo y proteger a los contribuyentes. Además, agrega que pese a quedar acreditado el titular del dinero que ingresó a la Gobernación, es insólito que ahora la Oficina de Rentas pretenda que los que pagaron correctamente asuman las pérdidas. Frente a las denuncias, el actual secretario de Hacienda de Cundinamarca Luis Alfonso González, explicó que la Oficina de Rentas no ha tenido un comportamiento incorrecto y que los responsables serían los tramitadores. “La engañada no es la Gobernación, sino el contribuyente, porque cuando le dan una Boleta Fiscal falsa es como si no hubiera pagado”, insistió.
El secretario de Hacienda agregó que hay dos tipos de fraude: la Boleta Fiscal falsa y cuando la notaría paga otro trámite con el dinero de un contribuyente. “En ambos la Fiscalía debe investigar, pero el contribuyente debe volver a pagar, ya que la Gobernación sólo verifica si pagó o no. En ningún caso la Gobernación será responsable. Si al final de las investigaciones encuentran que hay responsables en la entidad, se tomarán los correctivos”.
Detrás de esta estafa, de la que poco se habla en los medios, pero que ha perjudicado a muchos ciudadanos, la mayoría de los cuales no sabe aún que puede ser también víctima, hay otro perjuicio en desarrollo, pues el pago de impuesto inmobiliario es un prerrequisito para inscribir cualquier transacción sobre un inmueble en la oficina de registro. Si no existe el pago, se presume irregular el registro. Por el momento, el fraude sigue en investigación sin responsables a la vista, mientras en el Tribunal de Cundinamarca se resuelve quién debe cargar con las pérdidas de más de $2 mil millones, que algunos avivatos se embolsillaron mientras otros creían que pagaban sus impuestos.
“Boleta Fiscal va a desaparecer”: Hacienda
Luis Alfonso González, secretario de Hacienda de Cundinamarca y director de Rentas, señaló que tras el escándalo de los últimos años con el impuesto de registro se decidió digitalizar el trámite de este tributo para evitar el fraude.
“Este es un impuesto muy importante, sobre todo por el boom inmobiliario en Bogotá. Para evitar el fraudes, en menos de tres meses se acabará en Bogotá la Boleta Fiscal y los pagos serán sistematizados”.
El funcionario agregó que las 77 notarías de la capital del país contarán con el sistema para cancelar el impuesto vía web, con lo que se acabará con la falsificación de boletas fiscales.
En diciembre pasado el 6% del recaudo del impuesto de registro se hizo por este sistema y en lo corrido del año va el 23%. En julio se realizará así el 100% del recaudo y a finales de año en toda Cundinamarca. “Este cartel funcionaba hace muchos años, dedicado a falsificar las boletas fiscales. Al sistematizar se les acaba esa posibilidad”.
La Secretaría de Hacienda espera que a finales del año el pago sea digital.
Fraude en Rentas generaría un gran lío
Cuando la Oficina de Rentas encuentra que un ciudadano supuestamente no ha pagado el impuesto de registro comienza un proceso de cobro, que va acompañado de la solicitud a la Oficina de Instrumentos Públicos para que anule el registro. Según la abogada Sandra Rodríguez Mora, de la firma De Vega y Asociados, si se acoge la solicitud, esto generaría traumatismos, al dejar sin piso los registros que se desprendan del trámite anulado.
En el caso de Bosques del Rosario, si anulan el registro que está en litigio quedarían sin piso los folios de matrícula de los apartamentos que se vendieron, afectando inicialmente a los compradores y luego a los bancos que financiaron unas compras, pues se quedarían sin garantía real del crédito. El no pago de un impuesto de $23 millones se podría convertir en un problema de casi $25 mil millones, que fue el costo del proyecto.