Un anticipo de $70.243 millones que terminó en una cuenta en Delaware (Estados Unidos), en desarrollo de un fallido contrato para llevar conexión digital a una vasta región del territorio nacional, abrió fuegos a un escándalo judicial que ya agita las aguas políticas, en la antesala de la campaña por la renovación del Congreso y la disputa por la presidencia de Colombia. Un desembolso que se convirtió en el detonante de un supuesto capítulo de corrupción y falsificación de documentos, con paraíso fiscal a bordo y presuntas irregularidades fiscales. Las autoridades están detrás del caso y fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario pormenores sobre las investigaciones.
En el ojo del huracán se encuentra Karen Abudinen, ministra de Telecomunicaciones, porque el anticipo fue autorizado a una unión temporal que, desde que firmó el billonario contrato con la cartera ministerial, ya estaba bajo la lupa por su supuesta falta de idoneidad para cumplir con el negocio. Esta historia, que ya tiene ribetes de escándalo, se inició en diciembre de 2020, cuando, ante varias propuestas de reconocidos operadores en el ámbito de la tecnología, en desarrollo del proyecto Centros Digitales para ampliar la cobertura de internet en el país, el Mintic otorgó un contrato por $1,07 billones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial del entorno económico de Barranquilla.
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Investigaciones de la Contraloría, denuncias de lado y lado y publicaciones de medios de comunicación, como La W Radio y el portal Primera Página han dejado en evidencia serias irregularidades en un contrato que le costó al Estado $1,07 billones. No solo han sido las críticas a la experiencia e idoneidad de la unión temporal, principalmente porque su experticia se inclinaba más a temas de construcción y vías, y no en telecomunicaciones o internet, sino porque la ministra Abudinen respaldó esa elección. Lo hizo con un argumento que avivó la polémica: no importa tanto la competencia del contratista, sino el tamaño de su propuesta. Como Centros Poblados ofrecía la mejor, se quedó con el cuantioso contrato.
A finales de diciembre de 2020 se concretó el negocio. Durante los primeros meses de 2021, arrancaron las tareas, no sin algunos retrasos y otros problemas. Así lo evidenció la Contraloría y el mismo Ministerio que, tras aprobar un anticipo de $70.243 millones en marzo pasado, convocó a todas las partes del contrato a una audiencia de seguimiento para evaluar esas demoras. Uno de los convocados fue el banco Itaú, pues su nombre estaba impreso en las garantías bancarias que la unión temporal presentó para quedarse con el negocio. En junio de este año se conoció esa convocatoria, pero la entidad bancaria le contestó al Ministerio que no tenía nada que hacer en esa reunión porque no había emitido esas garantías.
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En ese momento, la ministra Abudinen frenó en seco el contrato. Denunció el caso en la Fiscalía y en la Procuraduría, y tomó una decisión determinante: declarar la caducidad del documento suscrito. Conocedores del sistema de contratación en el país aseguran que esa manera de actuar frente a un negocio es la peor sanción que puede recibir un contratista, pues, además de que les acaban de tajo un contrato, quedan prácticamente inhabilitados para volver a contratar con el Estado. Sin embargo, la determinación también tiene repercusiones graves, no solo porque se pierde tiempo, sino porque el objeto del negocio queda en el limbo. El 19 de julio se decretó finalmente esa caducidad, que fue confirmada en audiencia el viernes pasado.
La UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta! #LaMinTICResponde pic.twitter.com/YrxK4r0T2p
— Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2021
Mientras que la decisión del Ministerio en cabeza de Karen Abudinen se concretaba, la Contraloría seguía escarbando en lo que sucedió con las garantías supuestamente falsas, los incumplimientos y el tema de mayor preocupación: qué pasó con los $70.000 millones del anticipo. Funcionarios de la cartera ministerial le confirmaron a este diario que el 30 de junio pasado, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, ordenó una actuación especial con la intención de acelerar y ponerle toda la atención de su entidad a lo que ya se anunciaba como un negocio fallido. El ente fiscal ya venía con la lupa puesta en el contrato del Mintic, no solo por los incumplimientos del contratista, sino porque la propia Abudinen le pidió ayuda.
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Quienes conocen los principales y más recientes primeros hallazgos de la Contraloría le señalaron a El Espectador que son dos los temas más preocupantes para las autoridades. El primero es el hecho de que el Ministerio de Abudinen, el interventor y supervisor del contrato aprobaran el cuestionado anticipo de los $70.000 millones sin analizar con juicio el destino de esos recursos. Un funcionario de la interventoría, que pidió reservar su nombre pues teme repercusiones de sus jefes, le explicó a este diario que una de las tareas obligatorias que tenían el Ministerio y todos los encargados de vigilar el contrato en referencia era cerciorarse y ser lo más exigentes posibles con el plan de inversión de ese desembolso.
Los investigadores ven con suma preocupación el hecho de que, por ahora, no han encontrado evidencia para demostrar que sí existió ese control. Por el contrario, el anticipo se autorizó a finales del año pasado, solo dos días después de que ese plan de inversión llegara a manos del Ministerio. En medio de esa falta de vigilancia a la inversión de los recursos, se habría perdido el control del dinero y así habrían aparecido los retrasos en el cumplimiento del contrato. Las autoridades calculan que, para finales de abril de 2021, Centros Poblados debía tener instalados y funcionando 773 centros digitales, pero no cumplió con ninguno.
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Ante la tardanza con esos puntos de internet, el Mintic convocó a una audiencia con todas las partes, incluyendo el banco que les había dado las garantías para quedarse con el contrato. Y así se abrió la caja de Pandora que corresponde al segundo tema de más preocupaciónen este caso. La entidad bancaria, Itaú, les contestó que no tenía nada que hacer en esa audiencia, porque no había expedido esos seguros. La Unión Temporal Centros Poblados ha insistido una y otra vez en que esas garantías las consiguieron a través de Alfonso Molina García Mayorga, quien les aseguró que podía interceder por ellos ante el banco Itaú, pues no habían logrado conseguir las pólizas en ninguna aseguradora. Sobre la presunta falsedad de estos documentos, la Fiscalía ya tiene varios archivos para dar luces de su autenticidad.
Entre ellos, los investigadores tienen muestras de cómo realmente es una garantía firmada por Itaú, pues al parecer las que entregaron al Mintic ni siquiera tienen los mismos formatos, y también modelos de los correos electrónicos que maneja la entidad bancaria, como prueba de que también habrían falsificado comunicaciones. Fuentes cercanas al banco Itaú le aseguraron a este diario que han realizado varias investigaciones internas y, hasta ahora, no han encontrado ningún indicio de que algún funcionario haya participado de este entramado. Molina, por su parte, ya tiene varias denuncias en la Fiscalía. Este diario trató de comunicarse con él, pero su celular estuvo desconectado hasta el cierre de esta edición.
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Sin embargo, Alfonso Molina ha dicho que está interesado en aclarar su papel en esta historia y que lo que se conoce de él “no es la realidad de la situación”, como se lo dijo en un mensaje de WhatsApp al diario El Tiempo. En diálogo con este diario, el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, insistió en que la autenticidad de las garantías las debe probar un juez de la república y que, mientras eso y los responsables de esa supuesta falsedad no estén aclarados, la ministra Karen Abudinen y sus funcionarios no deberían continuar con el proceso de quitarles el contrato. Molina, insistió el abogado Pino Ricci, siempre les ha dicho a sus clientes que puede probar la autenticidad de las garantías.
Consultada por El Espectador sobre los avances en esas investigaciones que están a punto de cumplir dos meses, la Fiscalía se limitó a decir: “(La entidad) tiene conocimiento de los hechos. Desplegó un equipo técnico especializado para adelantar las labores investigativas; esto es, que se conformó un equipo de investigadores de campo, contadores y algunos analistas de contratación, que permitan dilucidar lo que realmente sucedió para tomar las decisiones que en derecho correspondan”. En esta misma línea de mensajes escuetos, la Procuraduría General de la Nación se remitió a un trino en el que explicó que desde el 27 de julio abrió una indagación preliminar sobre el contrato en cuestión y que sigue recopilando pruebas.
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Por su parte, la Contraloría le puso acelerador al asunto. El Espectador conoció que, por orden del contralor Córdoba, el caso estará ahora a cargo de la unidad anticorrupción de la entidad, en donde se encuentran los funcionarios, peritos e investigadores más capacitados. Funcionarios que trabajaban con la ministra Karen Karen Abudinen y han estado en diversas reuniones con investigadores de la entidad fiscal señalaron que una de las prioridades de la Contraloría es establecer qué pasó con la plata del cuestionado anticipo. El trabajo no es nada fácil, principalmente porque el grueso de ese desembolso, $58.000 millones, fueron a parar a las cuentas de la empresa Nuovo Security LLC, domiciliada en Florida (Estados Unidos).
El rastreo del dinero se les ha complicado a los investigadores, no solo porque su destino es otro país, sino porque la empresa fue creada y funciona bajo las leyes del estado de Delaware, territorio considerado paraíso fiscal, principalmente porque su legislación permite la exención de impuestos para sociedades limitadas (LLC), precisamente como Nuovo Security. Según el plan de inversión que aprobó el Ministerio y que hoy es cuestionado por las autoridades, ese dinero se debía invertir en la compra de equipos para cumplir con el objeto del contrato. Centros Poblados ha insistido que así fue y que recurrió a Estados Unidos para conseguir los mejores precios (los de fábrica).
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En un comunicado de prensa, la Unión Temporal aseguró que en mayo de este año invirtió todo el dinero, que ya instaló equipos cuyo valor asciende a $26.000 millones y que, en varias bodegas de todo el país, tiene otros recursos que les costaron otros $20.000 millones. “Ni ladrones, ni inescrupulosos, ni corruptos… el anticipo está invertido en el proyecto”, señaló Centros Poblados. Sin embargo, la información que manejan los investigadores indicaría lo contrario. Según datos en poder de la Contraloría, la última importación de equipos que hizo Nuovo Security LLC a Colombia ocurrió en febrero de 2020 y fueron unas cámaras de seguridad.
Este fue el comunicado de prensa:
Aunque estos datos todavía no han sido verificados con la DIAN, el indicio para los investigadores es que el anticipo está embolatado. Según Presidencia, las autoridades colombianas ya le pidieron ayuda al FBI para dar con la plata. Lo que debía convertirse en el programa bandera de la administración Duque, alentada por la propia ministra Abudinen, hoy está en el centro de la discusión pública. Ante toda esta maraña de supuestos documentos falsos, denuncias, incumplimientos y hasta paraísos fiscales, el Mintic terminó forzando su caducidad, que se confirmó el viernes pasado. La Unión Temporal anunció que dará la pelea ante los tribunales, en una demanda que podría ser del orden de los $3 billones.
La ministra ya fue requerida a debate de control político, mientras que el presidente Duque salió en su defensa. La discusión política no escapó este escándalo, pues, en el preámbulo de las campañas políticas para Congreso y Presidencia, Abudinen ya se perfila como la ficha de la casa Char. En el trasfondo de este episodio quedó el objetivo de conectar unos 1.500 colegios en Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle y Vichada. Ahora lo que predominan son interrogantes sobre un contrato billonario que tiene embolatada una plata con la que se podría consolidar todo un programa de alimentación escolar.