La mina de la discordia

El 21 de febrero de 1989, la compañía estatal Carbocol y la multinacional CI Prodeco suscribieron uno de los convenios más importantes en la historia de la minería en el país. El acuerdo fue presentado como un rentable negocio que pondría a Colombia en los primeros lugares de exportación mundial del mineral. Con otro beneficio: sacaría de la pobreza a Becerril, El Paso y la Jagua de Ibirico (Cesar). Hoy, 23 años después de firmado el convenio, los tres municipios viven en la miseria y el Estado adelanta un litigio con el fin de demostrar que la compañía extranjera no ha pagado en regalías más de US$99 millones.

El negocio parecía sencillo. En un área de 6.668 hectáreas, y durante 30 años, se acordó la exploración, la construcción y el montaje de un megaproyecto carbonífero. A cambio el Gobierno recibiría unas regalías de acuerdo con la cantidad exportada en un límite de hasta tres millones de toneladas al mes y de acuerdo con los precios internacionales del carbón. Así se puso en ejecución la obra, pero tan sólo a los dos años de iniciado se acabó la luna de miel entre las partes.

El 7 de junio de 1991 empezó el rifirrafe. A partir de esa fecha, y en otras siete ocasiones, las cosas sufrieron cambios sustanciales. Primero fue el área contratada, luego la incorporación de subcontratistas para efectuar labores de exploración y explotación. Después se replantearon las condiciones en tiempo y estudios geológicos, ambientales y de factibilidad.

El tiempo empezó a pasar y las partes no lograban acuerdos, incluso en las fechas en que se inició oficialmente la explotación del mineral. Un asunto del que derivaría un problema mayor: la liquidación de las regalías. Para eso, luego de diversas confrontaciones, acordaron como fecha oficial el 8 de noviembre de 2004.

No obstante, el 15 de febrero de 2007 vendrían nuevas modificaciones, al que de por sí ya era casi un galimatías jurídico. Prórroga de la etapa de exploración, regulación de las ventas de carbón en el mercado nacional, oportunidad en el pago de las regalías y los inventarios del mineral, los cambios. En concreto, la compañía recibió un nuevo beneficio: la prórroga del negocio por 15 años más, es decir, hasta 2035.

Con tantas modificaciones en el sector minero empezó a quedar la sensación de que si bien la empresa giraba importantes recursos, como en el dicho popular, lo ancho resultaba para CI Prodeco y para Ingeominas lo angosto. Con otra particularidad, en representación de la multinacional el penúltimo de los otrosís fue firmado entre Margarita Uribe Londoño, directora del Servicio Minero de Ingeominas, y por CI Prodeco su apoderada María Margarita Zuleta, ex zar anticorrupción del gobierno Uribe.

Pero el 22 de enero de 2010 vendría la piedra del escándalo para los actuales funcionarios del recién creado Servicio Geológico Minero, que reemplazó a Ingeominas, y los organismos de control. María Margarita Zuleta y esta vez José Fernando Ceballos, director del Servicio Minero de Ingeominas, nuevamente firmaron un nuevo otrosí, el número 8.

En un documento de nueve páginas, con 11 cláusulas, se actualizó la compensación, se aclararon la fórmula de las regalías y los pagos de acuerdo con los precios internacionales del mineral. A través de este: “Se garantizan los intereses del Estado y la viabilidad de la expansión del proyecto minero”, resalta la adenda.

Desde estas premisas todo continuó su marcha. Hasta que una minuciosa revisión al contrato, con el fin de determinar cómo iban las cosas, concluyó mal. Para sorpresa de todos, se determinó que con la modificación no se salvaguardaron los intereses de la Nación y que hubo reducción de los ingresos al Estado. Al punto que se inició un proceso contra José Fernando Ceballos Arroyave, hoy exdirector del Servicio Minero de Ingeominas. Igualmente, se vinculó como tercero civilmente responsable a la firma Previsora Seguros.

Sin embargo, el estudio de Impacto en las contraprestaciones económicas de la firma del otrosí N° 8 del Contrato de Concesión Minera O44-89, elaborado por la banca de inversión Valora Consultoría, fue más allá y concluyó que por regalías y contraprestaciones el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) no recibió US$99’041.000 a diciembre de 2011.

Con estas evidencias, y otros argumentos, el pasado 30 de marzo, la firma de abogados Palacio, Jouve & García presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda, de 40 páginas con anexos, que busca la nulidad del otrosí N° 8 y que se condene a CI Prodeco a reintegrar al Servicio Geológico Colombiano al menos US$99 millones. Hace dos semanas la presidenta del Tribunal, María Teresa Palacio Jaramillo, ratificó que el organismo adelanta el trámite de admisión de la demanda.

Mientras los precios internacionales del carbón suben, en los municipios de Becerril, El Paso y la Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, sus habitantes claman porque la bonanza carbonífera los pueda beneficiar. La empresa CI Prodeco insiste en su transparencia, al tiempo que quienes firmaron el otrosí que rebosó la copa, José Fernando Ceballos se defiende con abogados y su contraparte, la abogada María Margarita Zuleta, se posesionó el pasado 2 de abril ante el presidente Juan Manuel Santos como directora de la Unidad Administrativa de Contratación Colombia Compra Eficiente.

La historia de la compañía carbonífera

Según su información institucional, Prodeco es un grupo propiedad de Glencore International Plc, de origen Suizo, que comprende las operaciones colombianas de Glencore para la exportación de carbón térmico y metalúrgico. Su principal mercado es Europa y América.

A 31 de diciembre de 2010, la compañía tenía una base de reservas de más de 337 millones de toneladas, con recursos de más de 540 millones de toneladas. Estimativos muestran que Prodeco es el tercer productor de carbón térmico de exportación en Colombia. Ala misma fecha, Prodeco empleaba una fuerza laboral de 5.617 personas. Entre sus metas está incrementar la producción de carbón de 10 millones de toneladas que se produjeron en 2010 a 19,9 millones de toneladas en el año 2013 y a 20,7 millones de toneladas para 2015. El Espectador quiso conocer una posición oficial del tema con la compañía, al igual que con María Margarita Zuleta, pero no fue posible.