La nueva crisis en las Empresa Públicas de Medellín

La crisis alrededor del alcalde de Medellín Daniel Quintero no parece acabar y sus opositores políticos ya lideran un proceso para revocar su mandato. Pero más allá de las diferencias con quienes quieren tumbarlo, la razón principal del disenso tiene nombre propio: sus diferencias frente a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el caballito de batalla para avivarlas: el proyecto Hidroituango. En este escenario, Daniel Quintero casó pelea desde el primer día, pero en los últimos días provocó también la salida del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón. El problema no cesa y sus detractores lo señalan de acabar con sus intervenciones el pacto más preciado de la ciudad: el gobierno corporativo.

La crisis alrededor del alcalde de Medellín Daniel Quintero no parece acabar y sus opositores políticos ya lideran un proceso para revocar su mandato. Pero más allá de las diferencias con quienes quieren tumbarlo, la razón principal del disenso tiene nombre propio: sus diferencias frente a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el caballito de batalla para avivarlas: el proyecto Hidroituango. En este escenario, Daniel Quintero casó pelea desde el primer día, pero en los últimos días provocó también la salida del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón. El problema no cesa y sus detractores lo señalan de acabar con sus intervenciones el pacto más preciado de la ciudad: el gobierno corporativo.

Frente a la reciente renuncia de Álvaro Guillermo Rendón a la gerencia de EPM, fuentes consultadas explican su salida intempestiva por tres razones. La supuesta injerencia de la secretaria privada de Quintero, María Camila Villamizar, en la toma de las decisiones de EPM. Los nombramientos de Rendón en la empresa Afinia que reemplazará a Electricaribe sin consultar al alcalde. Y algunos señalamientos contra el exgerente de EPM por falta de previsión en la prórroga de los contratos de Hidroituango, que supuestamente pusieron en riesgo una demanda por $9.9 billones contra los consorcios que manejaron la obra. En el fondo, agregaron las fuentes, todo se resume en la confrontación del alcalde con los empresarios.

(Vea también: “El gerente de EPM debe tener el valor de poner al alcalde de Medellín en su lugar”: Álvaro Rendón)

Quintero sigue aferrado al discurso que no dejará que los empresarios ni los clanes políticos manejen a su antojo a Medellín. En la vía contraria, el argumento es que debe prevalecer el respeto por la autonomía de EPM y de otras entidades en la que el empresariado ejerce importante rol en sus juntas directivas, y en esa posición se alinderan los principales detractores del alcalde. En la alcaldía sostienen que, contrario a lo que se dice, se guarda silencio para evitar una afectación mayor a EPM. Otras voces señalan que parte de la discordia tiene que ver con que el alcalde Quintero le ha dado más juego en su administración al liberalismo de César Gaviria y a la gente del exalcalde Luis Pérez.

Sin embargo, la “guerra fría” que hoy se vive entre alcaldía, empresariado antioqueño y las élites del poder político regional no es nueva. Es un reflejo de lo que ya sucedió entre 2001 y 2003 durante el mandato de Luis Pérez, uno de los pesos pesados que paradójicamente no está distante de Quintero. Pérez no fue muy afín al empresariado y más bien fue su contradictor por su injerencia en la administración pública. “No solo se negó nombrar a personas cercanas al empresariado, sino que intentó utilizar a EPM como una secretaría de despacho más”, dijo una fuente que conoce los pormenores de la política antioqueña.

Esto provocó en su momento un distanciamiento entre los empresarios y el gobierno local, que se zanjó con la firma de un pacto para respetar el gobierno corporativo. El objetivo fue evitar que EPM se politizara y que, si bien el alcalde debía conservar la potestad de nombrar al gerente, este debía ser autónomo en la toma de las decisiones y no actuar bajo caprichos del mandatario local. Analistas consultados dicen que la posición de Pérez contra la hegemonía empresarial es la misma que hoy plantea el alcalde Daniel Quintero, quien posó de independiente en su campaña política, pero tuvo el respaldo de sectores del liberalismo y de varios líderes conservadores.

La disputa por EPM

Desde enero de 2020, cuando Quintero nombró al conservador Álvaro Guillermo Rendón como gerente de EPM, el alcalde solicitó a la junta directiva que su secretaria privada, María Camila Villamizar, estuviera presente en las reuniones para hacer seguimientos a los acuerdos y compromisos. Esa relación fue tranquila durante siete meses, exactamente hasta el 10 de agosto cuando el pleno de la junta renunció en bloque ante el anuncio de que EPM iniciaría un proceso jurídico por $9.9 billones contra los tres consorcios involucrados en el proyecto Hidroituango. Los miembros de la junta directiva, que en su mayoría venían desde la administración de Federico Gutiérrez, hicieron público su descontento.

Además, se dijo que el gerente de EPM y el alcalde violaban acuerdos del gobierno corporativo, al intentar el cambio del objeto social de la empresa e ir en contravía de las recomendaciones vigentes de no demandar a los constructores del proyecto. En ese tire y afloje, Rendón ofició como fiel escudero de Quintero y quedó la imagen de que el dueto Quintero-Rendón estaba dispuesto a enfrentar al empresariado. Pero pronto asomaron las fisuras. Primero por el rol que Camila Villamizar empezó a jugar. En las entrevistas que ha dado, Rendon fue explícito en afirmar que le pareció una falta de respeto la forma en que Villamizar lo trataba y que EPM es una empresa con presupuesto de más de $10 billones que no resiste intervención política.

(Puede leer: Caso Hidroituango, la pelea que enfrenta a EPM y a los empresarios de Medellín)

Entre varias solicitudes de Quintero a Rendón para realizar cambios en el equipo directivo “porque no eran caras conocidas ni lo habían apoyado en su campaña política”, al menos en seis ocasiones Rendón ofreció su renuncia. Rendón se negó a hacer los cambios alegando que debía respetar la autonomía empresarial y la tecnocracia de EPM, pues de no hacerlo pisoteaba al empresariado y también la experiencia de más de 20 años de algunos profesionales. Otra confrontación se dio porque Rendón se negó a postular a Quintero o Villamizar como miembros de la junta directiva de Tigo-UNE. También puso a disposición su cargo cuando le reclamaron no declarar la terminación de un contrato de energías renovables del que Quintero tenía sospechas por irregularidades.

Afinia, el punto de quiebre

Sin embargo, lo que terminó de quebrar las relaciones entre el alcalde de Medellín y el gerente de EPM fue la selección de los ejecutivos para liderar la consolidación de Afinia, sustituto de Electricaribe en la distribución y comercialización de energía en la Costa Atlántica. Fuentes consultadas coincidieron en que el nombramiento provisional como gerente de Blanca Liliana Ruiz, profesional con larga trayectoria en EPM, no cayó nada bien en el alcalde Quintero, quien quería poner a una persona de su confianza. Ahí comenzó otra disputa, pues el alcalde y su secretaria privada, para presionar una decisión contraria, empezaron a enviar hojas de vida a Rendón para que seleccionar los puestos directivos de la nueva empresa.

Álvaro Rendón justificó su decisión respecto a Blanca Liliana Ruiz argumentando que representa el ADN de EPM. El grupo de Quintero tiene otra percepción y consideró que el gerente quería poner a sus fichas y no consultar los cambios con la administración. “De eso se enteraban en la alcaldía por redes sociales. A pesar de su autonomía, lo mínimo que podía hacer era comunicar las decisiones. Tampoco cumplía las directrices que daba la junta directiva de EPM, y cuando se le exigían resultados se molestaba. En Afinia solo se le hicieron recomendaciones, pero jamás se dio una orden de seleccionar a una persona, porque el gerente fue el que decidió a quien se nombraba”, explicó una fuente.

(Le puede interesar: Afinia suministrará la energía del alumbrado público de Cartagena en 2021)

El problema explotó en una junta directiva de Afinia en la que se discutía el nombramiento de dos altos cargos directivos para la empresa. La gerente expuso los nombres y uno de los miembros, un vicepresidente de EPM cercano a Daniel Quintero, se opuso y solicitó suspender la reunión porque, según dijo, debía avisar al mandatario lo que estaba sucediendo. Tras una llamada, el alcalde pidió suspender los nombramientos. La decisión posterior de Álvaro Rendón y de Blanca Liliana Ruiz fue no volver a poner en consideración de la junta los nombramientos para, supuestamente, evitar que se abriera cualquier puerta y que el alcalde fuera siempre quien tomará la última decisión.

Con una relación ya desgastada y la posición de Rendón de cerrar la puerta a Camila Villamizar porque supuestamente estaba cruzando la raya, la tensión al interior de EPM creció más de la cuenta. Desde la alcaldía veían que las decisiones de EPM no se comunicaban de manera adecuada y Rendón sentía que literalmente lo estaban silenciando, tanto así que buscó asesoría externa para un manejo de crisis y comunicaciones. El tiempo transcurrió en tensiones hasta diciembre, cuando la conciliación con los consorcios de Hidroituango llegó a su punto final y las relaciones con los empresarios empezaron a reconstruirse. Entonces llegó el momento que resultó decisivo porque el proyecto entró a depender de la prórroga de los contratos.

La renuncia de Rendón

La firma de las prórrogas se dio el pasado 23 de diciembre y la noticia fue dada a conocer por EPM y no por la alcaldía, circunstancia que avivó también las diferencias. La conciliación por la demanda de $9.9 billones estaba próxima a terminar. A pesar de que no había ninguna aceptación de responsabilidad, entre los acuerdos aparecía la firma de las prórrogas y que la aseguradora Mapfre estimara la cifra por la que iba a responder. Por esa razón, explicó en entrevista de esta semana Rendón, se acordó con las partes hacer una declaración conjunta para dar a conocer los resultados. Eso iba a ocurrir, sin embargo, el 8 de enero llamaron a Rendón a decirle que frenara todo.

Una persona del círculo político de Medellín le explicó a este diario que Quintero no podía mostrarse como conciliador y bajarse de su pelea contra los consorcios de Hidroituango porque se jugaba su imagen política y posiblemente la revocatoria. Lo que terminó sucediendo fue que cada parte emitió su comunicado y Quintero dijo públicamente que seguiría insistiendo en la demanda por $9.9 billones. Para Rendón esta situación resultó inmanejable y primero le dijo a Quintero que no le contestaría más el teléfono a Camila Villamizar. Fue entonces cuando el pasado 14 de enero, Quintero citó a Rendón en su oficina y le pidió la renuncia o le propuso que saliera a unas vacaciones indefinidas.

Tras esa reunión, un medio filtró que Rendón iba a renunciar a EPM. El 22 de enero, el alcalde Quintero salió a desmentir la noticia. Sin embargo, la realidad es que Rendón estaba recibiendo presiones del alcalde a través de mensajes de texto para que presentara la renuncia en la junta directiva que debía realizarse en pocos días. La razón de esa insistencia, sostienen fuentes consultadas, es que al interior de EPM se enteraron de que uno de los contratos de prórroga no aparecía el nombre de la constructora brasileña Camargo Correa, sino el de una de sus filiales, lo que supuestamente ponía en riesgo la demanda de $9.9 billones porque esa sociedad no tenía cómo responder económicamente a las pretensiones requeridas.

Al llegar a la junta directiva, Quintero expuso los motivos por los cuales solicitaba la renuncia de Álvaro Rendón, pues consideraba que era su responsabilidad haber estado pendiente del contrato. De ahí que el alcalde dijera públicamente después que le habían intentado meter gato por liebre. Los miembros de la junta directiva de EPM pidieron explicaciones a Álvaro Rendón y convocaron una nueva reunión extraordinaria. Transcurridos unos días, la decisión de Rendón fue poner de presente, a través de una carta lo que estaba sucediendo y explicar que él no tenía responsabilidad alguna porque eso estaba en cabeza de una vicepresidencia que tenía que revisar lo sucedido.

El pasado 1 de febrero la junta directiva aceptó la renuncia del gerente Álvaro Rendón y el alcalde lo declaró insubsistente, al considerar que permitió que Camargo Correa evadiera su responsabilidad al poner a una filial a responder por Hidroituango. El exgerente de EPM sostuvo que le atropellaron su derecho al debido proceso, porque es claro que no era su responsabilidad y más bien era un tema de fácil solución. Señaló que, desde febrero de 2018, la firma Camargo Correa solicitó la aprobación de la cesión de sus responsabilidades a una filial, pero que EPM nunca se pronunció de forma expresa y escrita. Es decir, es claro que EPM mantiene un vínculo contractual con la casa matriz brasileña y no con su filial.

Tras una semana de señalamientos, EPM volvió a quedar en el centro del debate. Ahora la gerente encargada es Mónica Ruiz Arbeláez, una mujer con trayectoria de más de 20 años en la entidad y aceptación de los círculos de poder en Medellín. Su labor es de transición y no se descarta que en las próximas semanas se den nuevos nombramientos en EPM y Afinia. Como dijeron algunas fuentes, metido en el ojo del huracán político, el deseo de Daniel Quintero es tener personas de su línea. Sin embargo, el sector empresarial, los movimientos sociales y algunos grupos políticos ven el panorama con recelo, insisten en la protección del gobierno corporativo y creen que se debe evitar una crisis que los lleve a todos a la ruina.