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“Los que tienen por oficio lavar las calles encuentran en las piedras, un día y otro, regueros de sangre. Y la lavan también: es su oficio. Aprisa, no sea que los primeros transeúntes la pisen”, escribió en 1987 el poeta antioqueño José Manuel Arango. De esas palabras es testigo Sonia López, defensora de derechos humanos en el extremo norte de la región de la Orinoquia, refiriéndose a la violencia que sigue impactando Arauca, especialmente en la frontera con Venezuela. (Lea: Arauca: historia de una violencia sin fin)
Hace menos de un mes, López presentó ante la Defensoría del Pueblo un informe que plantea su preocupación por la intensa crisis humanitaria que vive el departamento. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que preside, reveló que hubo 144 casos de muertes violentas, ocho de retención de civiles, uno de afectación a la integridad con artefactos explosivos, cinco atentados contra la vida en modalidad de sicariato y graves ataques contra los pueblos ancestrales Sikuani, Macaguan, Inga, Hitnú y Betoy. Así lo mostró el informe que reúne las violaciones de derechos humanos en 2021 en este departamento.
Después de esta publicación, López se fue a descansar unos días junto a su familia cerca al caserío Corocito, a quince kilómetros de Tame, en el río La Macaguana. Y en su regreso, mientras estaba en Saravena, la alertaron de una nueva masacre: “Me llamaron a decirme que asesinaron a tres personas en Puerto Contreras y a otra en La Playa. En los municipios de Tame, Arauquita y Fortul, las comunidades también denunciaron que encontraron más muertos. Fue algo espantoso y organizado”. En total, según cifras de la Fiscalía, desde el 2 de enero han sido halladas 27 personas muertas, entre ellas dos menores de edad. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estableció que al menos 55 familias están en situación de desplazamiento tras estos hechos violentos.
La crisis humanitaria entre Arauca y Apure no comenzó este año. La frontera es el epicentro de un violento ajedrez político en donde convergen grupos armados ilegales, intereses de los gobiernos de Colombia y Venezuela y, en general, un permanente abandono estatal. Según la Fundación Ideas para la Paz, desde hace más de cuatro décadas, los actores armados ilegales de la zona tienen un fuerte poder militar que financian con la extorsión a la industria petrolera, el control de rutas de narcotráfico y contrabando y la arraigada corrupción en el sector público, dejando a su paso a miles de víctimas civiles.
Sin embargo, hacía años que entre las guerrillas del Eln y las llamadas Farc no se registraba una guerra tan sangrienta. Los enfrentamientos entre insurgentes dejaron en una década al menos 500 civiles y 600 subversivos muertos y más de 50.000 personas desplazadas, indican cifras oficiales. De hecho, en 2010, según la Fundación Ideas para la Paz, los entonces máximos comandantes guerrilleros del Eln (Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino) y las Farc (Guillermo León Sáenz, Alfonso Cano) llegaron a un acuerdo de no agresión, ofensiva conjunta contra la fuerza pública y distribución territorial que duró hasta la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, en noviembre de 2016. (Puede leer: “Tememos que vuelvan a masacrar a campesinos de Arauca como hace 13 años”)
Los bandos de la nueva guerra
Tras el Acuerdo de Paz, el conflicto armado en Arauca, específicamente en los municipios de Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón, se fragmentó ante la falta de control territorial por parte del Estado. La frontera entre este departamento, en Colombia, y el estado de Apure, en Venezuela, es hoy un espacio en disputa entre disidencias del pacto de paz, guerrilla, los ejércitos de ambos países, grupos paramilitares y narcotraficantes.
En Arauca hay tres grupos armados ilegales con poderío militar: el Eln; las disidencias al mando de Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, que se siguen autodenominando Farc-Ep; y la Segunda Marquetalia, al mando de Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez. La presencia del Eln en Arauca es, en su mayoría, del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño, integrado por los frentes Domingo Laín Sáenz, Adonay Ardila Pinilla y José David Suárez. Su comandante es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (Pablito Arauca), por el que el Gobierno de Colombia ofrece una recompensa de $4.000 millones. Pablito estuvo detrás del atentado a la Escuela General Santander en Bogotá, en 2019, que causó la muerte de veinte cadetes.
A su vez, la disidencia de Gentil Duarte tiene el respaldo en esta zona del frente décimo Martín Villa, al mando de Jorge Eliécer Jiménez Martínez, conocido con el remoquete de Arturo Paz, y del frente 28, liderado por Antonio Medina. El grupo tiene cerca de 150 hombres en armas que se mueven entre Arauca y Apure. De acuerdo con Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2018, el frente décimo Martín Villa “tomó mayor notoriedad y comenzó a tener base en Apure, Bolívar y Amazonas, tres estados de Venezuela”. Hoy se disputan el territorio contra el Eln, la Segunda Marquetalia e incluso las Fuerzas Armadas del país vecino.
En el caso de la Segunda Marquetalia se ha reportado su presencia en al menos cuatro estados venezolanos. Se conformó en agosto de 2019, al mando de Iván Márquez, el exjefe negociador de las Farc, que decidió volver a las armas junto con otros comandantes guerrilleros como Seuxis Pausias Hernández Solarte (Jesús Santrich), Hernán Darío Velásquez (el Paisa) y Henry Castellanos (Romaña). Estos dos últimos habrían sido asesinados en noviembre de 2021, en hechos que siguen siendo muy confusos. Incluso, una de las versiones que dieron las autoridades responsabiliza de la muerte del Paisa al Frente Martín Villa, de las disidencias de Duarte. Desmintieron su autoría en un comunicado en el que dicen que con esas versiones “pretenden incitar una guerra de nuestra parte con el Eln”, como habría sucedido en la primera semana de enero de 2022, cuando se reportaron al menos 27 personas muertas por parte del Eln, en una zona de presencia de las disidencias de Gentil Duarte.
Luis Felipe Vega, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig, comenta que las confrontaciones entre insurgentes se intensificaron cuando Eduardo Piñate asumió como gobernador del estado de Apure, en Venezuela, pues intensificó el control armado de la frontera con la operación ZODI 31 (Zona Operativa de Defensa Integral). Esta acción generó, según Vega, que “las disidencias de Gentil Duarte cruzaran la frontera y llegaran a territorio del Eln. Desde entonces, se agudizó la puja por el control territorial y económico”.
De hecho, los enfrentamientos del 2 de enero se dieron en Venezuela, de acuerdo con el ministro de Defensa, Diego Molano. “Los hechos fueron específicamente en el municipio de La Victoria, en el estado de Apure, en el sitio denominado Los Cañitos. Allí ha habido una confrontación entre dos de estos grupos irregulares: el Eln, aliado con la Segunda Marquetalia, contra disidencias de las Farc: frente décimo y frente 28”, aseguró el ministro al cierre de un consejo de seguridad en Arauca. (Le puede interesar: La dinámica política en Arauca y su efecto en la violencia)
Según Camilo González, el factor dominante de esta nueva guerra es el geopolítico: “Estos actores son alimentados por quienes están en el juego geoestratégico. Ese es el verdadero determinante del conflicto de la frontera con Venezuela. Uno de los elementos que va a manejar el ritmo de solución es si se alimenta o no la vía diplomática”. Pero, por lo pronto, la salida diplomática parece esquiva y solo hay acusaciones entre los ministros de Defensa de ambos países. Vladimir Padrino, de Venezuela, culpa al gobierno Duque por la militarización, y Diego Molano, de Colombia, dice que el país vecino protege a los grupos armados.
Entretanto, Sonia López asegura que seguirá luchando por el respeto a los derechos humanos en su región mientras llega una salida real al conflicto: “Ante cualquier situación de violencia, la salida de los gobiernos es más militarización, pero eso no funciona en Arauca. La población siempre queda en la mitad. Una salida militar lo que va es a empeorar la situación, se da en función de proteger los intereses de las petroleras y no de los habitantes”. En los últimos días, el presidente Iván Duque envió dos batallones, casi 600 soldados, para fortalecer el pie de fuerza en este departamento, pero no ha dicho nada sobre restaurar los canales diplomáticos con el vecino país. Por lo pronto, todo indica que Arauca seguirá siendo la Colombia que describe el poema de José Manuel Arango.