Vientos de corrupción empiezan a soplar de nuevo en el fútbol profesional colombiano. Esta vez la acción conjunta de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Fiscalía General de la Nación comienza a mostrar sus primeros frutos. Una redada en la que futbolistas, árbitros, intermediarios y apostadores evidencian que se han ofrecido sobornos para el arreglo de partidos. Un capítulo que ya tiene su primer desarrollo con investigados, un proceso disciplinario y un expediente que crece en el organismo acusador.
El caso se puso en evidencia hace tres meses, cuando un jugador profesional de un reconocido club recibió un ofrecimiento directo. Mediante unas comunicaciones, primero vía sistema Whatsapp y luego por su celular, con un colega con quien había compartido en otro equipo profesional, le hizo un ofrecimiento de $20 millones para que permitiera que su equipo perdiera el cotejo que ese fin de semana disputaba con uno de los equipos denominados grandes del fútbol colombiano.
El futbolista, cuyo nombre se reserva El Espectador para no afectar la investigación, luego de recibir los ofrecimientos denunció el caso ante el presidente de su equipo. Entre otras tretas que le interpuso el futbolista intermediario, le planteó que buscara la forma de generar una pena máxima para alterar el resultado. El directivo del club, entre asombrado e indignado, puso el caso en conocimiento de la Dimayor, que delegó el asunto en su Comisión Disciplinaria.
Sin embargo, este no fue el único caso que generó dudas sobre la transparencia de la actividad. Recientemente, en otro partido, se presentó una situación similar. Esta vez el enfrentamiento era entre un reconocido equipo del interior y otro de la Costa Atlántica. Con un modus operadi similar: el ofrecimiento económico de una persona allegada a uno de los clubes para que un futbolista también alterara el resultado del partido, causando un penalti o permitiendo al rival su libre accionar para hacer un gol.
Con dos casos en menos de tres meses, las alarmas se encendieron en la Dimayor, que a través de su Comisión Disciplinaria investigó e identificó a los actores de los sobornos. Como pruebas, el expediente se nutrió con declaraciones de los implicados, copias de los mensajes vía Whatsapp, ubicación de los partidos, de los cuatro clubes que se enfrentaron y el apoyo de investigadores, para llegar a una primera conclusión: que tras los sobornos está una red de apostadores que permeó el fútbol colombiano.
Una actividad ilegal con oscuros antecedentes. La red de jugadores que vía online, especialmente en China, está apostando con partidos del fútbol colombiano. Una advertencia de la Interpol de que existen grupos de apostadores internacionales. A ello se suma el cambio de modalidad de las apuestas que ya no se hace exclusivamente con los resultados de los partidos. Ahora el tipo de apuesta se hace por acertar el minuto en que sucederá un tiro de esquina, un saque de banda o por cuándo se sacará una tarjeta amarilla, lo que hace ampliar los tipos de apuestas y el mercado.
A este hecho se suma la condena que el mes pasado recibió el exfiscal Jimmy Alexánder Rodríguez Pardo, quien debe pagar más de siete años de prisión por pertenecer a la organización de apuestas ilegales del fútbol. Se trata de la empresa Pijao Sport, que ofrecía apuestas ilegales vía internet, que además contaba con 164 puntos físicos a nivel nacional y al menos con otras ocho personas que alteraban las apuestas con los resultados de los partidos de manera indebida.
En este contexto, y una vez entregados los resultados de la investigación por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, su presidente Jorge Perdomo acudió a la Fiscalía. Allí fue recibido por su titular Néstor Humberto Martínez, quien entendió la gravedad del asunto y conformó una unidad especial de cuatro fiscales para investigar el tema. De inmediato, la unidad empezó a trabajar y de nuevo hace cerca de un mes Perdomo acudió en compañía del presidente de la Federación Colombiana de fútbol, Ramón Jesurún, para aportar nueva información y conocer los avances.
La semana pasada este grupo de fiscales entregó a El Espectador los resultados iniciales de la primera fase de la investigación. En esencia, uno de los fiscales relató que ya tienen en la mira a un árbitro de fútbol que habría recibido $15 millones por favorecer a un equipo. Otro indagado es un futbolista de quien la Fiscalía dice tener pruebas que recibió $20 millones para afectar el resultado de un partido. Además el testimonio de dos pesonas que están delatando cómo es el mercado negro de las apuestas con los partidos. Un eje adicional del caso consiste en que investigadores ya se infiltraron en varias casas de apuestas ilegales.
Ahora, los fiscales están trabajando en revisar el caso del equipo Juventus, en Italia, que en 2006 descendió y se quedó sin dos títulos por manipulación de árbitros y compra de partidos, para ver de ello qué se puede homologar en Colombia. También trabajan en cómo adecuar el tema de los sobornos en el fútbol a la legislación penal. En principio, están buscando si se puede imputar tanto al árbitro como al futbolista por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y estafa.
No obstante, la investigación sufrió un revés, porque quien la estaba coordinando era el capturado director nacional anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. De hecho, esta semana tenía una reunión con directivos del fútbol para presentar otros avances de la misma. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía han señalado que el caso seguirá su curso como sucede con los demás procesos que coordinaba Moreno.
Lo cierto es que desde la Dimayor se está buscando máxima integridad. Entre otras razones porque la industria del fútbol quiere contar con mayores ingresos. Al respecto hay varias iniciativas en curso: contactos con casas de apuestas de prestigio a nivel mundial para recibir nuevos recursos; negociación con la estatal Coljuegos para que de las apuestas deportivas online se destine cerca de un 2 % al fútbol para programas de seguridad, carnetización y prevención. De hecho, Perdomo ha sostenido diversas reuniones con Juan Fernández, presidente de Coljuegos; Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior, y con el consejero presidencial para la seguridad, Juan Carlos Restrepo.
Como sucede en el país, al fútbol también lo ataca la corrupción. La Dimayor y la Fiscalía buscan atajarla. Se estructuran las primeras imputaciones contra un árbitro, un futbolista y algunos intermediarios. Un deporte que brinda tantas satisfacciones debe tener blindaje de acero.