El Espectador reveló este domingo las conexiones entre la investigación que adelanta la Corte Suprema contra el exsenador Ciro Ramírez, por presunta corrupción a través de contratación, y las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Se repiten nombres de personas, empresas y prácticas sospechosas.
La investigación periodística mostró que dos contratos dados por la Ungrd, que suman más de $25.000 millones, se conectan con el expediente del exsenador Ciro Ramírez en la Corte Suprema. En ambos, Olmedo López, entonces director de la unidad, fue el ordenador del gasto y designó al comité evaluador que eligió a los contratistas. Las obras se contrataron para los municipios de Chinácota, en Norte de Santander; y Ciénaga de Oro, Córdoba. Ninguno de estos fue publicado en el sistema de contratación pública, ambos se adjudicaron por invitación privada y los proveedores invitados tuvieron muy pocos días para enviar sus propuestas.
Algunos nombres de los contratistas que ganaron esos contratos o participaron de los procesos de contratación también están mencionados en la investigación que adelanta la Corte Suprema contra el exsenador Ciro Ramírez. Se trata de los empresarios Hernán Julio Barrios Castillo, Luis Adrián Mejía Álvarez y Raúl Cardozo Ordóñez. El expediente en el alto tribunal asegura que Ramírez ideó un esquema de corrupción para que se direccionaran contratos a favor de estas personas, en el marco de un convenio entre el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta, a cambio de apoyo político y el pago de coimas que sumaron $1.000 millones.
El esquema relatado en la Corte Suprema tiene similitudes con los dos contratos analizados por este diario en la Ungrd. Se invitaron a tres proveedores, en apariencia diferentes, a que presentaran cotizaciones para entregar el contrato a la mejor propuesta. Sin embargo, al revisar cada uno de los proponentes, este diario pudo identificar que la mayoría de ellos se relacionaban entre sí: los nombres de los accionistas o representantes legales aparecían en más de una empresa, las empresas se habían asociado entre ellas para presentarse como consorcios en otros contratos e, incluso, las unían lazos de amistad o familiares. Eso en palabras sencillas, podría asegurar que el contrato quedaría en manos de la misma o las mismas personas.
El Espectador consultó al exsenador Ciro Ramírez días antes de que se publicara la investigación con el fin de conocer su versión e incluirla en la publicación. La solicitud se hizo a través de su abogado. Sin embargo, no atendió nuestras preguntas. Este domingo, después de que saliera al aire la investigación, el exsenador preso en La Picota emitió un comunicado.
Ramírez aseguró que no conoce a Luis Adrián Mejía Álvarez ni a Hernán Julio Barrios y que ellos aseguraron a la Corte Suprema que no lo conocen; que tampoco conoce a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien hoy está negociando en la Fiscalía a cambio de delatar el entramado de corrupción en la unidad; y que no habla con el señor Raúl Cardozo Ordóñez desde al año 2021, cuando se lo presentaron.
“Me encuentro privado de mi libertad por el abuso que se le da a la figura de la detención privativa en Colombia, siendo inocente y sin una sola prueba que demuestre mi responsabilidad en los delitos que me acusan. Respondo por mis acciones, pero uno no puede responder por las acciones de otras personas”, añadió el exsenador Ciro Ramírez desde La Picota, desde donde espera que se concluya su proceso en la Corte Suprema por presunta corrupción.
Respuesta a la nota publicada por el periódico @elespectador el día de hoy. pic.twitter.com/yVv9tddLzo
— Ciro Alejandro Ramirez (@CIROARAMIREZ) August 4, 2024