La ruta de las regalías ficticias

(Ver infografía detallada) A finales de 2010, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso relató a una Corte de EE.UU cómo a través del sistema de regalías las Auc lavaron dinero del narcotráfico. Para hacerlo contaron con un “ejército” de alcaldes a su servicio. El método era simple: traían oro de Panamá y luego acudían a su red de mandatarios para reportarlo como si lo hubieran extraído de minas en sus municipios. A renglón seguido pagaban los impuestos por regalías y así blanqueaban el dinero a través del sistema financiero oficial. Al final, cuando las regalías llegaban a las poblaciones, los blanqueadores se quedaban con el 70% y el resto “se lo robaban los alcaldes”.

A pesar de la desaparición de las Auc, parece que el sistema sigue vigente. Al menos así lo evidencia una reciente investigación de la Contraloría General, en la que reveló serios indicios de maniobras sospechosas detrás de los $9.000 millones que en 2011 le giró el Gobierno al municipio de Alto Baudó (Chocó), por regalías. La razón de la sospecha es que en esta población, la segunda más pobre de Colombia, legalmente no hay minería. Por lo tanto, los que reportaron extracción o compra de oro de esta localidad, no tendrían cómo justificar de dónde sacaron el metal.

Según la ley que reguló el manejo de regalías hasta 2011, el 4% de la producción reportada debía girarse como compensación directa a los municipios de donde se extraen los recursos naturales no renovables, como el oro. Para la Contraloría General, en el caso del municipio de Alto Baudó es evidente que no se cumplió esa norma. Por esta razón, resaltó que este sería un caso específico de extracciones y regalías ficticias que, a la larga, posiblemente sirvieron para lavar dinero de grupos dedicados a actividades ilegales.

Para completar la denuncia del ente fiscal, en la que se advierten coincidencias actuales con el esquema confesado por Mancuso en 2010, se encontró que los $9.000 millones que el gobierno le giró a Alto Baudó no se pudieron invertir en la población, ya que fueron embargados para pagar supuestas acreencias laborales con los docentes “a través de títulos ejecutivos sobre los que existen dudas de su autenticidad”. Al final, Alto Baudó, a pesar de haber sido en 2011 el quinto municipio en recibir la mayor cantidad de regalías, sólo se benefició en el papel.

No es el único

Ante esta evidencia, El Espectador indagó si existen casos similares en el país. Para tal efecto cruzó información del reporte de regalías de los últimos 10 años con la producción de oro por municipio, según el Catastro Minero (censo de títulos mineros adjudicados en el país). El análisis arrojó que Alto Baudó no fue el único que en 2011 recibió pago de regalías sin tener minas. Ese año ocurrió lo mismo en por lo menos 37 municipios, ubicados en Chocó (14), Antioquia (5), Valle del Cauca (5), Nariño (4), Putumayo (3), Cauca (2), Córdoba (2), Caquetá (1) y Santander (1).

Al analizar los datos oficiales se nota cómo en 2011 varias empresas reportaron a Ingeominas y a la DIAN haber extraído o comprado 11,7 toneladas de oro en estas poblaciones, cantidad valorada en casi $800.000 millones, lo que les representó a dichos municipios regalías por $32.263 millones. Paradójicamente, casi el 99% de las producciones sospechosas se reportaron en el departamento de Chocó. El asunto es más escandaloso al conocer que en 2011 la producción nacional de oro fue de 55 toneladas. Esto significa que el 21% al parecer provino de poblaciones sin minería.

El Espectador, luego de revisar las cifras de 2012, encontró que la historia se repitió, a pesar del cambio del esquema de regalías, para “repartir mejor la mermelada”, y de incrementar los controles, para evitar el trasteo de regalías. Las empresas que transan con oro reportaron una producción de 2,5 toneladas del metal en 27 de los 37 municipios que hasta 2011 no tenían minas. Esta cantidad correspondió casi al 4% de la producción nacional de ese año, que ascendió a 65 toneladas. Lo llamativo es que con el cambio del sistema de regalías las transferencias para estas poblaciones llegaron a casi $75.000 millones.

En términos simples, del análisis se puede concluir que de cada 100 gramos de oro que se reportaron en los últimos años como producción nacional, entre 15 y 20 gramos tendrían origen sospechoso. De confirmarse los indicios de la Contraloría y el relato de Mancuso frente a las maniobras para lavar activos, se estaría al frente de un multimillonario fraude a través de cuentas oficiales.

Chocó, el que más preocupa

Al estudiar el listado de 37 poblaciones que hasta 2011 no contaban con producción minera, pero que en los últimos años han recibido regalías por explotaciones de oro, se encuentra que Chocó es el departamento que más municipios tiene bajo sospecha. Al caso de Alto Baudó se sumarían Acandí, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, El Cantón de San Pablo, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Medio San Juan, San José del Palmar y Unguía. Los comercializadores de oro reportaron en 2011 haber adquirido en estas localidades casi 11 toneladas del metal.

Al consultar el Catastro Minero de 2012, para ese año Chocó tenía 156 títulos de explotación vigentes, que abarcaban 3.000 kilómetros cuadrados (7% de su territorio). Desde 2009 ha vivido una bonanza aurífera, que lo ubica como el segundo productor de oro del país, después de Antioquia. Para dimensionar la participación de Chocó en la producción nacional de oro, se tiene que entre 2008 y 2012 han extraído del subsuelo colombiano 258 toneladas, de las cuales 100 han salido de esta región, es decir, el 40% de la producción nacional.

Sin embargo, esta misma bonanza ha facilitado el accionar de los lavadores de dinero. Al analizar el reporte de producción de los últimos cinco años, llama la atención que al menos 38 de las 100 toneladas de oro supuestamente extraídas de territorio chocoano tienen origen en las poblaciones sin minería, cantidad que corresponde al 15% de la producción nacional.

Otros casos sospechosos

Pero el reporte de oro en municipios que no tienen vocación minera no sería lo único sospechoso en Chocó. Al revisar las cifras se encuentran otros casos que ameritarían una indagación. Se trata de poblaciones que a pesar de tener pocos títulos mineros, también han reportado grandes producciones de oro en un año y al siguiente caen drásticamente. Uno de esos casos es el del municipio de Sipí, que con 2.500 habitantes, reportó en 2011 una extracción de cinco toneladas de oro, pese a contar con dos títulos mineros. Ese año recibió $14.000 millones en regalías, suficientes para haberle entregado a cada habitante $450 mil mensuales durante un año. El otro sería el de Cantón de San Pablo, que luego de haber registrado en 2011 una producción de casi 4 toneladas, en 2012 cayó a 0,3 toneladas.

Según fuentes de la Contraloría, toda esta situación tendría una explicación: “Chocó viene siendo afectado por los grupos al margen de la ley, que a partir de actividades delincuenciales generan ingresos para sus organizaciones y recurren a diferentes maniobras para el blanqueo de tales capitales. El pago de regalías por una explotación ficticia puede constituir una importante fuente de blanqueo a través de ingreso de los montos del caso como compensaciones legítimas por la actividad minera, motivo por el cual resulta necesario indagar por la responsabilidad penal de quien así obre”.

Falta de control

En medio de este panorama y gracias a las investigaciones de los entes de control, queda demostrado que lavar dinero a través del sistema de regalías parece relativamente fácil, a causa de los deficientes controles de las entidades gubernamentales. “Se evidencia un problema estructural frente a la explotación minera y a presuntas actividades ilícitas en torno a la minería, lo que revela debilidad en los mecanismos de control estatal referente al ciclo económico de comercialización de metales preciosos”, dijo Carlos Mario Zuluaga, contralor para la Participación Ciudadana, quien lideró el estudio del caso Alto Baudó.

Las críticas apuntan directamente a Ingeominas, la DIAN y la Superintendencia de Sociedades, ya que a pesar de tener acceso a información que le permitía descubrir las inconsistencias para evitar casos de aparentes “regalías ficticias”, no hubo coordinación para ponerle freno a esta situación. En el caso de Ingeominas, se le cuestiona que pese a tener acceso al Catastro Minero, en el que podía descubrir reportes de producción de oro en municipios donde no existía minería (como lo mostró el ejercicio de El Espectador), el dinero pasó a través de sus cuentas sin problema.

De acuerdo con la Contraloría, estas omisiones pusieron en riesgo recursos públicos y han permitido que los actores ilegales continúen ejecutando operaciones dudosas, que han generado regalías ficticias. “Tal omisión compromete el destino de los recursos públicos, por lo que podría derivar en responsabilidades disciplinarias y penales, atribuibles a los servidores involucrados (alcalde, secretario de Hacienda y funcionarios de Ingeominas)”, dijo la Contraloría, que de paso sugirió a Fiscalía y a Procuraduría adelantar investigaciones para establecer la posible responsabilidad de los funcionarios públicos.

Por ahora, la evidencia sobre cómo los grupos ilegales están blanqueando dinero a través del sistema oficial de regalías ya es de conocimiento público. Lo que resta es que los controles y el seguimiento de las autoridades competentes frente al reporte de producción de oro en el país sean más estrictos para hacerle frente a esta empresa criminal.

La respuesta de Ingeominas

Durante la investigación que adelantó la Contraloría por el caso de posibles regalías ficticias en el municipio de Alto Baudó (Chocó) y de haber criticado a las autoridades mineras del país, Ingeominas respondió de manera oficial al organismo de control. En oficio dirigido al contralor que adelantó la indagación, la entidad minera dijo que la primera responsabilidad del reporte de las regalías corresponde a los alcaldes de los municipios, según la norma que regulan las regalías. Aclaró que la entidad recaudadora no puede negarse a recibir, distribuir y girar los recursos declarados como producto de explotaciones mineras en las poblaciones colombianas, por cuanto la información proveniente del agente retenedor así lo indica. De igual forma, que hasta 2011 no existían las herramientas para que la autoridad minera ejerciera control sobre la comercialización del mineral y evitar el trasteo de regalías, el cual ya está regulado en el Plan Nacional de Desarrollo.

jamarin@elespectador.com

@alexmarin55

(Ver infografía detallada) A finales de 2010, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso relató a una Corte de EE.UU cómo a través del sistema de regalías las Auc lavaron dinero del narcotráfico. Para hacerlo contaron con un “ejército” de alcaldes a su servicio. El método era simple: traían oro de Panamá y luego acudían a su red de mandatarios para reportarlo como si lo hubieran extraído de minas en sus municipios. A renglón seguido pagaban los impuestos por regalías y así blanqueaban el dinero a través del sistema financiero oficial. Al final, cuando las regalías llegaban a las poblaciones, los blanqueadores se quedaban con el 70% y el resto “se lo robaban los alcaldes”.

A pesar de la desaparición de las Auc, parece que el sistema sigue vigente. Al menos así lo evidencia una reciente investigación de la Contraloría General, en la que reveló serios indicios de maniobras sospechosas detrás de los $9.000 millones que en 2011 le giró el Gobierno al municipio de Alto Baudó (Chocó), por regalías. La razón de la sospecha es que en esta población, la segunda más pobre de Colombia, legalmente no hay minería. Por lo tanto, los que reportaron extracción o compra de oro de esta localidad, no tendrían cómo justificar de dónde sacaron el metal.

Según la ley que reguló el manejo de regalías hasta 2011, el 4% de la producción reportada debía girarse como compensación directa a los municipios de donde se extraen los recursos naturales no renovables, como el oro. Para la Contraloría General, en el caso del municipio de Alto Baudó es evidente que no se cumplió esa norma. Por esta razón, resaltó que este sería un caso específico de extracciones y regalías ficticias que, a la larga, posiblemente sirvieron para lavar dinero de grupos dedicados a actividades ilegales.

Para completar la denuncia del ente fiscal, en la que se advierten coincidencias actuales con el esquema confesado por Mancuso en 2010, se encontró que los $9.000 millones que el gobierno le giró a Alto Baudó no se pudieron invertir en la población, ya que fueron embargados para pagar supuestas acreencias laborales con los docentes “a través de títulos ejecutivos sobre los que existen dudas de su autenticidad”. Al final, Alto Baudó, a pesar de haber sido en 2011 el quinto municipio en recibir la mayor cantidad de regalías, sólo se benefició en el papel.

No es el único

Ante esta evidencia, El Espectador indagó si existen casos similares en el país. Para tal efecto cruzó información del reporte de regalías de los últimos 10 años con la producción de oro por municipio, según el Catastro Minero (censo de títulos mineros adjudicados en el país). El análisis arrojó que Alto Baudó no fue el único que en 2011 recibió pago de regalías sin tener minas. Ese año ocurrió lo mismo en por lo menos 37 municipios, ubicados en Chocó (14), Antioquia (5), Valle del Cauca (5), Nariño (4), Putumayo (3), Cauca (2), Córdoba (2), Caquetá (1) y Santander (1).

Al analizar los datos oficiales se nota cómo en 2011 varias empresas reportaron a Ingeominas y a la DIAN haber extraído o comprado 11,7 toneladas de oro en estas poblaciones, cantidad valorada en casi $800.000 millones, lo que les representó a dichos municipios regalías por $32.263 millones. Paradójicamente, casi el 99% de las producciones sospechosas se reportaron en el departamento de Chocó. El asunto es más escandaloso al conocer que en 2011 la producción nacional de oro fue de 55 toneladas. Esto significa que el 21% al parecer provino de poblaciones sin minería.

El Espectador, luego de revisar las cifras de 2012, encontró que la historia se repitió, a pesar del cambio del esquema de regalías, para “repartir mejor la mermelada”, y de incrementar los controles, para evitar el trasteo de regalías. Las empresas que transan con oro reportaron una producción de 2,5 toneladas del metal en 27 de los 37 municipios que hasta 2011 no tenían minas. Esta cantidad correspondió casi al 4% de la producción nacional de ese año, que ascendió a 65 toneladas. Lo llamativo es que con el cambio del sistema de regalías las transferencias para estas poblaciones llegaron a casi $75.000 millones.

En términos simples, del análisis se puede concluir que de cada 100 gramos de oro que se reportaron en los últimos años como producción nacional, entre 15 y 20 gramos tendrían origen sospechoso. De confirmarse los indicios de la Contraloría y el relato de Mancuso frente a las maniobras para lavar activos, se estaría al frente de un multimillonario fraude a través de cuentas oficiales.

Chocó, el que más preocupa

Al estudiar el listado de 37 poblaciones que hasta 2011 no contaban con producción minera, pero que en los últimos años han recibido regalías por explotaciones de oro, se encuentra que Chocó es el departamento que más municipios tiene bajo sospecha. Al caso de Alto Baudó se sumarían Acandí, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, El Cantón de San Pablo, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Medio San Juan, San José del Palmar y Unguía. Los comercializadores de oro reportaron en 2011 haber adquirido en estas localidades casi 11 toneladas del metal.

Al consultar el Catastro Minero de 2012, para ese año Chocó tenía 156 títulos de explotación vigentes, que abarcaban 3.000 kilómetros cuadrados (7% de su territorio). Desde 2009 ha vivido una bonanza aurífera, que lo ubica como el segundo productor de oro del país, después de Antioquia. Para dimensionar la participación de Chocó en la producción nacional de oro, se tiene que entre 2008 y 2012 han extraído del subsuelo colombiano 258 toneladas, de las cuales 100 han salido de esta región, es decir, el 40% de la producción nacional.

Sin embargo, esta misma bonanza ha facilitado el accionar de los lavadores de dinero. Al analizar el reporte de producción de los últimos cinco años, llama la atención que al menos 38 de las 100 toneladas de oro supuestamente extraídas de territorio chocoano tienen origen en las poblaciones sin minería, cantidad que corresponde al 15% de la producción nacional.

Otros casos sospechosos

Pero el reporte de oro en municipios que no tienen vocación minera no sería lo único sospechoso en Chocó. Al revisar las cifras se encuentran otros casos que ameritarían una indagación. Se trata de poblaciones que a pesar de tener pocos títulos mineros, también han reportado grandes producciones de oro en un año y al siguiente caen drásticamente. Uno de esos casos es el del municipio de Sipí, que con 2.500 habitantes, reportó en 2011 una extracción de cinco toneladas de oro, pese a contar con dos títulos mineros. Ese año recibió $14.000 millones en regalías, suficientes para haberle entregado a cada habitante $450 mil mensuales durante un año. El otro sería el de Cantón de San Pablo, que luego de haber registrado en 2011 una producción de casi 4 toneladas, en 2012 cayó a 0,3 toneladas.

Según fuentes de la Contraloría, toda esta situación tendría una explicación: “Chocó viene siendo afectado por los grupos al margen de la ley, que a partir de actividades delincuenciales generan ingresos para sus organizaciones y recurren a diferentes maniobras para el blanqueo de tales capitales. El pago de regalías por una explotación ficticia puede constituir una importante fuente de blanqueo a través de ingreso de los montos del caso como compensaciones legítimas por la actividad minera, motivo por el cual resulta necesario indagar por la responsabilidad penal de quien así obre”.

Falta de control

En medio de este panorama y gracias a las investigaciones de los entes de control, queda demostrado que lavar dinero a través del sistema de regalías parece relativamente fácil, a causa de los deficientes controles de las entidades gubernamentales. “Se evidencia un problema estructural frente a la explotación minera y a presuntas actividades ilícitas en torno a la minería, lo que revela debilidad en los mecanismos de control estatal referente al ciclo económico de comercialización de metales preciosos”, dijo Carlos Mario Zuluaga, contralor para la Participación Ciudadana, quien lideró el estudio del caso Alto Baudó.

Las críticas apuntan directamente a Ingeominas, la DIAN y la Superintendencia de Sociedades, ya que a pesar de tener acceso a información que le permitía descubrir las inconsistencias para evitar casos de aparentes “regalías ficticias”, no hubo coordinación para ponerle freno a esta situación. En el caso de Ingeominas, se le cuestiona que pese a tener acceso al Catastro Minero, en el que podía descubrir reportes de producción de oro en municipios donde no existía minería (como lo mostró el ejercicio de El Espectador), el dinero pasó a través de sus cuentas sin problema.

De acuerdo con la Contraloría, estas omisiones pusieron en riesgo recursos públicos y han permitido que los actores ilegales continúen ejecutando operaciones dudosas, que han generado regalías ficticias. “Tal omisión compromete el destino de los recursos públicos, por lo que podría derivar en responsabilidades disciplinarias y penales, atribuibles a los servidores involucrados (alcalde, secretario de Hacienda y funcionarios de Ingeominas)”, dijo la Contraloría, que de paso sugirió a Fiscalía y a Procuraduría adelantar investigaciones para establecer la posible responsabilidad de los funcionarios públicos.

Por ahora, la evidencia sobre cómo los grupos ilegales están blanqueando dinero a través del sistema oficial de regalías ya es de conocimiento público. Lo que resta es que los controles y el seguimiento de las autoridades competentes frente al reporte de producción de oro en el país sean más estrictos para hacerle frente a esta empresa criminal.

La respuesta de Ingeominas

Durante la investigación que adelantó la Contraloría por el caso de posibles regalías ficticias en el municipio de Alto Baudó (Chocó) y de haber criticado a las autoridades mineras del país, Ingeominas respondió de manera oficial al organismo de control. En oficio dirigido al contralor que adelantó la indagación, la entidad minera dijo que la primera responsabilidad del reporte de las regalías corresponde a los alcaldes de los municipios, según la norma que regulan las regalías. Aclaró que la entidad recaudadora no puede negarse a recibir, distribuir y girar los recursos declarados como producto de explotaciones mineras en las poblaciones colombianas, por cuanto la información proveniente del agente retenedor así lo indica. De igual forma, que hasta 2011 no existían las herramientas para que la autoridad minera ejerciera control sobre la comercialización del mineral y evitar el trasteo de regalías, el cual ya está regulado en el Plan Nacional de Desarrollo.

jamarin@elespectador.com

@alexmarin55