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La trama de espionaje que rodea la salida de dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Colombia dejó en un punto incierto las relaciones bilaterales con la potencia mundial. El pasado 7 de diciembre, el Gobierno dio 24 horas para que los dos agentes salieran del país, y la respuesta de Moscú fue apelar al principio de reciprocidad y declarar a dos miembros de la misión diplomática colombiana como ‘persona non grata’. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sostuvo que la acusación de espionaje era infundada y no correspondía al “espíritu tradicional” de la relación entre las dos naciones, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) tiene la tesis de que los rusos lanzaron una supuesta operación de espionaje desde hace tres años.
(Para más información: La historia de dos espías rusos en Colombia, ¿qué hacían en barrios populares de Bogotá?)
La decisión de expulsar a los dos agentes se tomó tras recopilar información durante dos años con la colaboración de las centrales de inteligencia estadounidenses y británicas, que permitió concluir que se violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Es la primera vez que un país latinoamericano expulsa a miembros de una delegación rusa. Si bien en el pasado Colombia deportó a cubanos y venezolanos por espionaje, nunca estuvo inmerso en un dilema con Rusia. Retomar las relaciones bilaterales sin comprometer la seguridad nacional es ahora el objetivo. Sin embargo, una de las sospechas que quedan es si entre la información clasificada que recolectaron los agentes habría intereses vinculados a las próximas elecciones.
La operación enigma
De a poco se han conocido pormenores sobre cómo la DNI logró identificar a tres agentes rusos: Roman Borisov y Aleksandr Paristov miembros del Servicio de Inteligencia Extranjera (SVR), y Aleksandr Nikolayevich Belousov integrante del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU). El Tiempo y Semana publicaron información sobre la existencia de la Operación Enigma, creada por la DNI a principios de 2017 cuando obtuvieron información de que, en medio del éxodo de venezolanos hacia Colombia, varios países aprovecharon para ingresar sus ciudadanos al país. Asimismo, hubo alerta ante el incremento de la misión diplomática rusa, que pasó a ser de 44 cargos, en su mayoría ocupados por agentes de inteligencia.
Un agente de la Operación Enigma le dijo a la revista Semana que ante la urgencia de entender cuál era el interés de los rusos en Colombia y su fuerte presencia en territorio nacional, la DNI identificó a un grupo de ciudadanos del país eurasiático que estaban realizando mantenimiento a aeronaves de una empresa de helicópteros. Al realizar un seguimiento, llegaron hasta Román Borisov, quien ocupaba el cargo de tercer secretario en la Embajada de Rusia. Al seguirlo, descubrieron que Borisov realizaba movimientos típicos de un agente secreto. El diplomático utilizaba diferentes estrategias para movilizarse por la ciudad, tomaba rutas no habituales y hasta tardaba siete horas para encontrarse con sus fuentes para evitar que lo siguieran.
(Vea también: El rastro del espionaje ruso en América Latina)
Según la DNI, Roman Borisov accedió a funcionarios colombianos en diferentes cargos estratégicos que, a cambio de grandes sumas de dinero, le entregaron información sobre la infraestructura, sector energético y sector petrolero. Asimismo, buscaron llegar a círculos académicos para contactar a estudiantes que pudieran tener proyección de ocupar cargos estratégicos en importantes empresas privadas o cargos estratégicos del gobierno. A finales de noviembre de 2017, la agencia de inteligencia colombiana identificó que el ruso tenía una amplia red de colaboradores a los que les pagaba por información confidencial. Por esa razón, acudieron a otras agencias de inteligencia extranjeras para confirmar la identidad de Borisov.
Lo que se encontró es que el diplomático era miembro del SVR, la principal agencia de inteligencia rusa en el extranjero y que se enfoca en actividades de filtración para tener injerencia en ámbitos políticos, económicos, militares y hasta en temas relacionados con desarrollos tecnológicos y científicos. Al ser descubierto, Roman Borisov dejó el país, pero su red de contactos continuaba operando. La DNI continuó con la operación y en 2019 halló que el reemplazo de Borisov ya estaba en Colombia. Se trataba de Aleksandr Paristov, quien llegó el 17 de enero de 2019 a retomar los contactos. Situación que hizo sospechar que no se trataba de un tema personal o aislado, sino de una operación de inteligencia estructurada desde Rusia.
Paralelamente al descubrimiento de los dos agentes del SVR, la DNI identificó que otro miembro de la delegación diplomática rusa, Aleksandr Nikolayevich Belousov, era un agente del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU). El principal temor es que se trataba de la agencia detrás de los ataques y espionajes cibernéticos más agresivos realizados por Rusia. Aleksandr Nikolayevich Belousov operaba de la misma forma que sus compañeros: buscaba personas en cargos estratégicos en temas de tecnología, economía, infraestructura y militar para pagarles a cambio de información clasificada; y asistía a eventos académicos y ferias de exposición (como Expodefensa según Semana) bajo la fachada de diplomáticos.
Con seguimientos, grabaciones, registros fotográficos –varias entregando dinero– y filtrando el círculo de colaboradores de los rusos, la DNI supo cuáles eran los objetivos de los agentes rusos: acceder a información clasificada para tener acceso a terceros con poder de decisión y mover sus fichas de acuerdo a los intereses. Tras verificar la información, el gobierno de Iván Duque generó el 7 de diciembre una reclamación al embajador ruso en Colombia, Sergei Koshkin, y dio 24 horas para que Aleksandr Nikolayevich Belousov y Aleksandr Paristov salieran del país. El mismo 8 de diciembre salieron en un vuelo de Bogotá a Cartagena, donde después tomaron un avión de la empresa KLM hacia Ámsterdam.
A su vez, las autoridades colombianas identificaron a las personas que les sirvieron como colaboradores y vendieron información que podría comprometer la seguridad nacional. Sus identidades siguen bajo reserva, pues se está analizando si se puede proceder o no penalmente en su contra por espionaje y hasta traición a la patria. Frente a la posibilidad de que la información filtrada llegara a manos del gobierno de Venezuela, la DNI no ha encontrado vínculo alguno. Sin embargo, existe preocupación por la injerencia de Rusia en el vecino país. Y mientras las agencias en Colombia consideran que el espionaje continúa, desde Rusia las medidas que se han tomado, según fuentes consultadas, son respuestas diplomáticas.
“El 22 de diciembre a la Cancillería rusa fue citado el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia en la Federación de Rusia, Alfonso López Caballero, a quien se le expresó una protesta por la decisión infundada de Colombia de expulsar a dos diplomáticos de la Embajada de Rusia en Bogotá (...) Esta acción no corresponde al espíritu de las relaciones tradicionalmente amistosas y mutuamente respetuosas entre Rusia y Colombia (...) Se dijo al Embajador que, partiendo del principio de reciprocidad, la parte rusa declara ‘personas non grata’ a dos empleados de la misión diplomática de Colombia en Moscú”, se lee en un comunicado oficial de Rusia. Los diplomáticos colombianos expulsados fueron Ana María Pinilla y Leonardo Andrés González, quienes apoyaban a la Embajada en Moscú.
(Puede leer: Putin expulsa a dos funcionarios colombianos de Rusia, tras expulsión de dos espías rusos de Colombia)
Fuentes consultadas explicaron que es necesario entender el funcionamiento de las misiones diplomáticas, que en su mayoría termina realizando labores de inteligencia al emitir informes clasificados sobre seguridad nacional o estabilidad política y financiera. “Se habla del extraño incremento de la delegación Rusa, que tiene los mismos cupos que la británica. Solo Estados Unidos tiene miles de personas acreditadas en la misión diplomática bajo conceptos como asesores en seguridad, asesores comerciales, entre otros. Muchos de ellos terminan siendo agentes infiltrados de agencias de inteligencia y no se ha visto el primer caso de expulsión por espionaje. No se puede entrar a un juego de una supuesta nueva guerra fría”, agregaron.
Lo cierto es que este episodio marca el presente de las relaciones bilaterales con Rusia, que ha dado a entender que se trata de un caso infundado. Mientras las sospechas de espionaje en Colombia incrementan, la poca claridad de lo que está sucediendo se convierte en polvorín para las próximas elecciones presidenciales, las cuales, según la DNI, son permeables a posibles filtraciones y ciberataques. Fortalecer las estrategias para proteger la seguridad nacional, depurar el supuesto plan de infiltración rusa y evitar una desestabilización en las relaciones internacionales del país son los retos que se suman para el gobierno Duque en el inicio del 2021.