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El contrato de 2011 para construir 60 casas fiscales de la Policía en Tolima nació moribundo. Desde que se plantearon los plazos y el tiempo de ejecución estaba claro que era imposible de lograr. De entrada, el Fondo Rotatorio de la Policía, en cabeza del coronel Saúl Torres, y el contratista, Inversora Manare, acordaron que la segunda tenía dos semanas para alistar licencias, permisos y estudios. Un tiempo absurdo, pues estos procesos pueden tardar hasta un año. Pactaron, además, que en cuatro meses el proyecto estaría listo, lo que, como era previsible, no sucedió. El director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, afronta hoy un juicio disciplinario por supuestas fallas al recibir esas casas.
Mientras ese proceso sigue en pie, la Fiscalía tomó el camino opuesto. En un documento de 53 páginas, el ente investigador consignó sus razones para archivarle al general la indagación -que ni siquiera llegó a ser investigación formal- por este tema. Sin embargo, el expediente completo deja entrever varios puntos que estarían bajo la lupa de la Procuraduría y que no habrían sido tenidos en cuenta por la Fiscalía. En los más de 1.000 folios que componen el expediente, queda claro que cuando el general Atehortúa llegó al Fondo Rotatorio de la Policía, en el primer semestre de 2014, el contrato para erigir esas casas era problemático.
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No solo por los tiempos de ejecución, sino porque, por más que se advertía que la obra no se estaba cumpliendo, el coronel Torres –que luego ascendió a general- mantuvo el negocio con adiciones, suspensiones y prórrogas. El objeto del contrato lo ameritaba. Se trataba de la primera fase de la construcción de un ambicioso proyecto de viviendas para dotar a la Policía de más de 60 viviendas fiscales en las instalaciones del Centro Nacional de Operaciones Policiales (Cenop). Allí, según el contrato, “se preparan y planifican, con la mayor reserva y confidencialidad, operaciones de alto impacto en la seguridad nacional, alojando los comandos Jungla, COR, Granaderos, Enfermeros de Combate, entre otros”.
Pero, por más de que varios oficiales le exigieron al contratista celeridad y resultados, las cosas no mejoraban. La Fiscalía y la Procuraduría hallaron cinco adiciones, entre 2011 y 2012, que buscaron ampliar la fecha de entrega de las casas para que el contratista las culminara. Debía hacerlo, pues como se trataba de un contrato llave en mano, la Policía no podía recibir un proyecto que no estuviera acabado. Pero siempre faltaba algo: o muebles o estufas eléctricas, enchapes o adoquines. Dejar las viviendas impecables resultó imposible. Además, por el camino, tuvieron que añadir la construcción de una subestación eléctrica, un cuarto de basuras y obras de jardinería para no dejar las casas en medio de una obra negra.
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Cuando Atehortúa llegó al Fondo Rotario encontró el contrato en su lecho de muerte. La última prórroga se había firmado en febrero de 2014 para que Inversora Manare entregara la obra a más tardar el 29 de marzo de ese año. No lo hizo. A partir de esa fecha, interventores, el Fondo Rotatorio y el contratista empezaron a cruzarse informes, circulares, cartas y advertencias. Por un lado, el contratista aseguraba que la Policía había incumplido en pagos y que, si se decidía liquidar el contrato, podían demandarla por un pleito millonario. Por el otro, Atehortúa recibió advertencias de que no podía recibir la obra porque no estaba acabada.
El general, sin embargo, se empeñó en acabar el contrato por las buenas. Bajo la asesoría del abogado Andrés O’meara, el general firmó un acta de acuerdo sobre el contrato de 2011. Lo hizo en diciembre de 2014, luego del visto bueno del contratista, la interventoría de la Universidad Distrital y de O’meara. La Fiscalía, al archivar la indagación, explicó que ese acuerdo fue en realidad lo que en el mundo de los negocios se conoce como una transacción y que se trató de una actuación legal. El fiscal cuarto delegado ante la Corte Suprema, Hernán Suárez, quien archivó el proceso, señaló que esa transacción evitó un pleito millonario. Pero haber firmado esa acta podría terminar en un problema mayúsculo para el general.
“Firmaron un contrato ilegal”
El lío es que, a la luz de lo que se pactó en la transacción y las normas y leyes que avalan ese tipo de soluciones a las controversias, el nuevo acuerdo no podía firmarse. ¿Por qué? Porque el contrato que inició toda esta historia ya no existía. Así lo estableció la propia Policía en varios documentos que se cruzaron entre oficiales e interventores en 2014, en los que dejaron claro que el último día de vida de ese negocio fue el 5 de abril de 2014, ocho meses antes de que Atehortúa firmara el acta de acuerdo. En términos del contrato, hasta ese día el negocio tuvo vida. Aunque la legislación colombiana establece que la conciliación o la transacción pueden ser mecanismos para liquidar contratos y evitar litigios, de ninguna manera pueden usarse para revivir negocios ya muertos.
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Y eso fue lo que, al parecer, hizo el general en el contrato de las 60 casas, asesorado por la interventoría y Andrés O’meara. Esa es la conclusión a la que llegaron abogados expertos en contratación estatal consultados por este diario. Varios puntos llamaron su atención. Uno de ellos es que esa transacción estableció nueve condiciones para que el contratista cumpliera con el objeto del contrato y, de una vez por todas, entregara lo que durante dos años no logró hacer. Inversora Manare debía entregar los estudios y diseños de las obras de mitigación de las casas, así como los correspondientes a las obras del vertimiento de aguas residuales al río
Debía, además, obtener y entregar el permiso para la energización del complejo, otro para la concesión de aguas subterráneas, terminar unos adoquines y alistar las piscinas y zonas verdes. Para lograrlo, Atehortúa le dio una nueva prórroga. Es esa decisión en donde se habría concretado la resurrección del contrato. En la transacción se estableció que el contratista tendría un plazo de casi cinco meses, desde la firma del documento (diciembre de 2014), para cumplir con nueve condiciones. Una vez cumplidas, el Fondo Rotatorio liquidaría el contrato. “Esos cinco meses le dieron vida al negocio y, al hacerlo, firmaron un contrato abiertamente ilegal”, recalcaron los abogados.
Así estaban las casas de la primera etapa del Cenop en 2018
La transacción no solo contó con el visto bueno del abogado Andrés O’meara, hoy director de Colombia Compra Eficiente, sino con el del interventor, que para ese momento era Wilman Muñoz Prieto. El Espectador trató de comunicarse con O’meara, pero no tuvo respuesta. Para 2014, Muñoz tenía la reputación de ser uno de los mejores interventores de la Universidad Distrital. Sin embargo, la Fiscalía logró poner al descubierto su verdadero perfil. El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó en julio de este año a 14 años y medio de prisión por peculado y falsedad en documento privado tras apropiarse de más de $12 mil millones cuando estaba en la Dirección del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital.
Su paso por esa área de la universidad coincide con el tiempo en que fue interventor del contrato de las casas fiscales de la Policía. La propia Procuraduría alertó, cuando llamó a juicio a Atehortúa, que los informes de Muñoz sobre las obras tenían inconsistencias sobre sus avances y que su interventoría no correspondía a la realidad de lo que sucedía en las casas fiscales. Muñoz, sin embargo, estuvo a cargo de la supervisión del contrato hasta que se liquidó. Una de las personas que le advirtió al general Atehortúa de la realidad del proyecto fue una ingeniera adscrita al Fondo Rotatorio y quien supervisó el contrato hasta mayo de 2014.
Antes de que se firmara la transacción, ella le envió una carta a Atehortúa con varias advertencias. Arrancó diciendo que, por orden del general, ella tenía que recibir las 60 casas del proyecto, pero que no veía viable hacerlo. Ella misma le aclaró que el contrato se había terminado en abril de 2014 y que, hasta esa fecha, persistían problemas de calidad de la obra que hacían imposible que ella la recibiera, pese a que la interventoría de Muñoz había dado el visto bueno para ello. La ingeniera agregó que, pese a que el contratista ya tenía los permisos para instalar un sistema de drenaje en esa etapa del proyecto, a la fecha no lo había hecho.
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Para la funcionaria, el hecho de que no existiera ese sistema era un evidente incumplimiento por parte del contratista y que, incluso, podía existir un detrimento patrimonial (tema que tampoco mencionó la Fiscalía en el archivo del caso de Atehortúa). Recibir las casas en ese estado, dice la carta, implicaba para su autora hacerse cargo del mantenimiento de una obra que no estaba lista para entrar a funcionar y ello podía traerle problemas fiscales y administrativos. La ingeniera acabó su carta expresando su inconformidad frente “a la dilación en la toma de decisiones por parte de la entidad contratante (el Fondo Rotatorio, ya en cabeza de Atehortúa)” y le pidió al general que la relevara de la supervisión.
La obra, finalmente, la recibieron varios oficiales, entre ellos Atehortúa, el 29 de julio de 2015, con el aval de la interventoría. En el acto de recibo final la Policía dejó constancia de que recibía las viviendas, como había quedado pactado en la transacción, aunque dejó allí anotados varios “peros”. El contratista tenía que tener absolutamente todo listo para ese momento, sin embargo, no había instalado un mueble en una casa. Tampoco había hecho revisión del aire acondicionado de ocho viviendas y la carpintería del estudio de una de ellas tenía que revisarse. Aunque esos podrían entenderse como arreglos sencillos, en ese momento existió uno que todavía llama la atención de muchos miembros de la Policía.
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Se trataba del hallazgo que se hizo ese día de julio de 2015 respecto a la instalación de redes de gas para las casas. Para sorpresa de la Dirección de Bienestar Social de la Policía, ninguna de las viviendas quedó con esa instalación. El contrato, finalmente, se liquidó el 17 de diciembre de 2015. Para la Procuraduría, el general Atehortúa habría “faltado a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado” en el desarrollo del proyecto. Es decir, tras firmar el contrato de una obra en la que él no participó, no estuvo pendiente de su cumplimiento y habría recibido unas casas que, simplemente, no cumplieron con el objeto del contrato”.
La Fiscalía, por su parte, decidió archivar el caso solo cinco días después de escuchar al general en entrevista. Ni en el proceso penal ni en el de la Procuraduría hay investigadores expertos en contratación estatal, aunque el contenido del caso pareciera necesitarlos. ¿Esa transacción es un contrato ilícito porque lo que hizo fue darle vida a un negocio que ya no existía? ¿No comprende esta situación un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales (el delito por el que la Fiscalía lo investigaba)? Si durante dos años el contratista incumplió sistemáticamente con sus deberes, ¿por qué Atehortúa les dio una segunda oportunidad para que acabaran las obras?
Muchos uniformados se hacen estas preguntas y dejan la duda sobre qué hubiera pasado si el contratista se hubiera cambiado, pues hasta hoy no hay más que 30 casas habitadas. La Policía, bajo la dirección de Atehortúa, cierra 2020 con este caso en el último renglón de la lista de escándalos que protagonizó este año: la muerte de Ánderson Arboleda en Puerto Tejada (Cauca), luego de recibir un golpe de uniformados; el asesinato de Javier Ordóñez, en manos de dos policías en Bogotá; el abuso policial durante las protestas del 9 y 10 de septiembre, que resultaron en la muerte violenta de 11 personas; la dura crítica de la Corte Suprema que dijo sin ambages que la Policía hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social, y varias investigaciones por corrupción en la Dirección Antinarcóticos de la Policía.
El juicio disciplinario del general se adelanta en medio de un contexto de roces con el director de la Inspección de la Policía, el general William Salamanca, quien impulsó la investigación en contra de Atehortúa a finales de 2019. El Espectador trató de conocer la postura del general y de sus dos abogados y, aunque se enviaron preguntas, al cierre de esta edición no fue posible conocer sus respuestas. Aun así, se sabe que en las audiencias han dicho que todo se trata de un juicio mediático y de una campaña para sacarlo de la Policía. Sin embargo, el expediente, el acta de acuerdo y otras pruebas dentro de la investigación muestran que, en el fondo, sí existe un debate de una finísima filigrana judicial.