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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene indicios de que en la Operación Berlín, famoso operativo de las Fuerzas Militares del año 2000, se habrían cometido violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. Así lo afirma en un auto de abril pasado con sustento en pruebas que han estado en poder de la Fiscalía por años, expediente que obtuvo El Espectador. Los documentos y testimonios muestran que en este operativo —presentado en su momento como un éxito que logró librar del reclutamiento forzado a decenas de niños y niñas en poder de las Farc—se cometieron atrocidades hasta ahora no conocidas.
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Cuenta la JEP que las conductas reprochables no vinieron únicamente de parte de la extinta guerrilla de las Farc, sino también de los militares que participaron del operativo, que tuvo lugar en el páramo de Berlín, puntualmente en el municipio de Suratá (Santander). El Ejército tenía muy bien identificado el campamento de la columna móvil Arturo Ruiz de las Farc, atacado aquel noviembre del 2000, al punto que sabían que estaba conformado entre un 70 y un 80% por menores de edad que estaban siendo trasladados desde el Caguán al Magdalena Medio, y sabían que los jefes guerrilleros tenían órdenes de no atacar a la Fuerza Pública.
Sin embargo, la JEP tiene pruebas de que, aun sabiendo que la columna estaba conformada por menores de dad, las Fuerzas Militares los bombardearon, lanzaron panfletos diciéndoles a los sobrevivientes que se rindieran y, una vez en tierra, los soldados al parecer tenían órdenes de no dejar a guerrillero alguno vivo. Según la JEP, “se conoce por varios testimonios, que muchos de quienes fueron ejecutados, habían salido con las manos en alto, luego de leer los volantes que el Ejército tiraba desde helicópteros, invitándolos a desertar”. En el expediente está también la orden de operación, que reza: “Cada disparo debe ocasionar una baja enemiga” y que, en caso de confrontación se actuara “en forma inmediata, contundente y conjunta con el fin de negarle éxitos a los narcoterroristas”.
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Según la JEP, con la conducta del Ejército durante la Operación Berlín, militares desconocieron principios de proporción y precaución contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, y pudieron incurrir en crímenes de guerra sobre personas protegidas, perfidia, orden de no dar cuartel (no dejar a nadie con vida), tortura psicológica, tratos crueles y degradantes y amenazas de violencia sexual. Con otro agravante: varios cadáveres fueron reportados como si fueran adultos, y fue clara la inconsistencia entre las cifras oficiales y las que se dieron en los medios.
Para la justicia especial son estas conductas, entre otras tantas, las que constituirían infracciones al derecho internacional humanitario, violaciones a los derechos humanos y hasta crímenes de guerra. En primer lugar, por las edades de las víctimas: la gran mayoría eran menores de edad. Aunque la JEP no ha podido establecer con precisión cuántas personas murieron en el operativo, Medicina Legal dice tener 20 necropsias de niños, niñas y adolescentes, y reprocha particularmente que la identificación de los cadáveres sigue “pendiente”, pues varios “fueron reportados como de adultos o guerrilleros mayores de edad”, según la decisión.
A la luz del derecho internacional es una discusión compleja. En primer lugar, porque no hay un consenso alrededor de las normas aplicables: el Protocolo II de Ginebra, por un lado, prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años; mientras que, por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño dice que ningún menor de 18 años puede ser reclutado. Colombia ha ratificado ambos tratados internacionales y, por este hueco de tres años de diferencia, hay una discusión jurídica que no ha sido resuelta. “Se presenta una tensión porque son dos sistemas distintos (derecho internacional humanitario y derechos humanos)”, explicó Wilfredo Robayo, profesor de derecho internacional de la Universidad Externado.
Y complementó: “Sin embargo, ambos sistemas deberían entenderse en conjunto. En este caso, Colombia no debería decir que solo cumple el derecho internacional humanitario y que consideraba combatientes a los mayores de 15 años porque termina configurándose una violación de derechos humanos. Y lo cierto es que, como han dicho los tribunales penales internacionales de Ruanda y Yugoslavia: se deben interpretar las dos normas en conjunto y aplicar el que sea más favorable a la persona”. Otras dos fuentes, también conocedoras de derecho internacional humanitario, que prefirieron no ser nombradas, coincidieron en esta lectura de que se debería aplicar la norma más favorable y proteger a los niños reclutados.
La diferencia de edad es uno de los debates grandes sobre el tema pues “no sería ilegal, en sentido estricto, adelantar operaciones contra personas mayores de 15 años que estén en combate”, dijo una de las fuentes. El profesor Robayo aclaró que hay posturas en el derecho internacional que entienden que sí puede haber menores de edad combatientes “pero incluso esas lecturas dicen que se debe presumir la inocencia de niños y niñas, porque son sujetos de especial protección”. Y, para llegar a considerarlos combatientes, el derecho internacional establece, por ejemplo, que los menores deben cumplir “funciones continuas de combate”.
Es decir, con estar en un campamento no basta, sino que el niño debe hacer parte de las hostilidades. En el caso de la Operación Berlín, dice la JEP, esas condiciones no se cumplían. Con otro agravante: “Si bien los niños y niñas reclutados llevaban uniforme camuflado de la guerrilla, no tenían la orden de atacar a las Fuerzas Militares y tampoco poseían la capacidad para hacerlo. Esto lo conocía el Ejército”. Para la justicia especial es claro: “La condición de víctima de los niños y niñas reclutados por los grupos armados ilegales ha sido desconocida desde tiempo atrás, no solo por los autores materiales ejecutores del reclutamiento forzado, sino también por diferentes instituciones del Estado”.
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Esto “se evidencia en la judicialización de las víctimas, su utilización como insumo de información militar y, recientemente, la referencia a ellas como ‘máquinas de guerra’”, dijo la JEP. Tan es así, que ni Procuraduría ni Fiscalía abrieron investigación alguna contra miembros del Ejército por estos hechos. La Justicia Penal Militar inició14 indagaciones, pero ya archivó cinco de ellas y en las demás no ha habido resultados. El profesor Robayo complementó sobre esto: “El Estado ha dicho siempre que, si hay niños reclutados por las Farc, es un delito de la guerrilla, pero el Estado tampoco está libre de culpa por no haber evitado que esos niños fueran reclutados en primera instancia”
La verdad sobre lo ocurrido en la Operación Berlín reposa en los expedientes que ya llevaron a condenar a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y a otros exjefes guerrilleros por reclutamiento forzado de menores. Entre esas pruebas están 20 necropsias de niños y niñas en las que se ven observan múltiples heridas de bala en las cabezas de los fallecidos —el derecho internacional humanitario ordena disparar contra las extremidades, aunque podrían deberse a que se trató de un bombardeo aéreo— y se evidencia que, por lo menos una de las niñas fue identificada y tenía 14 años cuando murió. No podría ser considerada combatiente en circunstancia alguna y sería una flagrante infracción al derecho internacional.
Por haber tratados internacionales de por medio, Colombia podría estar en problemas si estos hechos no son esclarecidos. Así lo dijo la propia JEP: “La Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del deber internacional de investigar, juzgar y sancionar los graves delitos cometidos en el marco del conflicto armado, tiene la obligación reforzada de esclarecer los hechos e identificar a los responsables de las violaciones cometidas contra los niños, niñas y adolescentes en la guerra”. Aunque la jurisdicción ha pedido información al Ministerio de Defensa sobre los militares involucrados en la operación, poco ha sido entregado hasta ahora.
Un viejo debate
Aunque la investigación de la JEP es inédita, no solo por sus detalles, sino porque cuenta la otra versión de una operación que el propio Ejército a catalogado como histórica, el debate de los niños en la guerra es uno ya conocido en el país. El más reciente caso se conoció en marzo de este año, cuando el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, y el Ejército le contaron al país de un importante golpe a un campamento de Gentil Duarte, líder de las disidencias en Guaviare. Según las denuncias que luego dieron pie a un agitado debate de control político en el Congreso de la República, en ese hecho habrían muerto varios niños que fueron reclutados por la organización ilegal.
(En contexto: Reclutamiento forzado, un cáncer que está avanzando)
El ministro Molano se refirió a ellos como “máquinas de guerra”, aunque luego tuvo que explicar su frase que despertó indignación en la opinión pública. En su aclaración, la cabeza de la cartera ministerial dijo: “Tengan absoluta certeza en que los niños reclutados son víctimas, pero, en el transcurso de ese proceso, los convierten en combatientes y ‘máquinas de guerra’ que son capaces de cometer atrocidades”. Cuando se supo de las implicaciones de ese ataque del Ejército a las disidencias, la voz de los expertos volvió a resonar para dar luces a la gravedad del asunto. El jurista y profesor Rodrigo Uprimny, por ejemplo, fue uno de los primeros en alzar la voz.
El respetado abogado explicó que el ministro estaba equivocado en su apreciación sobre la condición de los niños reclutados. Y aclaró: “Un adolescente en armas puede ser considerado un objetivo militar en circunstancias específicas: cuando participa directamente en un combate. Si una guerrilla utiliza a esos menores en un asalto a un pueblo, el adolescente se convierte en combatiente durante el asalto y la Fuerza Pública puede atacarlo sin violar el derecho internacional humanitario”.
(Lea aquí la columna completa de Uprimny: Niños guerrilleros: ¿víctimas o máquinas de guerra?
Para Uprimny, los mandos militares, el ministro y el presidente deben hacer todos los esfuerzos por verificar si en el campamento, o en cualquier lugar en donde planean una operación militar, hay niños o población civil. En el caso de la Operación Berlín, hay pruebas en poder de las autoridades de que el Ejército sabía que la columna móvil estaba compuesta en su mayoría por menores de edad y, aun así, atacó por cielo y tierra. Además del caso ocurrido en marzo de este año, hay otro episodio más que demuestra lo que ha pasado en el país en el tratamiento de los niños y niñas reclutados.
Ocurrió el 29 de agosto de 2019 en el Caquetá en una Operación llamada Atai. El portal Cuestión Pública, con el apoyo de la organización Dejusticia, logró tener acceso a documentos reservados del Ministerio de Defensa con los que lograron establecer que, a pesar de que sabía de la presencia de niños reclutados, atacaron el campamento de alias Gildardo Cucho. Según el Ejército, se trataba de máximo líder de Grupos Armados Organizados (GAO) residual E-7 que respondía órdenes de Gentil Duarte, disidente de las Farc. Según la investigación periodística, los niños hacían parte del anillo de seguridad de Cucho.
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Después de tener acceso a la información reservada del Ministerio Público, el investigador de Dejusticia, Alejandro Jiménez, explicó lo sucedido. “Una interpretación del espíritu del derecho internacional humanitario, plasmado en los principios de necesidad militar y humanidad, así como de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos aplicables a los niños y niñas, llevan a concluir que en cualquier caso el Estado debe evitar muertes excesivas. Nada más excesivo que matar a niños y niñas reclutados en un contexto de debilidad, abandono estatal y discriminación para conseguir una ventaja militar que se podía obtener por otros medios”, señaló Jiménez.
El Espectador contactó al Ejército para conocer su posición frente a los nuevos hallazgos sobre la Operación Berlín. Sin embargo, su respuesta se limitó a los siguientes términos: “La Operación Berlín se encuentra dentro del caso n°007 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la cual dar algún tipo de información o declaración fuera de un contexto legal, podría trasgredir el debido proceso y/o afectar la reserva y la defensa de quienes eventualmente sean investigados”.