La versión que complica caso del pastor Gámez

El testimonio de Leonardo Gámez, hermano del pastor cristiano Álvaro Gámez, actualmente recluido en una cárcel de Pasto dentro del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir en concurso homogéneo y sucesivo, sigue enredando el caso.

Luego de que la semana pasada se conociera que el ex concejal de Pasto Juan Carlos Mora Ramos les solicitó a familiares del pastor Gámez $100 millones para obtener supuestos beneficios judiciales, Leonardo Gámez, hermano del pastor, relató los pormenores de los ofrecimientos, que según él, recibió en los últimos meses para solucionar la situación jurídica del líder cristiano.

Todo comenzó hace cerca de tres meses cuando un intermediario se acercó a un miembro de la iglesia con una escueta propuesta a fin de ayudar a solucionar el caso. Según explicó el hermano del pastor, inicialmente el supuesto intermediario no fue muy explicito en la forma de detallar cómo sería la ayuda.

Pasaron entonces varios meses, hasta que el pasado primero de junio volvió a aparecer el intermediario en las instalaciones de la iglesia “Ministerio Apostólico y Profético Salem”, ubicadas en el antiguo teatro Alcázar de Pasto. Ese día le pidió a un miembro de esa comunidad religiosa que le hiciera llegar una información muy importante a la familia del pastor Gámez. En concreto, manifestó que era muy amigo del juez que tiene el caso del pastor y que proponía que se le entregara un dinero para “arreglar” la sentencia.

La oferta incluía una pena mínima y casa por cárcel, y según el relato conocido por El Espectador.com y que aún no hace parte del proceso, el intermediario manifestó que fue el propio juez quien le pidió llevar esta información. “Dijo que el pastor no iba a salir de la cárcel por nada, que el juez ya tenía decidido condenarlo por la presión social y la de la defensa de las víctimas”, relató Leonardo Gámez.

Fue entonces cuando vino la concreta propuesta económica del intermediario; el supuesto giro de $100 millones con la garantía de lo acordado, es decir, pena mínima y detención domiciliaria para el Gámez. Con un componente adicional de la oferta y es que si no tenían el dinero, podría haber una financiación. El hombre inclusive rebajó su demanda y propuso que con sólo $10 millones le podrían revocar la medida de aseguramiento en la siguiente audiencia.

Según el comprometedor testimonio del familiar del pastor Gámez, el miembro de la iglesia grabó las conversaciones con el intermediario y afirma que éste le decía, entre otros asuntos, que la defensa le estaba mintiendo a la familia al darle esperanzas de que próximamente saldría en libertad.

Vino luego una nueva conversación entre el intermediario y el miembro de la iglesia. Fue el pasado 4 de junio, cuando el indiciduo subió la tarifa a $200 millones. Un aumento que justificó en que tenía que indemnizar a las víctimas. Con base en estos elementos el pasado miércoles 12 de junio efectivos de la Sijin de la policía, capturaron al ex concejal de Pasto, Juan Carlos Mora Ramos.

El hermano del pastor reiteró que el intermediario aseguró que si no se le entregaba el dinero, el juez lo condenaría a la pena máxima y que nunca por medio de derecho iba a lograr su exoneración. Reiteró también que si es condenado debe pagarse una millonaria indemnización solicitada por el abogado de las víctimas cercana a los $1.500 millones.

Como se recordará el pastor Álvaro Javier Gámez Torres, fue acusado por Jairo Alberto Fajardo Rondón, Fiscal 52 de Pasto, el pasado 5 de octubre de 2012, en el caso de su inaceptable comportamiento de ser un líder espiritual que sostuvo relaciones íntimas con varias de las integrantes de su comunidad religiosa.

Un proceso que se complicó el pasado 6 de juniom cuando, nuevamente ante el juzgado 5 municipal de Pasto, en audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó cinco nuevos casos de mujeres en los que el pastor Gámez habría incurrido en acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

Sin embargo, la defensa de Gámez sostiene en diversos escritos y entrevistas incorporadas en el proceso una tesis que en consideración del ente acusador es inaceptable. Se trata de entrevistas realizadas previamente a varias audiencias a algunas de las víctimas en el sentido de que: “Tuvieron relaciones sexuales de manera libre y espontánea con Álvaro Gámez y que en ningún momento las obligó a estar con él”. Dichas declaraciones de algunas de las víctimas fueron rendidas ante el investigador privado Mauricio Castillo el 23 de Agosto de 2012.

En otra circunstancia una de las víctimas se abstuvo de rendir la entrevista argumentando que en su momento tenía una relación con una pareja estable y no quería que se tuviera conocimiento público de su vínculo sexual con el pastor en razón a que se vería afectada frente a su compañero de siempre.

El proceso del pastor Álvaro Gámez, sigue avanzando; para el próximo 27 de junio está prevista la audiencia preparatoria del caso en donde la Fiscalía destapará nuevas cartas. El ente acusador sigue firme para demostrar la responsabilidad del líder cristiano. Entre tanto en los juzgados de Pasto se sigue adelantando el caso y la firme teoría de la justicia más que algún vínculo del juez con una supuesta solicitud de dinero para tomar medidas en favor del acusado no es más que un caso de estafa por parte de un tercero, en este caso el exconcejal Juan Carlos Mora Ramos.

Entre tanto la defensa del pastor Gámez considera que en Pasto no hay garantías de imparcialidad en razón a que hay presión social y política. Argumenta además que el pastor incurrió en una falta moral y no en una infracción penal. Adjunta una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala que solo se configura la puesta en incapacidad de resistir cuando se somete por la fuerza a una persona, se le droga o se le embriaga.

En el caso del pastor Gámez, todas las mujeres con las que sostuvo los encuentros íntimos son mayores de edad. Inicialmente se conoció que fueron 27 miembros de su comunidad las afectadas. La cifra, por ahora según las investigaciones de la Fiscalía son siete que hacen parte del proceso.

La sociedad en Pasto, las mujeres y sus familias claman que se haga justicia frente a las actuaciones impropias del pastor Álvaro Gamez a quien consideraron durante muchos años un líder espiritual. La Fiscalía sigue barajando múltiples pruebas en su contra. La defensa pide que ante tantos hechos jurídicos y mediáticos se traslade el proceso a una jurisdicción que dé mayores garantías e independencia judicial. El proceso sigue caliente.
 

El testimonio de Leonardo Gámez, hermano del pastor cristiano Álvaro Gámez, actualmente recluido en una cárcel de Pasto dentro del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir en concurso homogéneo y sucesivo, sigue enredando el caso.

Luego de que la semana pasada se conociera que el ex concejal de Pasto Juan Carlos Mora Ramos les solicitó a familiares del pastor Gámez $100 millones para obtener supuestos beneficios judiciales, Leonardo Gámez, hermano del pastor, relató los pormenores de los ofrecimientos, que según él, recibió en los últimos meses para solucionar la situación jurídica del líder cristiano.

Todo comenzó hace cerca de tres meses cuando un intermediario se acercó a un miembro de la iglesia con una escueta propuesta a fin de ayudar a solucionar el caso. Según explicó el hermano del pastor, inicialmente el supuesto intermediario no fue muy explicito en la forma de detallar cómo sería la ayuda.

Pasaron entonces varios meses, hasta que el pasado primero de junio volvió a aparecer el intermediario en las instalaciones de la iglesia “Ministerio Apostólico y Profético Salem”, ubicadas en el antiguo teatro Alcázar de Pasto. Ese día le pidió a un miembro de esa comunidad religiosa que le hiciera llegar una información muy importante a la familia del pastor Gámez. En concreto, manifestó que era muy amigo del juez que tiene el caso del pastor y que proponía que se le entregara un dinero para “arreglar” la sentencia.

La oferta incluía una pena mínima y casa por cárcel, y según el relato conocido por El Espectador.com y que aún no hace parte del proceso, el intermediario manifestó que fue el propio juez quien le pidió llevar esta información. “Dijo que el pastor no iba a salir de la cárcel por nada, que el juez ya tenía decidido condenarlo por la presión social y la de la defensa de las víctimas”, relató Leonardo Gámez.

Fue entonces cuando vino la concreta propuesta económica del intermediario; el supuesto giro de $100 millones con la garantía de lo acordado, es decir, pena mínima y detención domiciliaria para el Gámez. Con un componente adicional de la oferta y es que si no tenían el dinero, podría haber una financiación. El hombre inclusive rebajó su demanda y propuso que con sólo $10 millones le podrían revocar la medida de aseguramiento en la siguiente audiencia.

Según el comprometedor testimonio del familiar del pastor Gámez, el miembro de la iglesia grabó las conversaciones con el intermediario y afirma que éste le decía, entre otros asuntos, que la defensa le estaba mintiendo a la familia al darle esperanzas de que próximamente saldría en libertad.

Vino luego una nueva conversación entre el intermediario y el miembro de la iglesia. Fue el pasado 4 de junio, cuando el indiciduo subió la tarifa a $200 millones. Un aumento que justificó en que tenía que indemnizar a las víctimas. Con base en estos elementos el pasado miércoles 12 de junio efectivos de la Sijin de la policía, capturaron al ex concejal de Pasto, Juan Carlos Mora Ramos.

El hermano del pastor reiteró que el intermediario aseguró que si no se le entregaba el dinero, el juez lo condenaría a la pena máxima y que nunca por medio de derecho iba a lograr su exoneración. Reiteró también que si es condenado debe pagarse una millonaria indemnización solicitada por el abogado de las víctimas cercana a los $1.500 millones.

Como se recordará el pastor Álvaro Javier Gámez Torres, fue acusado por Jairo Alberto Fajardo Rondón, Fiscal 52 de Pasto, el pasado 5 de octubre de 2012, en el caso de su inaceptable comportamiento de ser un líder espiritual que sostuvo relaciones íntimas con varias de las integrantes de su comunidad religiosa.

Un proceso que se complicó el pasado 6 de juniom cuando, nuevamente ante el juzgado 5 municipal de Pasto, en audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó cinco nuevos casos de mujeres en los que el pastor Gámez habría incurrido en acceso carnal y acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

Sin embargo, la defensa de Gámez sostiene en diversos escritos y entrevistas incorporadas en el proceso una tesis que en consideración del ente acusador es inaceptable. Se trata de entrevistas realizadas previamente a varias audiencias a algunas de las víctimas en el sentido de que: “Tuvieron relaciones sexuales de manera libre y espontánea con Álvaro Gámez y que en ningún momento las obligó a estar con él”. Dichas declaraciones de algunas de las víctimas fueron rendidas ante el investigador privado Mauricio Castillo el 23 de Agosto de 2012.

En otra circunstancia una de las víctimas se abstuvo de rendir la entrevista argumentando que en su momento tenía una relación con una pareja estable y no quería que se tuviera conocimiento público de su vínculo sexual con el pastor en razón a que se vería afectada frente a su compañero de siempre.

El proceso del pastor Álvaro Gámez, sigue avanzando; para el próximo 27 de junio está prevista la audiencia preparatoria del caso en donde la Fiscalía destapará nuevas cartas. El ente acusador sigue firme para demostrar la responsabilidad del líder cristiano. Entre tanto en los juzgados de Pasto se sigue adelantando el caso y la firme teoría de la justicia más que algún vínculo del juez con una supuesta solicitud de dinero para tomar medidas en favor del acusado no es más que un caso de estafa por parte de un tercero, en este caso el exconcejal Juan Carlos Mora Ramos.

Entre tanto la defensa del pastor Gámez considera que en Pasto no hay garantías de imparcialidad en razón a que hay presión social y política. Argumenta además que el pastor incurrió en una falta moral y no en una infracción penal. Adjunta una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala que solo se configura la puesta en incapacidad de resistir cuando se somete por la fuerza a una persona, se le droga o se le embriaga.

En el caso del pastor Gámez, todas las mujeres con las que sostuvo los encuentros íntimos son mayores de edad. Inicialmente se conoció que fueron 27 miembros de su comunidad las afectadas. La cifra, por ahora según las investigaciones de la Fiscalía son siete que hacen parte del proceso.

La sociedad en Pasto, las mujeres y sus familias claman que se haga justicia frente a las actuaciones impropias del pastor Álvaro Gamez a quien consideraron durante muchos años un líder espiritual. La Fiscalía sigue barajando múltiples pruebas en su contra. La defensa pide que ante tantos hechos jurídicos y mediáticos se traslade el proceso a una jurisdicción que dé mayores garantías e independencia judicial. El proceso sigue caliente.