Laberinto de un mal pleito que se resiste a terminar

Hace casi 30 años, en abril de 1983, después de una rápida licitación pública el extinto Ministerio de Obras y el Fondo Vial Nacional adjudicaron a la sociedad Botero Aguilar y Cía. Ltda. y al Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas (Conic S.A.) la ampliación y pavimentación de 22 kilómetros de la vía entre Medellín y Turbo. Hoy, ese simple contrato por $600 millones sigue vigente después de una guerra jurídica interminable, convertido en un mal pleito que terminó en $76.000 millones y es protagonista por estos días en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.

Aunque la obra debía estar lista en 24 meses, por fallas administrativas y técnicas atribuidas al Fondo Vial Nacional (hoy Invías), se fue aplazando al punto que el contrato tenía ocho adiciones en noviembre de 1991, fecha en la cual el organismo estatal lo liquidó sin que los trabajos estuvieran concluidos. De inmediato, el consorcio demandó al Fondo Vial Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que, en noviembre de 1998, aprobó una conciliación que le costó al Estado más de $15.000 millones, según la resolución de pago autorizada por Invías.

En ese momento se pensaba que era un caso saldado, pero súbitamente Botero Aguilar y Conic S.A. volvieron a demandar a Invías, esta vez por desacuerdo con la tasa de interés utilizada en la conciliación judicial. El Tribunal de Antioquia y el Consejo de Estado no le concedieron la razón por un argumento técnico: los demandantes tenían que pensar en una acción ejecutiva antes que en una reparación directa. Y a falta de una, entre junio de 2000 y noviembre de 2004 se presentaron 11 demandas ejecutivas.

El Tribunal de Antioquia ordenó acumular todas las demandas en noviembre de 2004 y un año después decretó el embargo de las cuentas bancarias del Invías como una forma de blindaje a los demandantes y al Estado. Finalmente, el caso volvió a terminar en un proceso de conciliación. El Invías consultó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario para conocer su opinión y, a través de su director, Francisco Ramírez, el organismo recomendó conciliar. El mismo tasó en $74.000 millones la suma a pagar, admitiendo que podía hacerse a través de títulos TES.

Aunque las pretensiones de los demandantes, ya clasificadas como el caso “Conigravas S.A. y otros”, era de $148.000 millones, en octubre de 2006 se reunió el Comité de Defensa Judicial del Invías, integrado por los máximos funcionarios del organismo, y sólo aprobó los $74.000 millones sugeridos por la Universidad del Rosario. Dos meses después, el Tribunal de Antioquia aprobó la conciliación. Y ahí fue Troya. El entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, fue el primero en reaccionar entablando una acción popular en Medellín.

Gallego argumentó la defensa de la moralidad y el patrimonio públicos, pero un juzgado consideró la acción improcedente. Entonces terció el Invías, a través de una tutela contra el Tribunal de Antioquia, considerando que en la conciliación se habían desconocido sus derechos. La Sección Primera del Consejo de Estado le dio la razón y dejó sin efectos decisiones claves de la conciliación, pero el fallo fue apelado y otra sala del Consejo de Estado, con ponencia de Alejandro Ordóñez (hoy Procurador), lo echó para atrás porque la tutela no procedía contra sentencias judiciales.

Esta controversia se saldó definitivamente en mayo de 2008, cuando la Corte Constitucional ratificó la improcedencia de la tutela. Así las cosas, el pago de $74.000 millones de indemnización por el contrato mal liquidado de una obra de 22 kilómetros que costaba $600 millones en 1983 parecía inobjetable. Sin embargo, el entonces ministro Gallego había dejado sobre la mesa su última carta: una denuncia penal por supuesto peculado. La Fiscalía se tomó casi cuatro años para ordenar la apertura de la investigación y lo hizo en diciembre de 2010.

En ese momento el caso ya se dirigía al archivo, sobre todo porque seis meses atrás, en mayo de 2010, la Procuraduría así lo había dispuesto en el capítulo disciplinario, basándose entre otros argumentos en la postura asumida por el entonces contralor Julio César Turbay, en el sentido de que la polémica segunda conciliación se había adelantado “dentro de los parámetros legales”. Pero la Fiscalía sorprendió a todos cuando abrió investigación penal contra 13 exfuncionarios del Invías, incluyendo a su exdirector y también exministro de Transporte, Gustavo Adolfo Canal.

La sorpresa adicional fue que la Fiscalía no sólo decidió investigar desde la primera conciliación en 1998, sino que también vinculó al proceso a Édgar de Jesús Botero Henao, presidente y fundador de las firmas Botero Aguilar y Conic S.A., las empresas favorecidas con el contrato para la vía Medellín-Turbo. Para la época de su vinculación al caso, Botero ya era un reconocido empresario, había fungido como asesor de campañas políticas, era inversionista en temas mineros y de construcción, y presidente del certamen de belleza Miss Mundo Colombia.

Ese final de 2010 salió del anaquel del olvido el caso “Conigravas y otros”, y a instancias de la Fiscalía, con exministro, empresario y exfuncionarios del Invías a bordo, regresó a la actualidad noticiosa. Pero aún faltaba otra sorpresa. Por esos mismos días, el contralor delegado para el sector Infraestructura, Nelson Izáciga León, envió una carta al director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Germán Arce, solicitando que, como prevención de un posible fraude al Estado, se abstuviera de pagar $34.000 millones de un nuevo desembolso por la conciliación de 2006.

Ante la súbita intervención de la Contraloría, los exfuncionarios del Invías advirtieron que estaba tomando forma un tardío proceso de responsabilidad fiscal en su contra y de inmediato salieron a controvertir al delegado Izáciga. Su primera objeción fue destacar que su petición al Ministerio de Hacienda, firmada el 9 de noviembre de 2010, hablaba de que estaba en curso una indagación preliminar en el campo fiscal, cuando formalmente ésta sólo se inició el 23 de diciembre de 2010. Pero la Contraloría ya tenía claro que iba a retomar sus pesquisas sobre el caso.

Fue así como el propio delegado Izáciga le solicitó formalmente a su colega en Investigaciones y Juicios Fiscales, Rafael Romero, que evaluara la posibilidad de emprender una proceso de responsabilidad fiscal para recuperar los dineros del caso “Conigravas y otros” y, como estaba previsto, dicho proceso de responsabilidad fiscal se inició antes de concluir 2010. En su defensa, los investigados recordaron que en los tiempos del excontralor Turbay, se había dicho que las conciliaciones no tenían reparos legales. Pero la Contraloría de Sandra Morelli piensa otra cosa.

Desde entonces la pelea que se libra en los campos penal y fiscal está al rojo vivo. En cuanto al tema disciplinario, el 6 de septiembre de 2011 el caso fue cerrado definitivamente y archivado, por disposición del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. En su providencia, el jefe del Ministerio Público concluyó que resulta insólito creer que el Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, el Comité de Defensa del Invías y la Contraloría se hayan equivocado con la conciliación de $74.000 millones cuando la suma era inferior a la condena impuesta.

No obstante, Fiscalía y Contraloría persistieron. Lo que no estaba previsto es que dos de los investigados, Vladimir Fernández, exdirector jurídico de Invías, y Gustavo Alberto Montes Villa, exintegrante del Comité de Defensa Judicial del mismo organismo, optaran por formular su propia denuncia penal por su confrontación con la Contraloría. Lo hicieron en mayo de 2012, basados en supuestas contradicciones al interior del organismo fiscal a la hora de investigarlos. Por ejemplo, que dos funcionarios de la misma Contraloría dejaron por escrito su postura contraria al proceso emprendido.

Según Fernández y Montes, a finales de 2010 el concepto de la directora de Vigilancia Fiscal del Sector Infraestructura, María Fernanda Escobar, fue que no había lugar a indagación de la Contraloría y en cambio debía cumplirse la orden judicial del pago de la conciliación. Posteriormente, el asesor Adolfo Weibar Sinisterra añadió que la Contraloría ya no tenía competencia y el pleito debía seguirse a través de una acción de repetición. Escobar fue declarada insubsistente en enero de 2011 y Sinisterra trasladado a Cali un mes después.

Bajo la consideración de que el caso era de gran impacto nacional fue remitido a la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, al despacho del delegado Alejandro Agudelo. El 30 de marzo de 2012, cuando se creía que iba a tomar forma un proceso verbal sumario contra los exfuncionarios del Invías, Agudelo decretó una nulidad porque uno de los procesados, Mauricio Ramírez Koppel, no había sido notificado debidamente. Tres meses después, Agudelo fue retirado de la Contraloría. Hoy es investigado por el mismo organismo fiscal.

El pasado 18 de julio, la delegada Luis Ángela Martínez, que retomó el caso después de que la propia contralora Morelli interviniera para deshacer lo hecho por Alejandro Agudelo, imputó formalmente cargos de responsabilidad fiscal contra siete exfuncionarios del Invías, incluyendo a su exdirector Mauricio Ramírez Koppel, a dos aseguradoras que participaron en el trámite del malogrado contrato y al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario. Está prevista una nueva audiencia el próximo miércoles para resolver este espinoso asunto.

Sólo que lo que parecía ser un proceso verbal más en la Contraloría se ha convertido en un verdadero tinglado judicial. Con tutelas, solicitudes de nulidad, invocaciones a la caducidad y hasta denuncia penal, los investigados están dando pelea para que el caso no prospere. No obstante, la contralora Sandra Morelli y su delegado Nelson Izáciga están decididos a que su investigación avance y se recuperen los dineros que, en su opinión, causaron detrimento patrimonial al Estado. Con un aspecto a su favor: la investigación penal también ha agregado sorpresas.

Inicialmente, el 29 de marzo de 2012, un fiscal de la Unidad Anticorrupción llamó a juicio al exministro de transporte Gustavo Canal y al exdirector jurídico del Invías Federman Quiroga. El presunto delito: peculado por apropiación a favor de terceros. Además compulsó copias para que cinco particulares sean investigados por enriquecimiento ilícito. A su vez, el pasado 18 de julio, en un proceso paralelo, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el empresario Édgar Botero por los presuntos delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal.

Hace casi 30 años, en abril de 1983, después de una rápida licitación pública el extinto Ministerio de Obras y el Fondo Vial Nacional adjudicaron a la sociedad Botero Aguilar y Cía. Ltda. y al Consorcio Nacional de Ingenieros Contratistas (Conic S.A.) la ampliación y pavimentación de 22 kilómetros de la vía entre Medellín y Turbo. Hoy, ese simple contrato por $600 millones sigue vigente después de una guerra jurídica interminable, convertido en un mal pleito que terminó en $76.000 millones y es protagonista por estos días en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.

Aunque la obra debía estar lista en 24 meses, por fallas administrativas y técnicas atribuidas al Fondo Vial Nacional (hoy Invías), se fue aplazando al punto que el contrato tenía ocho adiciones en noviembre de 1991, fecha en la cual el organismo estatal lo liquidó sin que los trabajos estuvieran concluidos. De inmediato, el consorcio demandó al Fondo Vial Nacional ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que, en noviembre de 1998, aprobó una conciliación que le costó al Estado más de $15.000 millones, según la resolución de pago autorizada por Invías.

En ese momento se pensaba que era un caso saldado, pero súbitamente Botero Aguilar y Conic S.A. volvieron a demandar a Invías, esta vez por desacuerdo con la tasa de interés utilizada en la conciliación judicial. El Tribunal de Antioquia y el Consejo de Estado no le concedieron la razón por un argumento técnico: los demandantes tenían que pensar en una acción ejecutiva antes que en una reparación directa. Y a falta de una, entre junio de 2000 y noviembre de 2004 se presentaron 11 demandas ejecutivas.

El Tribunal de Antioquia ordenó acumular todas las demandas en noviembre de 2004 y un año después decretó el embargo de las cuentas bancarias del Invías como una forma de blindaje a los demandantes y al Estado. Finalmente, el caso volvió a terminar en un proceso de conciliación. El Invías consultó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario para conocer su opinión y, a través de su director, Francisco Ramírez, el organismo recomendó conciliar. El mismo tasó en $74.000 millones la suma a pagar, admitiendo que podía hacerse a través de títulos TES.

Aunque las pretensiones de los demandantes, ya clasificadas como el caso “Conigravas S.A. y otros”, era de $148.000 millones, en octubre de 2006 se reunió el Comité de Defensa Judicial del Invías, integrado por los máximos funcionarios del organismo, y sólo aprobó los $74.000 millones sugeridos por la Universidad del Rosario. Dos meses después, el Tribunal de Antioquia aprobó la conciliación. Y ahí fue Troya. El entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, fue el primero en reaccionar entablando una acción popular en Medellín.

Gallego argumentó la defensa de la moralidad y el patrimonio públicos, pero un juzgado consideró la acción improcedente. Entonces terció el Invías, a través de una tutela contra el Tribunal de Antioquia, considerando que en la conciliación se habían desconocido sus derechos. La Sección Primera del Consejo de Estado le dio la razón y dejó sin efectos decisiones claves de la conciliación, pero el fallo fue apelado y otra sala del Consejo de Estado, con ponencia de Alejandro Ordóñez (hoy Procurador), lo echó para atrás porque la tutela no procedía contra sentencias judiciales.

Esta controversia se saldó definitivamente en mayo de 2008, cuando la Corte Constitucional ratificó la improcedencia de la tutela. Así las cosas, el pago de $74.000 millones de indemnización por el contrato mal liquidado de una obra de 22 kilómetros que costaba $600 millones en 1983 parecía inobjetable. Sin embargo, el entonces ministro Gallego había dejado sobre la mesa su última carta: una denuncia penal por supuesto peculado. La Fiscalía se tomó casi cuatro años para ordenar la apertura de la investigación y lo hizo en diciembre de 2010.

En ese momento el caso ya se dirigía al archivo, sobre todo porque seis meses atrás, en mayo de 2010, la Procuraduría así lo había dispuesto en el capítulo disciplinario, basándose entre otros argumentos en la postura asumida por el entonces contralor Julio César Turbay, en el sentido de que la polémica segunda conciliación se había adelantado “dentro de los parámetros legales”. Pero la Fiscalía sorprendió a todos cuando abrió investigación penal contra 13 exfuncionarios del Invías, incluyendo a su exdirector y también exministro de Transporte, Gustavo Adolfo Canal.

La sorpresa adicional fue que la Fiscalía no sólo decidió investigar desde la primera conciliación en 1998, sino que también vinculó al proceso a Édgar de Jesús Botero Henao, presidente y fundador de las firmas Botero Aguilar y Conic S.A., las empresas favorecidas con el contrato para la vía Medellín-Turbo. Para la época de su vinculación al caso, Botero ya era un reconocido empresario, había fungido como asesor de campañas políticas, era inversionista en temas mineros y de construcción, y presidente del certamen de belleza Miss Mundo Colombia.

Ese final de 2010 salió del anaquel del olvido el caso “Conigravas y otros”, y a instancias de la Fiscalía, con exministro, empresario y exfuncionarios del Invías a bordo, regresó a la actualidad noticiosa. Pero aún faltaba otra sorpresa. Por esos mismos días, el contralor delegado para el sector Infraestructura, Nelson Izáciga León, envió una carta al director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Germán Arce, solicitando que, como prevención de un posible fraude al Estado, se abstuviera de pagar $34.000 millones de un nuevo desembolso por la conciliación de 2006.

Ante la súbita intervención de la Contraloría, los exfuncionarios del Invías advirtieron que estaba tomando forma un tardío proceso de responsabilidad fiscal en su contra y de inmediato salieron a controvertir al delegado Izáciga. Su primera objeción fue destacar que su petición al Ministerio de Hacienda, firmada el 9 de noviembre de 2010, hablaba de que estaba en curso una indagación preliminar en el campo fiscal, cuando formalmente ésta sólo se inició el 23 de diciembre de 2010. Pero la Contraloría ya tenía claro que iba a retomar sus pesquisas sobre el caso.

Fue así como el propio delegado Izáciga le solicitó formalmente a su colega en Investigaciones y Juicios Fiscales, Rafael Romero, que evaluara la posibilidad de emprender una proceso de responsabilidad fiscal para recuperar los dineros del caso “Conigravas y otros” y, como estaba previsto, dicho proceso de responsabilidad fiscal se inició antes de concluir 2010. En su defensa, los investigados recordaron que en los tiempos del excontralor Turbay, se había dicho que las conciliaciones no tenían reparos legales. Pero la Contraloría de Sandra Morelli piensa otra cosa.

Desde entonces la pelea que se libra en los campos penal y fiscal está al rojo vivo. En cuanto al tema disciplinario, el 6 de septiembre de 2011 el caso fue cerrado definitivamente y archivado, por disposición del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. En su providencia, el jefe del Ministerio Público concluyó que resulta insólito creer que el Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, el Comité de Defensa del Invías y la Contraloría se hayan equivocado con la conciliación de $74.000 millones cuando la suma era inferior a la condena impuesta.

No obstante, Fiscalía y Contraloría persistieron. Lo que no estaba previsto es que dos de los investigados, Vladimir Fernández, exdirector jurídico de Invías, y Gustavo Alberto Montes Villa, exintegrante del Comité de Defensa Judicial del mismo organismo, optaran por formular su propia denuncia penal por su confrontación con la Contraloría. Lo hicieron en mayo de 2012, basados en supuestas contradicciones al interior del organismo fiscal a la hora de investigarlos. Por ejemplo, que dos funcionarios de la misma Contraloría dejaron por escrito su postura contraria al proceso emprendido.

Según Fernández y Montes, a finales de 2010 el concepto de la directora de Vigilancia Fiscal del Sector Infraestructura, María Fernanda Escobar, fue que no había lugar a indagación de la Contraloría y en cambio debía cumplirse la orden judicial del pago de la conciliación. Posteriormente, el asesor Adolfo Weibar Sinisterra añadió que la Contraloría ya no tenía competencia y el pleito debía seguirse a través de una acción de repetición. Escobar fue declarada insubsistente en enero de 2011 y Sinisterra trasladado a Cali un mes después.

Bajo la consideración de que el caso era de gran impacto nacional fue remitido a la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, al despacho del delegado Alejandro Agudelo. El 30 de marzo de 2012, cuando se creía que iba a tomar forma un proceso verbal sumario contra los exfuncionarios del Invías, Agudelo decretó una nulidad porque uno de los procesados, Mauricio Ramírez Koppel, no había sido notificado debidamente. Tres meses después, Agudelo fue retirado de la Contraloría. Hoy es investigado por el mismo organismo fiscal.

El pasado 18 de julio, la delegada Luis Ángela Martínez, que retomó el caso después de que la propia contralora Morelli interviniera para deshacer lo hecho por Alejandro Agudelo, imputó formalmente cargos de responsabilidad fiscal contra siete exfuncionarios del Invías, incluyendo a su exdirector Mauricio Ramírez Koppel, a dos aseguradoras que participaron en el trámite del malogrado contrato y al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario. Está prevista una nueva audiencia el próximo miércoles para resolver este espinoso asunto.

Sólo que lo que parecía ser un proceso verbal más en la Contraloría se ha convertido en un verdadero tinglado judicial. Con tutelas, solicitudes de nulidad, invocaciones a la caducidad y hasta denuncia penal, los investigados están dando pelea para que el caso no prospere. No obstante, la contralora Sandra Morelli y su delegado Nelson Izáciga están decididos a que su investigación avance y se recuperen los dineros que, en su opinión, causaron detrimento patrimonial al Estado. Con un aspecto a su favor: la investigación penal también ha agregado sorpresas.

Inicialmente, el 29 de marzo de 2012, un fiscal de la Unidad Anticorrupción llamó a juicio al exministro de transporte Gustavo Canal y al exdirector jurídico del Invías Federman Quiroga. El presunto delito: peculado por apropiación a favor de terceros. Además compulsó copias para que cinco particulares sean investigados por enriquecimiento ilícito. A su vez, el pasado 18 de julio, en un proceso paralelo, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra el empresario Édgar Botero por los presuntos delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal.