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Pocas horas después de llegar a Frankfurt, su ciudad natal, la alemana Rebecca Linda Sprößer escribió un breve mensaje en sus redes sociales: “Me prohibieron entrar a Colombia por 10 años. Colombia se ha convertido en mi hogar. No puedo regresar a mi casa por 10 años. No es la razón por la que me estoy muriendo adentro. Todo es mucho peor y cuando tenga la fuerza les voy a contar todo” y luego, ante la avalancha de mensajes solidarios de sus contactos, dijo: “Gracias por sus palabras, disculpen si no tengo la fuerza para responder. No existen palabras para el dolor que siento, plenamente dicho me siento morir y ya no sé cómo aguantar”.
Después de eso Linda, como abrevia su nombre, silenció sus redes y no volvió a decir nada sobre la expulsión del país y la sanción en su contra: durante los próximos 10 años no podrá ingresar a Colombia por respaldar y participar en las protestas sociales de Cali.
El pasado martes estaba citada en la sede del Comité de Presos Políticos en Cali para dar detalles del atentado que denunció en su contra. Llevaba su cédula alemana y una copia de su pasaporte para identificarse frente a los funcionarios del CTI de la Fiscalía y rindió declaratoria sobre el episodio trágico que presenció el 22 de julio. Esa noche estaba con un amigo en la calle hablando de temas del paro cuando llegó un sujeto que les disparó con un arma traumática modificada, sin mediar palabra.
“No dejó de disparar hasta que el arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente de mí y me salvó la vida. Él recibió 13 impactos de balas en todo el cuerpo, tres de ellos en la cabeza y varios en el pecho. En estos momentos está entre la vida y la muerte. Él sigue luchando, pero su estado está muy crítico”, escribió Linda en esos días en su cuenta de Facebook.
Pero Johan Sebastián Bonilla, de 26 años, como se llamaba su amigo, falleció esta semana, el mismo día en que Linda estaba rindiendo declaración por esos hechos. Luego de salir de la diligencia, a solo dos cuadras de ese lugar, fue detenida por agentes de la Policía y funcionarios de Migración Colombia y conducida inmediatamente al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Migración Colombia no le dio tiempo para que le llevaran sus pertenencias, ni siquiera su pasaporte original.
En cambio fue enviada en un vuelo directo a Bogotá. Ella insistió en que le permitieran traer su maleta de Cali a Bogotá, pero le dijeron que no. Así que, con ayuda de la Embajada de Alemania en Colombia, tramitó un nuevo pasaporte y fue expulsada en un vuelo el miércoles en la noche a Frankfurt.
La sanción fue defendida por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, como una medida “soberana”, “discrecional” y con “soporte jurídico”, y rechazada por diferentes defensores de derechos humanos, como el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, como un hecho que “contradice estándares internacionales”.
Para Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien acompañó el proceso, el asunto no está en si Colombia tenía o no la facultad de expulsar a esta alemana, sino en los motivos que inspiraron la expulsión, relacionados con la postura crítica y de denuncia en contra del Gobierno y la Policía que siempre tuvo Linda, en especial sobre cómo se estaba reprimiendo la protesta social en Cali.
De hecho, antes de este episodio, en diálogo con El Espectador, Linda manifestó sentirse muy preocupada por su seguridad tras recibir amenazas telefónicas luego de cuestionar el accionar de algunos integrantes de la Policía contra los jóvenes y las familias que protestaban en el barrio San Judas Tadeo, en la Comuna 10, al suroriente de Cali, el 21 de junio de 2021.
Y aunque, argumentando su expulsión, las autoridades y algunos medios de comunicación hicieron énfasis en el respaldo que Linda les dio a los jóvenes de la primera línea de protesta en Cali (que la Fiscalía ha empezado a judicializar por delitos que van desde vandalismo hasta terrorismo en esa y otras ciudades del país), esta alemana también conoció y acompañó otros casos de protestantes pacíficos que terminaron violentados. Casos que, a la fecha, las autoridades siguen sin esclarecer.
Uno de ellos es el de Isan David Imbachi, un joven de la comunidad indígena inga, de 18 años, que fue baleado el 28 de mayo cuando estaba en las manifestaciones sociales en el sector de La Playita, en el barrio Meléndez de Cali. “Le dispararon tres veces, en los pulmones, el brazo y el estómago. Les dispararon a los dos. El otro murió. Él estaba muy pacífico allá, tocando sus instrumentos, acompañando con su música la jornada. Sobrevivió, pero quedó con heridas fuertes. Es músico y ya no puede tocar”, expresó Linda, en una entrevista con El Espectador antes de ser expulsada y compartió con este diario algunas fotos en donde se les ve a ella y a Isan antes de que este último fuera herido.
El amigo que lo acompañaba esa noche no tuvo la misma suerte. Se llamaba Sebastián Jacanamijoy Jansasoy y también era indígena inga. Los impactos de bala que recibieron los dos, entre las 8:30 y las 9:00 p.m. de ese 28 de mayo, fueron de un arma larga, como lo comprueban los casquillos que recogieron los testigos a su alrededor.
De hecho, el instante en que cayó sin vida Sebastián Jacanamijoy quedó registrado en varios videos, grabados por la comunidad, cuando se realizaba un operativo militar en esta zona por parte de agentes e integrantes de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) de la Policía, militares del Batallón Pichincha y uniformados del Grupo de Operativos Especiales (GOES). El caso no ha avanzado en la justicia. Por lo pronto, su familia y amigos recordaron esta semana a Sebastián, a dos meses de su muerte, en un homenaje artístico, con bombas blancas, memorias y pendones con su foto.
La jornada de protestas del 28 de mayo en Cali es considerada la más violenta desde que comenzaron las manifestaciones en todo el país y la menos esclarecida por las autoridades. Según la Policía Metropolitana de Cali, ese día solo hubo tres muertes violentas durante las protestas, pero este periódico corroboró que al menos fueron 12 las personas asesinadas con arma de fuego en puntos donde se llevaron a cabo operativos de la Fuerza Pública y de civiles armados.
Otro de los casos que acompañó de cerca esta alemana expulsada del país fue el de Darío Rodríguez, de 21 años. El 19 de junio de 2020, Linda compartió en su muro de Facebook algunas fotos de ella con Darío y escribió su historia: el 7 de mayo de 2021, en el sector de La Luna, en Cali, “la Policía colombiana disparó contra mi compañero Darío, quien estaba pacíficamente y sin armas para apoyarnos en la manifestación. Le dispararon en la cabeza, a sangre fría, para matarlo. Ni siquiera dejaron llegar a la comisión médica para socorrerlo, sino que continuaron disparando en contra de los jóvenes. Esa noche tuvimos varios heridos graves. Yo estuve ahí y vi a mi amigo con el tiro en la cabeza, mi parcero de 21 años que todavía tenía toda la vida por delante (...) ¡El Estado colombiano está asesinando a su pueblo, ya es tiempo de que todo el mundo se entere!”, escribió y comentó que, aunque creyó que Darío había muerto, estaba feliz porque había sobrevivido.
Para Luis Rodríguez, el hermano de Darío, “es increíble que Darío esté vivo y tan recuperado después de este episodio”. En entrevista con El Espectador, Luis contó que el día en que su hermano fue herido estaba apoyando la entrega de refrigerios en el punto de protesta y bloqueo de La Luna, y eran cerca de las 8:00 p.m.
“De pronto llegó un sujeto en una moto pidiendo que lo dejaran pasar, pero no lo dejaron porque el punto estaba bloqueado y estaban haciendo unas actividades artísticas. Entonces retrocedió 15 metros, desenfundó una pistola 9 milímetros y empezó a disparar indiscriminadamente. Por eso Darío fue herido junto con dos personas más. Un chico al lado de él fue impactado en el pecho y en el cráneo, a la altura de la sien. Los que estaban en la primera línea se fueron a socorrerlos. El sujeto huyó mientras otros tiradores le cubrían la espalda, disparando a los muchachos desde el puente de la 15 sobre la autopista suroriental y de una serviteca cercana. Hasta la comisión médica que buscaba subir a la camilla a Darío fue recibida a tiros”, cuenta Luis, pero no es capaz de asegurar, como sí lo hizo Linda, de que se trató de policías de civil.
Lo que sí refiere es que Darío estuvo en coma y en cuidados intensivos 17 días: “Gracias a Dios pudo despertar del coma inducido y ha respondido bien contra todo pronóstico. Los médicos dijeron que iba a quedar ciego y que no podría caminar, y aunque quedó afectado en su visión puede ver, no quedó paralizado y está bien, no en las mismas condiciones, porque sufre de convulsiones, pero está vivo”, señala Luis de su hermano y asegura que “no es un vago o un vándalo”.
Es un joven trabajador, que por la pandemia fue enviado a vacaciones junto con todos los empleados porque era transportador. “Él quiso apoyar las protestas por las terribles condiciones laborales y la falta de oportunidades para estudiar en las que están muchos jóvenes en Cali”, concluye Luis. La investigación del caso sigue su curso, pero muy lentamente. Hay una cámara que por su ubicación podría identificar quiénes dispararon esa noche, pero la Policía ha dicho en el proceso que no sirve.
Por lo pronto, Darío Rodríguez sigue recuperándose en su casa y, en un corto diálogo con este diario, recordó a esa “simpática alemana” que conoció una tarde en un punto de protesta en Cali: “No sé por qué Linda se enamoró de Cali, a veces creo que se metió en una película, y no creo que conociera bien los niveles de violencia que vivimos. Aquí las cosas son muy diferentes a Alemania. Los riesgos de protestar y luchar por cambiar situaciones son muy altos. Yo ya dejé la lucha, solo quiero ahora curarme la mente y el cuerpo”.
