Las dudas sobre las comunicaciones de la Policía en el paro nacional

Hace más de un mes transcurren las protestas que expresan el descontento social en Colombia y no hay un acuerdo definitivo entre el Comité del Paro y el Gobierno para ponerles fin. En medio de las manifestaciones, se ha denunciado el exceso del uso de la fuerza pública y justamente en respuesta a esos reclamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aterrizará en el país la próxima semana para verificar las denuncias. Como antesala a esta visita, expertos en libertad de expresión y temas digitales también prendieron las alarmas sobre las acciones comunicativas que viene desarrollando la Policía en medio del paro, que califican como inconstitucionales. Expertos en temas de seguridad las consideran legítimas. (Reconstruimos las dos denuncias de violencia sexual en Popayán)

Hace más de un mes transcurren las protestas que expresan el descontento social en Colombia y no hay un acuerdo definitivo entre el Comité del Paro y el Gobierno para ponerles fin. En medio de las manifestaciones, se ha denunciado el exceso del uso de la fuerza pública y justamente en respuesta a esos reclamos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aterrizará en el país la próxima semana para verificar las denuncias. Como antesala a esta visita, expertos en libertad de expresión y temas digitales también prendieron las alarmas sobre las acciones comunicativas que viene desarrollando la Policía en medio del paro, que califican como inconstitucionales. Expertos en temas de seguridad las consideran legítimas. (Reconstruimos las dos denuncias de violencia sexual en Popayán)

Cinco abogados consultados por El Espectador coinciden en que la principal preocupación es el llamado “ciberpatrullaje”, que la institución viene realizando para detectar supuestas noticias falsas, bajo la campaña #ColombiaEsMiVerdad. Además de analizar contenidos que a su parecer incitan a la comisión de delitos, la entidad elabora y publica boletines de fake news bajo el argumento de que afectan la imagen institucional. En ellos, incluye información de fuentes abiertas, principalmente redes sociales, y hace referencia a videos y fotos que los ciudadanos publican en Twitter o Facebook para dar a conocer situaciones de abuso de la fuerza pública y que, por distintos motivos, la Policía considera falsos. (Paro Nacional 2021: ¿Por qué hay civiles disparando contra otros civiles en Cali?)

Uno de los reportes señaló, por ejemplo, que el pasado 4 de mayo una publicación en Twitter difundió el mensaje de que la Policía Nacional estaba “quemando las casas en Cali”. La entidad estatal lo desmintió en su acción de ciberpatrullaje usando como método de verificación sus propias declaraciones oficiales. Además de esta práctica de autopermiso, el problema, según expertos consultados, es que la Policía no tiene la facultad constitucional ni legal para determinar si una noticia es falsa o verdadera, y esta práctica vulnera el derecho de la libertad de expresión. Una de las primeras organizaciones en alertarlo fue la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). (“CIDH está lista para visitar Colombia y el momento lo decide el Estado”: presidenta de CIDH)

La FLIP argumenta, entre otros aspectos, que la estrategia de la Policía captura el debate sobre el paro nacional, ya que amenaza con el uso del derecho penal para desmotivar determinado cubrimiento de la prensa. Además, califica irresponsablemente cuáles son o no “noticias falsas”, y lo justifica desde la defensa contra el “terrorismo digital”, sin que haya una explicación clara y precisa sobre lo que se considera este término en escenarios como el actual. En su decisión de rotular de “falsas” publicaciones en redes sociales con fotos y nombres de usuarios de cuentas, puede generar un riesgo para la integridad de esos ciudadanos.

“El ciberpatrullaje establece una policía de la verdad; es decir, agentes a la caza de noticias falsas que establecen qué es verdad y qué no. Esto es algo inaudito, peligrosísimo y tiene implicaciones graves en términos de libertad de expresión. Abre la puerta a la persecución por las expresiones que se hacen en línea. Además, le da facultades a esta policía de vigilar y monitorear todas las conversaciones de los usuarios bajo la sospecha de que cualquier publicación es una posible mentira”, explicó Jonathan Bock, director de la FLIP. El pasado 15 de mayo, la organización envió un derecho de petición al ministro de Defensa para conocer más sobre esta campaña #ColombiaEsMiVerdad, que promete atacar las “noticias falsas”. (Hablemos de la violencia sexual denunciada en el paro nacional)

A su vez, la Fundación Karisma envió una carta a la CIDH en la que expuso su preocupación por la criminalización de la protesta a través del discurso y para evidenciarlo mencionó los ciberpatrullajes en las plataformas digitales. Según Karisma, el discurso oficial, que equipara la protesta social a una amenaza terrorista, se intensificó los días 6 y 7 de mayo, cuando las fuerzas de seguridad lanzaron la campaña #ColombiaEsMiVerdad. “El ciberpatrullaje nació de la resolución 5839 de 2015 para vigilar la web con el propósito de identificar amenazas contra la seguridad ciudadana. Desde marzo de 2020, la Policía usa el mecanismo para identificar ‘desinformación’ de COVID-19 y ahora lo hace en el marco de una protesta social”, aclaró la organización ante la CIDH. (Paro nacional: cuando se incendian documentos judiciales y oficiales)

La directora de Karisma, Carolina Botero, concluyó en El Espectador que estos ciberpatrullajes que se desarrollan durante el paro nacional son ilegales, pues no están contenidos en una ley, no se sabe en qué consisten, cómo se usan y qué efectos tienen o quién los controla. Además, conllevan a una criminalización, militarización y securitización de lo que sucede en internet. “Las consecuencias de militarizar internet como respuesta al descontento social implican tomar medidas que son excepcionales, graves e incurren en violaciones al derecho internacional de los derechos humanos por parte del Estado colombiano, donde el componente digital es especialmente importante”, añadió la directora de Karisma en su misiva a la CIDH.

En medio de esa cruzada contra las supuestas noticias falsas, el pasado 13 de mayo se dio un episodio que ratifica las dudas que deja la intervención comunicativa de la Policía durante las jornadas del paro nacional. La institución tachó de falso un comunicado que informó sobre el posible suicidio y la denuncia de violencia sexual de una menor de edad en Popayán. Sin embargo, ese comunicado no resultó falso, como afirmó la Policía, así como tampoco lo fue la noticia del posible suicidio y la denuncia hecha por la joven en su cuenta de Facebook. Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía y ya provocaron un pronunciamiento de la CIDH. (La reforma a la justicia que se cocina detrás del paro nacional)

Juan Carlos Upegui, coordinador de la línea de Transparencia de Dejusticia y profesor de la Universidad Externado, afirmó que ese es el mejor ejemplo de lo peligrosas que resultan estas prácticas comunicativas de la Policía. Asegura que la entidad nunca debió de calificar esta noticia de “falsa” porque no tiene esa facultad, y aunque lo hizo, debió retractarse. “Esto fue muy osado e irresponsable”, dice el abogado Upegui. Emmanuel Vargas Penagos, codirector de El Veinte, añadió que en este caso también hay un riesgo de discriminación, pues no se les cree a las víctimas de violencia sexual o las entidades estatales actúan con pereza o las revictimizan; eso fortalece el machismo arraigado en la sociedad.

Según Vargas, las expresiones de denuncia sobre violaciones de derechos humanos y violencia sexual, particularmente, son discursos especialmente protegidos y las entidades tienen que ser mucho más cautelosas que en cualquier otro tipo de expresión. “Es importante que si se hace ese tipo de señalamientos de que una víctima está mintiendo, se aporten pruebas serias; y se evalúe hasta qué punto esto puede arraigar el machismo o verse como una especie de permiso o disminución de la gravedad de esa violencia”, sostuvo Vargas a El Espectador. (“Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional)

Otra de las acciones comunicativas de la Policía que han llamado la atención en medio del paro nacional son las transmisiones en vivo que hacen desde su cuenta de Facebook, en las que se observan apartes de los disturbios o actividades de recuperación del orden público. Las fuentes consultadas coinciden en que es una iniciativa válida que podría brindar mayor confianza a la ciudadanía. Sin embargo, señalan que sería más fructífero si la Policía implementara las bodycams, que se instalan en el pecho de los agentes y son usadas en Estados Unidos. Esto, según expertos, permitiría que la grabación fuera más imparcial respecto a las actuaciones de cada uniformado.

En vez de esta alternativa, lo que se advierte son vacíos en la cobertura comunicativa que quiere hacer la Policía durante el paro nacional. Por ejemplo, un trino de la institución en su cuenta oficial de Twitter el pasado fin de semana. La entidad publicó un video de la marcha que apoyaron distintos sectores, entre ellos el uribismo, para respaldar las actuaciones de la fuerza pública en las protestas. La publicación estuvo además acompañada con un mensaje insistente: “Manifestación pacífica en Bogotá”. Un mensaje que es leído por varios expertos como una forma velada de politización de la Policía y una forma de violencia discursiva.

Ana Bejarano Ricaurte, abogada litigante y codirectora de El Veinte, afirma que las marchas son pacíficas primordialmente cuando la Policía quiere que sean pacíficas. Y eso quedó demostrado el domingo 30 de mayo. “Da pánico que una institución como la Policía esté afiliada básicamente al Centro Democrático. Que lo haga así de frente muestra que no tienen ningún control. Y da pánico que la Procuraduría no haga nada, porque, por supuesto, aquí hay una falta disciplinaria. La Policía no puede participar en política y mucho menos de esa manera”, sostuvo Bejarano a este diario.

En la misma línea, Juan Carlos Upegui agrega que la Policía se dejó permear por la agenda política y eso es grave en sus acciones comunicativas. Es un quiebre institucional y un desconocimiento del artículo 219 de la Constitución, según el cual la fuerza pública no es deliberante. “Lo que estamos viendo es una Policía cada vez más activa en los debates políticos. No había visto a una Policía entregada a defender unas narrativas y ahora la leo como una facción política del Estado, como un grupo político que ve las cosas de una sola forma y tiene una narrativa, como ‘los buenos somos más’ y ‘hay otras marchas que parece que sí son buenas’”, concluyó Upegui.

A su vez, Bejarano menciona que la Policía “ha sido consecuente en su estrategia de comunicaciones con sus actuaciones de facto, porque en la medida en que la entidad comete más abusos sistemáticos contra el derecho a la protesta y contra los manifestantes en la calle, también incurre en una violencia discursiva contra quienes informan sobre la protesta y contra quienes la acompañan. La violencia discursiva es una forma de discurso de odio en el que se sataniza a un grupo, en este caso político. Se les anula como interlocutor válido. Eso viene desde el presidente de la República, el ministro de Defensa, el comandante del Ejército y el director de la Policía”.

En la orilla opuesta está la opinión de expertos en seguridad. Juan Carlos Buitrago, general retirado de la Policía Nacional de Colombia y actual CEO de la firma Strategos, considera que la Policía está en su derecho de publicar el respaldo que recibe en la marcha, algo que califica de legítimo y legal. “Esa marcha no fue por uno, sino muchos partidos políticos y ciudadanos libres. No tenía carácter político. La Policía no hizo apología de un movimiento político sino de un hecho que se registraba en las calles de manera pacífica y como apoyo a la labor de la Policía durante más de un mes de jornadas de protestas, algunas legítimas y otras violentas”, afirmó Buitrago a El Espectador.

El general retirado también ve con buenos ojos el ciberpatrullaje, porque permite controlar y prevenir hechos que pueden afectar el orden público e informar a la Fiscalía sobre hechos delictivos que se cometan a través de las redes o internet. Él considera que esta acción comunicativa y las transmisiones en vivo en Facebook evidencian transparencia y credibilidad en la Policía. En el mismo sentido, Juan Carlos Restrepo, abogado y exconsejero presidencial de Seguridad, considera que la Policía está en su derecho y deber de comunicarse de manera institucional, y que no puede ser inerte a lo que se dice en las redes sociales.

“No es saludable pretender amordazar a la Policía en una circunstancia donde parte de la batalla es comunicacional. Así como la marcha no es de vándalos, la Policía no es una institución violadora de derechos humanos. Hay que contrarrestar y saber manejar esas narrativas y para eso se necesita que la Policía tenga capacidad de expresarse institucionalmente”, explicó Restrepo a El Espectador. Sin embargo, Restrepo advierte que la entidad está atrapada en la narrativa del Gobierno Nacional frente al paro, que, según él, se niega a verlo como un problema político (con componentes sociales y económicos, entre otros) y lo posiciona como un tema de autoridad y seguridad.

En ese sentido, según Restrepo, el Gobierno ha adoptado un discurso que le deja buena parte de la solución a la fuerza pública y no a encontrar soluciones políticas, buscar una interlocución o reconocer a la contraparte. “El Gobierno ha sido tardío en reconocer a la contraparte que está afuera en el paro y está conformada por una masa de jóvenes, sindicatos, trabajadores y hasta de políticos oportunistas. Todo el mundo quiere pescar en ese río revuelto y el Gobierno se ha concentrado en la narrativa de que es un problema de seguridad. Han puesto a la Policía en el rol de tener que resolver el paro y no le correspondería solo a ella la labor de tratar de llenar ese espacio en la conversación pública”, puntualizó Restrepo.