Las irregularidades que tienen en urgencias al hospital de San Andrés

Hasta los muertos facturan en el Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, en la isla de San Andrés. El ciudadano Desmon Corpus, por ejemplo, quien falleció el 9 de diciembre de 2017 por un tumor, sigue vivo en las finanzas del centro hospitalario y es uno de los diez pacientes por los que la entidad paga facturas mensuales por más de $60 millones para suministro de oxígeno. Y es apenas una de las inconsistencias que tienen desangradas las finanzas de la entidad. (Lea aquí: Falta de medicamentos en el único hospital público de San Andrés preocupa a las autoridades)

El primer síntoma de la crisis es la falta de dinero. El 2 de noviembre de 2017, la IPS Universitaria, que operaba en la isla desde 2012, pidió un nuevo subsidio al secretario de Salud, Heyder Avendaño Villa, para llevar a cabo su operación sin contratiempos. Desde ese momento es claro que las cuentas no cuadraron. Los costos para operar eran más altos de los que ingresaban del sistema de salud y los saldos en rojo daban una diferencia del 30 % entre el dinero gastado y el recibido.

La situación no cambió en diciembre de 2017, cuando entró un nuevo operador al hospital (Salus Global Partners) y la crisis se hizo manifiesta en los últimos meses. Un informe de auditoría reveló inicialmente un grave problema de facturación, cobros ilegales a pacientes del Sisbén y dineros faltantes o sobrantes en el cierre de caja. La misma auditoría concluyó que en el centro asistencial existe riesgo de pérdida de capital y de fraude.

Se intentó implementar un nuevo software para controlar los dineros y por eso se contrató con la compañía IX Colombia. Al menos en tres reportes la empresa advirtió que menos del 50 % de los trabajadores están preparados para usar el sistema. Ni siquiera el departamento de sistemas asistió a las capacitaciones. Una de las enfermeras informó al entonces director del hospital, Hassan Hendaus, que la mayoría del personal de urgencias no se quiso capacitar.

Algunos trabajadores consultados aseguraron que se trata de un plan tortuga por la inconformidad que genera el nuevo operador. Al respecto, Hendaus negó que los empleados hayan tratado de entorpecer las actividades. “Al inicio, los empleados sí rechazaron las capacitaciones. ¿Pero eso es razón suficiente para dejar de facturar? (…) lo que buscan es tapar los errores. Salus no estaba preparado para tomar toda la carga administrativa del hospital. Hoy no hay pagos de nómina ni seguridad social”, agregó el médico que fue despedido el 12 de enero.

El malestar creció en los primeros días de febrero. Una semana después de que entrara en funcionamiento el software, las personas encargadas tuvieron que salir de la isla por orden de la Oficina de Control Circulación y Residencia (Occre). En esa misma oficina reposaban las solicitudes para que 40 nuevos profesionales, entre bacteriólogos, anestesiólogos, urgenciólogos, y médicos internistas, ingresaran a San Andrés para apoyar a Salus en la operación en el hospital. Sin embargo, 30 días después de haber sido solicitados, los permisos temporales no habían sido concedidos.

“La Occre nos sacó la gente que traíamos de Bogotá. Eso hace que no tengamos control ni información. Hoy se pierde alrededor del 30 % de los medicamentos, situación que no es nueva, porque al que operaba antes, Audifarma, le hacían lo mismo. Y se pierden cosas. Hace un mes, por ejemplo, se perdieron 6.000 gasas quirúrgicas y 7.500 pares de guantes. El consumo de un mes se perdió en cinco días. Llamamos al personal de farmacia y nadie dio razón”, aseguró José Julián Carvajal, representante legal de Salus Global Partners.

Sobre esta afirmación, el secretario de Salud, Heyder Enrique Avendaño Villa, explicó que algunos permisos no se concedieron porque “no se realizaron los debidos procesos ante la Occre” para algunos funcionarios. El gobernador de San Andrés, Ronald Housni, agregó que no ha existido ningún tipo de trabas y que “se han otorgado todos los permisos solicitados por el operador en tiempo y forma. Lo que se evidenció en el proceso es que el operador solicitó un número de permisos menor al personal contratado y decidió ingresar cerca de 15 colaboradores trabajando en la ilegalidad”, concluyó el mandatario.

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Fachada del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, antes llamado "Amor de Patria".

El oxígeno que se pagó, pero no se usó

Mientras la Occre debatía con Salus sobre el ingreso de profesionales a la isla, otro problema se detectaba en el hospital: los pacientes fantasmas. En los registros se constata que al menos 10 pacientes, por los que el hospital pagó suministro de oxígeno en los últimos meses, están muertos, ya no lo necesitan o nunca hicieron uso de éste.

Es el caso de Carmen Sofía Redondo, quien, según las cuentas de cobro, recibió siete veces oxígeno en febrero. Pero en la realidad la mujer no recibe oxígeno desde hace cinco meses porque viajó a Luruaco y volvió hace poco a San Andrés. Sin embargo, Guillermo Nelson Forbes, quien suministra el oxígeno, cobró en febrero $1’920.000 por este paciente. El Espectador consultó a Forbes y confirmó que sí suministró cilindros de oxígeno y se encargó del transporte. Al ser consultado por los pacientes falsos, colgó la llamada.

Pero el caso de Redondo no es el único. Por Rodrigo Dwakins, un adulto mayor que no depende de oxígeno desde 2015, el hospital también ha seguido pagando balas de oxígeno de 12 horas de uso. Al igual que por Nury Meléndez y Pura Criollo, quienes actualmente están fuera de la isla; y por Desmon Corpus, quien falleció el 9 de diciembre de 2017. De los 35 pacientes que supuestamente dependen de oxígeno y figuran en la cuenta de cobro de febrero ($61 millones), 9 serían pacientes fantasmas.

¿Qué pasa con los medicamentos?

A finales de marzo, con la inminente llegada masiva de turistas para la temporada de Semana Santa, se conoció que el hospital de San Andrés no tenía suficientes medicamentos. El gobernador Housni reportó falta de sangre y medicamentos para procesos ambulatorios e incluso la Fuerza Aérea tuvo que apoyar para transportar insumos.

El secretario de salud reconoció que existe un déficit de insumos en el hospital, pese a que hace 15 días la IPS Universitaria realizó una compra de $500 millones para medicamentos faltantes y que Salus cuenta con soportes de compras de cientos de medicamentos. “No hay control eficiente de los insumos, porque el hospital no tiene alta ocupación para ese gasto excesivo. Eso está a cargo del operador. Además, se les adeuda marzo a los funcionarios y el pago de la seguridad social de febrero y marzo”, recalcó Avendaño, quien achaca el desabastecimiento a inconvenientes administrativos.

Un informe de gestión de farmacia advirtió a inicios de este año que el hospital no contaba con sistema de información para controlar el inventario de medicamentos. Es decir, que no había datos que relacionaran los medicamentos existentes con los entregados. “No hay información real, históricos de consumo o inventarios previos”, asegura el documento. Esto se sumó a otras anomalías como 978 cirugías represadas y a que el aire acondicionado no funcionaba bien en el laboratorio clínico y la unidad transfuncional.

En medio de esta disputa, Carvajal le pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, intervenir el hospital de San Andrés. “La falta de apoyo institucional, las acciones malintencionadas llevadas a cabo para entorpecer y dilatar la prestación del servicio y la falta de coordinación entre todas las autoridades del departamento conducen a que para cualquier operador de salud le sea imposible prestar el servicio en forma óptima y eficiente”, sostuvo en una carta.

“No tenemos garantías que nos permitan seguir ejecutando el contrato, cuando no hemos podido facturar porque nos sacaron la gente. Sin facturación, sin recaudo, sin control sobre la gente y de los insumos y medicamentos, es difícil operar. Estamos desfinanciados en $1.500 millones de una operación de $3.850 millones mensuales. Sólo recibimos el pago de la Nueva EPS que son, en promedio, $2.200 millones. La diferencia nos toca subsidiarla. Ya pusimos denuncias en la Fiscalía y entes de control que se conocerán en su momento”, concluyó Carvajal.

No obstante, el gobernador es enfático en decir que la crisis obedece a una mala gerencia y administración por parte de Salus. Edna Rueda Abrahams, exfuncionaria del hospital que instauró una acción popular por la crisis en el hospital, aseveró que “el operador dice que todo San Andrés se puso en su contra y eso es imposible. La crisis es real y el hospital tuvo que recibir sábanas donadas por un hotel para poner en las camillas. Todo el mundo se tapa la boca, se tapa la cara, y no pueden creer que eso pase en San Andrés, pero no hacen nada. Si había robo de medicamentos, ¿por qué no pusieron un candado o un guardia de seguridad que los cuidara?”.

El próximo 30 de abril el operador Salus se irá de la isla y se espera que esta semana se haga el empalme con un operador temporal: Bienestar IPS. Lo cierto es que, a pesar de que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y las autoridades locales conocen la situación, el futuro del hospital de San Andrés aún es incierto, porque en octubre se tendrá que ejecutar un nuevo modelo de administración y se tendrán otra vez nuevos actores.

Hasta los muertos facturan en el Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, en la isla de San Andrés. El ciudadano Desmon Corpus, por ejemplo, quien falleció el 9 de diciembre de 2017 por un tumor, sigue vivo en las finanzas del centro hospitalario y es uno de los diez pacientes por los que la entidad paga facturas mensuales por más de $60 millones para suministro de oxígeno. Y es apenas una de las inconsistencias que tienen desangradas las finanzas de la entidad. (Lea aquí: Falta de medicamentos en el único hospital público de San Andrés preocupa a las autoridades)

El primer síntoma de la crisis es la falta de dinero. El 2 de noviembre de 2017, la IPS Universitaria, que operaba en la isla desde 2012, pidió un nuevo subsidio al secretario de Salud, Heyder Avendaño Villa, para llevar a cabo su operación sin contratiempos. Desde ese momento es claro que las cuentas no cuadraron. Los costos para operar eran más altos de los que ingresaban del sistema de salud y los saldos en rojo daban una diferencia del 30 % entre el dinero gastado y el recibido.

La situación no cambió en diciembre de 2017, cuando entró un nuevo operador al hospital (Salus Global Partners) y la crisis se hizo manifiesta en los últimos meses. Un informe de auditoría reveló inicialmente un grave problema de facturación, cobros ilegales a pacientes del Sisbén y dineros faltantes o sobrantes en el cierre de caja. La misma auditoría concluyó que en el centro asistencial existe riesgo de pérdida de capital y de fraude.

Se intentó implementar un nuevo software para controlar los dineros y por eso se contrató con la compañía IX Colombia. Al menos en tres reportes la empresa advirtió que menos del 50 % de los trabajadores están preparados para usar el sistema. Ni siquiera el departamento de sistemas asistió a las capacitaciones. Una de las enfermeras informó al entonces director del hospital, Hassan Hendaus, que la mayoría del personal de urgencias no se quiso capacitar.

Algunos trabajadores consultados aseguraron que se trata de un plan tortuga por la inconformidad que genera el nuevo operador. Al respecto, Hendaus negó que los empleados hayan tratado de entorpecer las actividades. “Al inicio, los empleados sí rechazaron las capacitaciones. ¿Pero eso es razón suficiente para dejar de facturar? (…) lo que buscan es tapar los errores. Salus no estaba preparado para tomar toda la carga administrativa del hospital. Hoy no hay pagos de nómina ni seguridad social”, agregó el médico que fue despedido el 12 de enero.

El malestar creció en los primeros días de febrero. Una semana después de que entrara en funcionamiento el software, las personas encargadas tuvieron que salir de la isla por orden de la Oficina de Control Circulación y Residencia (Occre). En esa misma oficina reposaban las solicitudes para que 40 nuevos profesionales, entre bacteriólogos, anestesiólogos, urgenciólogos, y médicos internistas, ingresaran a San Andrés para apoyar a Salus en la operación en el hospital. Sin embargo, 30 días después de haber sido solicitados, los permisos temporales no habían sido concedidos.

“La Occre nos sacó la gente que traíamos de Bogotá. Eso hace que no tengamos control ni información. Hoy se pierde alrededor del 30 % de los medicamentos, situación que no es nueva, porque al que operaba antes, Audifarma, le hacían lo mismo. Y se pierden cosas. Hace un mes, por ejemplo, se perdieron 6.000 gasas quirúrgicas y 7.500 pares de guantes. El consumo de un mes se perdió en cinco días. Llamamos al personal de farmacia y nadie dio razón”, aseguró José Julián Carvajal, representante legal de Salus Global Partners.

Sobre esta afirmación, el secretario de Salud, Heyder Enrique Avendaño Villa, explicó que algunos permisos no se concedieron porque “no se realizaron los debidos procesos ante la Occre” para algunos funcionarios. El gobernador de San Andrés, Ronald Housni, agregó que no ha existido ningún tipo de trabas y que “se han otorgado todos los permisos solicitados por el operador en tiempo y forma. Lo que se evidenció en el proceso es que el operador solicitó un número de permisos menor al personal contratado y decidió ingresar cerca de 15 colaboradores trabajando en la ilegalidad”, concluyó el mandatario.

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Fachada del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital, antes llamado "Amor de Patria".

El oxígeno que se pagó, pero no se usó

Mientras la Occre debatía con Salus sobre el ingreso de profesionales a la isla, otro problema se detectaba en el hospital: los pacientes fantasmas. En los registros se constata que al menos 10 pacientes, por los que el hospital pagó suministro de oxígeno en los últimos meses, están muertos, ya no lo necesitan o nunca hicieron uso de éste.

Es el caso de Carmen Sofía Redondo, quien, según las cuentas de cobro, recibió siete veces oxígeno en febrero. Pero en la realidad la mujer no recibe oxígeno desde hace cinco meses porque viajó a Luruaco y volvió hace poco a San Andrés. Sin embargo, Guillermo Nelson Forbes, quien suministra el oxígeno, cobró en febrero $1’920.000 por este paciente. El Espectador consultó a Forbes y confirmó que sí suministró cilindros de oxígeno y se encargó del transporte. Al ser consultado por los pacientes falsos, colgó la llamada.

Pero el caso de Redondo no es el único. Por Rodrigo Dwakins, un adulto mayor que no depende de oxígeno desde 2015, el hospital también ha seguido pagando balas de oxígeno de 12 horas de uso. Al igual que por Nury Meléndez y Pura Criollo, quienes actualmente están fuera de la isla; y por Desmon Corpus, quien falleció el 9 de diciembre de 2017. De los 35 pacientes que supuestamente dependen de oxígeno y figuran en la cuenta de cobro de febrero ($61 millones), 9 serían pacientes fantasmas.

¿Qué pasa con los medicamentos?

A finales de marzo, con la inminente llegada masiva de turistas para la temporada de Semana Santa, se conoció que el hospital de San Andrés no tenía suficientes medicamentos. El gobernador Housni reportó falta de sangre y medicamentos para procesos ambulatorios e incluso la Fuerza Aérea tuvo que apoyar para transportar insumos.

El secretario de salud reconoció que existe un déficit de insumos en el hospital, pese a que hace 15 días la IPS Universitaria realizó una compra de $500 millones para medicamentos faltantes y que Salus cuenta con soportes de compras de cientos de medicamentos. “No hay control eficiente de los insumos, porque el hospital no tiene alta ocupación para ese gasto excesivo. Eso está a cargo del operador. Además, se les adeuda marzo a los funcionarios y el pago de la seguridad social de febrero y marzo”, recalcó Avendaño, quien achaca el desabastecimiento a inconvenientes administrativos.

Un informe de gestión de farmacia advirtió a inicios de este año que el hospital no contaba con sistema de información para controlar el inventario de medicamentos. Es decir, que no había datos que relacionaran los medicamentos existentes con los entregados. “No hay información real, históricos de consumo o inventarios previos”, asegura el documento. Esto se sumó a otras anomalías como 978 cirugías represadas y a que el aire acondicionado no funcionaba bien en el laboratorio clínico y la unidad transfuncional.

En medio de esta disputa, Carvajal le pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, intervenir el hospital de San Andrés. “La falta de apoyo institucional, las acciones malintencionadas llevadas a cabo para entorpecer y dilatar la prestación del servicio y la falta de coordinación entre todas las autoridades del departamento conducen a que para cualquier operador de salud le sea imposible prestar el servicio en forma óptima y eficiente”, sostuvo en una carta.

“No tenemos garantías que nos permitan seguir ejecutando el contrato, cuando no hemos podido facturar porque nos sacaron la gente. Sin facturación, sin recaudo, sin control sobre la gente y de los insumos y medicamentos, es difícil operar. Estamos desfinanciados en $1.500 millones de una operación de $3.850 millones mensuales. Sólo recibimos el pago de la Nueva EPS que son, en promedio, $2.200 millones. La diferencia nos toca subsidiarla. Ya pusimos denuncias en la Fiscalía y entes de control que se conocerán en su momento”, concluyó Carvajal.

No obstante, el gobernador es enfático en decir que la crisis obedece a una mala gerencia y administración por parte de Salus. Edna Rueda Abrahams, exfuncionaria del hospital que instauró una acción popular por la crisis en el hospital, aseveró que “el operador dice que todo San Andrés se puso en su contra y eso es imposible. La crisis es real y el hospital tuvo que recibir sábanas donadas por un hotel para poner en las camillas. Todo el mundo se tapa la boca, se tapa la cara, y no pueden creer que eso pase en San Andrés, pero no hacen nada. Si había robo de medicamentos, ¿por qué no pusieron un candado o un guardia de seguridad que los cuidara?”.

El próximo 30 de abril el operador Salus se irá de la isla y se espera que esta semana se haga el empalme con un operador temporal: Bienestar IPS. Lo cierto es que, a pesar de que el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría y las autoridades locales conocen la situación, el futuro del hospital de San Andrés aún es incierto, porque en octubre se tendrá que ejecutar un nuevo modelo de administración y se tendrán otra vez nuevos actores.