Las mafias de la alimentación escolar

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En el último año, el Gobierno colombiano se impuso la tarea de que ocho millones de estudiantes de escasos recursos en 13.000 colegios y escuelas tuvieran garantizada la nutrición mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE). La idea era evitar la deserción, fomentar hábitos saludables y reducir la pobreza. Se invirtió casi un billón de pesos. Sin embargo, ahora una sofisticada organización tiene en jaque la iniciativa. Hoy, 78 contratistas están en la mira de las autoridades, 93 personas han sido capturadas y se busca desarticular un modelo que, aprovechando el desorden institucional, sobrefactura los alimentos y no ha entregado cerca de 32 millones de raciones. (Puede ver: Las mafias en la alimentación escolar en Colombia)

Realmente la iniciativa es tan antigua como la intención de algunos contratistas inescrupulosos de apropiarse del dinero de los menores. Fue en 1936 cuando el presidente Alfonso López Pumarejo, con amplia visión social, expidió la primera norma en la materia: el decreto 219. A partir de este, el Estado comenzó a destinar, con carácter permanente, recursos para los restaurantes escolares. Esa reglamentación fue profundizada en 1968 con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Cuatro décadas después, esa responsabilidad se trasladó al Ministerio de Educación y a partir de 2015 se inició un proceso de descentralización para conservar la misión.

No obstante, en la medida en que crecían las necesidades de los estudiantes pobres, los gobiernos giraron mayores recursos. Por eso, el proceso requería de un ágil suministro de raciones y contratistas dispuestos a prestar servicio de calidad. Sin embargo, con el paso del tiempo se evidenciaron problemas, pues la dinámica institucional empezó a fallar. Mientras los niños esperaban a diario su alimento, los ministerios de Hacienda y Educación, las gobernaciones y las alcaldías giraron en torno a un círculo vicioso que hizo paquidérmicos los trámites, mientras que algunos políticos y empresarios comenzaron a pescar en el río revuelto. Lo que sucedió en los últimos meses ya es escandaloso.

En este contexto, el pasado 22 de abril de 2016 el Ministerio de Educación denunció la existencia de al menos tres redes de alimentación escolar con operaciones espurias, con contratos por más de medio billón de pesos en la Costa Atlántica y Norte de Santander. Según los informes del Gobierno, la primera red está conformada por las particulares Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araújo, quienes por intermedio de seis fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas habrían celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007, por un monto aproximado de $449.613 millones.

Otra red, integrada por Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, por intermedio de ocho entidades sin ánimo de lucro habría celebrado contratos desde el año 2012 por un valor de $129.011 millones. Una última, encabezada por José Antonio Manrique, por intermedio de tres fundaciones habría celebrado contratos desde 2012 en Norte de Santander por $262.426 millones. En octubre del año pasado, varios de estos contratistas fueron sancionados, pero hoy siguen operando en el mercado. Hasta el momento no está claro si existen responsabilidades jurídicas que ameriten acciones de la justicia o de los organismos de control, pues se trata de dineros públicos.

Sin embargo, esta semana salieron a relucir estas y otras irregularidades, al punto de que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía evidenciaron que el problema de la alimentación escolar en Colombia es verdaderamente grave. El contralor Edgardo Maya fue el primero en poner el dedo en la llaga. Lo hizo a través de una auditoría cuyos hallazgos causaron escozor. Una libra de pechuga facturada a $40.000. El cobro de 2.800 kilos de canela por $39 millones que nunca llegaron a las escuelas o un pedido de 2,6 millones de panes, facturados a $400 la unidad, de los cuales no se entregaron un millón. Estas son apenas algunas muestras de lo que al parecer está sucediendo.

El año pasado, con el propósito de garantizar la calidad y los precios, el Ministerio de Educación expidió una norma que creó una bolsa común. Un mecanismo para agilizar y asegurar el PAE mediante recursos del presupuesto de la nación, regalías, sistema general de participación y recursos propios de las regiones. Sin embargo, la iniciativa no se cumplió y, según reporte de ese ministerio, de 95 departamentos y municipios que debían conformar la bolsa común, únicamente seis lo hicieron. Esta evidencia puede explicar por qué los recursos para contratar las raciones no llegan oportunamente y, de manera consecuente, los estudiantes no pudieron acceder a la alimentación.

Otro reporte oficial señala que en 68 ciudades, como Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Villavicencio, Santa Marta, entre otras, la comida llegó en algunos casos hasta agosto, cuando las clases comenzaron en enero, o –lo que es más reprochable– en período de vacaciones. En medio de los afanes para contratar, muchas de las administraciones comprometidas en las irregularidades terminaron utilizando la figura de la urgencia manifiesta. Y aparecieron de nuevo los contratistas que, con el dinero en sus bolsillos, entregaron alimentos de mala calidad, de inocuo valor nutritivo, de bajo gramaje, incompletos o definitivamente elaborados en instalaciones inadecuadas.

Ante los hechos, ya aparecieron algunas decisiones de la justicia. Las capturas de la Fiscalía en doce departamentos, la expedición de autos de procesos de responsabilidad fiscal contra José María Ballesteros Valdivieso, gobernador de La Guajira; Bely Gnecco Terán, secretaria de Educación, y la representante legal del Consorcio Alimentémonos Juntos, Ivis del Carmen Rosado, por negocios con la alimentación escolar por $4.920 millones. Igual suerte corrió María Angélica Araújo, de la Fundación Kábala. Entre tanto, el Ministerio Público abrió investigaciones disciplinarias contra autoridades departamentales, locales y contratistas.

Un reporte de la Fiscalía agrega que existen procesos abiertos contra Abasticoop por recursos del PAE cercanos a los $25.000 millones. También están en la mira por aparentes sobrecostos la Alcaldía de La Jagua de Ibirico y la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios. En el municipio de Cereté (Córdoba), el contrato 896 de 2014, por $23.000 millones, celebrado entre William Tapia, secretario de Educación de Córdoba, y Guido Roque, representante legal del Consorcio Córdoba Saludable, también está ad portas de nuevas decisiones del poder judicial.

Otro caso que llamó la atención con los dineros del PAE, se registró en Santander. Allí se encontró una factura para el suministro de tamales a $30.000 cada uno mediante un contrato con la Asociación de Operadores de Grúas que los producen en Acacias, (Meta). Por estos hechos, fueron capturados la secretaria de educación, Ana de Dios Tarazona y varios funcionarios. La Fiscalía tiene además evidencias que un pago por compra de frutas y verduras en esa región se utilizó para la compra de un apartamento en Bucaramanga.

Lo que más preocupa de esta contratación es que en la mayoría de casos se está haciendo a través de fundaciones, sin experiencia en el campo del suministro de alimentos. Un cruce de bases de datos oficiales da cuenta de que, en general, entre enero y junio 30 de 2017 se pactaron en Colombia con entidades sin ánimo de lucro $8,8 billones, lo cual representa el 17 % de la contratación pública en el país. De estas adquisiciones, algunas corresponden al suministro de raciones para el PAE.

La nutrición de los niños tiene jurisprudencia. En 2014 la Corte Constitucional señaló que el suministro de la alimentación debe planificarse con antelación al inicio del año escolar y que de no hacerlo se estarían vulnerando derechos fundamentales de los menores que acuden a las instituciones educativas. Por ahora el PAE requiere cambios, porque ya está en manos de algunos funcionarios oscuros, políticos en la sombra y contratistas inescrupulosos que se nutren de sus fallas.

Edgardo Maya,  contralor general de la República.

"El propósito es loable por la población que es destinataria, pero lo que hay que cambiar es la forma como funciona, pues ha fracasado  por  los operadores corruptos”.

Néstor Humberto Martínez,  fiscal general de la Nación.

"Por robarse los dineros de los niños hemos capturado a 93 personas en 12 departamentos y vamos a confiscar el patrimonio de los responsables”.

Fernando Carrillo,  procurador general de la Nación.

"Ordenamos investigaciones que permiten concluir patrones recurrentes, debilidades del PAE y de los esquemas legales. Anunciaremos nuevas decisiones de cara al 2018”.