Las nueve prácticas “sistemáticas” de la Policía contra manifestantes en el Paro Nacional entregadas a la CIDH

Enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes en las jornadas de protesta social en mayo de 2021.

Foto: Óscar Pérez

Este martes el país recibe una esperada visita. A un mes y 10 días de que la protesta ciudadana se volcara a las calles y se denunciaran con los días cientos de abusos y desmanes de la Fuerza Pública contra los protestantes, esta semana, entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estará en Colombia para escuchar y recibir información de diferentes sectores y así evaluar la grave situación de derechos humanos frente al escalamiento de la violencia durante las manifestaciones.

El Gobierno aceptó una visita de trabajo, acotada y específica, de este órgano internacional, independiente y autónomo, que integra la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y promueve, esencialmente, la defensa de los derechos humanos en la región.

Durante la visita de cuatro días, tres de los comisionados de la CIDH y sus equipos de apoyo estarán en Bogotá y Cali y esperan, especialmente, poder escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Al final de la visita, la delegación entregará observaciones generales y emitirá una serie de recomendaciones al Estado.

Y aunque la visita está lejos de conjurar la crisis, más ahora cuando la negociación entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno se suspendieron, sí es una esperanza para muchos sectores del país que esperan que fortalezca el camino del diálogo, a partir del reconocimiento y el esclarecimiento de las posibles conductas criminales de la fuerza pública.

El informe de violencia policial

Este diario conoció el documento que, desde la plataforma GRITA de Temblores ONG, el observatorio de derechos humanos de Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS ) entregarán a la delegación de la CIDH. Durante el Paro Nacional, estas dos organizaciones de la sociedad civil han hecho una labor de recepción, triangulación, verificación, sistematización y registro de denuncias de violencia policial.

Desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo registraron y verificaron que, al menos, ha habido 3.789 casos de violencia policial durante ese periodo.

“Dentro de los 3.789 hechos que hemos registrado, identificamos casos de agresiones físicas a los manifestantes (como golpizas y malos tratos), violencia verbal (como amenazas, insultos e intimidaciones), retenciones arbitrarias e injustificadas, casos de violencia sexual y basada en género, lesiones oculares y faciales, intervenciones violentas del ESMAD y la Policía, hostigamiento, policías activando armas de fuego contra la población civil, y policías junto a civiles disparando armas de fuego, entre otras prácticas de violencia policial”, dice el documento, conocido por este periódico, de 23 páginas.

Otro de los hallazgos del informe es que las principales víctimas de estas denuncias de malos tratos han sido principalmente jóvenes de sectores populares “que han ejercido su derecho a la protesta pacífica”, así como vendedores ambulantes que se encontraban en el espacio público, personas que se encontraban pasando cerca a las protestas y las familias y niños que viven cerca de lugares de tensión entre policía y manifestantes y defensores de derechos humanos y reporteros de prensa en terreno.

Tanto para la organización Temblores como para Indepaz, durante el Paro Nacional, la Policía ha incurrido en al menos nueve prácticas, según ellos “sistemáticas”, donde se evidencia una clara intención de violentar y castigar a las personas que han salido a ejercer su derecho a la protesta y un accionar por fuera de los protocolos y el marco normativo que regula su accionar en el país. Prácticas que según este documento entregado a la CIDH se articularían con dos formas de violencia transversales a estas: la violencia física, de la que han registrado 1.248 casos en lo corrido del Paro Nacional, y la violencia homicida, de la que se han registrado 41 casos para el periodo entre el 28 de abril y el 31 de mayo, a manos de posibles miembros de la Fuerza Pública.

En 31 de esos 41 casos, habría suficientes elementos, según el informe, para inferir la participación de la Fuerza Pública o de miembros de la Policía Judicial. “En los otros 10 casos, se pudo identificar que hubo algún tipo de accionar de agentes del Estado y, por ende, existe posibilidad de que los presuntos victimarios hayan sido miembros de la Fuerza Pública. Además, hay registro de otros 20 casos de homicidios de los que se están verificando las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que se dieron, al igual que los presuntos victimarios responsables”. Este diario se comunicó con la oficina de prensa de la Policía Nacional para contrastar con ellos esta información, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta.

Aquí las nueve prácticas:

1. Armas de fuego contra manifestantes

Desde el día 28 de abril al día 2 de mayo, según Temblores, Indepaz y PAIIS, al menos 20 personas han muerto en el contexto del Paro Nacional por armas de fuego activadas posiblemente por integrantes de la Policía Nacional. Además, han registrado 184 situaciones en las que la Policía ha activado armas de fuego en medio de la protesta social. “De esos 184 hechos, 70 personas han recibido un impacto de dichos disparos y han quedado heridas, es decir, el 37.7% de los disparos activados, han sido direccionados directamente a los cuerpos de los manifestantes. Además, logramos documentar 16 casos de disparo de arma de fuego en medio de zonas residenciales, poniendo así en grave peligro a niños, adultos mayores y familias en general”.

El uso “indiscriminado, desmedido y desproporcionado de armas de fuego en contra de los manifestantes por parte de la Fuerza Pública” quedó evidenciado, por ejemplo, la noche en que Santiago Murillo, de 19 años, perdió la vida, durante las protestas del 1 de mayo, Día del Trabajador, en Ibagué, Tolima, cuando una persona lanzó una piedra hacia una tanqueta del EMAD. Ante esto, un agente de la policía, “pasando por encima del principio de la proporcionalidad del uso de la fuerza, activó un arma de fuego contra los manifestantes, disparos que impactaron contra el pecho del joven, causándole la muerte”, dice el informe. El 10 de mayo se conoció que un juez de instrucción penal militar dictó la orden de captura contra un mayor y un teniente por su asesinato, aunque el caso según defensores de derechos humanos debió ser asumido por la jurisdicción civil ordinaria. El 3 de mayo, un Juez de la Justicia Penal Militar ordenó la libertad de los policías implicados.

El uso desproporcionado de armas estaría bien ejemplificado también el día en que Andrés Felipe Meléndez fue impactado en su rostro y cuello por disparos de fuego realizados por posibles integrantes de Policía. Sucedió el 22 de mayo, en Cali (Valle del Cauca), durante la protesta social que se dio en el sector de Calipso, específicamente en Puerto Madero, allí hubo enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes al caer la noche. Meléndez, de 23 años, sigue en el hospital y se encuentra en grave estado de salud.

2. Armas para dispersar protestas

El uso de armamentos de letalidad reducida en contra de los cuerpos y cabezas de los manifestantes para dispersar protestas pacíficas es otra de las graves preocupaciones del informe. Según los protocolos establecidos para el uso de estos armamentos, los disparos deben realizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el cuerpo de los manifestantes. Una práctica que se ha presentado durante las jornadas de protesta, violando los protocolos, como el Decreto 003 de 2021 de la Presidencia, del 5 de enero de 2021, por el cual se expide el “Estatuto De Reacción, Uso Y Verificación De La Fuerza Legítima Del Estado Y Protección Del Derecho A La Protesta Pacífica Ciudadana”.

De hecho, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han registrado en la plataforma GRITA: “193 casos de uso de armamentos en contra de los cuerpos de los manifestantes. En estos hechos, 167 personas han resultado heridas, esto quiere decir que en un 86% de los casos ha habido una afectación directa, lo cual pone en evidencia que no se trata de hechos fortuitos. De la misma manera, entre los casos de disparo directo registrados, encontramos que 62 personas han sufrido heridas oculares y 61 personas han sufrido heridas en otras partes de su rostro. Esto corresponde respectivamente al 37,5% y 36,9% de las personas heridas. Lo anterior muestra que no solo hay una intención de disparar a los cuerpos con las armas de letalidad reducida sino que también se apunta directamente al rostro en repetidas ocasiones, aumentando las posibilidades de causar heridas permanentes”, señala el informe.

En ese mismo periodo, tres jóvenes perdieron la vida por el uso de estas armas. Fue el caso de Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años, quien fue impactado en su rostro por un gas lacrimógeno, disparado por una tanqueta del Esmad, mientras dispersaban las manifestaciones del 1 de mayo en el municipio de Madrid, Cundinamarca. Brayan cayó inmediatamente al suelo. Las personas de alrededor intentaron auxiliarlo y cuando notaron que aún respiraba, lo subieron a una moto. Sin embargo, un gas lacrimógeno impactó a quien iba conduciendo y tuvieron que detenerse. En una segunda moto lograron dirigirse hasta el hospital San Matilde, pero Brayan llegó sin signos vitales. El mayor Carlos Javier Arenas Niño fue capturado por este hecho, sin embargo, su investigación fue asumida por la justicia penal militar.

3. Disparos con el arma Venom

Antes del Paro Nacional, en Colombia no se conocía el arma Venom. Se trata de un dispositivo que consiste en un lanzador múltiple de proyectiles con capacidad para 30 cartuchos, ubicado en la parte superior de las tanquetas de la Policía, que lanza a una mayor rapidez una gran cantidad de proyectiles. Su impacto fue reseñado por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien se pronunció en su contra, manifestando que no se conocían antecedentes del uso de este dispositivo en otros países de América Latina y que se trataba de un arma con efectos indiscriminados y, por lo tanto, era inapropiada para usarla en medio de manifestaciones. Según la respuesta a un derecho de petición realizado en 2019, el arma Venom le costó al país aproximadamente 445 millones de pesos, señala el informe y cita la investigación realizada por el medio de comunicación Cuestión Pública que documentó que la Dirección General de la Policía Nacional realizó un contrato en 2017 por 745 millones de pesos para la adquisición de “cartuchos eléctricos de aturdimiento 37mm para Venom y cartuchos eléctricos de gas CS 37mm para Venom”. Cada proyectil tiene un costo de 270 mil pesos, eso quiere decir que cada vez que esta arma se activa, se gastan unos 8 millones de pesos para reprimir a los manifestantes.

De acuerdo con Temblores e Indepaz, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo, se han registrado en la plataforma GRITA: 8 casos de disparos con arma Venom en zonas residenciales. En las denuncias realizadas, que en su mayoría han sido en horas de la noche, se registra la sensación de terror y amedrentamiento que han tenido personas que habitan en las zonas donde se ha activado el arma Venom y sus proyectiles explotan en repetidas ocasiones muy cerca a sus ventanas y a sus techos, “no sólo exponiendo a los miembros de las familias a ser víctimas de violencia física, sino también generando graves afectaciones psicológicas debido a los estruendos y a la cercanía de los proyectiles disparados”, dice el documento. Una situación que han vivido en Bogotá, en la zona del Portal Américas 18 y sus alrededores, punto de concentración de las protestas en la capital, donde los manifestantes y habitantes de los barrios aledaños han vivido una fuerte represión por parte del Esmad desde que inició el Paro Nacional (según la plataforma Grita aquí se ha registrado el 34% de hechos de violencia policial del total de casos que han ocurrido en la ciudad). De hecho, allí el arma Venom se ha activado al menos 4 veces, es decir, en inmediaciones del Portal Américas se ha registrado el 50% de los casos de disparos con arma Venom en zonas residenciales.

Así quedó registrado en un vídeo grabado el martes 18 de mayo a las 10:00 pm. Esa noche se contaron al menos 20 detonaciones en menos de 10 segundos, las personas gritaban, las alarmas de los carros se activaron y se denunció que por esa razón, algunas personas tuvieron que encargarse, durante varias noches, de sacar gases lacrimógenos desde el interior de los conjuntos de vivienda.

Y, aunque, el uso del arma Venom está reglamentado bajo un marco legal internacional, establecido en las Naciones Unidas, que indica que su letalidad es reducida debido a la altura desde donde se dispara, como expresó públicamente la Policía, la plataforma GRITA ha documentado al menos 5 casos en los que la Venom ha sido activada desde el suelo y directamente en contra del cuerpo de los manifestantes, “aumentando así su riesgo para los manifestantes y violando todos los protocolos de funcionamiento”. Incluso, en tres de los homicidios verificados por Indepaz y Temblores está por determinarse si el arma agresora fue la Venom21.

El caso de Popayán sería representativo en el uso desproporcionado de esta arma. “El 80% de los casos en los que se ha hecho un uso del arma Venom por fuera de los protocolos, han tenido lugar en esta ciudad”, señala el informe.

El 12 de mayo de 2021 fue la primera vez que quedó en evidencia, en videos de los manifestantes y defensores de derechos humanos, la forma en la que agentes del Esmad bajaron la Venom de la tanqueta y la pusieron en el suelo apuntando directamente y de manera horizontal hacia los manifestantes.

“Este hecho ocurrió en el centro histórico de Popayán a las 3:00 pm y en el video se muestra la manera en la que se disparan los proyectiles hacia manifestantes que se están protegiendo con vallas de tránsito. A pesar del rechazo que generó este hecho, esa misma noche a las 7:00pm, nuevamente en el centro histórico de la ciudad, se activó la Venom desde el suelo disparando directamente hacia los manifestantes”.

El 13 de mayo de 2021, a las 10:00 pm, se reportó nuevamente un hecho similar. Esta vez a través de un video que muestra las detonaciones horizontales y directas que recibieron los manifestantes que se protegían con escudos, “dejando en evidencia el riesgo directo al que quedaron expuestas las personas y la intencionalidad de realizar impactos hacia sus cuerpos”, dice el documento.

Por la gravedad de estos hechos, y a partir de una tutela presentada, el juzgado 10 Administrativo de Popayán le ordenó a la Policía Nacional la suspensión inmediata de su uso. Pero esta salvedad no es definitiva porque podría ser usada nuevamente cuando se construyan protocolos adecuados para su manejo, acordes con el Derecho Internacional Humanitario.

4. Gases y aturdidoras dentro de viviendas

Evelio de Jesús Flórez, de 86 años, murió en el municipio de La Virginia (Risaralada), según la Defensoría del Pueblo, por la inhalación de gases lacrimógenos durante la entrada de la Fuerza Pública para controlar la protesta social a su barrio, el 4 de mayo de 2021. Era de noche cuando la munición de gas, lanzada por el Esmad, cayó en el techo de su vivienda pero rodó y cayó en el patio de su casa. En un video se ve cómo es auxiliado por varias personas. “Este caso muestra cómo los lanzamientos indiscriminados de gases lacrimógenos y otros artefactos en barrios residenciales afectan de manera diferenciada a poblaciones vulnerables, como los adultos mayores, a quienes, estando resguardados en sus viviendas, les son vulnerados sus derechos a la salud y a la integridad física por parte de agentes del Estado”, dice el documento.

Una práctica que se ha repetido en otros lugares del país, de acuerdo con el informe, donde “la Fuerza Pública ha entrado a los barrios residenciales a controlar y reprimir manifestaciones de maneras desproporcionadas e indiscriminadas, sin tener en cuenta las posibles afectaciones a los habitantes de los barrios y a las personas que se movilizan por esos sectores. En algunos casos, los cartuchos de gas caen dentro de las edificaciones y vehículos, inundándolos y generando riesgo de incendio. En otros, los cartuchos caen afuera, pero en entornos cerrados y con poca ventilación, causando que el gas se concentre, no se disipe en el ambiente y entre a los espacios”.

El informe reseña, especialmente, la situación del municipio Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, donde la comunidad interpuso una acción de tutela, denunciando la vulneración del derecho a la salud y a la integridad por el uso de gases y aturdidoras. El Auto Interlocutorio 0271, del 18 de mayo de 2021, resolvió la tutela, y ordenó el retiro de los miembros de la Policía Nacional y la suspensión inmediata del uso de artefactos, como aturdidoras y gases lacrimógenos, al interior de los barrios residenciales afectados. A pesar de la decisión judicial, según Temblores, Indepaz y PAIIS, han recibido denuncias posteriores a la fecha del fallo relacionadas con esta práctica, lo que podría implicar un posible desacato judicial por parte de la Policía Nacional.

5. Agentes sin identificación

Ocultar placas de identificación de los policías, para impedir la futura judicialización de agentes, hostigar por grabar y otras agresiones a la prensa que ha registrado las jornadas de protesta, hace parte del quinto patrón identificado. Ya que la Policía tiene el deber de identificarse (o principio de publicidad) en los actos que impliquen derechos ciudadanos o la imposición de sanciones, obligaciones o multas, como indica la Corte Constitucional.

“Hemos podido documentar que el principio de publicidad en los procesos policiales se incumple de manera sistemática, a través de diferentes prácticas concretas. Uno de los efectos más nocivos de este incumplimiento es la contribución a que los casos de violencia policial no puedan documentarse correctamente y, por consiguiente, queden impunes. Así, se niega el acceso de las víctimas al reconocimiento, la justicia y a la reparación”, señala el documento que será entregado a la CIDH esta noche y que registró un total de 119 casos de casos (entre el 28 de abril y 31 de mayo) en los que se habría vulnerado de alguna manera el principio de publicidad de los procedimientos policiales. También registró 50 casos de hostigamiento, agresión y retención a miembros de la prensa, 29 casos de hostigamiento a civiles por grabar y 40 casos en los que hay al menos un policía sin identificación.

El caso de Javier Jiménez, que hace parte del equipo de la Agencia de Comunicación de los Pueblos Colombia Informa, quedó registrado como un claro ejemplo de actuaciones violentas por parte de la Fuerza Pública en contra de reporteros mientras cubrían en terreno las protestas:

El 10 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 7 pm, el Esmad intervino de manera violenta una manifestación que se adelantaba de manera pacífica en los alrededores del Portal de las Américas, en Bogotá.

Javier se encontraba esa noche cubriendo las manifestaciones. Y sobre las 9 pm, mientras realizaban una transmisión en vivo y mientras estaban agrupados con otros reporteros, una tanqueta del Esmad, que estaba dispersando a los manifestantes, avanzó y se detuvo en frente de ellos. Luego, disparó un artefacto de forma directa, no parabólica como está reglamentado, contra el grupo de prensa, debidamente identificado: con chaleco de prensa, carné de identificación y casco con la palabra “prensa” escrita. El disparo impactó la pierna derecha de Javier, causándole una herida abierta de 15 centímetros de profundidad. Frente a lo sucedido, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó su rechazo al actuar violento de la Policía y resaltó la importancia del cubrimiento periodístico como herramienta de veeduría a los procedimientos policiales.

Otro de estos hechos, que no alcanzó a estar registrado en el periodo de este informe, ocurrió el 2 de junio contra un fotoreportero de El Espectador, en el norte de Bogotá. El fotorreportero manifestó que estaba cubriendo protestas en la localidad de Suba y aunque se identificó como periodista de este medio, fue atacado por agentes que lo golpearon a él y a su equipo de trabajo.

6. Requisitos ilegales a cambio de la libertad

Otra de las constantes de este Paro Nacional, de acuerdo con el documento, han sido las retenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional a personas que se encuentran en contextos de protesta, ya sea protestando o transitando cerca a una marcha. Y en medio de estos procedimientos de retención, “se ha aprovechado el desconocimiento de derechos que tienen algunos ciudadanos, con el fin de vulnerarlos y aplicar una serie de medidas paralegales como golpizas, que en ocasiones terminan en torturas que han causado la muerte de manifestantes”.

Desde el día 28 de abril al día 31 de mayo, se ha podido registrar en la plataforma GRITA, que al menos ha habido 1.649 retenciones arbitrarias en contextos de movilización social, según el documento. Y para estas organizaciones es preocupante “la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando”. De hecho, al menos dos personas han sido asesinadas en posibles procedimientos arbitrarios de retención que habrían terminado en prácticas de tortura.

Uno de ellos fue Elvis Vivas, de 24 años, quien estaba en la marcha pacífica en El Sosiego, un barrio popular de Madrid (Cundinamarca). Sus amigos contaron que, cuando empezaron los enfrentamientos, él intentó retirarse, pero varios policías lo impidieron. Tan pronto el primer policía lo golpeó, los otros uniformados también lo hicieron, como se ve en las imágenes de una cámara de seguridad. Las autoridades entraron al barrio, y luego de la golpiza, entregaron a Elvis a dos uniformados con cascos para que lo trasladaran a la subestación de El Sosiego. “De este hecho hay otro video de un celular, en el que se ve cómo lo llevan a rastras y en el trayecto un agente le va dando puños en la cara, mientras que él suplica “no más”. Lo último que se conoce es la imagen del joven sentado en una escalera de la estación. Elvis es trasladado a un hospital en Facatativá en donde fallece el día 8 de mayo”.

7. Agresiones sexuales

La última preocupación que describe el informe, al que este diario tuvo acceso, son las agresiones sexuales hacia manifestantes durante el Paro Nacional, evidenciada especialmente en casos de desnudamiento forzado, tocamientos y violación. En el periodo estudiado, se han registrado en la plataforma GRITA: 32 casos de violencia sexual y basada en género. Aunque se resalta que las cifras pueden no corresponder a la cantidad total de hechos de violencia sexual perpetrados, pues es probable que haya un gran subregistro de este tipo de violencia en particular, por el temor a las represalias por parte de los victimarios y el silenciamiento social y cultural al que se enfrentan las víctimas.

“Lo anterior deja en evidencia que, desde la fuerza pública, esta práctica se ejerce como una forma de inscribir el poder sobre algunos cuerpos, en especial sobre los cuerpos femeninos y feminizados (El 61% de víctimas de violencia sexual son mujeres y el 39% hombres), y asimismo de castigar, amedrentar y excluir del espacio público, lo cual se intensifica en escenarios de movilización social. La sistematicidad y la intensidad de la violencia en los casos de agresión sexual hacia manifestantes, permite afirmar que la transgresión sobre ciertos cuerpos se ha consolidado como una política de represión y corrección estatal”, dice el documento.

Hechos que habrían ocurrido en lugares cerrados que son propiedad de la Fuerza Pública como los CAI, las URI, las estaciones y los vehículos de la Policía. Y donde las víctimas habrían sido separadas del grupo en el que se encuentran y llevadas a estos espacios en donde se ejerció violencia sobre ellas. “Las violencias son perpetradas por parte de varios miembros de la Fuerza Pública simultáneamente, es decir, son violencias que se ejercen en grupo. Y son hechos que suceden en conjunto con otros tipos de violencia policial como retenciones, agresiones físicas, hostigamientos y violencia verbal”, agrega el informe y detalla que la edad de las víctimas está entre los 17 y los 30 años y que la mayoría de los hechos ocurrieron entre las 4:00 p.m. y las 10:00 p.m.

8. Lesiones oculares

En Colombia no era común que se presentaran lesiones faciales, particularmente oculares, por parte de agentes policiales a personas que se manifestaban o se encontraban en lugares donde se estaban presentando movilizaciones sociales. Esta es otra de las conclusiones de este informe y aunque este tipo de lesiones se habían dado ocasionalmente en contextos similares anteriormente pero que en estas protestas sociales de 2021 parecieran dejar de ser casos aislados. Hoy, con cerca de 65 casos documentados, entre el 28 de abril y el 31 de mayo, no se puede hablar de hechos aislados o accidentales. “Se trata de una práctica que se hace con intención de producir un efecto determinado: no el de aniquilar, pero sí el de debilitar al que se considera un enemigo”, dice el documento.

Para Juliana Bustamante Reyes, directora PAIIS Universidad de los Andes, se trata de lesiones que además del daño físico y la discapacidad “producen un impacto psicosocial profundo en las víctimas que se instala en sus cuerpos y vuelve un recuerdo permanente de una acción violenta que nunca debió ocurrir”.

Vea aquí el especial de El Espectador sobre el tema

9. Desaparición forzada

Si se tiene en cuenta que hablamos de desaparición forzada, de acuerdo con el artículo 165 del código penal colombiano, a la “acción de privar de su libertad en cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero”, este informe ha logrado consolidar un listado de 346 nombres de personas que han sido reportadas como desaparecidas directamente a estas organizaciones.

Recomendaciones para superar la violencia

Finalmente, teniendo en cuenta que según este informe “el Estado colombiano está fallando en sus obligaciones como primer garante de derechos humanos en el marco de las protestas, teniendo en cuenta que esta situación se viene presentando de manera sistemática durante las jornadas de protesta de los últimos años”, desde Temblores pusieron en consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las siguientes recomendaciones:

❖La inclusión de una misión de verificación proveniente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dentro de los puestos de mando unificado creados por el Decreto 003 de 2021, con el fin de constatar la cadena de mando y las órdenes que desde allí se ejecutan durante las jornadas de manifestaciones.

❖La inclusión de la información y las cifras presentadas en este informe en el informe anual que presenta la CIDH a los países, así como su uso para la elaboración de las recomendaciones dirigidas al Estado colombiano.

❖Realizar una visita por parte de la CIDH al Estado Colombiano con el fin de verificar la situación de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos.

❖Recomendar al Estado Colombiano robustecer las instituciones que tienen a su cargo la investigación imparcial de presuntas violaciones a Derechos humanos y al DIH por parte de miembros de la fuerza pública, haciendo una expresa mención a la evaluación de las formas en que se investiga y juzga a los miembros de la fuerza pública a través de la jurisdicción penal militar.

❖Indicar al Estado Colombiano la necesidad de llevar a cabo una educación completa, transparente y en constante actualización sobre Derechos fundamentales, Derechos Humanos y DIH, la cual, con el fin de verificar su pertinencia y veeduría ciudadana deba ser impartida por miembros de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales.

❖Incitar al Estado Colombiano al respeto por la separación de poderes siendo este uno de los pilares del Estado Social de Derecho predicados desde la carta magna y a raíz de esto, realizar la recomendación de dar cumplimiento completo y no selectivo a las órdenes impartidas en los fallos por la altas cortes, especialmente aquellos relativos a la protección de derechos.

❖La elaboración de protocolos que sean altamente difundidos hasta que sean de conocimiento público, sobre el uso de armas de letalidad reducida por parte de la fuerza pública, así como la prohibición total y/o suspensión de aquellas armas de letalidad reducida que han sido usadas para torturar y en homicidios presuntamente llevados a cabo por miembros de la fuerza pública.

❖La verificación por parte de la CIDH sobre un sistema de incentivos y/o cuotas de detenciones, judicializaciones y traslados por protección a cambio de ascensos dentro de la fuerza pública.