Las preguntas sobre Mi Vacuna que Minsalud no quiere responder
En los últimos tres meses, El Espectador solicitó datos sobre los costos, la contratación y la política de privacidad del portal, pero fueron negados. Otros periodistas y organizaciones atraviesan por la misma dificultad y coinciden en que al Estado se le olvidó que la información es pública, a pesar de la pandemia.
Pilar Cuartas Rodríguez
El pasado 5 de febrero, con una campaña de expectativa en la antesala de la vacunación contra el COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud lanzó el portal Mi Vacuna. A través de este aplicativo, cualquier ciudadano puede consultar cuándo y dónde le toca vacunarse y, en términos generales, enterarse de cómo va el Plan de Vacunación. Eso es lo que se sabe sobre Mi Vacuna. El Espectador solicitó información para evaluar el impacto de esta estrategia y su costo-beneficio. La respuesta del Ministerio fue parcial y evasiva. Se radicó una segunda solicitud y no fue resuelta. A otros periodistas y organizaciones también se les ha negado el acceso a esta información pública. (¿Vamos bien con la vacunación en Colombia? Primero hay que resolver otra pregunta)
Y realmente, en medio de tantos interrogantes sobre el proceso de vacunación en Colombia, del aplicativo Mi Vacuna se sabe muy poco. Según la respuesta del Ministerio de Salud, el aplicativo fue desarrollado por su Oficina de Tecnología de Información y Comunicación “con recursos de operación y del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información de la Protección Social”. Fue su sucinta respuesta. Es decir, no hubo proceso contractual para su implementación. El Ministerio agregó que sus políticas de privacidad y de seguridad están publicadas en su página web y, en concreto, en la misiva de respuesta, se remitieron dos links, ninguno de los cuales funcionó en el momento de ser consultados. (Vacunas, un juego que las farmacéuticas prefieren con las cartas tapadas)
A la pregunta concreta de cuánto costó el montaje de Mi Vacuna, dato que permitiría hacer un análisis sobre su necesidad y utilidad en estos tiempos de austeridad fiscal, sencillamente el Ministerio de Salud no contestó. Tampoco respondió las preguntas de este diario relacionadas con los detalles de los gastos, personas que intervinieron en el proceso, modalidad con la cual fueron contratadas y cuáles son las políticas de privacidad y confidencialidad del aplicativo web. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) intentó acceder a información similar sobre Mi Vacuna, pero el Ministerio de Salud tampoco atendió su solicitud en el plazo legal. La organización anunció que acudirá a la acción de tutela.
La Flip insistió en conocer sobre los recursos invertidos para el desarrollo del portal y, en concreto, preguntó al Ministerio de Salud si publicó en la plataforma oficial de la contratación pública (SECOP) los contratos que suscribió para implementar el dispositivo y, en caso de no haber sido publicados, pidió una respuesta sobre la razón jurídica para no hacerlo. Sin embargo, no la obtuvo para ninguno de los interrogantes. Otras de las preguntas de la Flip que fueron ignoradas por el Ministerio indagaron sobre el manejo de los datos personales, la empresa encargada del mantenimiento del portal y si existe un mecanismo para evaluar el impacto de Mi Vacuna en derechos humanos.
Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, explicó que no hay razón para que el costo o los datos de la implementación del portal Mi Vacuna no sean públicos y advirtió que existe un serio problema en la gestión de los recursos públicos en medio de la pandemia, pues se volvió excusa negar la información. El abogado Juan Carlos Upegui, coordinador de la línea de Transparencia de Dejusticia, agregó que cualquier información del Estado es pública, en especial la relacionada con la contratación. “La información pública se debe a los ciudadanos. Es generada con los impuestos que pagamos o con la renta nacional, que es la riqueza del pueblo colombiano”, resaltó Upegui.
Con escasa información disponible sobre Mi Vacuna, la Fundación Karisma, que trabaja por los derechos humanos en el mundo digital, analizó el portal para ver cómo protege la seguridad y privacidad de quienes la usan. En su concepto, Mi Vacuna parece diseñada pensando en seguridad digital con un propósito concreto, y está controlada y conectada al sistema sanitario. No obstante, llama la atención que en febrero, cuando se lanzó el portal, no había política de privacidad para Mi Vacuna y recomendó crear una. En una segunda revisión, Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de Karisma, detectó que el Minsalud subió el pasado 24 de marzo esa política a su página web, aunque debió hacerlo desde el lanzamiento. (En Opinión: Hablemos de Mi Vacuna)
Las dificultades para acceder hoy a información pública no son exclusivas de la plataforma Mi Vacuna ni del Ministerio de Salud. Es un problema generalizado que se acentuó con la pandemia y la expedición del decreto 491, que hace más de un año duplicó los plazos para que las entidades respondan peticiones hasta en un plazo de 35 días, dependiendo de la solicitud. Raissa Carrillo Villamizar, coordinadora de atención y defensa para los periodistas de la Flip, dice que los reporteros son uno de los grupos más afectados, pues las entidades se han acostumbrado, en medio de la pandemia, a dar datos en declaraciones de prensa, streamings o programas oficiales de televisión, sin opción de ser contrastados.
Carrillo cuenta que las entidades han creado grupos de WhatsApp para “brindar” información pública a los periodistas y son monitoreados por sus oficinas de prensa. Sin embargo, en estas redes sociales se niega el ingreso a los periodistas que “incomodan” con sus preguntas, sobre todo en las ciudades intermedias, o se limita el número de periodistas de un mismo medio. Esto, en opinión de la abogada de la Flip, va en contra del acceso a la información y, aunque la medida pudo ser razonable cuando se inició la pandemia, hoy no se justifica. En un par de casos más, las oficinas de prensa de las entidades exigen hablar con una sola sección o periodista del medio y las demás solicitudes son ignoradas.
Tatiana Velásquez Archibold, periodista y cofundadora del medio Contratopedia Caribe, quien les sigue la pista a los dineros públicos en la región, le contó a este diario que el Dadis en Cartagena (entidad equivalente a una secretaría de Salud) se demoró casi cuatro meses en responder a una solicitud suya, y lo hizo de forma parcial. Dos de las preguntas que quedaron en el limbo tienen que ver precisamente con la utilidad de la plataforma web y la aplicación móvil Cuidémonos, que fue duramente criticada en el Concejo de la ciudad por su ineficacia y porque tenía casi las mismas funciones que CoronApp, inventada y costeada por el Gobierno para controlar la pandemia del COVID-19. (En Opinión: Las aplicaciones contra la pandemia, o jugando al gato y al ratón)
CoronApp es otro dolor de cabeza. Existe hace un año y no se sabe con certeza para qué sirve. Según el Gobierno, permite reportar síntomas, entregar información personal, hace las veces de pasaporte para movilidad y rastreo de contactos. Pero Dejusticia dice que ha sido imposible saber si realmente esa aplicación hace todo lo que promete, porque la Agencia Nacional Digital y el Instituto Nacional de Salud le negaron el acceso al código fuente, que permite a los expertos en programación verificar qué hace realmente la app y si tiene fallas de seguridad. El caso se debatió en una acción de tutela, que fue negada en primera y segunda instancias, y se espera que la Corte Constitucional se pronuncie. (CoronApp: luces y sombras del uso de tecnología para manejar la pandemia)
Otra pelea jurídica por información la libra la alianza Más Información, Más Derechos, de la que hacen parte Dejusticia, Transparencia por Colombia y la Flip. Las organizaciones solicitaron al Gobierno copia de las cláusulas de confidencialidad de los contratos que suscribió con las farmacéuticas para la compra de vacunas (no los contratos en sí mismos, pues ya se sabe que son reservados) y algunos asuntos conexos al Plan de Vacunación, al que tampoco se le ha podido hacer seguimiento por falta de datos. Lo primero ya fue negado por Fiduprevisora y Minsalud, que alegaron que se trata de un tema de salud pública reservado. Las peticionarias repusieron la decisión.
“En el caso de los contratos y las negociaciones para las vacunas, el Gobierno estaba en una posición débil, necesitaba adquirir un bien escaso (las vacunas) y cedió a los términos (de confidencialidad) de las farmacéuticas. El argumento de la reserva podría ser jurídicamente aceptable, aunque discutible. Pero el Gobierno podría ser más transparente con las cosas. Lo que menos le conviene es ocultar información, es una testarudez. Si respondiera de forma rápida, razonable y completa, los ciudadanos podrían tener diferencias razonables, pero si mama gallo, el mensaje que da es de desconfianza. El Gobierno se basa en relaciones de confianza en una democracia”, aseguró el abogado Upegui, de Dejusticia.
Las preocupaciones por el acceso a información inquietan también a los congresistas. Algunas unidades de trabajo han intentado poner la lupa al Plan de Vacunación, sin éxito. La representante Juanita Goebertus lidera el proyecto para derogar dos artículos del decreto 491, entre ellos el que duplicó los términos para responder solicitudes de información y derechos de petición. La iniciativa fue aprobada en comisión y plenaria en Cámara, y se espera que en 15 días sea debatida en Senado. Goebertus advirtió que el Gobierno ya se opuso y el representante Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, radicó una proposición de aplazamiento para darle largas al asunto. Luego se arrepintió y la retiró.
“Hay que proteger este proyecto en el Senado. Se trata de la garantía esencial al acceso a la información que permitiría hacerle seguimiento a la pandemia. No hemos podido, por ejemplo, conocer el estado de la vacunación por municipios, porque el Gobierno no entrega la información municipalizada”, afirmó la congresista Goebertus. Como ella, los expertos consultados coinciden en que es necesario volver a los términos normales de las peticiones, pues se está vulnerando el derecho fundamental de acceso a la información. Además, dicen que las condiciones que llevaron a expedir ese decreto ya no se justifican pues el asunto dejó de ser un estado de excepción y existe una nueva normalidad.
Ocho conclusiones de pandemia, según Lucía Camacho, abogada de la Fundación Karisma
1. Confirmamos lo difícil que es obtener respuestas o seguimiento a las peticiones ante entidades públicas que con la pandemia se hicieron protagonistas.
2. Nos encontramos, recién inició la pandemia, con respuestas que asociaban la entrega de la información a la reserva por seguridad nacional. Asuntos relacionados con el uso de tecnologías.
3. Tratándose del despliegue de tecnologías, hay un “pinponeo” entre entidades, reflejo de cuán difícil es entre ellas asumir que tienen responsabilidad sobre un asunto.
4. La extensión de los plazos de respuesta nos obligó a acudir en dos ocasiones a la acción de tutela.
5. En un caso nos opusieron reserva, luego sustentamos que la carga sobre la reserva la tenía la entidad, la entidad dijo que respondería, pero lo hizo casi cuatro meses después, sin posibilidad de seguimiento por sistema o vía telefónica.
6. De la aplicación del Decreto 491, que amplió los plazos, no importa si le dices a una entidad que la petición se encuentra en la excepción que dice que, si se trata de peticiones para ejercer derechos fundamentales, la extensión no aplica. Igual se toman el tiempo que creen que tienen y te aplican la más amplia, de los 35 días.
7. Mientras el Decreto 491 esté vigente y no tengamos certeza sobre hasta cuándo se extenderá la crisis -pueden ser años- el derecho de petición sigue en el limbo, las barreras se hacen la regla y el acceso, la excepción. Todo de cabeza.
8. Cero transparencia activa: salvo algunas entidades, parece que la emergencia es la razón por la que no se publican ciertas normas o información sobre el análisis de impacto de ciertas medidas.
La baja calidad de la información
Otra de las barreras para acceder a información pública es la baja calidad de los datos. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, explicó que por ejemplo en las bases públicas se encuentran datos inexactos o repetidos, lo que no permite procesar y hacer un análisis confiable, porque los datos están equivocados.
El caso más claro es la plataforma de contratación Secop, en la que con frecuencia es difícil hallar un contrato porque las casillas están mal diligenciadas y los filtros de búsqueda se vuelven inútiles. Hernández advierte, por ejemplo, que una misma entidad aparece con distintos NIT o con diferentes abreviaturas, y que han encontrado cédulas ficticias con la secuencia 12345.
“Recomendamos a Compra Eficiente y a órganos de control para que le pongan mucha atención a esto, porque se vuelve una restricción al control ciudadano. Pero no hemos recibido buenas reacciones. Ahora es más grave con la pandemia, porque la información salva vidas, o no”, concluyó Hernández.
El pasado 5 de febrero, con una campaña de expectativa en la antesala de la vacunación contra el COVID-19 en el país, el Ministerio de Salud lanzó el portal Mi Vacuna. A través de este aplicativo, cualquier ciudadano puede consultar cuándo y dónde le toca vacunarse y, en términos generales, enterarse de cómo va el Plan de Vacunación. Eso es lo que se sabe sobre Mi Vacuna. El Espectador solicitó información para evaluar el impacto de esta estrategia y su costo-beneficio. La respuesta del Ministerio fue parcial y evasiva. Se radicó una segunda solicitud y no fue resuelta. A otros periodistas y organizaciones también se les ha negado el acceso a esta información pública. (¿Vamos bien con la vacunación en Colombia? Primero hay que resolver otra pregunta)
Y realmente, en medio de tantos interrogantes sobre el proceso de vacunación en Colombia, del aplicativo Mi Vacuna se sabe muy poco. Según la respuesta del Ministerio de Salud, el aplicativo fue desarrollado por su Oficina de Tecnología de Información y Comunicación “con recursos de operación y del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información de la Protección Social”. Fue su sucinta respuesta. Es decir, no hubo proceso contractual para su implementación. El Ministerio agregó que sus políticas de privacidad y de seguridad están publicadas en su página web y, en concreto, en la misiva de respuesta, se remitieron dos links, ninguno de los cuales funcionó en el momento de ser consultados. (Vacunas, un juego que las farmacéuticas prefieren con las cartas tapadas)
A la pregunta concreta de cuánto costó el montaje de Mi Vacuna, dato que permitiría hacer un análisis sobre su necesidad y utilidad en estos tiempos de austeridad fiscal, sencillamente el Ministerio de Salud no contestó. Tampoco respondió las preguntas de este diario relacionadas con los detalles de los gastos, personas que intervinieron en el proceso, modalidad con la cual fueron contratadas y cuáles son las políticas de privacidad y confidencialidad del aplicativo web. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) intentó acceder a información similar sobre Mi Vacuna, pero el Ministerio de Salud tampoco atendió su solicitud en el plazo legal. La organización anunció que acudirá a la acción de tutela.
La Flip insistió en conocer sobre los recursos invertidos para el desarrollo del portal y, en concreto, preguntó al Ministerio de Salud si publicó en la plataforma oficial de la contratación pública (SECOP) los contratos que suscribió para implementar el dispositivo y, en caso de no haber sido publicados, pidió una respuesta sobre la razón jurídica para no hacerlo. Sin embargo, no la obtuvo para ninguno de los interrogantes. Otras de las preguntas de la Flip que fueron ignoradas por el Ministerio indagaron sobre el manejo de los datos personales, la empresa encargada del mantenimiento del portal y si existe un mecanismo para evaluar el impacto de Mi Vacuna en derechos humanos.
Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, explicó que no hay razón para que el costo o los datos de la implementación del portal Mi Vacuna no sean públicos y advirtió que existe un serio problema en la gestión de los recursos públicos en medio de la pandemia, pues se volvió excusa negar la información. El abogado Juan Carlos Upegui, coordinador de la línea de Transparencia de Dejusticia, agregó que cualquier información del Estado es pública, en especial la relacionada con la contratación. “La información pública se debe a los ciudadanos. Es generada con los impuestos que pagamos o con la renta nacional, que es la riqueza del pueblo colombiano”, resaltó Upegui.
Con escasa información disponible sobre Mi Vacuna, la Fundación Karisma, que trabaja por los derechos humanos en el mundo digital, analizó el portal para ver cómo protege la seguridad y privacidad de quienes la usan. En su concepto, Mi Vacuna parece diseñada pensando en seguridad digital con un propósito concreto, y está controlada y conectada al sistema sanitario. No obstante, llama la atención que en febrero, cuando se lanzó el portal, no había política de privacidad para Mi Vacuna y recomendó crear una. En una segunda revisión, Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos de Karisma, detectó que el Minsalud subió el pasado 24 de marzo esa política a su página web, aunque debió hacerlo desde el lanzamiento. (En Opinión: Hablemos de Mi Vacuna)
Las dificultades para acceder hoy a información pública no son exclusivas de la plataforma Mi Vacuna ni del Ministerio de Salud. Es un problema generalizado que se acentuó con la pandemia y la expedición del decreto 491, que hace más de un año duplicó los plazos para que las entidades respondan peticiones hasta en un plazo de 35 días, dependiendo de la solicitud. Raissa Carrillo Villamizar, coordinadora de atención y defensa para los periodistas de la Flip, dice que los reporteros son uno de los grupos más afectados, pues las entidades se han acostumbrado, en medio de la pandemia, a dar datos en declaraciones de prensa, streamings o programas oficiales de televisión, sin opción de ser contrastados.
Carrillo cuenta que las entidades han creado grupos de WhatsApp para “brindar” información pública a los periodistas y son monitoreados por sus oficinas de prensa. Sin embargo, en estas redes sociales se niega el ingreso a los periodistas que “incomodan” con sus preguntas, sobre todo en las ciudades intermedias, o se limita el número de periodistas de un mismo medio. Esto, en opinión de la abogada de la Flip, va en contra del acceso a la información y, aunque la medida pudo ser razonable cuando se inició la pandemia, hoy no se justifica. En un par de casos más, las oficinas de prensa de las entidades exigen hablar con una sola sección o periodista del medio y las demás solicitudes son ignoradas.
Tatiana Velásquez Archibold, periodista y cofundadora del medio Contratopedia Caribe, quien les sigue la pista a los dineros públicos en la región, le contó a este diario que el Dadis en Cartagena (entidad equivalente a una secretaría de Salud) se demoró casi cuatro meses en responder a una solicitud suya, y lo hizo de forma parcial. Dos de las preguntas que quedaron en el limbo tienen que ver precisamente con la utilidad de la plataforma web y la aplicación móvil Cuidémonos, que fue duramente criticada en el Concejo de la ciudad por su ineficacia y porque tenía casi las mismas funciones que CoronApp, inventada y costeada por el Gobierno para controlar la pandemia del COVID-19. (En Opinión: Las aplicaciones contra la pandemia, o jugando al gato y al ratón)
CoronApp es otro dolor de cabeza. Existe hace un año y no se sabe con certeza para qué sirve. Según el Gobierno, permite reportar síntomas, entregar información personal, hace las veces de pasaporte para movilidad y rastreo de contactos. Pero Dejusticia dice que ha sido imposible saber si realmente esa aplicación hace todo lo que promete, porque la Agencia Nacional Digital y el Instituto Nacional de Salud le negaron el acceso al código fuente, que permite a los expertos en programación verificar qué hace realmente la app y si tiene fallas de seguridad. El caso se debatió en una acción de tutela, que fue negada en primera y segunda instancias, y se espera que la Corte Constitucional se pronuncie. (CoronApp: luces y sombras del uso de tecnología para manejar la pandemia)
Otra pelea jurídica por información la libra la alianza Más Información, Más Derechos, de la que hacen parte Dejusticia, Transparencia por Colombia y la Flip. Las organizaciones solicitaron al Gobierno copia de las cláusulas de confidencialidad de los contratos que suscribió con las farmacéuticas para la compra de vacunas (no los contratos en sí mismos, pues ya se sabe que son reservados) y algunos asuntos conexos al Plan de Vacunación, al que tampoco se le ha podido hacer seguimiento por falta de datos. Lo primero ya fue negado por Fiduprevisora y Minsalud, que alegaron que se trata de un tema de salud pública reservado. Las peticionarias repusieron la decisión.
“En el caso de los contratos y las negociaciones para las vacunas, el Gobierno estaba en una posición débil, necesitaba adquirir un bien escaso (las vacunas) y cedió a los términos (de confidencialidad) de las farmacéuticas. El argumento de la reserva podría ser jurídicamente aceptable, aunque discutible. Pero el Gobierno podría ser más transparente con las cosas. Lo que menos le conviene es ocultar información, es una testarudez. Si respondiera de forma rápida, razonable y completa, los ciudadanos podrían tener diferencias razonables, pero si mama gallo, el mensaje que da es de desconfianza. El Gobierno se basa en relaciones de confianza en una democracia”, aseguró el abogado Upegui, de Dejusticia.
Las preocupaciones por el acceso a información inquietan también a los congresistas. Algunas unidades de trabajo han intentado poner la lupa al Plan de Vacunación, sin éxito. La representante Juanita Goebertus lidera el proyecto para derogar dos artículos del decreto 491, entre ellos el que duplicó los términos para responder solicitudes de información y derechos de petición. La iniciativa fue aprobada en comisión y plenaria en Cámara, y se espera que en 15 días sea debatida en Senado. Goebertus advirtió que el Gobierno ya se opuso y el representante Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, radicó una proposición de aplazamiento para darle largas al asunto. Luego se arrepintió y la retiró.
“Hay que proteger este proyecto en el Senado. Se trata de la garantía esencial al acceso a la información que permitiría hacerle seguimiento a la pandemia. No hemos podido, por ejemplo, conocer el estado de la vacunación por municipios, porque el Gobierno no entrega la información municipalizada”, afirmó la congresista Goebertus. Como ella, los expertos consultados coinciden en que es necesario volver a los términos normales de las peticiones, pues se está vulnerando el derecho fundamental de acceso a la información. Además, dicen que las condiciones que llevaron a expedir ese decreto ya no se justifican pues el asunto dejó de ser un estado de excepción y existe una nueva normalidad.
Ocho conclusiones de pandemia, según Lucía Camacho, abogada de la Fundación Karisma
1. Confirmamos lo difícil que es obtener respuestas o seguimiento a las peticiones ante entidades públicas que con la pandemia se hicieron protagonistas.
2. Nos encontramos, recién inició la pandemia, con respuestas que asociaban la entrega de la información a la reserva por seguridad nacional. Asuntos relacionados con el uso de tecnologías.
3. Tratándose del despliegue de tecnologías, hay un “pinponeo” entre entidades, reflejo de cuán difícil es entre ellas asumir que tienen responsabilidad sobre un asunto.
4. La extensión de los plazos de respuesta nos obligó a acudir en dos ocasiones a la acción de tutela.
5. En un caso nos opusieron reserva, luego sustentamos que la carga sobre la reserva la tenía la entidad, la entidad dijo que respondería, pero lo hizo casi cuatro meses después, sin posibilidad de seguimiento por sistema o vía telefónica.
6. De la aplicación del Decreto 491, que amplió los plazos, no importa si le dices a una entidad que la petición se encuentra en la excepción que dice que, si se trata de peticiones para ejercer derechos fundamentales, la extensión no aplica. Igual se toman el tiempo que creen que tienen y te aplican la más amplia, de los 35 días.
7. Mientras el Decreto 491 esté vigente y no tengamos certeza sobre hasta cuándo se extenderá la crisis -pueden ser años- el derecho de petición sigue en el limbo, las barreras se hacen la regla y el acceso, la excepción. Todo de cabeza.
8. Cero transparencia activa: salvo algunas entidades, parece que la emergencia es la razón por la que no se publican ciertas normas o información sobre el análisis de impacto de ciertas medidas.
La baja calidad de la información
Otra de las barreras para acceder a información pública es la baja calidad de los datos. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, explicó que por ejemplo en las bases públicas se encuentran datos inexactos o repetidos, lo que no permite procesar y hacer un análisis confiable, porque los datos están equivocados.
El caso más claro es la plataforma de contratación Secop, en la que con frecuencia es difícil hallar un contrato porque las casillas están mal diligenciadas y los filtros de búsqueda se vuelven inútiles. Hernández advierte, por ejemplo, que una misma entidad aparece con distintos NIT o con diferentes abreviaturas, y que han encontrado cédulas ficticias con la secuencia 12345.
“Recomendamos a Compra Eficiente y a órganos de control para que le pongan mucha atención a esto, porque se vuelve una restricción al control ciudadano. Pero no hemos recibido buenas reacciones. Ahora es más grave con la pandemia, porque la información salva vidas, o no”, concluyó Hernández.