Las pruebas contra el ex senador Martínez

El bloque Calima de las autodefensas, surgido hacia el año 2000 para enfrentar a la guerrilla en el departamento del Valle del Cauca y particularmente en la ciudad de Buenaventura, benefició las aspiraciones políticas del senador Juan Carlos Martínez Sinisterra. En él se concretó la triangulación entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la política, al convertirse en el representante en la corporación legislativa de intereses ocultos e ilegales.

Esa es la conclusión de la Fiscalía respecto a uno de los casos más significativos del escándalo de la parapolítica. Durante varios meses se especuló sobre las responsabilidades del senador Martínez, pero una minuciosa investigación del ente acusador, basada en testimonios y recuentos electorales, sirvió no sólo para ordenar la detención del político, sino para develar una de las estructuras más agresivas del fenómeno paramilitar: el bloque Calima.

La suerte del congresista, hoy detenido, empezó a definirse con la declaración aportada por el extraditado jefe paramilitar Hébert Veloza García, alias H.H., quien detalló a las autoridades la forma como los lancheros de Buenaventura y el Chocó, que movilizaban droga por el Pacífico, estaban obligados a pagar un tributo a las autodefensas y de qué manera los capos de la región, a manera de contraprestación pedían que se apoyara la campaña electoral de Juan Carlos Martínez.

Antes de ser enviado a Estados Unidos, H.H. dejó un pormenorizado recuento de su organización en el Valle del Cauca. Sus asesores eran Elkin Casarubia, en calidad de jefe militar; Mauricio Aristizábal alias El Fino, encargado de la parte financiera; y Carlos Efrén Guevara Cano, conocido como Fernando Político, precisamente encargado de las relaciones con dirigentes públicos de la región. H.H. sostuvo que este último era el principal contacto de Martínez Sinisterra.

“Nosotros manejábamos y teníamos influencia en las comunidades, ciudades, veredas o corregimientos; teníamos presencia armada y política. Nosotros decíamos por quién había que votar y las comunidades votaban por ese candidato”, testificó H.H. ante la Fiscalía. Y particularmente advirtió que los hermanos González y Olmes Durán, los narcotraficantes más conocidos de Buenaventura, no sólo pagaban por sacar la droga por el puerto, sino que apoyaban a Martínez.

Pero no es sólo el testimonio de H.H. el que compromete al congresista vallecaucano. Según Roiser Morales Ayala, alias Rubén Pica, testificó que durante su tiempo en el bloque Calima, entre 2001 y 2003, quien más pidió ayuda para sus campañas fue el senador Juan Carlos Martínez. El testigo dio cuenta de reuniones del político en Cali con personas vinculadas a las autodefensas. Versión que ratificó alias El Fino, al precisar que aportó dinero para reuniones con Martínez.

El hombre clave de las relaciones políticas era Carlos Efrén Guevara Cano, alias Fernando Político, quien desertó de la guerrilla para unirse a las autodefensas. Sin embargo, este sujeto que hoy sería clave para esclarecer los nexos políticos del bloque Calima en el Valle del Cauca, fue asesinado en Cali en el año 2004, presuntamente porque extralimitó sus funciones. Varios políticos de la región hoy reconocen que este era el hombre que movía los hilos electorales.

En su defensa, el senador Martínez Sinisterra le dijo a la Fiscalía que nunca supo de H.H. ni se reunió jamás con Fernando Político. En cambio manifestó que todo su trabajo político lo hizo con Carlos Erney Abadía y que es amigo político del actual gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. En cuanto a sus relaciones con narcotraficante Olmes Durán, sostuvo que lo conocía de muchos años atrás y que fue asaltado en su buena fe cuando éste lo invitó a que fuera testigo en su matrimonio.

La Fiscalía detalló en su investigación la forma como se integró al bloque Calima y de qué manera el citado Olmes Durán, conocido como el Rey del Pacífico, y los hermanos González Rivas, todos vinculados al narcotráfico, contribuyeron a su organización. Obviamente, documentó la Fiscalía, no sólo se limitaron a controlar el puerto de Buenaventura, en varias ocasiones apoyados por integrantes del Ejército, la Policía y el DAS, sin que se dieran a la tarea de infiltrar la clase política.

Por eso, el Valle del Cauca no fue un territorio ajeno a la acción violenta, intimidatoria y criminal del paramilitarismo. Llegó el momento en que a esta organización ilegal le bastaba con indicar el nombre del seleccionado para orientar y dirigir la votación, y esta circunstancia “implicaba una orden inquebrantable e indiscutible”. Así se lograba conseguir la representación en entidades oficiales de los órdenes municipal, departamental y nacional. El hombre que movía los hilos era Hébert  Veloza García.

Sobre la relación de Martínez con el narcotraficante Olmes Durán, la Fiscalía manifestó que no es creíble su declaración, según la cual fue engañado por aquel para que aceptara ser su padrino de matrimonio. Al respecto expresó: “Este honroso privilegio no se le otorga a una persona ajena a sus afectos, no se rechaza al mejor de sus amigos, pero tampoco es desinteresado. Un senador que diga que en su departamento desconozca la actividad de un narcotraficante es inadmisible. Y menos cuando acepta ser su testigo de matrimonio”.

Pero a la hora de ordenar la detención del congresista el ente investigador no sólo se basó en la prueba testimonial. Según la Fiscalía, resulta increíble que una persona que ni siquiera había logrado el escaño de concejal en Buenaventura, de manera abrupta e intempestiva alcance unos altos resultados que lo llevaron a ser elegido para el período constitucional 2002-2006. La única explicación tiene como soporte la suerte de poblaciones enteras sometidas por la fuerza física o moral intimidatoria.

En otras palabras, Juan Carlos Martínez Sinisterra logró una alta votación porque fue promovido y apoyado por los paramilitares, quienes tenían un apoyo casi total de las comunidades, de los barrios y de los líderes en Buenaventura. Lo ratificó H.H. antes de ser extraditado a los Estados Unidos: “Nosotros les decíamos a las comunidades que el mejor candidato era Juan Carlos Martínez (...) le ayudamos con votación, no con plata, porque plata tienen ellos, sino con la injerencia sobre la comunidad. La obligábamos a votar por él”.

De esta manera, hoy el senador Martínez Sinisterra, con la advertencia de que su estado de salud amerita un cuidado especial, permanece detenido en la penitenciaría de La Picota. Según fuentes de la justicia, no será el último político de esta región del país en sumarse a los procesados de la parapolítica. Como lo manifestó la Fiscalía, el bloque Calima fue un proyecto militar, financiero y político que nació para enfrentar a la guerrilla, pero paralelamente, mediante actos violentos, quiso dominar políticamente esta privilegiada región.

El bloque Calima de las autodefensas, surgido hacia el año 2000 para enfrentar a la guerrilla en el departamento del Valle del Cauca y particularmente en la ciudad de Buenaventura, benefició las aspiraciones políticas del senador Juan Carlos Martínez Sinisterra. En él se concretó la triangulación entre el narcotráfico, el paramilitarismo y la política, al convertirse en el representante en la corporación legislativa de intereses ocultos e ilegales.

Esa es la conclusión de la Fiscalía respecto a uno de los casos más significativos del escándalo de la parapolítica. Durante varios meses se especuló sobre las responsabilidades del senador Martínez, pero una minuciosa investigación del ente acusador, basada en testimonios y recuentos electorales, sirvió no sólo para ordenar la detención del político, sino para develar una de las estructuras más agresivas del fenómeno paramilitar: el bloque Calima.

La suerte del congresista, hoy detenido, empezó a definirse con la declaración aportada por el extraditado jefe paramilitar Hébert Veloza García, alias H.H., quien detalló a las autoridades la forma como los lancheros de Buenaventura y el Chocó, que movilizaban droga por el Pacífico, estaban obligados a pagar un tributo a las autodefensas y de qué manera los capos de la región, a manera de contraprestación pedían que se apoyara la campaña electoral de Juan Carlos Martínez.

Antes de ser enviado a Estados Unidos, H.H. dejó un pormenorizado recuento de su organización en el Valle del Cauca. Sus asesores eran Elkin Casarubia, en calidad de jefe militar; Mauricio Aristizábal alias El Fino, encargado de la parte financiera; y Carlos Efrén Guevara Cano, conocido como Fernando Político, precisamente encargado de las relaciones con dirigentes públicos de la región. H.H. sostuvo que este último era el principal contacto de Martínez Sinisterra.

“Nosotros manejábamos y teníamos influencia en las comunidades, ciudades, veredas o corregimientos; teníamos presencia armada y política. Nosotros decíamos por quién había que votar y las comunidades votaban por ese candidato”, testificó H.H. ante la Fiscalía. Y particularmente advirtió que los hermanos González y Olmes Durán, los narcotraficantes más conocidos de Buenaventura, no sólo pagaban por sacar la droga por el puerto, sino que apoyaban a Martínez.

Pero no es sólo el testimonio de H.H. el que compromete al congresista vallecaucano. Según Roiser Morales Ayala, alias Rubén Pica, testificó que durante su tiempo en el bloque Calima, entre 2001 y 2003, quien más pidió ayuda para sus campañas fue el senador Juan Carlos Martínez. El testigo dio cuenta de reuniones del político en Cali con personas vinculadas a las autodefensas. Versión que ratificó alias El Fino, al precisar que aportó dinero para reuniones con Martínez.

El hombre clave de las relaciones políticas era Carlos Efrén Guevara Cano, alias Fernando Político, quien desertó de la guerrilla para unirse a las autodefensas. Sin embargo, este sujeto que hoy sería clave para esclarecer los nexos políticos del bloque Calima en el Valle del Cauca, fue asesinado en Cali en el año 2004, presuntamente porque extralimitó sus funciones. Varios políticos de la región hoy reconocen que este era el hombre que movía los hilos electorales.

En su defensa, el senador Martínez Sinisterra le dijo a la Fiscalía que nunca supo de H.H. ni se reunió jamás con Fernando Político. En cambio manifestó que todo su trabajo político lo hizo con Carlos Erney Abadía y que es amigo político del actual gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía. En cuanto a sus relaciones con narcotraficante Olmes Durán, sostuvo que lo conocía de muchos años atrás y que fue asaltado en su buena fe cuando éste lo invitó a que fuera testigo en su matrimonio.

La Fiscalía detalló en su investigación la forma como se integró al bloque Calima y de qué manera el citado Olmes Durán, conocido como el Rey del Pacífico, y los hermanos González Rivas, todos vinculados al narcotráfico, contribuyeron a su organización. Obviamente, documentó la Fiscalía, no sólo se limitaron a controlar el puerto de Buenaventura, en varias ocasiones apoyados por integrantes del Ejército, la Policía y el DAS, sin que se dieran a la tarea de infiltrar la clase política.

Por eso, el Valle del Cauca no fue un territorio ajeno a la acción violenta, intimidatoria y criminal del paramilitarismo. Llegó el momento en que a esta organización ilegal le bastaba con indicar el nombre del seleccionado para orientar y dirigir la votación, y esta circunstancia “implicaba una orden inquebrantable e indiscutible”. Así se lograba conseguir la representación en entidades oficiales de los órdenes municipal, departamental y nacional. El hombre que movía los hilos era Hébert  Veloza García.

Sobre la relación de Martínez con el narcotraficante Olmes Durán, la Fiscalía manifestó que no es creíble su declaración, según la cual fue engañado por aquel para que aceptara ser su padrino de matrimonio. Al respecto expresó: “Este honroso privilegio no se le otorga a una persona ajena a sus afectos, no se rechaza al mejor de sus amigos, pero tampoco es desinteresado. Un senador que diga que en su departamento desconozca la actividad de un narcotraficante es inadmisible. Y menos cuando acepta ser su testigo de matrimonio”.

Pero a la hora de ordenar la detención del congresista el ente investigador no sólo se basó en la prueba testimonial. Según la Fiscalía, resulta increíble que una persona que ni siquiera había logrado el escaño de concejal en Buenaventura, de manera abrupta e intempestiva alcance unos altos resultados que lo llevaron a ser elegido para el período constitucional 2002-2006. La única explicación tiene como soporte la suerte de poblaciones enteras sometidas por la fuerza física o moral intimidatoria.

En otras palabras, Juan Carlos Martínez Sinisterra logró una alta votación porque fue promovido y apoyado por los paramilitares, quienes tenían un apoyo casi total de las comunidades, de los barrios y de los líderes en Buenaventura. Lo ratificó H.H. antes de ser extraditado a los Estados Unidos: “Nosotros les decíamos a las comunidades que el mejor candidato era Juan Carlos Martínez (...) le ayudamos con votación, no con plata, porque plata tienen ellos, sino con la injerencia sobre la comunidad. La obligábamos a votar por él”.

De esta manera, hoy el senador Martínez Sinisterra, con la advertencia de que su estado de salud amerita un cuidado especial, permanece detenido en la penitenciaría de La Picota. Según fuentes de la justicia, no será el último político de esta región del país en sumarse a los procesados de la parapolítica. Como lo manifestó la Fiscalía, el bloque Calima fue un proyecto militar, financiero y político que nació para enfrentar a la guerrilla, pero paralelamente, mediante actos violentos, quiso dominar políticamente esta privilegiada región.