Las sanciones más severas contra EPS

Que la salud es un derecho fundamental, que hay que protegerlo y garantizarlo a toda costa, y que el Estado tiene a cargo esta función y puede delegarla a privados, como las Entidades Promotoras de Salud (EPS), fueron algunos de los principales postulados con los que la Constitución de 1991 abrió paso a una nueva era de los derechos humanos en el país. Los legisladores prometieron salud de calidad para todos, pero más de una entidad ha incumplido ese compromiso y la Superintendencia de Salud las ha sancionado con millonarias multas. En los últimos cinco años, el ente de control interpuso 1.464 sanciones a EPS que ascienden a más de $156.000 millones.

Algunos de los nombres de EPS que con frecuencia se repiten en ese listado de sancionadas son la Nueva Empresa Promotora de Salud, Famisanar, Capitalsalud, Cruz Blanca, Caprecom, Coomeva, Servicio Occidental de Salud, Sanitas, Saludvida, Saludcoop y Cafesalud, y los usuarios, en especial los enfermos con cáncer y las mujeres embarazadas, fueron los más damnificados por las deficiencias de las entidades que no garantizaron el servicio. El caso de Saludcoop, que acumula más de $6.000 millones en multas, refleja la dramática radiografía de los pacientes colombianos que mueren esperando una cita médica o el traslado a una clínica.

“La EPS no garantizó el acceso oportuno, continuo, integral y de calidad a la paciente, practicando una cesárea solo hasta el último momento habiendo tenido el tiempo suficiente para tomar esta decisión. Desconociendo que la paciente, por ser gestante afiliada, pertenece a un grupo de riesgo priorizado, el cual cuenta con atención preferencial y permanente”, afirmó la Supersalud en la decisión que sancionó a Saludcoop, cuyo dueño, Carlos Palacino, está hoy procesado penalmente por supuestamente desviar $400.000 millones del sistema de salud.

Las investigaciones de la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Procuraduría han determinado que recursos públicos administrados por Saludcoop terminaron usados en beneficio de la empresa para comprar sociedades, pagar servicios públicos, cubrir gastos de transporte, hospedaje de directivos, inversiones en el extranjero y proyectos urbanísticos. El dinero se usó incluso para remodelar clínicas y patrocinar torneos de fútbol y de golf.

En otra de las denuncias presentadas, las autoridades evidenciaron que un usuario esperó más de una semana para ser remitido a otro hospital, por falta de camas, pero murió en la espera. La Supersalud recordó en este caso que es inaceptable que una EPS diga que la responsabilidad de las camas es de los hospitales, pues ellas tienen la obligación de procurarles a sus afiliados los servicios de salud que requieran. “Las EPS no son una rueda suelta dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por lo tanto, desempeñan un rol especial dentro del mismo, como garantes”, reiteró la Supersalud en tono de regaño.

Pero Saludcoop no es la única. Después de esta EPS, está Medimás, multada por $1.696 millones, debido a que la Supersalud concluyó tras una visita que la entidad no respondía oportunamente quejas, reclamos y denuncias de sus usuarios y no tenía una red de servicios de salud en todo el territorio nacional. Unas 2.869 solicitudes, por ejemplo, no habían sido resueltas y representaban un riesgo para la vida de los pacientes. La EPS tampoco suministró oportunamente medicamentos e insumos a usuarios.

Otra de las sanciones más elevadas fue impuesta a la Asociación Indígena del Cauca por $1.562 millones, por no atender a veinte niños indígenas con desnutrición en La Guajira. Una fundación advirtió la situación a la Supersalud y las pesquisas identificaron que la EPS no implementó programas de promoción y prevención ni de detección temprana para atender la desnutrición. Era tal el grado de desconocimiento frente al tema que la EPS no reportó información sobre 11 niños, es decir no tenía idea sobre esos menores. Sobre los otros nueve niños, que sí presentaron cuadros clínicos de desnutrición al nacer, la EPS no manejó bien el riesgo ni aseguró su buen crecimiento y desarrollo.

“Se constituyó una flagrante vulneración a la prevalencia de los derechos de los menores y el enfoque diferencial que había que aplicarle para su proceso de atención, dada su condición de pertenencia a la comunidad wayúu”, sentenció la Supersalud sobre la Asociación Indígena del Cauca, que se registra en el top ten de las EPS con sanciones más altas junto a Humana Vivir, Capitalsalud, Caprecom, Saludvida y Convida. En todas estas decisiones la Supersalud deja entrever que la salud está lejos de ser un derecho plenamente garantizado y que cada vez más los usuarios se enfrentan a dilaciones para acceder a servicios y exámenes esenciales, como un electrocardiograma, colonoscopía, ecografía pélvica o terapia física.

*Nota del editor: Colsubsidio fue incluida por error en el listado de EPS sancionadas, que entregó a este diario la Supersalud.

Que la salud es un derecho fundamental, que hay que protegerlo y garantizarlo a toda costa, y que el Estado tiene a cargo esta función y puede delegarla a privados, como las Entidades Promotoras de Salud (EPS), fueron algunos de los principales postulados con los que la Constitución de 1991 abrió paso a una nueva era de los derechos humanos en el país. Los legisladores prometieron salud de calidad para todos, pero más de una entidad ha incumplido ese compromiso y la Superintendencia de Salud las ha sancionado con millonarias multas. En los últimos cinco años, el ente de control interpuso 1.464 sanciones a EPS que ascienden a más de $156.000 millones.

Algunos de los nombres de EPS que con frecuencia se repiten en ese listado de sancionadas son la Nueva Empresa Promotora de Salud, Famisanar, Capitalsalud, Cruz Blanca, Caprecom, Coomeva, Servicio Occidental de Salud, Sanitas, Saludvida, Saludcoop y Cafesalud, y los usuarios, en especial los enfermos con cáncer y las mujeres embarazadas, fueron los más damnificados por las deficiencias de las entidades que no garantizaron el servicio. El caso de Saludcoop, que acumula más de $6.000 millones en multas, refleja la dramática radiografía de los pacientes colombianos que mueren esperando una cita médica o el traslado a una clínica.

“La EPS no garantizó el acceso oportuno, continuo, integral y de calidad a la paciente, practicando una cesárea solo hasta el último momento habiendo tenido el tiempo suficiente para tomar esta decisión. Desconociendo que la paciente, por ser gestante afiliada, pertenece a un grupo de riesgo priorizado, el cual cuenta con atención preferencial y permanente”, afirmó la Supersalud en la decisión que sancionó a Saludcoop, cuyo dueño, Carlos Palacino, está hoy procesado penalmente por supuestamente desviar $400.000 millones del sistema de salud.

Las investigaciones de la Superintendencia de Salud, la Contraloría y la Procuraduría han determinado que recursos públicos administrados por Saludcoop terminaron usados en beneficio de la empresa para comprar sociedades, pagar servicios públicos, cubrir gastos de transporte, hospedaje de directivos, inversiones en el extranjero y proyectos urbanísticos. El dinero se usó incluso para remodelar clínicas y patrocinar torneos de fútbol y de golf.

En otra de las denuncias presentadas, las autoridades evidenciaron que un usuario esperó más de una semana para ser remitido a otro hospital, por falta de camas, pero murió en la espera. La Supersalud recordó en este caso que es inaceptable que una EPS diga que la responsabilidad de las camas es de los hospitales, pues ellas tienen la obligación de procurarles a sus afiliados los servicios de salud que requieran. “Las EPS no son una rueda suelta dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, por lo tanto, desempeñan un rol especial dentro del mismo, como garantes”, reiteró la Supersalud en tono de regaño.

Pero Saludcoop no es la única. Después de esta EPS, está Medimás, multada por $1.696 millones, debido a que la Supersalud concluyó tras una visita que la entidad no respondía oportunamente quejas, reclamos y denuncias de sus usuarios y no tenía una red de servicios de salud en todo el territorio nacional. Unas 2.869 solicitudes, por ejemplo, no habían sido resueltas y representaban un riesgo para la vida de los pacientes. La EPS tampoco suministró oportunamente medicamentos e insumos a usuarios.

Otra de las sanciones más elevadas fue impuesta a la Asociación Indígena del Cauca por $1.562 millones, por no atender a veinte niños indígenas con desnutrición en La Guajira. Una fundación advirtió la situación a la Supersalud y las pesquisas identificaron que la EPS no implementó programas de promoción y prevención ni de detección temprana para atender la desnutrición. Era tal el grado de desconocimiento frente al tema que la EPS no reportó información sobre 11 niños, es decir no tenía idea sobre esos menores. Sobre los otros nueve niños, que sí presentaron cuadros clínicos de desnutrición al nacer, la EPS no manejó bien el riesgo ni aseguró su buen crecimiento y desarrollo.

“Se constituyó una flagrante vulneración a la prevalencia de los derechos de los menores y el enfoque diferencial que había que aplicarle para su proceso de atención, dada su condición de pertenencia a la comunidad wayúu”, sentenció la Supersalud sobre la Asociación Indígena del Cauca, que se registra en el top ten de las EPS con sanciones más altas junto a Humana Vivir, Capitalsalud, Caprecom, Saludvida y Convida. En todas estas decisiones la Supersalud deja entrever que la salud está lejos de ser un derecho plenamente garantizado y que cada vez más los usuarios se enfrentan a dilaciones para acceder a servicios y exámenes esenciales, como un electrocardiograma, colonoscopía, ecografía pélvica o terapia física.

*Nota del editor: Colsubsidio fue incluida por error en el listado de EPS sancionadas, que entregó a este diario la Supersalud.