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Lo que hoy conoce el país respecto al entramado de corrupción de Odebrecht se ha sabido a cuentagotas. El escándalo estalló hace cuatro años y, por ahora, lo único claro es que la multinacional pagó sobornos a unos congresistas, funcionarios y algunos lobistas para quedarse con contratos estatales. Los sobornados lo aceptaron y fueron condenados; sin embargo, es poco lo que se puede decir acerca de si hubo más comprometidos de los gobiernos Uribe y Santos en el escándalo de Odebrecht, si los brasileños aportaron plata a las campañas de 2014 o si la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez —apartado del caso por conflicto de intereses— encauzó o paralizó una de las investigaciones más importantes de las últimas décadas. Solo se sabe que hay procesos abiertos.
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En este escándalo de corrupción mundial de incidencia mayor en América Latina, las señales dadas por la Fiscalía esta semana pueden ser claves para entender lo que puede venir en los próximos años en el capítulo Barbosa. El pasado lunes 22 de febrero, por primera vez desde su posesión en 2020, a través de un comunicado de prensa, el fiscal explicó su estrategia. Casi en simultánea, uno de sus fiscales, Juan Alberto Delgado, dio más pistas de hacia dónde apuntan sus planes. La Fiscalía insistió en que estudió el expediente entero y unificó las catorce líneas investigativas existentes en seis, en su criterio, “para tener una visión integral” del entramado de corrupción.
La estrategia y sus peros
En síntesis, en su comunicado, el fiscal Francisco Barbosa anunció que su atención está centrada en tres frentes: la adjudicación de la Ruta del Sol 3, la contratación del interconector Tunjuelo-Canoas y los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña Santos 2014. Por eso, agregó el anuncio de una imputación de cargos cantada desde 2019, con nuevo delito y otros nombres sobre la mesa. En total, explicó que llamará a imputación de cargos a 12 personas. Todo, agregó el fiscal Barbosa, a cargo del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, bajo la batuta del coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes Durán, su mano derecha.
De los anuncios del fiscal salen a flote detalles. Por ejemplo, siete de las 12 personas llamadas a imputación están investigadas o ya fueron sancionadas, como Roberto Prieto, Eduardo Zambrano y Luis Fernando Andrade. Uno de los ejes centrales de la investigación es la Ruta del Sol 3, pero esta nada tiene que ver con Odebrecht, por lo menos no hasta ahora. Este diario preguntó a la Fiscalía si había pruebas para relacionar esta obra de ingeniería con el escándalo de la multinacional, pero no obtuvo respuesta. Además de los pormenores advertidos en la decisión de Barbosa, otro aspecto causó sorpresa entre los vinculados al caso y los que conocen el expediente.
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Según el comunicado, “el Grupo de Tareas Especiales encontró que anteriormente no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas personas que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que Roberto Prieto [condenado] recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma” de una adición al contrato de Ruta del Sol 3. Por eso, la Fiscalía anunció que imputará a cinco personas el delito de lavado de activos, que no estaba incluido en las investigaciones que adelantó la administración de Martínez Neira. Quienes conocen el expediente explicaron a este diario que incluir ese delito es el resultado de un estudio hecho por los fiscales de Barbosa.
Lavado de activos: ¿el as bajo la manga?
En realidad, como se sabe en la Fiscalía, la hipótesis de inculpar delitos a quienes ayudaron a Odebrecht a darle apariencia de legalidad a los dineros que entraron a Colombia para pagar sobornos es de Leonardo Espinosa, el fiscal ad hoc que nombró la Corte Suprema de Justicia a finales de 2018 para hacerse cargo de tres investigaciones en las que el exfiscal Néstor Humberto Martínez tenía impedimentos. Espinosa fue el primero que cuestionó la decisión de no imputar lavado de activos al excongresista Otto Bula y la manera en que desapareció, sin mayor explicación, de los expedientes de los empresarios Gabriel Dumar, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres.
Las repercusiones de reconsiderar este delito pueden ser nefastas para los investigados. Es la conducta ilícita que más años de prisión podría implicar para ellos (de diez a 30 años), teniendo en cuenta que la pena máxima de los otros delitos que se les han imputado no supera los seis años. Y una de las personas claves en la mira de la Fiscalía para imputarle lavado de activos es Roberto Prieto, exgerente de las campañas presidenciales de Santos. Su defensa ya se aferró al principio del derecho que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos y Prieto ya fue condenado a cinco años de prisión por el caso de la Ruta del Sol 3. En su caso, eso impediría otra imputación.
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De todas formas, los planes de la Fiscalía parecen ser otros. Abogados del caso Odebrecht, así como fuentes de la entidad, señalaron a este diario que Barbosa busca vincular a Prieto con este delito mayor como una forma de presión para que diga lo que supuestamente sabe y ocultó sobre la presunta financiación de Odebrecht a la campaña Santos 2014. La estrategia, usual en estos procedimientos, es que la Fiscalía pueda ofrecerle un preacuerdo o un principio de oportunidad para rebajar su pena o suspender la investigación que quiere abrirle a cambio de información. Cualquier escenario requiere el aval de un juez, empezando por el de la imputación misma.
La posibilidad de que esa nueva imputación sea una estrategia de la Fiscalía fue advertida por La Silla Vacía y otros medios como Noticias RCN y Semana, que reseñaron que existe la posibilidad de que la Fiscalía otorgue beneficios a Prieto a cambio de su testimonio. Además de estas señales en torno a Barbosa y sus intenciones con la investigación que prometió priorizar, el ente investigador mostró sus cartas en la polémica declaración que trascendió esta semana por cuenta del exsenador Bernardo el Ñoño Elías, ya condenado por su participación en el esquema de sobornos de Odebrecht, quien compareció al juicio que se dio en contra de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Las inconsistencias del “Ñoño”
Lo que ha pasado durante el juicio contra Andrade no concluye nada sobre el exgerente de la ANI, pero vuelve a las entrañas del gobierno Santos durante la época en la que Odebrecht pagó sobornos a cambio de salir favorecido en asuntos relacionados con la Ruta del Sol 2. Una concesión multimillonaria que la multinacional ya había conseguido a finales de 2009, durante el gobierno Uribe. En la actualidad, Andrade es el único funcionario de alto nivel de la era Santos salpicado por el escándalo. En el intento de desbaratar la estrategia de la defensa, la Fiscalía ha llamado a personajes claves del caso en calidad de testigos para probar que el exdirector de la ANI sí participó del esquema de Odebrecht.
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El lío del ente investigador es que la atención del caso la entregó a otro tema. Al menos tres de las preguntas del fiscal terminaron desviando la atención de Luis Fernando Andrade y se concentraron en el asunto que parece ser de interés especial en la era Barbosa: la campaña Santos. En particular, el funcionario le preguntó al exsenador Bernardo Ñoño Elías —uno de los alfiles del santismo en la costa Caribe hasta 2017— si hubo relación entre el otrosí que permitió agregarle a la Ruta del Sol 2 el tramo Ocaña-Gamarra y la campaña reeleccionista de Santos. Aunque la defensa de Luis Fernando Andrade criticó el hecho de que le preguntara algo que nada tenía que ver con su cliente, el Ñoño Elías aprovechó la oportunidad y entregó detalles de su versión.
Otra de las preguntas puntuales del fiscal que han dado de qué hablar fue: “¿Usted tuvo conocimiento (de) si se realizaron aportes, diferentes a los que se han mencionado en esta audiencia, con destino a la campaña política para la presidencia 2014-2018?”. El Ñoño no se limitó a decir que tenía pruebas y porcentajes de cómo a la adición Ocaña-Gamarra se le añadieron varios millones para pagar sobornos, sino que dio toda clase de detalles de cómo, según él, el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, había tenido reuniones con el expresidente Juan Manuel Santos para concretar un apoyo a su campaña presidencial y que, entre otras cosas, fue el propio exmandatario el que dio la orden a Andrade de agregar el tramo de Ocaña-Gamarra al contrato.
“A finales de 2013 yo me fui de vacaciones y cuando regresé me reuní con Martorelli y [Otto] Bula en mi apartamento. Ahí Martorelli me dijo que había estado en Presidencia y que el presidente Santos le había dicho que Andrade tenía la orden de firmar el otrosí”, explicó el Ñoño Elías durante el interrogatorio de la Fiscalía. Con seguridad y convencido de su relato, contestó esta y otras preguntas del ente investigador sobre lo que asegura saber de la relación entre Odebrecht y el gobierno Santos. No obstante, su relato fue muy distinto cuando los abogados de Andrade le pidieron que, bajo la gravedad del juramento, aclarara varias de las cosas que aseguró en la audiencia.
Los abogados del expresidente de la ANI lo condicionaron a que contestara simplemente sí o no. Así, pregunta tras pregunta, se aclaró su versión, que acaparó titulares de prensa. La mayoría apuntando a que el Ñoño Elías había salpicado a Santos. El Ñoño tuvo su momento para decir que él supo que Martorelli y el expresidente se habían reunido a concretar el apoyo a su campaña política y que le contaron también que Roberto Prieto había ayudado a adicionar el tramo de Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol 2. Sin embargo, esta misma semana, durante el contrainterrogatorio de la defensa de Andrade, el Ñoño Elías dejó claro que en realidad no le consta nada, pues todo lo que dijo en el juicio con relación al expresidente fue porque se lo contaron.
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Eso sí, durante su intervención el Ñoño Elías aseguró que fue Eleuberto Martorelli quien lo iba actualizando sobre el avance de la adición de la obra y que el interés de lograrlo no era solo de Odebrecht, sino también del gobierno, especialmente de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. Como ya se sabe, el capítulo de la investigación penal en contra de las exfuncionarias fue archivado por el exfiscal Martínez, pero fue reabierto por el fiscal ad hoc. De acuerdo con ese expediente, las supuestas irregularidades cometidas por las exministras Álvarez y Parody estarían relacionadas con la aprobación del documento Conpes, que firmaron para darle vida al contrato de la vía Ocaña-Gamarra sin licitación, que quedó en manos de Odebrecht, sus socios y sus intereses.
El fiscal ad hoc dejó el sustento probatorio para llamar a imputación de cargos a ambas ministras, asunto que no mencionó el fiscal Barbosa en su reciente anuncio. El Ñoño Elías ha sentado posición de que no le consta que Odebrecht presionara a las ministras y reiteró que fue Martorelli quien le dio esa información. Pese a que toda su gestión ilícita (por la que ya fue condenado) sucedió antes de las elecciones presidenciales, el Ñoño Elías aseguró que solo conoció al exdirectivo brasileño en la posesión presidencial, en agosto de 2014. Todavía no está claro si se trató simplemente de un descache en las fechas o si en esas afirmaciones también son necesarias más explicaciones.
Para Alfonso Portela, abogado del expresidente Santos, no hay descache alguno sino inconsistencia franca: “[El exsenador Elías] solo dijo cosas contradictorias con respecto a lo que ha dicho ante la Corte Suprema o ante la JEP”. El litigante cuestiona que casi todo el testimonio del Ñoño Elías “es con base en que viene sabiendo las cosas por otra persona”, no por constatación propia, y que, además, su versión no encaja. Por ejemplo, mientras Elías indicó que supo que Santos y Martorelli se reunieron por boca de este último, Martorelli, dice Portela, declaró en 2017 que nunca se vio con el expresidente. Portela aclara que no cree que este tema haya surgido en el juicio de Andrade por algún interés del fiscal Barbosa.
Todavía sin acuerdo con la justicia del Brasil
Lo cierto es que durante las intervenciones del Ñoño Elías en el juicio contra Andrade quedó una vez más reforzada la importancia de los exdirectivos brasileños en cualquier intento por conocer hasta dónde llegó la tenaza corrupta de Odebrecht en Colombia. Casi cinco años después de que estallara el escándalo, el país sigue sin un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña para lograr que Eleuberto Martorelli y otros altos funcionarios de la multinacional, como Eder Ferracuti, Amilton Hideaki y Marcio Marangoni, den sus versiones a las autoridades colombianas; lo que sí lograron varios países de Latinoamérica, como República Dominicana, Guatemala, Panamá, Ecuador y Perú.
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La estrategia del fiscal Barbosa no muestra avances en este aspecto. En el comunicado de prensa de esta semana, la Fiscalía se limitó a explicar que “se han realizado reuniones de alto nivel para buscar fórmulas que permitan avanzar en la consecución de la información por los hechos de corrupción cometidos por directivos y empleados de la firma Odebrecht”. Sobre el papel de los brasileños, Barbosa tampoco dejó entrever en su estrategia qué pasó con el trabajo que hizo el fiscal ad hoc Espinosa (quien fue profesor del fiscal en la Universidad Sergio Arboleda), que dejó prácticamente lista la imputación de cargos en contra de Ferracuti, Hideaki y Marangoni.
Por ahora, lo que se viene en el caso de Odebrecht parece ser una seguidilla de imputaciones que, a juzgar por los anuncios y señales dados desde la Fiscalía, prometen acaparar titulares y armar polémica pública. Frases sueltas y ocultas, todas expuestas en el trajín de las audiencias, y reproducidas sin orden ni igualdad desde los micrófonos, como en otros contextos judiciales y políticos; además del forcejeo de los acuerdos de colaboración ofrecidos por la Fiscalía a cambio de testimonios. Lo que ha pasado siempre en el país de la política al otro lado de la justicia, cuando al menos en este publicitado expediente, en cuatro años, la Fiscalía debe todo y el verdadero ventilador está en Brasil.