El biofertilizante Ancestral es el único autorizado en el país para ser comercializado en Colombia. Victoriano Piñacué es el vocero del proyecto en el territorio.

Los cultivos de coca en el municipio de Páez, Cauca, son como escasos tapetes en las montañas y se divisan con dificultad. Algunas plantas que antes eran vigorosas ahora están mezcladas con el rastrojo de cultivos de café o palos de mango. El Espectador llegó hasta ese territorio para documentar qué hay detrás de uno de los proyectos más publicitados por el Gobierno para hacerle frente a la crisis cocalera. Se trata del biofertilizante Ancestral, de la empresa canadiense Power Leaves, que de la mano de comunidades indígenas nasas de tres resguardos de Páez pretende comprar la hoja ancestral para productos agrícolas y, en un futuro, también comestibles.

Desde 2024 el proceso de compra de coca por parte de la empresa a los resguardos nasas de Calderas, Cohetando y Togoima está detenido. La empresa dice que dejaron de comprar hoja porque no tienen ningún contrato competitivo. Victoriano Piñacué, un nasa de voz recia, vocero del proyecto en el territorio, insiste en que la inactividad es porque el Gobierno no les ha comprado el biofertilizante, como se comprometió.

Lo curioso es que desde el Ministerio de Agricultura, que fue la cartera que puso la cara en el lanzamiento, tampoco hay razón de quién va a impulsar la comercialización del biofertilizante. La ministra Jhenifer Mojica le aseguró a este diario que “según lo que nosotros conocimos del trámite ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es que nos dieron a entender que ellos tenían asegurada su comercialización en el exterior”.

No obstante, el mismo registro ICA es claro en decir que solo se avala la venta nacional. “No se han evaluado alternativas distintas de compra. Se podría evaluar, pero hasta la fecha nuestros temas están enfocados en otros procesos como agroecología”, dijo la jefa de esa cartera.

Esta es la licencia que el ICA le entregó a la empresa Power Leaves, el 8 de diciembre de 2023, para la comercialización del biofertilizante con hoja de coca desalcaloinizada.

Esa es la principal razón para que hoy las comunidades aseguren que están viviendo una doble crisis cocalera, de tintes económicos y sociales. “En esta zona intentamos sustituir la hoja de coca, pero el Gobierno nos incumplió, entonces tocó resembrar. Cuando empezó la crisis cocalera, empecé a estudiar en la Universidad Indígena. Luego, llegó el proyecto de la empresa, nos alcanzaron a comprar unas poquitas toneladas, pero eso quedó frenado y ahora la gente está malviviendo de los cultivos de subsistencia de cada familia”, dice Albeiro*, indígena nasa de tez oscura, estatura media y contextura delgada, mientras camina entre arbustos de coca.

Albeiro se refiere a la crisis cocalera por el desplome del precio de la hoja de coca, en un 50%, que se vive hace más de dos años en el país. Si en 2021, la tonelada de hoja se compraba en $50.000 para fines ilícitos, este año el precio máximo que les han ofrecido ha sido $30.000 por la misma cantidad. Alberto*, un indígena que lleva más de 10 años trabajando con la planta, reconoce que de las 21.000 plantas de coca que tiene sembradas, ha dejado pudrir al menos la mitad “para no perder más dinero”.

El año pasado, cuando entró la empresa a la región, las comunidades nasas vieron con esperanza que les compraron el bulto de hoja $5.000 pesos por encima del valor que ofrecían los narcos, interesados en la compra y venta de pasta base de coca para la fabricación y tráfico ilegal de cocaína, en esta región estratégica por su salida al Pacífico. Los narcos se mueven con holgura en esta zona porque tienen la “bendición” de la Dagoberto Ramos, la columna armada de disidentes del proceso de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, que se han fortalecido en los últimos cinco años.

Por eso hoy los campesinos cocaleros ven el panorama con desesperanza. “La economía de la coca nos sostiene, no hay más. Uno se da cuenta en las plazas de mercado, cuando hay plata de coca, se puede hacer una buena remesa. Cuando no, la gente empieza a aguantar hambre. Así que tocó seguir produciendo para los ilegales”, menciona con pragmatismo un nasa, mientras le enseña al equipo periodístico de este diario su rudimentario laboratorio de pasta base de coca, a pocos minutos del centro poblado de Tierradento y a menos de tres kilómetros de la planta de Power Leaves.

¿Alcaloide sin control estatal?

La planta de la empresa, en la vereda Cohetando, se alcanza a ver desde cualquier lugar del municipio de Páez, porque está en lo alto de una montaña. Allí los químicos e ingenieros hacen pruebas y experimentos todo el día con las toneladas de coca que la empresa alcanzó a comprar. Son cinco profesionales quienes lideran la parte científica, pero los indígenas son los únicos que manipulan la hoja de coca, como blindaje jurídico y cultural.

Allí los químicos hacen el proceso de desalcalinización de la hoja de coca, es decir, le retiran la sustancia psicoactiva que se utiliza para la fabricación de cocaína. “Lo hacemos porque somos la primera iniciativa que va a trabajar la hoja de coca sin alcaloide y ese es nuestro plus”, le dijo a este diario Victoriano Piñacué.

El alcaloide, que para los narcos de la región es “oro puro”, se incinera al interior de los hornos, pero el seguimiento de este proceso es responsabilidad “autónoma” de las autoridades indígenas, sin que haya seguimiento de entidades, como la Policía Antinarcóticos o el Ministerio de Justicia. Así se lo confirmaron varios trabajadores de la empresa en la visita que hizo este diario a la planta.

Consultada sobre este posible vacío de regulación, no contemplado en la licencia que otorgó el ICA, la ministra Mojica, afirmó: “Al ICA únicamente se le hacen solicitudes, pero todo lo relacionado con narcotráfico o grupos ilegales no son de su competencia”. En respuesta a un derecho de solicitud de información, el Ministerio de Justicia, contestó que la entidad encargada de los usos de las sustancias de uso ilícito, como la hoja de coca y los alcaloides, es el Ministerio de Salud, y que quien ejerce el control y la fiscalización es el Fondo Nacional de Estupefacientes.

En resumen, ninguna entidad está haciendo presencia en el territorio para verificar la efectiva destrucción del alcaloide que extrae la empresa autorizada para comercializar el primer biofertilizante con coca, en uno de los corredores estratégicos para el tráfico de cocaína.

Victoriano Piñacue, vocero de la empresa Power Leaves, en el territorio nasa de Páez, Cauca, en medio de los arbustos de coca que cultiva. / Begi Valentina Rojas

Una multinacional en la COP28

En la pasada Cumbre de Cambio Climático (COP28) en Dubái, el presidente Gustavo Petro presentó orgulloso al mundo su apuesta por incentivar nuevos usos alternativos de la hoja de coca, junto a un líder indígena kankuamo que mambeaba mientras el mandatario hablaba. “¿Qué hacemos con esto en la economía descarbonizada y en la transición que tenemos que hacer?”, preguntó al auditorio mientras señalaba unas hojas de coca y agregó: “Esto puede ser abono. Biofertilizante”.

La intervención fue aplaudida por unos, pero generó también ruido y críticas al interior de varias comunidades indígenas nasas que se preguntaron si era realmente necesaria la intervención de una empresa multinacional para la investigación y venta del producto a nivel nacional. “Al comienzo tuvimos mucha prevención del proyecto porque los usos de la coca son de comunidades indígenas únicamente”, dijo uno de los nasas consultados.

Y aunque el trabajo de la transformación de la hoja de coca lo hacen de la mano de la Fundación Nasa Wala, que fue creada por autoridades indígenas de los tres resguardos de esta región, otra de las posibles irregularidades de la entrega de la licencia es que no hubo proceso de consulta previa por parte del Ministerio del Interior, para saber si las comunidades sí querían que la empresa canadiense entrara a su territorio.

En diálogo con este diario, Victoriano Piñacué, confirmó que el proceso no se surtió con el Gobierno, como lo estipula la ley, sino que “la consulta que hicimos fue reunir a la gente y decirles que íbamos a trabajar en esos tres resguardos”. Sobre la consulta previa, la ministra Mojica dijo que en el país existe un vacío normativo.

La negociación política

El camino para que desde el Ministerio de Agricultura y el ICA se avalara la venta del fertilizante viene desde 2022, pero se terminó de consolidar el 2 de agosto pasado, en medio del levantamiento social que convocaron los resguardos de Huila, Calderas, San José, Talaga, Togoima, entre otros. El Espectador pudo verificar que uno de los puntos que pusieron los indígenas sobre la mesa para levantar el bloqueo de la vía Panamericana fue, justamente, que el Gobierno avanzara en la licencia para la venta del biofertilizante.

En la sala de su casa en el Cauca, Victoriano Piñacué aseguró que él convocó las movilizaciones y bloqueos de esa jornada. “Eso lo programamos nosotros. Yo fui a cada resguardo y les dije que íbamos a hacer la movilización. ¿Se suman o no se suman?”. Sin embargo, en una entrevista posterior por teléfono, negó esa declaración: “yo no lo convoqué, simplemente, fui uno de los participantes de ese evento, entre muchos indios que viajamos a esa movilización, pero los que convocaron ese levantamiento fueron los del resguardo indígena Huila”.

Lo cierto es que en ese espacio, al que asistió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica; y la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, las comunidades indígenas pusieron sobre la mesa la intención de que el Gobierno se comprometiera a entregarles la licencia para comercializar el biofertilizante.

Y tres meses después, Minagricultura junto al ICA anunciaron la entrega de la primera licencia para un biofertilizante con coca en el país. Sin embargo, consultado sobre la información que tenía sobre el tema, Felipe Tascón, director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, confirmó que alertó a tres servidores de alto Gobierno “sobre eventuales nexos irregulares del proyecto”.

Samuel Tumbo, comerciante caucano cuestionado por supuestas actividades relacionadas con narcotráfico, reconoció que en el pasado incurrió en minería ilegal de oro, aunque asegura que ya no hace exploraciones con maquinaria. / Archivo Particular

La sombra de Samuel Tumbo

Uno de los protagonistas del levantamiento social, de agosto de 2023, fue Samuel Tumbo, quien se presenta como comerciante y exalcalde de Páez, Cauca. De hecho, según autoridades indígenas, en esa manifestación Tumbo actuó como vocero delegado por el resguardo Huila para intervenir ante el Gobierno, aunque en entrevista con este diario él negó haber tenido algún rol protagónico. “Yo participé solo como un comunero más”, afirmó. Sin embargo, durante el espacio, permaneció sentado en la mesa principal, entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la viceministra de Diálogo Social, Lilia Solano.

Su nombre, según altas fuentes del Ministerio del Interior, es conocido por ser una persona con interlocución política fluida ante entidades y cooperación internacional para sacar adelante los proyectos que presentan las comunidades indígenas. La gente de Tierradentro lo distingue por sus negocios y, recientemente, por haber sido el cerebro detrás de la construcción del aeródromo La Irlanda, una pista aeroportuaria rudimentaria, a los pies del nevado del Huila. “Nosotros llevamos con ese proyecto desde el 2014. La idea era atraer el turismo extranjero. A raíz de eso lo construimos”, confirmó Tumbo.

Samuel Tumbo, exgobernador del resguardo Huila y exalcalde de Páez, Cauca, junto a Victoriano Piñacué, vocero de la empresa Power Leaves, en una de las reuniones con delegados del Gobierno. / Archivo de Facebook Resguardo Huila

Según él, el resguardo indígena fue el que puso los recursos para la construcción de la pista de despegue y aterrizaje y él, a través de una de sus empresas llamada Asociación Chaviu, “hizo una cofinanciación”. Sostuvo, también, que ni el resguardo ni él tienen avionetas a su nombre y que, de hecho, le están pidiendo a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra bienes confiscados en actividades ilícitas, algunas avionetas que hayan sido incautadas para sacar adelante su proyecto de turismo.

En entrevista, Tumbo confirmó que esa pista “es un aeródromo no controlado”. Según él, “se comunican conmigo o con el resguardo para saber que la pista esté bien y así aterrizan y se regresan. Pero vuelos legales”. Este diario pudo confirmar con fuentes de la Aeronáutica Civil que las dos avionetas que estuvieron en el aeródromo del Cauca para su inauguración fueron alquiladas por las empresas Élite Investment S.A.S. y Aeropaca S.A.S. Samuel Tumbo aseguró que el costo del alquiler de ambas avionetas, que volaron desde Medellín hasta Tierradentro, fue de $10 millones. “Pagamos por vuelo. Nosotros contratamos los pilotos”, afirmó.

¿Narcoaviones?

Una tercera aeronave apareció en septiembre de 2023, en imágenes publicadas en el perfil personal de Samuel Tumbo en Facebook en el aeródromo de La Irlanda. Según información suministrada por la Aeronáutica, esta fue suspendida desde el 8 de marzo de 2023 por la Policía Antinarcóticos y, desde esa época, no tiene permisos de vuelo.

Sobre este caso, en diálogo con este diario, Tumbo respondió “hemos conseguido operadores de Medellín, contratados y que han venido. De resto no conocemos nada”. Al cuestionamiento sobre cómo contactó a esas empresas no entregó más información. Sin embargo, en septiembre del año pasado escribió en sus redes sociales, sobre esa misma avioneta suspendida por Antinarcóticos: “Llegó en camión y la guardia se durmió”.

Una denuncia similar fue documentada en marzo de 2022, cuando la guardia indígena del norte del Cauca encontró un camión que se transportaba por la vía Panamericana hacia el nororiente del departamento y que llevaba en su interior una avioneta desarmada.

Por las irregularidades que levantó ese transporte, la guardia incautó la avioneta y abrió una investigación en la jurisdicción indígena que concluyó que el propietario era Samuel Tumbo. Sobre este episodio, Tumbo aseguró que: “dos personas me proponen un negocio, yo venía del tema de hacer parapentismo para cobrarle a la gente y me dijeron que me vendían eso (avioneta). Yo le dije que me la trajera, pero yo no la había comprado, era una intención de negocio. Pero eso no era mío. Yo no la pagué”. De hecho, según él, nunca le regresaron la avioneta.

Este diario pudo establecer que por el episodio se abrió un caso en la jurisdicción indígena y también se elevó a la Fiscalía, aunque se desconoce si existe alguna investigación formal por este proceso contra Tumbo. Meses después de ese hecho, uno de los líderes indígenas que estaba investigando la incautación de la avioneta, Fredy Alexánder Bomba, fue asesinado por hombres encapuchados en zona rural de Santander de Quilichao.

Tumbo tampoco es ajeno al asesinato del comunero que lo investigaba. En respuesta a El Espectador, aseguró que: “Yo en una reunión les dije que yo no tengo nada que ver con esas cosas. Y un comunero me dijo que si pasa algo todo es culpa de Samuel Tumbo y el resguardo Huila. Pues que me demuestren qué fue lo que ordené, pues”, dijo.

La aparición de Tumbo en las sabanas del Yarí

Hace cuatro años, en abril de 2020, el entonces gobernador del cabildo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II, Alexander Bocanegra Méndez, denunció en el reportaje Tierras de Resistentes amenazas de muerte e intimidaciones en su contra por un indígena nasa que llegó a esas sabanas y respondía al nombre de Samuel Tumbo.

Este resguardo, constituido el 22 de febrero de 1995 sobre 146.500 hectáreas de terreno baldío, está ubicado entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare). Se creó para beneficiar a 38 familias integradas por 169 personas de los pueblos pijao, tucano y piratapuyo, de acuerdo con el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y es, quizás, el único caso de colonización indígena dirigida por parte del Estado colombiano.

En el reportaje referido, Bocanegra puntualizaba que en marzo de 2019, en la regional de la Defensoría del Pueblo, en San Vicente del Caguán, advirtió que su vida corría peligro: “El señor Samuel Tumbo, que está invadiendo el territorio de Yaguara II, el 15 de marzo se reunió con un jefe de las disidencias de las FARC donde ofreció armas y dinero para que me asesinaran. Al parecer aceptó y dijo que ‘ahora era objetivo militar’. Desde ese día temo por mi vida”, se lee en su declaración.

Ese integrante de la antigua guerrilla —que decidió no acogerse al acuerdo de paz— al que menciona Bocanegra era Mario López Córdoba, alias el Negro Edward, quien murió en un operativo del Ejército en junio de 2019. Tiempo después, Bocanegra se reunió y conversó durante 45 minutos con el comandante de las disidencias Gildardo Cucho, para esclarecer si era objetivo militar, pero al poco tiempo este también murió en una operación del Ejército.

En su momento, sobre Samuel Tumbo, Bocanegra señaló que era “un invasor que estaba ofreciendo plata para que me quitaran a mí del medio para él poder seguir viviendo en el territorio. Una persona con mucha plata”. Finalmente, Bocanegra decidió salir de la zona y con el tiempo terminó exiliado. El proceso del cabildo Llanos del Yarí-Yaguara II Yaguará se resquebrajó por la falta de acompañamiento institucional.

Tumbo reconoció que él sí entró a la región en 2019 para hacerse de una finca en tierras baldías, que le dieron como pago de un negocio, pero que se fue por los problemas con los indígenas. Cuestionado por las supuestas amenazas de muerte al líder indígena Bocanegra, reconoció que sí estuvo en reuniones con las disidencias de las Farc, que le pidieron plata para estar en esa zona, pero que no se acuerda de que se haya tratado ese espinoso tema.

“Eso se salió un invento de esa reunión. Porque hubo varias. Se inventaron un poco de cosas, la misma gente, para que yo me fuera de esa finca. Y a raíz de eso a mí me tocó colocar una denuncia a Bocanegra y a ese reportaje. Llegamos a una audiencia y él se retractó”. Este diario contrastó esta versión y encontró que sí hubo una denuncia por injuria y calumnia contra Bocanegra y la periodista que realizó el reportaje por no consultar su versión de estos hechos, pero en el camino, Tumbo desistió de la denuncia contra el líder indígena.

Negocios de minería

Otro de los tantos frentes de negocios en los que ha incursionado Samuel Tumbo es el de la minería, aunque a nombre propio no tenga ningún título que le autorice la explotación de minerales. En la entrevista que dio Tumbo reconoció que, en algún momento, incursionó en minería ilegal. “En esa época, yo soy sincero, trabajábamos rudimentariamente, después metimos una máquina y eso fue un escándalo en el Cauca”.

El propósito, según él, era extraer oro aluvial con maquinaria amarilla, es decir, no de forma tradicional ni ancestral: “Lo hacíamos. Ya no. Sacábamos oro porque era lo único que sabíamos, pero no volvimos a sacar hace mucho tiempo”.

De hecho, se refirió a la solicitud que elevó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) en 2018 en la que pretendía, con un grupo de comuneros del municipio de Páez (Cauca), que les dieran un permiso para explotar oro a cielo abierto, extrayendo el material que se encontraba en depósitos de arenas o a orilla de los ríos. “Teníamos la intención de legalizarnos para estar bien. Pero desistimos porque había muchos comentarios, entonces para evitar problemas dejamos eso”, dijo en su defensa.

Por ese mismo proceso, la ANM les pidió que acreditaran que eran mineros artesanales y que pudieran probar cuál era su antigüedad en ese oficio, pero ni Tumbo ni el resto de comuneros pudieron adjuntar esas evidencias ante la autoridad minera. En diciembre del 2003, el Resguardo Indígena Huila ya había presentado tres solicitudes ante la ANM para extraer diferentes minerales como carbón, uranio, torio, hierro, cobre, bauxita, níquel, aluminio, oro y sus concentrados, entre otros. Actualmente, las tres solicitudes se encuentran archivadas.

Imagen de una foto compartida por Samuel Tumbo en su perfil personal de la red social Facebook, en la que comparte minerales preciosos. / Archivo Particular

La maquinaria amarilla que tiene a nombre de su empresa, Asociación Chaviu, no tiene permisos para incursionar en minería, aunque en su página web ofrezca servicios de “capacitación en minería ancestral”. Otra de las empresas sobre las que Tumbo tendría poder es Ingeniería Jeisat S.A., que aparece a nombre de Olga Victoria Fajardo, su esposa.

De acuerdo con el documento, que reposa en los archivos de Cámara de Comercio de Cauca, tanto Tumbo como la asociación Chaviu aportaron maquinaria amarilla a la empresa Jeisat. En el caso de Tumbo, puso dos retroexcavadoras y un buldozer, avaluados en $417 millones. Y la asociación Chaviu, aportó a la sociedad de su esposa once máquinas amarillas de construcción, por un valor de $2.087 millones. En respuesta a esos cuestionamientos, Tumbo aseguró que quien maneja la empresa de Jeisat es su esposa. “Yo no tengo nada que ver con eso”, afirmó y dijo que se dedicaban a obras y materiales de construcción de vías, únicamente.

La Asociación de Mineros del Resguardo Indígena Huila ‘Chaviu’ tiene a su nombre al menos diez maquinarias amarillas. Varias licencias de tránsito aparecen a nombre de Samuel Tumbo.

Lo cierto es que ambas empresas, Chaviu y Jeisat, han tenido, además, contratos públicos con las alcaldías o con la misma Corporación Nasa Kiwe que superan los $7.000 millones, entre el 2009 y el 2023. De los 45 contratos que este diario pudo rastrear de ambas empresas, apenas dos de esos fueron por licitación pública y los 43 restantes fueron contratación directa, urgencia manifiesta, régimen especial —por tratarse de contratos con entidades indígenas— o selección abreviada de menor cuantía. Incluso, cuando fue alcalde de Páez (2012 - 2015) contrató con el municipio a través de su empresa Chaviu.

Más allá de los negocios, sus aspiraciones también han sido políticas. En 2018, en medio de la campaña presidencial, el líder indígena respaldó abiertamente la candidatura de Germán Vargas Lleras a la Presidencia, lo que lo dejó sin un respaldo político importante entre el movimiento indígena. En 2020 intentó llegar al Senado por el Movimiento Político Soberanía, pero no le alcanzaron los votos.

Su sombra, en todo caso, sigue generando ruidos y dudas en regiones del país. Su participación en el levantamiento social en el que se puso sobre la mesa la licencia del biofertilizante generó rupturas entre los mismos líderes indígenas. Y aunque este comerciante asegura que su única relación con Victoriano Piñacué, el vocero de la empresa, es de “amigos”, Piñacué prefiere no comprometerse. “Él puede decir que somos amigos. Pero, cuando uno es amigo se ve todos los días o habla todos los días. Y yo ni hablo todos los días, ni me veo todos los días con él”.

* Nombre cambiado por petición de la fuente por razones de seguridad e integridad.

¿Qué es un biofertilizante?

Es un producto compuesto por microorganismos vivos para mejorar la fertilidad del suelo para cultivar.

En palabras sencillas, estos productos aumentan la disponibilidad de varios nutrientes para que las plantas crezcan mejor.

Se han convertido en una alternativa ante la contaminación que generan los fertilizantes químicos y ante los altos precios de los productos importados.

El ICA es la entidad que controla a nivel técnico y científico el registro, producción, importación, comercialización y uso de los biofertilizantes.

El biofertilizante Ancestral es el único con componentes de hoja de coca que tiene una licencia para comercializarse en Colombia.

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