Las vueltas del caso Londoño

Con la aprobación del Consejo de Estado, fueron remitidos a su Sala Plena los dos procesos interpuestos por el exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, a través de los cuales pretende la nulidad y el restablecimiento de derecho de dos fallos de la Procuraduría General de la Nación que ordenaron su destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Con esta determinación, ya no serán seis los magistrados que decidan sobre el espinoso caso, sino que lo harán los 27 integrantes del máximo tribunal administrativo.

La súbita decisión se adoptó el mismo día en que se dispuso llevar a Sala Plena el estudio de la demanda interpuesta por la exsenadora liberal Piedad Córdoba, también destituida por la Procuraduría. Cuando concluía esa sesión, luego de debatir este y otros temas de interés para la corporación, el magistrado Gerardo Arenas Monsalve, ponente en una de las demandas de Londoño, argumentó que, por tratarse de un tema de trascendencia nacional, la Sala Plena debería ser quien fallara ambos casos.

Sin mayores observaciones, se aprobó por unanimidad la petición del magistrado y presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas, quien viene obrando como ponente de uno de los procesos instaurados por el exministro Londoño desde julio de 2008. Lo particular es que a pesar de que el caso se encontraba en despacho para fallo desde agosto del mismo año, según el recorrido del expediente, luego de su remisión a la Secretaría General el pasado mes de septiembre, terminó para estudio de todos los magistrados.

La historia de las demandas de nulidad interpuestas por Fernando Londoño datan de 2004. Inicialmente, por suministrar información no veraz, sin respaldo probatorio y con aseveraciones calumniosas e injuriosas, el Ministerio Público, entonces a cargo de Edgardo Maya Villazón, destituyó e inhabilitó a Londoño para ocupar cargos públicos por 12 años. La decisión obedeció a que, a raíz de la concesión de libertad del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, el entonces ministro la emprendió contra el juez que lo dejó libre.

En concreto, en un auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Londoño Hoyos aseguró que las actuaciones del entonces juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro José Suárez Vacca, estaban muy bien orquestadas y de acuerdo con la familia Rodríguez Orejuela. Además sostuvo que Suárez había sido miembro del bufete de abogados del capo. El juez Suárez interpuso una tutela para defender su buen nombre y honra, obligando a Londoño a rectificar. El exministro no lo hizo debidamente y la Procuraduría lo destituyó.

Meses después se dio el segundo fallo del Ministerio Público. En 1997, Londoño Hoyos había sido apoderado de un consorcio italiano para la construcción de un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. El asunto terminó en pleito y el caso concluyó con una millonaria indemnización a cargo del Estado. Por esta gestión, Londoño recibió cerca de $74 millones. Sin embargo, cuando ofició como ministro del Interior, intervino ante su colega de Transporte y Obras para que se cancelara el dinero, hecho cuestionado por la Procuraduría.

En su momento, el procurador Maya Villazón observó que Londoño había actuado por fuera de su marco funcional y más bien salvaguardando los intereses del consorcio italiano. Al calificar su conducta como conflicto de intereses, lo destituyó del cargo y le impuso una inhabilidad de 15 años para el ejercicio de funciones públicas. Aunque en ese momento ya Londoño no ejercía como ministro, la inhabilidad sí lo dejó por fuera de las lides políticas, en instantes en que empezaba a perfilarse como un baluarte del conservatismo.

Tiempo después, de manera personal, Fernando Londoño optó por demandar los fallos de la Procuraduría ante el Consejo de Estado. A lo largo de los últimos siete años, de conformidad con la cronología de ambos procesos documentada por el propio alto tribunal, tanto en uno como en otro caso se registraron varios cambios de ponente, otras manifestaciones de impedimentos y práctica de múltiples pruebas, pero se fueron dilatando decisiones de fondo sobre las peticiones del exministro.

De manera particular, en el caso del proceso por conflicto de intereses respecto del consorcio italiano Recchi, la demanda fue admitida desde mayo de 2005. Un año después, el entonces ponente del caso, Tarcisio Cáceres, se lo entregó al hoy procurador Alejandro Ordóñez. Este lo tuvo cuatro meses y se lo dio a la magistrada Bertha Lucía Ramírez, que se declaró impedida en septiembre de 2007 y sólo fue reemplazada un año después. Lo tomó Gerardo Arenas, quien ahora logró que el asunto se resuelva finalmente en la Sala Plena.

En enero de 2009, el exministro Londoño escribió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para anunciar que no recurría a la revocatoria directa de los fallos en su contra y se atenía a lo que dispusiera el Consejo de Estado. “Me libero la carga de acudir con este tema a su despacho, para lo que sí me sentiría francamente inhabilitado. No sé si la amistad que me une a usted alcance el calificativo de íntima, pero es suficiente para que de ninguna manera permita que su gestión, por mi culpa, sea sometida a la sospecha de los maldicientes”.

En otras palabras, Londoño quiso decir que renunciaba a la posibilidad de que Ordóñez estudiara la revocatoria directa de su caso. En cambio, siguió pendiente de la evolución de sus procesos en el Contencioso Administrativo, que en el caso del conflicto de intereses no tuvo prácticamente actuaciones hasta 2012, mientras que en el expediente por el tema del juez Suárez Vacca el asunto siguió enredado en recusaciones, impedimentos, traslados y hasta la negación de un proyecto de fallo. Ahora irá también a Sala Plena.

La determinación adoptada ahora por el Consejo de Estado ya es objeto de diversas conjeturas, no sólo al interior de la corporación judicial sino en algunos sectores políticos. No es la primera vez, en tiempos recientes, que un caso de importancia pública termina resolviéndose en la Sala Plena del organismo. Basta recordar cómo la nulidad de la elección de la exfiscal Viviane Morales, después de estar un buen tiempo en una de las salas, llegó y se resolvió rápidamente en la plenaria del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

De prosperar la nulidad de los fallos en contra del exministro Fernando Londoño Hoyos, éste recobraría su posibilidad de acceder a cargos públicos y en consecuencia podría participar en la lides políticas en momentos en que su principal aliado, el expresidente Álvaro Uribe, prepara su propia plataforma política para los debates electorales de 2014. De no ser anulados los fallos, el exministro y director del programa La Hora de la Verdad, de la Cadena Súper, seguiría inhabilitado al menos por una década mas.

Con la aprobación del Consejo de Estado, fueron remitidos a su Sala Plena los dos procesos interpuestos por el exministro del Interior Fernando Londoño Hoyos, a través de los cuales pretende la nulidad y el restablecimiento de derecho de dos fallos de la Procuraduría General de la Nación que ordenaron su destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. Con esta determinación, ya no serán seis los magistrados que decidan sobre el espinoso caso, sino que lo harán los 27 integrantes del máximo tribunal administrativo.

La súbita decisión se adoptó el mismo día en que se dispuso llevar a Sala Plena el estudio de la demanda interpuesta por la exsenadora liberal Piedad Córdoba, también destituida por la Procuraduría. Cuando concluía esa sesión, luego de debatir este y otros temas de interés para la corporación, el magistrado Gerardo Arenas Monsalve, ponente en una de las demandas de Londoño, argumentó que, por tratarse de un tema de trascendencia nacional, la Sala Plena debería ser quien fallara ambos casos.

Sin mayores observaciones, se aprobó por unanimidad la petición del magistrado y presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gerardo Arenas, quien viene obrando como ponente de uno de los procesos instaurados por el exministro Londoño desde julio de 2008. Lo particular es que a pesar de que el caso se encontraba en despacho para fallo desde agosto del mismo año, según el recorrido del expediente, luego de su remisión a la Secretaría General el pasado mes de septiembre, terminó para estudio de todos los magistrados.

La historia de las demandas de nulidad interpuestas por Fernando Londoño datan de 2004. Inicialmente, por suministrar información no veraz, sin respaldo probatorio y con aseveraciones calumniosas e injuriosas, el Ministerio Público, entonces a cargo de Edgardo Maya Villazón, destituyó e inhabilitó a Londoño para ocupar cargos públicos por 12 años. La decisión obedeció a que, a raíz de la concesión de libertad del narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, el entonces ministro la emprendió contra el juez que lo dejó libre.

En concreto, en un auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Londoño Hoyos aseguró que las actuaciones del entonces juez de ejecución de penas de Tunja, Pedro José Suárez Vacca, estaban muy bien orquestadas y de acuerdo con la familia Rodríguez Orejuela. Además sostuvo que Suárez había sido miembro del bufete de abogados del capo. El juez Suárez interpuso una tutela para defender su buen nombre y honra, obligando a Londoño a rectificar. El exministro no lo hizo debidamente y la Procuraduría lo destituyó.

Meses después se dio el segundo fallo del Ministerio Público. En 1997, Londoño Hoyos había sido apoderado de un consorcio italiano para la construcción de un tramo de la vía Bogotá-Villavicencio. El asunto terminó en pleito y el caso concluyó con una millonaria indemnización a cargo del Estado. Por esta gestión, Londoño recibió cerca de $74 millones. Sin embargo, cuando ofició como ministro del Interior, intervino ante su colega de Transporte y Obras para que se cancelara el dinero, hecho cuestionado por la Procuraduría.

En su momento, el procurador Maya Villazón observó que Londoño había actuado por fuera de su marco funcional y más bien salvaguardando los intereses del consorcio italiano. Al calificar su conducta como conflicto de intereses, lo destituyó del cargo y le impuso una inhabilidad de 15 años para el ejercicio de funciones públicas. Aunque en ese momento ya Londoño no ejercía como ministro, la inhabilidad sí lo dejó por fuera de las lides políticas, en instantes en que empezaba a perfilarse como un baluarte del conservatismo.

Tiempo después, de manera personal, Fernando Londoño optó por demandar los fallos de la Procuraduría ante el Consejo de Estado. A lo largo de los últimos siete años, de conformidad con la cronología de ambos procesos documentada por el propio alto tribunal, tanto en uno como en otro caso se registraron varios cambios de ponente, otras manifestaciones de impedimentos y práctica de múltiples pruebas, pero se fueron dilatando decisiones de fondo sobre las peticiones del exministro.

De manera particular, en el caso del proceso por conflicto de intereses respecto del consorcio italiano Recchi, la demanda fue admitida desde mayo de 2005. Un año después, el entonces ponente del caso, Tarcisio Cáceres, se lo entregó al hoy procurador Alejandro Ordóñez. Este lo tuvo cuatro meses y se lo dio a la magistrada Bertha Lucía Ramírez, que se declaró impedida en septiembre de 2007 y sólo fue reemplazada un año después. Lo tomó Gerardo Arenas, quien ahora logró que el asunto se resuelva finalmente en la Sala Plena.

En enero de 2009, el exministro Londoño escribió una carta al procurador Alejandro Ordóñez para anunciar que no recurría a la revocatoria directa de los fallos en su contra y se atenía a lo que dispusiera el Consejo de Estado. “Me libero la carga de acudir con este tema a su despacho, para lo que sí me sentiría francamente inhabilitado. No sé si la amistad que me une a usted alcance el calificativo de íntima, pero es suficiente para que de ninguna manera permita que su gestión, por mi culpa, sea sometida a la sospecha de los maldicientes”.

En otras palabras, Londoño quiso decir que renunciaba a la posibilidad de que Ordóñez estudiara la revocatoria directa de su caso. En cambio, siguió pendiente de la evolución de sus procesos en el Contencioso Administrativo, que en el caso del conflicto de intereses no tuvo prácticamente actuaciones hasta 2012, mientras que en el expediente por el tema del juez Suárez Vacca el asunto siguió enredado en recusaciones, impedimentos, traslados y hasta la negación de un proyecto de fallo. Ahora irá también a Sala Plena.

La determinación adoptada ahora por el Consejo de Estado ya es objeto de diversas conjeturas, no sólo al interior de la corporación judicial sino en algunos sectores políticos. No es la primera vez, en tiempos recientes, que un caso de importancia pública termina resolviéndose en la Sala Plena del organismo. Basta recordar cómo la nulidad de la elección de la exfiscal Viviane Morales, después de estar un buen tiempo en una de las salas, llegó y se resolvió rápidamente en la plenaria del máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

De prosperar la nulidad de los fallos en contra del exministro Fernando Londoño Hoyos, éste recobraría su posibilidad de acceder a cargos públicos y en consecuencia podría participar en la lides políticas en momentos en que su principal aliado, el expresidente Álvaro Uribe, prepara su propia plataforma política para los debates electorales de 2014. De no ser anulados los fallos, el exministro y director del programa La Hora de la Verdad, de la Cadena Súper, seguiría inhabilitado al menos por una década mas.