Las vueltas del “Pablo Escobar”’ ecuatoriano en Colombia
Con la defensa de 26 abogados y estrategias que van desde hacerse pasar como miembro de las Farc hasta denuncias a magistrados, el capo Édinson Washington Prado dilata traslado a EE. UU.
Norbey Quevedo Hernández.
El pasado 4 de abril, la Embajada de Estados Unidos solicitó a la Fiscalía, con carácter urgente, la captura con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano Édinson Washington Prado Alava. La petición se sustentó en la acusación que dos meses antes expidió una Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos). El cargo: introducir 5.650 kilogramos de cocaína a ese país en los dos últimos años. Hoy, casi un año después de la solicitud, la orden no se hace efectiva, en parte por el alud de acciones promovidas por 26 abogados que el personaje contrató para su defensa. (Video: Así operaba el "Pablo Escobar" ecuatoriano en Colombia)
Desde que la justicia norteamericana formalizó su solicitud, las autoridades poco tardaron para constatar que Édinson Washington Prado era una ficha clave de la nueva generación de narcotraficantes que maneja el negocio de la droga a través de las aguas del Pacífico, vía Ecuador y Colombia, con destino a Centroamérica y Estados Unidos. Por eso, en una operación conjunta de tres países, se logró que tan solo una semana después el escurridizo sujeto fuera capturado en el corregimiento El Espino, en la vía que de Tumaco conduce a Túquerres (Nariño). De inmediato fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá.
Con sólo 37 años y apenas bachiller, el que se autodefine como un simple agricultor, hoy es considerado en su país, y ahora también en Colombia, una especie de réplica del extinto jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria. El argumento de las autoridades es que desde la década de los 90 no se conocía a un narcotraficante que manejara toda la cadena del negocio. Su incursión en el mundo de la mafia describe a un recursivo transportador de cocaína que, desde comienzos del año 2000, empezó a consolidar una flotilla de transporte marítimo de la droga en el Pacífico.
Fue socio del cartel del norte del Valle, de Los Rastrojos, de los hermanos Comba y para todos se hizo imprescindible en el tráfico de drogas. Conocedor de los cultivadores, de los dueños de los laboratorios y activo negociante, rápidamente estructuró una organización que internacionalizó sus rutas con capos del cartel de Sinaloa en México y con contactos en Costa Rica, Guatemala y Honduras. De esa manera logró alianzas que le reportaron millonarios ingresos. En poco tiempo, sus caudales empezaron a ser mimetizados en estratégicas caletas custodiadas por su propia organización armada.
El capo ecuatoriano ingresó a prisión en abril del año pasado. Por estar solicitado en extradición y su alto perfil delincuencial, fue ubicado en la torre F de la penitenciaría La Picota, donde hoy se encuentran los internos que requieren medidas de seguridad extremas para evitar intentos de fuga, rescate o algún atentado. Entonces comenzó el desfile de abogados provenientes de Estados Unidos, Ecuador, Bogotá, Cali, Armenia, Tumaco, Popayán, Florencia, Buga, Valledupar, Barranquilla y Pasto, todos contratados por el capo para ejercer su defensa. (Ver listado adjunto).
De manera simultánea, las autoridades en Colombia y Ecuador empezaron a detectar caletas con elevadas sumas de dinero en efectivo. Cinco en predios ubicados en Guayaquil, Manabí, Pichincha y Manta, así como en Colombia, en donde le fue detectada una caleta con $8.000 millones en un apartamento en el norte de Bogotá, según lo informó en su momento el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín, quien además explicó que muchas de las personas que lo visitaban en la cárcel planeaban actividades delincuenciales. Por eso, del 18 al 26 de julio estuvo en la Unidad de Medidas Especiales (UME), pabellón especial de aislamiento en la cárcel.
Con mucho efectivo disponible dentro y fuera de prisión, el capo empezó a comprarlo todo, tratando de pasarse por encima el reglamento carcelario. “Cuando se tuvo conocimiento de que el interno seguía incurriendo en conductas que alteraban el orden interno y que ponía en riesgo la seguridad del complejo carcelario y penitenciario de Bogotá, para evitar actividades delincuenciales dentro del penal se requirió con urgencia su traslado”, comentó una fuente del penal. En respuesta, el propio director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez Aragón, ordenó su traslado de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, la temida cárcel de la Tramacúa.
Además, desde fuera de prisión las cosas se le complicaron al individuo. En Ecuador, la operación Sol Naciente produjo veinte allanamientos y golpeó el brazo financiero de Prado. De esta manera fueron detenidos varios miembros de su organización, entre ellos, sus jefes de seguridad, sus abogados y hasta un capitán de la Policía a su servicio. Según registros de las autoridades ecuatorianas, en los últimos dos años le decomisaron al narcotraficante 150 toneladas de cocaína y alrededor de 80 miembros de su organización fueron detenidos. Se estima que en sus mejores épocas exportó 250 toneladas del alcaloide.
De forma paralela, en Colombia también empezó a desmoronarse su imperio. Primero se conoció que uno de sus ejes de inversiones ilícitas estaba en el departamento de Risaralda. Emanuel Prado, hermano del capo, compró en Belén de Umbría unos predios en donde estaba construyendo una enorme serviteca, ya que su compañera sentimental es oriunda de ese municipio. En su momento, Julio Londoño, secretario de Gobierno de la localidad, expresó su preocupación por la ola de violencia que comenzó a incrementarse en la región. El funcionario explicó que entró a investigarse si la llegada del hermano de Prado tenía alguna relación con los asesinatos de los comerciantes Orlando Urán y Carlos Zapata.
No obstante, cuando las pesquisas avanzaban, el 14 de agosto de 2017 fue asesinado Emanuel Prado a manos de un presunto sicario identificado como Adrián de Jesús Henao Osorio, luego capturado. En ese momento, agentes de la DEA y la Dijín detectaron que el “Pablo Escobar” ecuatoriano dirigía desde La Picota una red de sicarios colombianos que delinquía en Ecuador. Por eso tiene vigentes doce procesos por homicidio, además de tráfico ilegal de personas y narcotráfico. Las autoridades del vecino país manifiestan que en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas estuvo operando su grupo de sicarios.
Bajo estrictas medidas de seguridad, Washington Prado fue trasladado a la cárcel de Valledupar el 26 de julio de 2017. Allí fue recluido en una celda de 2x2 metros, aislado, con un régimen estricto en donde sólo se le permitía una hora de sol al día. Semanas después, sus abogados argumentaron que la salud del capo se empezó a deteriorar. Entonces solicitaron exámenes en la Clínica el Country de Bogotá, que no le fueron autorizados porque su lugar de reclusión era Valledupar. Inconformes, sus abogados interpusieron tutela y solicitaron protección para una valoración médica por supuestos dolores en la columna.
El 11 de octubre, la Fiscalía autorizó el traslado del prisionero para la práctica del procedimiento, pero en Valledupar, en el Centro de Radiología Elisa Clara R.F S.A.S. de esa ciudad. Fue tan tensionante el asunto que ese día el tráfico de la ciudad colapsó porque fueron cerradas varias vías y se destinaron alrededor de 50 uniformados de la Policía, el Ejercito y el Inpec para que el capo pudiera realizarse su examen médico. Se le practicó una tomografía computarizada de columna, con mielografía y tomografía en reconstrucción tridimensional, procedimientos autorizados por la Fiduprevisora, que tiene a cargo la prestación del servicio de salud para la población carcelaria.
Al tiempo que la defensa se preocupaba por la salud del capo, comenzó a buscar mecanismos jurídicos para evitar su extradición a Estados Unidos. Por eso, ante la Corte Suprema de Justicia, tres de los 26 abogados solicitaron se suspendiera el trámite y se practicaran unas pruebas, con el propósito de demostrar que Prado Alava es supuestamente miembro de las Farc. Para ello, los abogados intentaron que se aceptara como prueba un derecho de petición dirigido al secretario de las Farc, en donde se certificara que este sujeto tenía derecho a los beneficios que otorga la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Corte negó la petición de los abogados por improcedente, al considerar que la suspensión de la extradición no está contemplada en la ley. Además, la oficina del alto comisionado para la Paz, con base en un listado que le suministraron las Farc, certificó que Prado Alava no pertenecía a dicha agrupación guerrillera. Finalmente, después de cinco meses de múltiples recursos de la defensa, el 8 de noviembre la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del capo a Estados Unidos.
Insatisfechos con la decisión, el batallón de abogados del capo siguió en su encarnizada defensa. El pasado 14 de noviembre radicaron una nueva tutela, esta vez contra los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que sólo se tomaron cinco días hábiles para proferir el concepto favorable de extradición. De igual manera, estos altos togados fueron denunciados por la defensa del narcotraficante ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al considerar que supuestamente le violaron el debido proceso a Prado Alava.
A comienzos de diciembre siguió la artillería jurídica. Un ciudadano identificado como Gundisalvo Rodríguez Jiménez acudió al Tribunal Superior de Valledupar y presentó un recurso de habeas corpus en contra del Inpec, actuando en nombre del capo. Curiosamente, la figura no fue invocada para buscar la libertad de Prado, sino para cuestionar su sitio de reclusión en la capital del departamento del Cesar, señalando que el capo estaba recibiendo un trato inhumano y cruel. Al respecto, la corporación judicial negó el recurso, al argumentar que esta figura jurídica procede sólo cuando hay una privación ilegal de la libertad.
Sus abogados replicaron en Buga, donde radicaron una acción de tutela en contra del Ministerio de Justicia, el Inpec y las cárceles de Valledupar y La Picota, con el propósito de lograr el retorno de Prado Alava a este último centro de reclusión en Bogotá. Para sorpresa de las autoridades, con ponencia del magistrado Álvaro Augusto Navia, la defensa del capo logró su objetivo. Mediante el fallo de tutela 2017-00743 se ordenó al Inpec trasladar al narcotraficante al pabellón de extraditables de La Picota en Bogotá. En la decisión judicial también se ordenó atenderlo en mejores condiciones de seguridad que las de su traslado a la penitenciaria en Valledupar.
Actualmente, Édinson Washington Prado Alava, o Jhon Álex Rengifo García, como se identificaba con una cédula colombiana cuando fue detenido, está recluido en la torre F del pabellón de los extraditables de la penitenciaría La Picota. Su pedido de extradición cumple nueve meses, pese al mensaje de urgencia que se recibió de la justicia de Estados Unidos. Todavía no se sabe con precisión quiénes son sus socios en Colombia, porque no hay investigaciones ni cuál será la próxima estrategia jurídica de los 26 abogados, que no se dan por vencidos y siguen luchando para que el “Pablo Escobar” ecuatoriano no termine en una cárcel de Estados Unidos contando sus verdades.
El detalle de unos cargamentos incautados a Prado
Las interceptaciones a las comunicaciones efectuadas en Colombia fueron la base para que en alta mar se lograra la incautación de varios cargamentos de la organización de Édinson Washington Prado Alava. En la primera, derivada de un trabajo de la Guardia Costera de Estados Unidos, se confiscaron 750 kilos de cocaína el 7 de febrero de 2016. En un segundo operativo, el 22 de marzo de 2016, se incautaron 1.010 kilos de cocaína. En una nueva acción, el 7 de julio de 2016, se decomisaron 900 kilos de cocaína. Estos dos últimos a dos lanchas rápidas diferentes. El 10 de marzo y el 24 de mayo del referido año, respectivamente, se incautaron dos cargamentos más, uno de 800 y otro de 640 kilos, por la Armada de Colombia. A estos decomisos se suma la cooperación de testigos que detallaron a la justicia de EE.UU. la función de Prada y sus socios.La sumatoria de la droga incautada a Édinson Washington Prado son 5.650 kilos del alcaloide, cifra con la que se sustenta el cargo que un fiscal de EE.UU. le imputó.
Pruebas claves de la justicia de EE. UU. contra el capo
Desde 2015, alertados por información de las autoridades de varios países, organismos judiciales internacionales empezaron a reunir pruebas para determinar qué tan importante era el denominado “Pablo Escobar ecuatoriano” o si simplemente se trataba de un narcotraficante más. Para ello empezaron a ubicar a miembros de la organización cuyas comunicaciones fueron intervenidas. Interceptaron las llamadas telefónicas entre Édinson Washington Prada Alava y Luis Alejandro Ortiz Benavides, y, posteriormente, entre ellos y Diego Fernando Arizala Segura, Leonardo Adrián Vera Calderón y Róbinson Alberto Castro Quiñónez, en las cuales hablaban sobre la logística de múltiples cargamentos de cocaína que se originaron en la costa Pacífica de Colombia hacia Centroamérica y luego con destino a los Estados Unidos. Otra prueba clave para la justicia fueron las declaraciones de Robert J. Emery, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, y de Bernd E. Red, agente de la DEA.
El pasado 4 de abril, la Embajada de Estados Unidos solicitó a la Fiscalía, con carácter urgente, la captura con fines de extradición del ciudadano ecuatoriano Édinson Washington Prado Alava. La petición se sustentó en la acusación que dos meses antes expidió una Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos). El cargo: introducir 5.650 kilogramos de cocaína a ese país en los dos últimos años. Hoy, casi un año después de la solicitud, la orden no se hace efectiva, en parte por el alud de acciones promovidas por 26 abogados que el personaje contrató para su defensa. (Video: Así operaba el "Pablo Escobar" ecuatoriano en Colombia)
Desde que la justicia norteamericana formalizó su solicitud, las autoridades poco tardaron para constatar que Édinson Washington Prado era una ficha clave de la nueva generación de narcotraficantes que maneja el negocio de la droga a través de las aguas del Pacífico, vía Ecuador y Colombia, con destino a Centroamérica y Estados Unidos. Por eso, en una operación conjunta de tres países, se logró que tan solo una semana después el escurridizo sujeto fuera capturado en el corregimiento El Espino, en la vía que de Tumaco conduce a Túquerres (Nariño). De inmediato fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá.
Con sólo 37 años y apenas bachiller, el que se autodefine como un simple agricultor, hoy es considerado en su país, y ahora también en Colombia, una especie de réplica del extinto jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria. El argumento de las autoridades es que desde la década de los 90 no se conocía a un narcotraficante que manejara toda la cadena del negocio. Su incursión en el mundo de la mafia describe a un recursivo transportador de cocaína que, desde comienzos del año 2000, empezó a consolidar una flotilla de transporte marítimo de la droga en el Pacífico.
Fue socio del cartel del norte del Valle, de Los Rastrojos, de los hermanos Comba y para todos se hizo imprescindible en el tráfico de drogas. Conocedor de los cultivadores, de los dueños de los laboratorios y activo negociante, rápidamente estructuró una organización que internacionalizó sus rutas con capos del cartel de Sinaloa en México y con contactos en Costa Rica, Guatemala y Honduras. De esa manera logró alianzas que le reportaron millonarios ingresos. En poco tiempo, sus caudales empezaron a ser mimetizados en estratégicas caletas custodiadas por su propia organización armada.
El capo ecuatoriano ingresó a prisión en abril del año pasado. Por estar solicitado en extradición y su alto perfil delincuencial, fue ubicado en la torre F de la penitenciaría La Picota, donde hoy se encuentran los internos que requieren medidas de seguridad extremas para evitar intentos de fuga, rescate o algún atentado. Entonces comenzó el desfile de abogados provenientes de Estados Unidos, Ecuador, Bogotá, Cali, Armenia, Tumaco, Popayán, Florencia, Buga, Valledupar, Barranquilla y Pasto, todos contratados por el capo para ejercer su defensa. (Ver listado adjunto).
De manera simultánea, las autoridades en Colombia y Ecuador empezaron a detectar caletas con elevadas sumas de dinero en efectivo. Cinco en predios ubicados en Guayaquil, Manabí, Pichincha y Manta, así como en Colombia, en donde le fue detectada una caleta con $8.000 millones en un apartamento en el norte de Bogotá, según lo informó en su momento el general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín, quien además explicó que muchas de las personas que lo visitaban en la cárcel planeaban actividades delincuenciales. Por eso, del 18 al 26 de julio estuvo en la Unidad de Medidas Especiales (UME), pabellón especial de aislamiento en la cárcel.
Con mucho efectivo disponible dentro y fuera de prisión, el capo empezó a comprarlo todo, tratando de pasarse por encima el reglamento carcelario. “Cuando se tuvo conocimiento de que el interno seguía incurriendo en conductas que alteraban el orden interno y que ponía en riesgo la seguridad del complejo carcelario y penitenciario de Bogotá, para evitar actividades delincuenciales dentro del penal se requirió con urgencia su traslado”, comentó una fuente del penal. En respuesta, el propio director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez Aragón, ordenó su traslado de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, la temida cárcel de la Tramacúa.
Además, desde fuera de prisión las cosas se le complicaron al individuo. En Ecuador, la operación Sol Naciente produjo veinte allanamientos y golpeó el brazo financiero de Prado. De esta manera fueron detenidos varios miembros de su organización, entre ellos, sus jefes de seguridad, sus abogados y hasta un capitán de la Policía a su servicio. Según registros de las autoridades ecuatorianas, en los últimos dos años le decomisaron al narcotraficante 150 toneladas de cocaína y alrededor de 80 miembros de su organización fueron detenidos. Se estima que en sus mejores épocas exportó 250 toneladas del alcaloide.
De forma paralela, en Colombia también empezó a desmoronarse su imperio. Primero se conoció que uno de sus ejes de inversiones ilícitas estaba en el departamento de Risaralda. Emanuel Prado, hermano del capo, compró en Belén de Umbría unos predios en donde estaba construyendo una enorme serviteca, ya que su compañera sentimental es oriunda de ese municipio. En su momento, Julio Londoño, secretario de Gobierno de la localidad, expresó su preocupación por la ola de violencia que comenzó a incrementarse en la región. El funcionario explicó que entró a investigarse si la llegada del hermano de Prado tenía alguna relación con los asesinatos de los comerciantes Orlando Urán y Carlos Zapata.
No obstante, cuando las pesquisas avanzaban, el 14 de agosto de 2017 fue asesinado Emanuel Prado a manos de un presunto sicario identificado como Adrián de Jesús Henao Osorio, luego capturado. En ese momento, agentes de la DEA y la Dijín detectaron que el “Pablo Escobar” ecuatoriano dirigía desde La Picota una red de sicarios colombianos que delinquía en Ecuador. Por eso tiene vigentes doce procesos por homicidio, además de tráfico ilegal de personas y narcotráfico. Las autoridades del vecino país manifiestan que en las provincias de Manabí, Guayas y Esmeraldas estuvo operando su grupo de sicarios.
Bajo estrictas medidas de seguridad, Washington Prado fue trasladado a la cárcel de Valledupar el 26 de julio de 2017. Allí fue recluido en una celda de 2x2 metros, aislado, con un régimen estricto en donde sólo se le permitía una hora de sol al día. Semanas después, sus abogados argumentaron que la salud del capo se empezó a deteriorar. Entonces solicitaron exámenes en la Clínica el Country de Bogotá, que no le fueron autorizados porque su lugar de reclusión era Valledupar. Inconformes, sus abogados interpusieron tutela y solicitaron protección para una valoración médica por supuestos dolores en la columna.
El 11 de octubre, la Fiscalía autorizó el traslado del prisionero para la práctica del procedimiento, pero en Valledupar, en el Centro de Radiología Elisa Clara R.F S.A.S. de esa ciudad. Fue tan tensionante el asunto que ese día el tráfico de la ciudad colapsó porque fueron cerradas varias vías y se destinaron alrededor de 50 uniformados de la Policía, el Ejercito y el Inpec para que el capo pudiera realizarse su examen médico. Se le practicó una tomografía computarizada de columna, con mielografía y tomografía en reconstrucción tridimensional, procedimientos autorizados por la Fiduprevisora, que tiene a cargo la prestación del servicio de salud para la población carcelaria.
Al tiempo que la defensa se preocupaba por la salud del capo, comenzó a buscar mecanismos jurídicos para evitar su extradición a Estados Unidos. Por eso, ante la Corte Suprema de Justicia, tres de los 26 abogados solicitaron se suspendiera el trámite y se practicaran unas pruebas, con el propósito de demostrar que Prado Alava es supuestamente miembro de las Farc. Para ello, los abogados intentaron que se aceptara como prueba un derecho de petición dirigido al secretario de las Farc, en donde se certificara que este sujeto tenía derecho a los beneficios que otorga la Jurisdicción Especial para la Paz.
La Corte negó la petición de los abogados por improcedente, al considerar que la suspensión de la extradición no está contemplada en la ley. Además, la oficina del alto comisionado para la Paz, con base en un listado que le suministraron las Farc, certificó que Prado Alava no pertenecía a dicha agrupación guerrillera. Finalmente, después de cinco meses de múltiples recursos de la defensa, el 8 de noviembre la Corte Suprema de Justicia avaló la extradición del capo a Estados Unidos.
Insatisfechos con la decisión, el batallón de abogados del capo siguió en su encarnizada defensa. El pasado 14 de noviembre radicaron una nueva tutela, esta vez contra los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que sólo se tomaron cinco días hábiles para proferir el concepto favorable de extradición. De igual manera, estos altos togados fueron denunciados por la defensa del narcotraficante ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, al considerar que supuestamente le violaron el debido proceso a Prado Alava.
A comienzos de diciembre siguió la artillería jurídica. Un ciudadano identificado como Gundisalvo Rodríguez Jiménez acudió al Tribunal Superior de Valledupar y presentó un recurso de habeas corpus en contra del Inpec, actuando en nombre del capo. Curiosamente, la figura no fue invocada para buscar la libertad de Prado, sino para cuestionar su sitio de reclusión en la capital del departamento del Cesar, señalando que el capo estaba recibiendo un trato inhumano y cruel. Al respecto, la corporación judicial negó el recurso, al argumentar que esta figura jurídica procede sólo cuando hay una privación ilegal de la libertad.
Sus abogados replicaron en Buga, donde radicaron una acción de tutela en contra del Ministerio de Justicia, el Inpec y las cárceles de Valledupar y La Picota, con el propósito de lograr el retorno de Prado Alava a este último centro de reclusión en Bogotá. Para sorpresa de las autoridades, con ponencia del magistrado Álvaro Augusto Navia, la defensa del capo logró su objetivo. Mediante el fallo de tutela 2017-00743 se ordenó al Inpec trasladar al narcotraficante al pabellón de extraditables de La Picota en Bogotá. En la decisión judicial también se ordenó atenderlo en mejores condiciones de seguridad que las de su traslado a la penitenciaria en Valledupar.
Actualmente, Édinson Washington Prado Alava, o Jhon Álex Rengifo García, como se identificaba con una cédula colombiana cuando fue detenido, está recluido en la torre F del pabellón de los extraditables de la penitenciaría La Picota. Su pedido de extradición cumple nueve meses, pese al mensaje de urgencia que se recibió de la justicia de Estados Unidos. Todavía no se sabe con precisión quiénes son sus socios en Colombia, porque no hay investigaciones ni cuál será la próxima estrategia jurídica de los 26 abogados, que no se dan por vencidos y siguen luchando para que el “Pablo Escobar” ecuatoriano no termine en una cárcel de Estados Unidos contando sus verdades.
El detalle de unos cargamentos incautados a Prado
Las interceptaciones a las comunicaciones efectuadas en Colombia fueron la base para que en alta mar se lograra la incautación de varios cargamentos de la organización de Édinson Washington Prado Alava. En la primera, derivada de un trabajo de la Guardia Costera de Estados Unidos, se confiscaron 750 kilos de cocaína el 7 de febrero de 2016. En un segundo operativo, el 22 de marzo de 2016, se incautaron 1.010 kilos de cocaína. En una nueva acción, el 7 de julio de 2016, se decomisaron 900 kilos de cocaína. Estos dos últimos a dos lanchas rápidas diferentes. El 10 de marzo y el 24 de mayo del referido año, respectivamente, se incautaron dos cargamentos más, uno de 800 y otro de 640 kilos, por la Armada de Colombia. A estos decomisos se suma la cooperación de testigos que detallaron a la justicia de EE.UU. la función de Prada y sus socios.La sumatoria de la droga incautada a Édinson Washington Prado son 5.650 kilos del alcaloide, cifra con la que se sustenta el cargo que un fiscal de EE.UU. le imputó.
Pruebas claves de la justicia de EE. UU. contra el capo
Desde 2015, alertados por información de las autoridades de varios países, organismos judiciales internacionales empezaron a reunir pruebas para determinar qué tan importante era el denominado “Pablo Escobar ecuatoriano” o si simplemente se trataba de un narcotraficante más. Para ello empezaron a ubicar a miembros de la organización cuyas comunicaciones fueron intervenidas. Interceptaron las llamadas telefónicas entre Édinson Washington Prada Alava y Luis Alejandro Ortiz Benavides, y, posteriormente, entre ellos y Diego Fernando Arizala Segura, Leonardo Adrián Vera Calderón y Róbinson Alberto Castro Quiñónez, en las cuales hablaban sobre la logística de múltiples cargamentos de cocaína que se originaron en la costa Pacífica de Colombia hacia Centroamérica y luego con destino a los Estados Unidos. Otra prueba clave para la justicia fueron las declaraciones de Robert J. Emery, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, y de Bernd E. Red, agente de la DEA.