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                                                                                                                                Los afanes del Gobierno en proyectos con interrogantes ambientales, según organizaciones civiles

                                                                                                                                Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios alertan sobre la premura en el trámite ambiental de algunos proyectos claves para el país como el fracking, glifosato, el arroyo Bruno y Santurbán, así como la falta de vigilancia a Libero Cobre, en Putumayo. Entidades encargadas de otorgar licencias ambientales como la Anla, aseguran que resuelven las solicitudes en los plazos estipulados por la ley con rigurosidad técnica.

                                                                                                                                Foto de archivo de las fumigaciones aéreas con glifosato en el sur de Colombia. Fueron suspendidas en el país en 2015. / EFE
                                                                                                                                Foto: (EPA) EFE
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Gracias por ser nuestro usuario. Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a uno de nuestros planes para continuar disfrutando de este contenido exclusivo.El Espectador, el valor de la información.

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                                                                                                                                Foto: (EPA) EFE
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Según Negrete Montes, se hizo desconociendo la participación ciudadana, la presencia de comunidades afro en Puerto Wilches y convocando a una “audiencia pública abiertamente ilegal”, porque versó sobre un proyecto inexistente. El abogado explicó que el mismo día que Ecopetrol solicitó la licencia ambiental, el Ministerio de Ambiente pidió realizar la audiencia pública para socializar el proyecto. “Es la primera vez que un ministro de Ambiente pide una audiencia pública el mismo día en que se solicitó la licencia. Advierto un acuerdo entre Ecopetrol y el ministerio para acelerar el proceso. Esa solicitud de licencia fue rechazada por la ANLA, porque no cumplió con requisitos de forma y, en consecuencia, se volvió inexistente”. En consecuencia, recalcó Negrete, las comunidades no tuvieron suficiente tiempo para leer el documento de evaluación de impacto ambiental.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                El abogado Negrete replicó que, si bien la ANLA actuó en los tiempos legales, para un proyecto tan complejo y pionero como el fracking, se requería más rigurosidad, involucrar a otros actores, contratar expertos internacionales y garantizar derechos. “En aras de la agilidad, por cumplir una formalidad, no se respetaron derechos fundamentales. Se cercenó a las comunidades su opción de acceder a información y participar en la decisión”. Andrés Gómez, investigador de la organización Censat - Agua Viva agregó que las comunidades se enfrentaron a un documento de más de siete mil páginas, con escaso tiempo para emitir comentarios. “Ese archivo puede pesar cerca de 500 gigas que, en un municipio con condiciones paupérrimas de internet, es casi imposible de descargar. Se enfrentaban a un mar de información completamente técnica”, aclaró Gómez.

                                                                                                                                En paralelo, organizaciones de la sociedad civil también cuestionan los afanes del Gobierno por la reactivación de las aspersiones aéreas con glifosato, suspendida en 2015, luego de que la Organización Mundial de la Salud reconociera que el herbicida es probablemente cancerígeno. Una sentencia de la Corte Constitucional mantuvo la suspensión en 2017, pero condicionó su reanudación al cumplimiento de una serie de requisitos. El gobierno Duque, en su empeño por reactivar las fumigaciones, solicitó incluso a la Corte modificar su sentencia. Aunque la Anla aprobó en 2020 un nuevo plan de manejo ambiental para retomar las aspersiones aéreas, a comienzos de este año la Corte Constitucional volvió a frenarlo y lo tumbó al considerar que estuvo plagado de irregularidades porque las comunidades no fueron consultadas ni participaron del trámite.

                                                                                                                                Según informó Luis Felipe Cruz, investigador de la organización Dejusticia, a finales de marzo la Policía Nacional presentó una nueva solicitud de licencia ambiental a la Anla para modificar el plan de manejo, pero en un escenario específico: la región del Catatumbo, en norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela. De acuerdo con el investigador Cruz, aunque ya se convocó a la audiencia pública para socializar el plan propuesto por la Policía, aún no se conoce el edicto que fija la fecha del evento, ni tampoco los detalles de los documentos para que la sociedad civil intervenga durante el encuentro. “Me preocupa porque están haciendo un fast track para agilizar la expedición de ese plan de manejo ambiental, tal como pasó con el fracking” en Puerto Wilches, sostiene Cruz.

                                                                                                                                Otra disputa ambiental en la Corte Constitucional es la del arroyo Bruno, en La Guajira. El arroyo fue desviado de su cauce natural en el año 2016 por la empresa Cerrejón -encargada de uno de los proyectos de explotación de carbón más grandes del mundo-, para expandir su área de extracción. Pese a que el cauce sigue desviado, a través de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte ordenó suspender las actividades cercanas al arroyo hasta que no se resuelvan, de manera clara y con participación de las comunidades, varias incertidumbres. El pasado 7 de abril, las comunidades wayuu y varias ONG defensoras del ambiente denunciaron en las redes sociales que el ministerio de Ambiente envió su versión del estudio técnico para aportar soluciones a los dilemas, pero sin la participación real y efectiva de las comunidades e intervinientes y, además, con vacíos técnicos y científicos.

                                                                                                                                “El gobierno está afanado en dar vía libre a la explotación del arroyo Bruno”, afirma Rosa Mateus, abogada de Cajar. “Es una respuesta a la demanda de Glencore. Hay afán de dejar todo concluido y que un próximo gobierno encuentre el caso cerrado”, agrega. No muy distinto a lo que alegan los habitantes de los municipios que hacen parte del páramo de Santurbán. Como el municipio de California, donde sus líderes manifiestan que se sienten presionados por el Gobierno para facilitar y acelerar el proceso de delimitación del páramo, como fue ordenado por la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. En dicha decisión se exigió una nueva delimitación del ecosistema, con la participación de las comunidades. El fallo dispuso que el Gobierno tuviera lista la delimitación para diciembre de 2019, pero se han planteado tres prórrogas por parte del Gobierno para cumplir la orden.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                “La sentencia dice que este proceso se debe reanudar con participación de las comunidades, y yo, como administración municipal, tengo que ser garante, objetivo y neutro, de que estas concertaciones se hagan con el total de la gente y que la comunidad esté presente”, resaltó Genny Gamboa, alcaldesa de California. “Como al proyecto Soto Norte de la empresa Minesa le archivaron la licencia ambiental y se viene el cambio de Gobierno, se tiene la percepción en la comunidad de que quieren agilizar la toma de decisiones”, añadió Víctor Arias, gestor Social de California. “Dicen que tiene que ser así y que toca ya porque la sentencia lo exige. Cuando, desde hace años, esa decisión de la delimitación se ha aplazado, no solo en California sino en los 35 municipios”. A las presiones se agregan capturas y otras formas de persecución a los habitantes que históricamente han desarrollado pequeña minería.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                El proyecto implica excavar al menos cinco pozos con taladros, pese a que existe un acuerdo vigente del concejo municipal de Mocoa que prohíbe cualquier tipo de actividad minera en ese territorio específico. Por eso, las partes involucradas no se ponen de acuerdo y hoy no es claro el estado del proyecto minero. A comienzos de febrero, la empresa Libero Cobre informó que inició actividades mineras exploratorias y que cumple con los requisitos legales y ambientales para adelantarlas. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) dice que deben estar suspendidas y Corpoamazonía comprobó que la explotación sigue generando impactos ambientales menores sobre los recursos naturales. La Agencia Nacional de Minería aseguró a este diario que Libero Cobre es titular de cuatro contratos de concesión minera localizados en Mocoa y que se encuentran en etapa de exploración.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Ver todas las noticias
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