Desde el 2020, la Defensoría del Pueblo ha advertido la presencia de esta organización criminal transnacional en la capital de Colombia y de su financiación mediante la explotación sexual de migrantes pobres. Las autoridades le siguen la pista, pero aún no los han sancionado por este delito grave.
La conversación que acaba de escuchar hace parte de las interceptaciones telefónicas que realizó la Unidad de Estructura de Apoyo contra bandas criminales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, para identificar la presencia del Tren de Aragua en Bogotá. En las llamadas quedó claro que los integrantes de esta megabanda recibían órdenes de Héctor Rusthenford Guerrero Flores. Conocido en el mundo del hampa como “Niño” Guerrero, es el criminal venezolano —preso en el Centro Penitenciario de Aragua, o cárcel de Tocorón, en Venezuela—, al mando del accionar del Tren de Aragua en Latinoamérica. A él es a quien le reportaban y enviaban remesas de dinero y videos de los crímenes y torturas que cometían sus estructuras en Bogotá.
Este equipo de fiscales de Bogotá es, hasta el momento, el que más duros golpes le ha propinado a esta organización criminal transnacional en Colombia. Entre mayo y octubre de 2022, luego de que se conocieran las escabrosas imágenes de los llamados “embolsados” en el centro de Bogotá en 2021, asociados a homicidios selectivos, ordenados por el Tren, fueron judicializados 22 posibles integrantes. Fue así como se constató que tenían presencia en lugares de alto impacto en la prostitución, como en la calle 64 en Chapinero, el barrio Santa Fe, Bosa, la 38 y los barrios María Paz y El Amparo de la localidad de Kennedy. Sitios donde también es conocido que se cometen otros delitos, como tráfico de estupefacientes y contrabando de mercancía y armas.
“A principios de enero de 2022, iniciamos una investigación a partir de la desarticulación de la banda Los Camilos, que nos arrojó la presencia del Tren de Aragua en el sector de la 38, en Abastos, en el centro de Bogotá. Ahí empezamos a identificar que el coordinador en Bogotá es Giovanny San Vicente, porque esta es una organización transnacional, que tiene tentáculos en Venezuela, Ecuador, Perú y Chile, y se comunicaban a través de más de 200 simcards de otros países”, sostuvo en entrevista con este diario José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías de Bogotá.
En otro de los audios se escucha a un colombiano del Tren que amenaza y extorsiona a comerciantes y dueños de bares y burdeles en la 38 (zona céntrica de Bogotá), para que solo comercialicen el licor adulterado y las drogas de uso ilícito de las que se lucra también esta organización. Como posible retaliación, menciona que no va a permitir que “sus mujeres”, tanto venezolanas como colombianas, se prostituyan en esos negocios y que, si no hacen caso, las pondría “en situación”.
Por estas llamadas interceptadas, y otras pruebas, la Fiscalía les imputó a los procesados delitos de extorsión, homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y tortura, entre otros, pero ninguno relacionado con trata con fines de explotación sexual, ni siquiera inducción a la prostitución, a pesar de que en las interceptaciones había claros indicios de estos crímenes.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus alertas tempranas, ha llamado la atención sobre este asunto desde 2020. Asegura que la Fiscalía no está tipificando el delito de trata de personas cuando hay elementos para hacerlo. O, cuando se reconoce esta condición, se “opta por imputar, por ejemplo, inducción a la prostitución, que tiene una pena de dos a cuatro años y no el tipo penal de trata de personas, cuya pena es de 13 a 23 años de prisión, a pesar de que el caso se adecúe a los elementos del delito de trata”, dice una alerta de la entidad.
Para la Defensoría, es claro que solo el hecho de migrar en condiciones de pobreza e inseguridad conlleva el peligro de ser víctima de violencia y explotación sexual. De hecho, conoció que en algunos barrios de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, ha habido niñas vendiendo galletas y “servicios sexuales” por $5.000 (menos de US$1). En la Alerta Temprana 037 sobre Puerto Santander, por ejemplo, la Defensoría evidenció que ese municipio es corredor para el traslado de mujeres captadas por el Tren de Aragua en varios estados de Venezuela. Hoy, por cuenta del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, las trasladan en carro particular, sin mayores controles migratorios.
Ana* fue víctima de explotación sexual en una red del Tren de Aragua en frontera. / Camila Granados Arango
Durante la pandemia, cuando las condiciones económicas se agravaron, en especial para las mujeres, la Defensoría también registró que esta estructura captaba a sus víctimas en Cúcuta, en la Comuna 4, a través de una tratante que ofrecía regalos y empleo hasta que lograba el traslado de las víctimas. Así como identificó una vivienda en el barrio Morichal de La Parada, en Villa del Rosario, área metropolitana de Cúcuta, en la que estaban secuestradas cuatro niñas entre los 14 y los 16 años (colombianas y venezolanas) explotadas en el “modelaje webcam”. La casa era custodiada por hombres armados.
En el documento de 2020, la Defensoría aseveró que “no existen políticas públicas que permitan un abordaje de la crisis migratoria, no en clave de organismos de seguridad, sino en términos de protección internacional y garantía de derechos”, y que por esta razón las migrantes terminan siendo víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, “en las que están involucrados los grupos armados en alianza con estructuras de criminalidad organizada de carácter transnacional como el Tren de Aragua”.
Más burdeles, menos colegios
En los municipios de frontera con Venezuela, como Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, antes de la diáspora venezolana, no existían tantos bares, estudios webcam y prostíbulos en las zonas rurales y urbanas como hoy. Menos bajo el control de grupos armados, como también advierte la Defensoría. El problema salta a la vista y ha transformado el entorno.
“Gran inauguración”, dice el letrero que ponen en los establecimientos o bares cuando llega una nueva joven (en su mayoría menores de edad) a “iniciarse” en la prostitución. Los hombres que compran sexo ya saben de qué se trata. Esa noche, como refirió una mujer víctima de explotación sexual por el Tren de Aragua, los hombres que van al lugar apuestan y consumen licor y el que “gana” se acuesta con la joven por primera vez.
La trata de personas es uno de los hechos más graves en la dinámica de violencias contra las mujeres en la zona de frontera. En entrevista sobre este tema, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde de Cúcuta, aceptó que este fenómeno criminal los ha desbordado: “El tamaño del problema es tan grande que nuestras capacidades son insuficientes. La Alcaldía se siente impotente. Es un tema que se debe manejar a nivel nacional. Hago un llamado, además, a los demás alcaldes de esta región de frontera para que se reconozca el problema y se aborde también de forma binacional”.
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, alcalde de Cúcuta, aceptó en entrevista con El Espectador que la explotación sexual de migrantes por el crimen organizado los ha desbordado. / Camila Granados Arango
Clemencia Carabalí, alta consejera presidencial para la Equidad de Género, aseguró que conoce y le preocupa muchísimo el asunto y puntualizó, incluso, que tienen conocimiento de que “los actores que se lucran de estas actividades están reemplazando a las mujeres colombianas por las venezolanas y están utilizando niñas entre los ocho y 16 años, truncando todos sus proyectos de vida”. Carabalí confió en que la creación del Sistema Nacional de Monitoreo de estas y otras violencias basadas en género les permita un mejor seguimiento a estos casos, porque sabe que el subregistro es enorme.
Además, el Ministerio del Interior, a través de la Subdirección de Gobierno y Gestión Territorial y Lucha Contra la Trata, reconoció que han aumentado los casos de niñas y mujeres de nacionalidad venezolana captadas por el crimen organizado en Colombia y explotadas sexualmente en otros países de la región. Las cifras oficiales dan cuenta de este aumento: mientras que en 2018 se registraron ocho casos de venezolanas, en el 2022 hubo 47 y en el 2023 fueron 34.
Colombia ha suscrito, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, nueve Memorandos de Entendimiento con países de América del Sur y el Caribe, como medida para fortalecer la cooperación internacional en esta materia, así como tiene una seña antitrata y una aplicación móvil de denuncia de casos. Medidas poco difundidas e insuficientes para atender el problema.
Parece que mientras los burdeles crecen en frontera y en las capitales, el Gobierno Nacional no tiene una política pública para seguir la Recomendación General No. 38 (2020) que actualizó el Artículo 6 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que suscribió el país. Esta recomendación exhorta a que se entienda que la explotación sexual, en especial de migrantes pobres, persiste porque los Estados no han desincentivado de manera eficaz la demanda que la propicia. Estas redes criminales seguirán activas mientras haya hombres que compren servicios sexuales de mujeres vulnerables.
Vidas y familias rotas
Laceraciones en la piel, tumores en los ovarios, infecciones de transmisión sexual, depresión, estrés postraumático, ansiedad, trastornos de sueño... Estos son solo algunos de los impactos a la salud física y mental que las siete migrantes venezolanas que hablaron con El Espectador, víctimas de explotación sexual en la prostitución por el Tren de Aragua, dijeron que les quedaron tras su paso por esa cruel experiencia. Para ellas, entrar a este mundo fue mucho más fácil de lo que ha resultado intentar salir.
Su historia no es excepcional. Carlos Gómez-Restrepo, decano de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, compartió con este diario los resultados de un estudio que un equipo interdisciplinario de esta facultad acaba de terminar tras analizar los impactos a la salud de 21 mujeres migrantes venezolanas que terminaron explotadas sexualmente en la prostitución y sus 30 hijos, en su mayoría menores de 10 años.
Entre 2018 y marzo 15 de 2023, 147 migrantes venezolanas han sido registradas por el Ministerio del Interior como víctimas de explotación sexual en Colombia. Catalina* también fue víctima, pero no hace parte de las cifras oficiales. / Camila Granados Arango
El 66 % de las mujeres presentó algún trastorno mental y, por lo menos, un trastorno físico. Así como el 60,6 % de los hijos de ellas tenían algún trastorno mental y, por lo menos, un trastorno físico: “Las experiencias de violencia de las víctimas del sistema prostitucional tiene repercusiones en la salud física, mental y el desarrollo psicosocial de la vida de estas personas y de sus hijos”, concluyó el estudio. “Estamos en la era de la prevención, según este Gobierno, y yo creo que acoger y prevenir que estas mujeres entren a la prostitución debería ser uno de los temas principales en la promoción física y mental de la salud de esta población, porque se les están vulnerando todos los derechos, no solo a ellas, sino también a quienes están bajo su cuidado”, advirtió el médico Gómez-Restrepo.
Antes de cerrar de un tajo la entrevista, al ver que su hijo pequeño se acercaba, Catalina*, quien migró por la trocha irregular cuando tenía 16 años, le contó a este diario: “Allá adentro eres una mercancía. No estás ahí para que te traten bien. Eso es lo que te dicen siempre. Estás ahí para satisfacerlos, para complacerlos, para brindarles el servicio por el que pagaron. A ninguno le importa si quieres estar ahí, ni si el Tren de Aragua te amenaza con hacerle daño a tu familia. Nadie sabe cuántas puertas se te cerraron antes de llegar a ese cuarto”.
(Lea la entrevista completa sobre este estudio aquí)
*Su nombre real fue protegido por razones de seguridad e intimidad.
