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Durante doce años el ingeniero y empresario antioqueño, Luis Jaime Salazar, ha radicado tutelas, denuncias y cualquier cantidad de solicitudes y peticiones para que en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) le firmen escrituras de tres propiedades que compró en 2008 al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Con consignaciones en mano, avisos de prensa y actas de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes está peleando para demostrar que sí es el propietario. A su vez, denunció que cerca de $10.000 millones están comprometidos en este caso, que la Gerencia de Sociedades en Liquidación de la SAE ocultó información e hizo afirmaciones contrarias a la realidad de los hechos.
La historia empezó en 2008, cuando Salazar compró en una subasta pública tres propiedades (una bodega, el 50% de un local bodega y una oficina) de la sociedad Valencia Henao, la cual desde 2003 fue embargada y extinguida por ser parte del entramado societario de la familia Pablo Escobar. Luis Jaime Salazar depositó tres cheques por $1.938 millones, el valor total de los inmuebles, a la cuenta del entonces liquidador Pablo Arango, designado por la extinta Dirección Nacional para administrar la sociedad Valencia Henao. El negocio parecía cerrado y a través de actos administrativos el liquidador ofició a la DNE para aprobar la firma de escrituras.
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Luis Jaime Salazar le dijo a este diario que desde un inicio ocupó la bodega que compró y empezó a recibir los cánones de arrendamiento que le correspondía por el local. El empresario explicó que frente a este último inmueble solo recibía el 50%, porque el resto de la propiedad era de Carlos y Fernando Henao Vallejo, cuñados de Escobar, y nunca fue objeto de un proceso de extinción de dominio. Esa otra mitad, además, era administrada por la sociedad Inmobiliaria Punto Raiz, la cual se encargaba de cobrar la totalidad de los arrendamientos y repartir las ganancias. Sin embargo, el 100% del dinero se lo entregaban al liquidador Arango, quien supuestamente repartía por mitades la plata entre Salazar y los Henao Vallejo.
El ingeniero manifestó que siempre recibió su parte, pero notó que el liquidador Arango empezó a enredar la firma de las escrituras. Al indagar qué pasaba, Salazar evidenció que su 50% del local y la oficina estaban embargados porque la sociedad Valencia Henao estaba inmersa en una demanda civil. Salazar descubrió que la oficina y los dos parqueaderos que compró por $240 millones tenían una deuda con la administración del edificio por $245 millones. De inmediato le exigió al liquidador solucionar el problema. En un principio Arango le dijo que él debía sanear el bien, a lo que Luis Salazar se negó y hasta pidió el reintegro del dinero de la compra. Los embargos se levantaron en 2011, pero seguían sin firmar escrituras.
Para Salazar todo tenía una razón: Pablo Arango no quería perder el negocio de seguir recibiendo honorarios por ser liquidador de la sociedad Valencia Henao y seguir cobrando el 100% del arrendamiento, pues no se sabía a ciencia cierta si la familia de los Henao Vallejo recibía su parte. Salazar agregó que firmar las escrituras significaba el fin de la sociedad Valencia Henao, pues ya no quedaba nada por administrar. Además, el empresario denunció que el liquidador realizó otras maniobras para torpedear la firma, como no pagar los impuestos prediales no presentar en las notarías los paz y salvo requeridos. Así fue hasta 2013, cuando se anunció la liquidación de la DNE y que todos los bienes del Frisco pasarían a manos de la SAE.
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Salazar envío diversos oficios y en medio del caos en la DNE se perdieron. A pesar de no poder firmar escrituras, Salazar seguía ocupando la bodega, recibiendo de la Inmobiliaria Punto Raiz su parte del arrendamiento e intentando ocupar las oficinas. Para 2014, cuando la SAE entró en operación, empezó a librar otra pelea. Según el empresario, entre 2014 y 2017 tuvo un trato cordial con la Gerencia de Sociedades en Liquidación de la SAE, hasta que, ante la falta de respuesta para firmar las escrituras, interpuso una demanda que llegó al Consejo de Estado. En ese momento, la SAE suspendió el pago de cánones a favor de Salazar, argumentando que no lograron demostrar que sí pagaron por los tres inmuebles de la Sociedad Valencia Henao.
Salazar perdió en los estrados judiciales porque no logró acreditar el pago, pues el Banco Agrario, la entidad en la que depositó los cheques con los que pagó los bienes en 2008, no le envió los comprobantes de pagos. Según Salazar, cuando la SAE le suspendió los pagos, desconoció dos actos administrativos que en 2008 ordenaron que se le entregaran a él y a Lena Business las cuotas de arrendamiento. Además, que la entidad fue desleal en los procesos judiciales porque en uno de los CD del expediente que llegó de la DNE estaban 3.000 folios de todo los comprobantes y actos administrativos que demostraban que el negocio sí se realizó. Es decir, que estaban en poder de la SAE desde 2014 cuando recibió los bienes del FRISCO.
En 2019, luego de una tutela, Salazar logró que la la Vicepresidencia del Banco Agrario le enviara una certificación del ingreso del dinero a las cuentas autorizadas por la DNE. Con esta prueba, el empresario contrató al exmagistrado Jaime Arrubla, quien presentó ante la SAE una petición para la suscripción de las escrituras y adjuntó las certificaciones del Banco Agrario. Una vez más la SAE se negó argumentando que ellos estaban en la etapa de verificación con la entidad bancaria y aún no obtenían respuesta, por lo que la defensa de Salazar acudió a estrados judiciales nuevamente. Asimismo, presentó varias demandas por perturbación de la posesión contra la inmobiliaria por el no pago de los cánones de arrendamiento.
Al ser consultados sobre el tema, la SAE explicó que los bienes están bajo la titularidad de la Nación actualmente y que el otro 50% está a nombre de los hijos de los Henao Vallejo. Asimismo, que el actual liquidador es Luis Alberto Zapata. Frente a los reclamos de supuestas irregularidades en la no firma de escritura explicó que iniciaron una reconstrucción documental para la validación de la compra en 2008, en la que “no fue posible evidenciar documentos que establezcan las condiciones bajo las cuales se acordó la venta, esto es: promesa de compraventa o términos de referencia de la subasta o del proceso de venta correspondiente”.
La SAE manifestó que el comprador consignó el valor de la venta en una cuenta personal del depositario Pablo Arango, por lo que la validación de los ingresos a las cuentas del FRISCO fue muy dispendiosa porque el liquidador los entregó un año después. “Lo los saldos consignados no fueron reflejados de manera individualizada por la extinta DNE y estuvieron consignados en las cuentas del señor Pablo Arango Álvarez durante por lo menos un año”, dijo la entidad. Y agregó: “La SAE desplegó una labor de validación directamente con el Banco Agrario y apenas en el año 2020, se logró establecer la certeza de la existencia y la transferencia de los dineros consignados por concepto de compra”.
Finalmente, la SAE le dijo a este diario que al presentar el caso al Comité de Negocios del Nivel Central, decidieron en su sesión 91 que aprobaban la escrituración de la bodega y el local bodega a favor de Luis Jaime Salazar. Frente a las oficinas indicaron que siguen inmersos en un proceso de demanda por parte del administrador del edificio porque siguen cuotas pendientes por pagar. Salazar indicó que la SAE aún no le ha comunicado esta decisión y que su estrategia siempre fue evadir la responsabilidad por los perjuicios causados, tanto económicos como morales. “La táctica clara es que se demande que ‘el de atrás paga’. Los funcionarios de la SAE salen (Presidenta, Gerente de Sociedades), los liquidadores se cambian y la documentación que prueba lo que han hecho se va perdiendo”, concluyó.
El caso de Luis Jaime Salazar, quien hoy reclama que se le paguen los cánones de arrendamiento que dejó de percibir desde 2017 por el local-bodega y desde 2008 por las oficinas con los intereses respectivos, es un espejo de lo que ocurre al interior de la SAE tras recibir el desorden administrativo de la DNE. La entidad hoy tiene 903 sociedades en liquidación y establecimientos de comercio que suman $1,4 billones. Una cifra que no ha sido ajena a quienes desde las épocas de la DNE han intentado apropiarse ilegalmente de los bienes de la mafia y que, ante el caos y desorden, han logrado su objetivo. El principal objetivo de la SAE es organizar la casa, una labor en la que ha trabajado durante los últimos seis años y en la que no deja de encontrar errores del pasado.