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Todos los fiscales que ha tenido Colombia desde Gustavo de Greiff hasta Francisco Barbosa han tenido que ver con el caso de la masacre de La Chinita, en la que 35 personas fueron asesinadas. Varios jueces y magistrados de Medellín también revisaron el expediente y, en medio de una investigación que la justicia calificó de irregular, condenaron a diez personas. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado también evaluaron este crimen, perpetrado por el frente Quinto de las Farc en el Urabá antioqueño en 1994. La primera absolvió a los mal condenados y el segundo condenó al Estado por la privación ilegal de esas personas, que duraron más de diez años en la cárcel; y 27 años después, las cosas siguen prácticamente iguales.
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Pese a haber recorrido todo el laberinto judicial colombiano para saber qué pasó, quiénes fueron los autores de los crímenes y sus nombres, así como los de los agentes del Estado que no hicieron lo suficiente para proteger a las víctimas, las respuestas son insuficientes. A esa conclusión llegó esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que decidió estudiar la denuncia que presentaron varias víctimas en 2010, quienes aseguraron que, además de no tener justicia, no han sido debidamente reparadas, pese a que el Consejo de Estado lo ordenó en 2006. La decisión del sistema interamericano no pasó desapercibida en los corredores de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni en la Agencia Jurídica del Estado, pues su trascendencia no es para menos.
Quizás esta determinación de la Comisión es la primera decisión en todo el proceso que podría darles a las víctimas la justicia y reparación que llevan casi treinta años exigiendo; o, por lo menos, eso es lo que esperan. Sin embargo, la entrada del proceso al sistema interamericano resulta crucial para muchos abogados que conocen los procesos de la JEP y ante la CIDH. La masacre de La Chinita es uno de los crímenes que hoy estudia la Jurisdicción Especial dentro del caso 04, que se creó en 2018 para investigar lo que pasó en la región de Urabá durante el conflicto armado. Y, como el expediente lleva hasta ahora dos años en la JEP, en una mirada estricta de ese laberinto judicial, las instancias internas para acceder a la justicia todavía no se han agotado.
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El lío es que pasar por todas esas instancias es un requisito que exige la CIDH para poder entrar a su jurisdicción. En palabras castizas: hasta que la JEP se pronuncie sobre el caso, o tenga más tiempo para hacerlo, las víctimas no podrían ir al sistema interamericano, porque primero deben esperar a que en Colombia ya no puedan hacer nada más para acceder a la justicia. En el mundo del derecho esto se conoce como el principio de subsidiariedad, que rige en la justicia internacional. “Aquí se están saltando, con un salto de garrocha, lo que pueda hacer la JEP. Es un golpe fuerte para nuestro sistema de justicia transicional que, precisamente, busca darles esa verdad y justicia a las víctimas”, le explicó a este diario una exfuncionaria de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Aunque la jurista pidió no revelar su nombre, pues está vinculada a otra instancia estatal, aclaró que esta situación se venía venir desde hace más de un año, cuando quedó claro para la comunidad jurídica, y también para el resto de ciudadanos, que los tiempos de la JEP y su trabajo “estaban más bien sucediendo en cámara lenta”. La abogada se refiere a que la Jurisdicción lleva tres años en pie y, hasta ahora, no ha recibido más que versiones libres de exguerrilleros y cientos de informes, “pero decisiones concretas o avances no hemos conocido”. Más allá del trabajo a paso de tortuga, preocupa también el alcance de la decisión que pueda tomar esta justicia especial pues, como bien se sabe, su mandato solo puede atenerse a juzgar a las Farc.
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El abogado de las víctimas de la masacre, Javier Villegas, expresó a El Espectador su preocupación por este tema, pues, tal como se lo hizo saber a la CIDH, desde hace muchos años existe evidencia de que agentes estatales habrían dejado desprotegida a la población que fue masacrada en 1994, pese a las advertencias y amenazas que había recibido la población. En la madrugada del 23 de enero, un comando del frente Quinto de las Farc, en compañía de disidentes del Ejército Popular de Liberación (Epl), llegó a La Chinita, un barrio de invasión en Apartadó. Las ráfagas de disparos acabaron con una fiesta a la que asistían miembros del movimiento Esperanza, Paz y Liberación, conocidos como los Esperanzados, desmovilizados de las filas del Epl en 1991.
Según el proyecto Rutas del Conflicto —una de las bases de datos más completa del país sobre masacres desde 1982—, lo ocurrido en La Chinita fue el inicio de la agudización del conflicto entre paramilitares y guerrilleros de las Farc. En medio de esas alianzas, la justicia aún no ha dicho cuál fue el papel del Ejército. Para las víctimas, la prioridad es aclarar ese panorama y que la justicia condene a los responsables. Por eso tiene su esperanza en que la CIDH resuelva esa incógnita, pues, por ahora, no lo creen posible en Colombia y ven con bastante escepticismo que la JEP lo logre, especialmente por las garantías que han otorgado a los perpetradores y por las penas alternativas que ofrece ese sistema.
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Sin embargo, quienes opinan que hay que darle un tiempo a la JEP para que dé resultados aseguran que la entrada de la CIDH al ruedo podría darle un golpe de credibilidad a esta Jurisdicción e insisten en que lo correcto sería esperar a conocer sus sentencias y agotar los mecanismos internos. “Por algo se inventó la JEP. Es la apuesta del país para ese rezago de justicia. Pero si la Comisión se le atraviesa y condena al Estado por la falta de verdad y de sentencias, pues ¿para qué hicimos semejante esfuerzo”, agregó la abogada que trabajó en la Agencia Jurídica. Si bien se trata de un debate jurídico, hay abogados que ven con buenos ojos la entrada de la CIDH, porque consideran que se trata de una especie de “supervisor” para la JEP.
En diálogo con este diario, Juan Felipe García, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y director del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, expresó que la decisión de la CIDH es una especie de campanazo no solo para la Jurisdicción Especial, sino también para el Estado. García, quien ha estudiado desde hace años los modelos de justicia transicional, asegura que es clave que en Colombia se sepa que, así haya construido un modelo de justicia para superar un conflicto, “hay alguien que está pendiente de que los estándares internacionales de protección de derechos humanos se cumplan. Y el sistema interamericano está pendiente de que así sea. En este y todos los casos”.
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El profesor resalta que, de entrada, hay varios obstáculos para lograrlo pues, como ya se sabe, la JEP no tiene la posibilidad de ordenar reparaciones, un derecho fundamental que la CIDH ha insistido en que se debe proteger. “Por eso es clave que el Estado entiende, de una vez por todas, que debe trabajar en equipo, sin tintes políticos. En este caso, es clave que la Fiscalía, la Agencia de Defensa Jurídica, la Agencia de Víctimas y la JEP trabajen en equipo, en el mismo bando, y le puedan demostrar a la CIDH que en Colombia se cumplen esos estándares de protección”, agregó García. El argumento del profesor trasciende el ámbito jurídico y entra a pisar los terrenos farragosos de la política, en los que la JEP ha recibido ataques de todo tipo, especialmente por los partidos afines al gobierno Duque.
Otro académico que comparte la preocupación de García es Ricardo Molina, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Además del hecho de que la JEP no pueda ordenar reparaciones, el catedrático señaló que en el país existe un gran vacío jurídico frente a quién debe ordenar y realizar estas reparaciones. En entrevista con El Espectador, Molina explicó que también ve con preocupación los avances de la Jurisdicción Especial, un tema de alta importancia, pues las demoras son evidentes, y en los siete casos que priorizó la JEP, incluido el del Urabá, aún no se conoce alguna decisión de fondo. Con un agravante: la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad tiene una vacante, la de Iván González, quien dejó de su cargo esta semana.
Aparte de sus preocupaciones, Molina concuerda con quienes ven el lado positivo de la decisión de la CIDH de estudiar el caso de La Chinita. El profesor considera que el sistema le está enviando un mensaje importante a la JEP: “Le está diciendo: oiga, usted está llamado a hacerle el cierre judicial al conflicto y estamos pendientes de que cumpla con todos los estándares. La Jurisdicción se tiene que poner las pilas”. Sobre el caso 04, se sabe que se han realizado cuatro diligencias colectivas de construcción dialógica de la verdad, así como la recepción de 16 versiones libres de miembros de la fuerza pública y diez de exguerrilleros, y ordenó medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas del resguardo Urada-Jiguamiandó, de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién.
En el trasfondo de la discusión está la protección indiscutible de los derechos de las víctimas y, claro, la posibilidad de que Colombia pueda saldar sus cuentas pendientes en el ámbito de justicia, verdad y reparación. La primera prueba que tiene es con La Chinita. El resultado de este caso podría definir la hoja de ruta del resto de casos que puedan llegar no solo al sistema interamericano, sino también a la Corte Penal Internacional. Y en medio de la discusión jurídica están las víctimas. “La justicia lenta y demorada es injusticia. Las víctimas no pueden estar esperando que el sistema de justicia se mueva. Exigirles que tengan que esperar a que la JEP se pronuncie me parece que no tiene sentido; es una revictimización”, concluyó el abogado Villegas.