Los dos expedientes por el caso del estadio de Bucaramanga

Uno de los casos judiciales que tiene a la expectativa a los bumangueses es la contratación para el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, de la capital santandereana. El negocio se firmó el 16 de febrero de 2015, durante la gestión del entonces gobernador y hoy senador Richard Aguilar. Según las pesquisas, hubo coimas por cerca de $3.000 millones y varios de los que las recibieron ya aceptaron su responsabilidad. Sin embargo, entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia existen diferencias sobre lo que sucedió, pues los testigos se contradicen.

La encargada de estructurar el contrato del estadio Alfonso López fue Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de la gobernación de Aguilar entre 2012 y 2015. Ella, junto a su esposo, Lenin Darío Pardo, y el interventor de la obra, Andrés Mauricio Díaz, fueron capturados el 2 de octubre de 2018 luego de que el contratista representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, Octavio Reyes, confesó cómo se gestionó el negocio. En declaraciones a la Fiscalía en junio de 2018, Reyes explicó cómo Lenin Pardo le propuso asegurar el contrato por $15.000 millones y una adición del 40 % (para un total de $22.000 millones) a cambio de una coima de $3.000 millones.

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En declaraciones conocidas por este diario, el contratista manifestó que en 2014 conoció a Lenin Pardo. En una de las reuniones, Pardo le comentó sobre el negocio de reforzamiento del estadio y le preguntó si estaba interesado. Reyes dijo que sí y Lenin le explicó que existía una exigencia del 15 % del valor total del contrato. “Uno como ingeniero busca trabajo y le dije que tocaba mirar el presupuesto (...) Conseguí un ingeniero que revisó las cifras y me dijo que era viable. Entonces busqué a Lenin Pardo”, declaró Reyes, quien agregó que, ante la propuesta, se sintió en una encrucijada porque temía que al negarse lo vetaran en futuras licitaciones.

Octavio Reyes testificó ante la Fiscalía a cambio de un principio de oportunidad a la espera de ser aprobado por un juez. En sus declaraciones señaló que Lenin Pardo le pasó una USB con información de los precios unitarios del contrato. Eso ocurrió cuatro meses antes de la licitación en febrero de 2015. Adjudicado el negocio, Octavio Reyes explicó cómo entregó las coimas a lo largo del 2015 con pagos en efectivo de $300 millones y en varias entregas en la casa de Lenin Pardo y la exsecretaria de Infraestructura, a través de transacciones electrónicas para el cobro de facturas ficticias a la fiduciaria que administraba los recursos del contrato.

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En total, según la Fiscalía, la exsecretaria Claudia Toledo y su esposo recibieron cerca de $2.300 millones de manos de Octavio Reyes y al interventor de la obra, Andrés Mauricio Díaz, le dieron $600 millones. En octubre de 2018 les imputaron cargos por los delitos de interés indebido en celebración de contrato, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Hoy están bajo medida de aseguramiento domiciliario. Al ver las pruebas y las declaraciones de Reyes, la pareja intentó negociar beneficios judiciales a cambio de declarar contra el exgobernador Richard Aguilar, hijo del condenado coronel (r) Hugo Aguilar.

Así fue que la Corte Suprema de Justicia inició la investigación contra el hoy senador de Cambio Radical. Los acercamientos de Lenin Pulido y Claudia Toledo empezaron a complicarse en la Fiscalía cuando su versión comenzó a reñir con las declaraciones del testigo Octavio Reyes, pues los esposos dijeron a las autoridades que solo recibieron $300 millones y que el resto fue a parar a manos del exgobernador. Fuentes consultadas explicaron que en esos testimonios agregaron que, supuestamente, Aguilar les dio el control del contrato del estadio a cambio de un porcentaje de la coima, que habría sido pagada directamente a Aguilar de manos de Reyes.

Una versión contraria a lo que ha dicho Octavio Reyes ante la Fiscalía, pues en todas sus declaraciones ha insistido en que nunca conoció al gobernador Aguilar ni tuvo conocimiento de su participación en los hechos, que solo le entregó dinero a Lenin Pardo y que nunca supo qué hizo el esposo de la exsecretaria de Infraestructura con esos recursos luego de recibirlos. Es más, el propio Reyes manifestó que Claudia Toledo y Pardo fueron los cerebros del contrato porque, supuestamente, la pareja le dijo que Aguilar les había otorgado control total sobre el contrato.

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Una fuente que conoce el expediente sostuvo que la pareja intentó, con mentiras, quitarse la responsabilidad y no devolver los sobornos que recibieron, echándole la culpa a Richard Aguilar. Además, que la misma Fiscalía se dio cuenta de que esas declaraciones no tenían sustento y por esa razón desecharon la posibilidad de otorgarles beneficios. Otro de los consultados explicó que la pareja decidió colaborar cuando quedaron al descubierto y se evidenció que Lenin Pardo, a pesar de tener solo estudios de bachiller, manejó la contratación de la Secretaría de Infraestructura.

Uno de los episodios que supuestamente llevó a que la pareja tomara la decisión de declarar contra Aguilar es que en el momento en que se negociaba un preacuerdo, Claudia Toledo y Lenin Pardo debían devolver el 50 % de las coimas que recibieron. Al parecer, ese dinero se lo pidieron directamente a Aguilar, quien se negó a entregarlo argumentando que nada tenía que ver con el caso. Según fuentes cercanas al proceso, los esposos insistían en que ellos solo recibieron $300 millones y no casi $3.000 millones, por lo que no debían ser los únicos en responder económicamente y por esa razón dieron rienda suelta a sus declaraciones en la Corte.

Lo que públicamente se ha conocido en distintos medios es que Pardo y Toledo dijeron tener pruebas de cómo se direccionaron contratos por más de $550.000 millones durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander y señalaron a varios políticos que supuestamente se beneficiaron, como Edwin Ballesteros, representante a la Cámara. Al conocerse las declaraciones, la investigación llegó al despacho de César Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte, quien los llamó a que testificaran y ordenó a las partes no hablar con medios. En ese escenario, el alto tribunal realizó este año, en medio de la pandemia, más de 25 labores de policía judicial para comprobar los dichos de la pareja.

Una de esas diligencias fue el allanamiento, el pasado 16 de julio, a la casa de Julián Jaramillo, uno de los hombres de confianza y asesores de Richard Aguilar. La orden se dio luego de que se conocieran audios y videos en los que se escucha supuestamente a Jaramillo hablando de plata que recibió el exgobernador. Esas pruebas, al aparecer, llegaron a manos de la Fiscalía luego de cancelar el proceso de negociación con Claudia Toledo y Lenin Pardo. Sin embargo, dos fuentes que conocen el expediente sostuvieron que en esas grabaciones no hay mención directa de Aguilar y que son la carta con que la pareja está intentando salvarse.

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Mientras unos dicen que a Pardo y Toledo les cerraron las puertas en la Fiscalía por considerar que sus dichos eran mentirosos, otros sostienen que detrás de esa decisión hay algo oscuro y se intenta proteger al exgobernador Aguilar, su círculo de confianza y los contratistas implicados. Lo cierto es que entre la Corte Suprema y la Fiscalía existen discrepancias sobre los testigos y se desconoce la suerte del proceso de colaboración que adelantan Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo. Además, hace poco Richard Aguilar radicó un memorial desmintiendo uno a uno los señalamientos en su contra y calificando las actuaciones como una especie de retaliación.

Al ser consultados sobre el caso y por qué lleva dos años de letargo, desde la Fiscalía respondieron que el próximo 3 de diciembre está citada la audiencia preparatoria del juicio contra Lenin Pardo, Claudia Toledo y el interventor. Para la Fiscalía, las pruebas y el testimonio de Octavio Reyes son determinantes para condenar a la pareja por el caso del estadio Alfonso López (que finalmente se entregó en diciembre de 2019). Pero la Corte Suprema tiene un interés superior que no se restringe al caso del estadio, sino a todos los contratos que se adjudicaron durante la administración de Richard Aguilar en Santander, manejados por Claudia Toledo, su secretaria de Infraestructura.

Uno de los casos judiciales que tiene a la expectativa a los bumangueses es la contratación para el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López, de la capital santandereana. El negocio se firmó el 16 de febrero de 2015, durante la gestión del entonces gobernador y hoy senador Richard Aguilar. Según las pesquisas, hubo coimas por cerca de $3.000 millones y varios de los que las recibieron ya aceptaron su responsabilidad. Sin embargo, entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia existen diferencias sobre lo que sucedió, pues los testigos se contradicen.

La encargada de estructurar el contrato del estadio Alfonso López fue Claudia Toledo, secretaria de Infraestructura de la gobernación de Aguilar entre 2012 y 2015. Ella, junto a su esposo, Lenin Darío Pardo, y el interventor de la obra, Andrés Mauricio Díaz, fueron capturados el 2 de octubre de 2018 luego de que el contratista representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, Octavio Reyes, confesó cómo se gestionó el negocio. En declaraciones a la Fiscalía en junio de 2018, Reyes explicó cómo Lenin Pardo le propuso asegurar el contrato por $15.000 millones y una adición del 40 % (para un total de $22.000 millones) a cambio de una coima de $3.000 millones.

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En declaraciones conocidas por este diario, el contratista manifestó que en 2014 conoció a Lenin Pardo. En una de las reuniones, Pardo le comentó sobre el negocio de reforzamiento del estadio y le preguntó si estaba interesado. Reyes dijo que sí y Lenin le explicó que existía una exigencia del 15 % del valor total del contrato. “Uno como ingeniero busca trabajo y le dije que tocaba mirar el presupuesto (...) Conseguí un ingeniero que revisó las cifras y me dijo que era viable. Entonces busqué a Lenin Pardo”, declaró Reyes, quien agregó que, ante la propuesta, se sintió en una encrucijada porque temía que al negarse lo vetaran en futuras licitaciones.

Octavio Reyes testificó ante la Fiscalía a cambio de un principio de oportunidad a la espera de ser aprobado por un juez. En sus declaraciones señaló que Lenin Pardo le pasó una USB con información de los precios unitarios del contrato. Eso ocurrió cuatro meses antes de la licitación en febrero de 2015. Adjudicado el negocio, Octavio Reyes explicó cómo entregó las coimas a lo largo del 2015 con pagos en efectivo de $300 millones y en varias entregas en la casa de Lenin Pardo y la exsecretaria de Infraestructura, a través de transacciones electrónicas para el cobro de facturas ficticias a la fiduciaria que administraba los recursos del contrato.

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En total, según la Fiscalía, la exsecretaria Claudia Toledo y su esposo recibieron cerca de $2.300 millones de manos de Octavio Reyes y al interventor de la obra, Andrés Mauricio Díaz, le dieron $600 millones. En octubre de 2018 les imputaron cargos por los delitos de interés indebido en celebración de contrato, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Hoy están bajo medida de aseguramiento domiciliario. Al ver las pruebas y las declaraciones de Reyes, la pareja intentó negociar beneficios judiciales a cambio de declarar contra el exgobernador Richard Aguilar, hijo del condenado coronel (r) Hugo Aguilar.

Así fue que la Corte Suprema de Justicia inició la investigación contra el hoy senador de Cambio Radical. Los acercamientos de Lenin Pulido y Claudia Toledo empezaron a complicarse en la Fiscalía cuando su versión comenzó a reñir con las declaraciones del testigo Octavio Reyes, pues los esposos dijeron a las autoridades que solo recibieron $300 millones y que el resto fue a parar a manos del exgobernador. Fuentes consultadas explicaron que en esos testimonios agregaron que, supuestamente, Aguilar les dio el control del contrato del estadio a cambio de un porcentaje de la coima, que habría sido pagada directamente a Aguilar de manos de Reyes.

Una versión contraria a lo que ha dicho Octavio Reyes ante la Fiscalía, pues en todas sus declaraciones ha insistido en que nunca conoció al gobernador Aguilar ni tuvo conocimiento de su participación en los hechos, que solo le entregó dinero a Lenin Pardo y que nunca supo qué hizo el esposo de la exsecretaria de Infraestructura con esos recursos luego de recibirlos. Es más, el propio Reyes manifestó que Claudia Toledo y Pardo fueron los cerebros del contrato porque, supuestamente, la pareja le dijo que Aguilar les había otorgado control total sobre el contrato.

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Una fuente que conoce el expediente sostuvo que la pareja intentó, con mentiras, quitarse la responsabilidad y no devolver los sobornos que recibieron, echándole la culpa a Richard Aguilar. Además, que la misma Fiscalía se dio cuenta de que esas declaraciones no tenían sustento y por esa razón desecharon la posibilidad de otorgarles beneficios. Otro de los consultados explicó que la pareja decidió colaborar cuando quedaron al descubierto y se evidenció que Lenin Pardo, a pesar de tener solo estudios de bachiller, manejó la contratación de la Secretaría de Infraestructura.

Uno de los episodios que supuestamente llevó a que la pareja tomara la decisión de declarar contra Aguilar es que en el momento en que se negociaba un preacuerdo, Claudia Toledo y Lenin Pardo debían devolver el 50 % de las coimas que recibieron. Al parecer, ese dinero se lo pidieron directamente a Aguilar, quien se negó a entregarlo argumentando que nada tenía que ver con el caso. Según fuentes cercanas al proceso, los esposos insistían en que ellos solo recibieron $300 millones y no casi $3.000 millones, por lo que no debían ser los únicos en responder económicamente y por esa razón dieron rienda suelta a sus declaraciones en la Corte.

Lo que públicamente se ha conocido en distintos medios es que Pardo y Toledo dijeron tener pruebas de cómo se direccionaron contratos por más de $550.000 millones durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander y señalaron a varios políticos que supuestamente se beneficiaron, como Edwin Ballesteros, representante a la Cámara. Al conocerse las declaraciones, la investigación llegó al despacho de César Reyes, magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte, quien los llamó a que testificaran y ordenó a las partes no hablar con medios. En ese escenario, el alto tribunal realizó este año, en medio de la pandemia, más de 25 labores de policía judicial para comprobar los dichos de la pareja.

Una de esas diligencias fue el allanamiento, el pasado 16 de julio, a la casa de Julián Jaramillo, uno de los hombres de confianza y asesores de Richard Aguilar. La orden se dio luego de que se conocieran audios y videos en los que se escucha supuestamente a Jaramillo hablando de plata que recibió el exgobernador. Esas pruebas, al aparecer, llegaron a manos de la Fiscalía luego de cancelar el proceso de negociación con Claudia Toledo y Lenin Pardo. Sin embargo, dos fuentes que conocen el expediente sostuvieron que en esas grabaciones no hay mención directa de Aguilar y que son la carta con que la pareja está intentando salvarse.

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Mientras unos dicen que a Pardo y Toledo les cerraron las puertas en la Fiscalía por considerar que sus dichos eran mentirosos, otros sostienen que detrás de esa decisión hay algo oscuro y se intenta proteger al exgobernador Aguilar, su círculo de confianza y los contratistas implicados. Lo cierto es que entre la Corte Suprema y la Fiscalía existen discrepancias sobre los testigos y se desconoce la suerte del proceso de colaboración que adelantan Claudia Toledo y su esposo Lenin Pardo. Además, hace poco Richard Aguilar radicó un memorial desmintiendo uno a uno los señalamientos en su contra y calificando las actuaciones como una especie de retaliación.

Al ser consultados sobre el caso y por qué lleva dos años de letargo, desde la Fiscalía respondieron que el próximo 3 de diciembre está citada la audiencia preparatoria del juicio contra Lenin Pardo, Claudia Toledo y el interventor. Para la Fiscalía, las pruebas y el testimonio de Octavio Reyes son determinantes para condenar a la pareja por el caso del estadio Alfonso López (que finalmente se entregó en diciembre de 2019). Pero la Corte Suprema tiene un interés superior que no se restringe al caso del estadio, sino a todos los contratos que se adjudicaron durante la administración de Richard Aguilar en Santander, manejados por Claudia Toledo, su secretaria de Infraestructura.