Entre aguinaldos y celebraciones en la Navidad del año pasado arrancó en el país una disputa de proporciones mayores en la Policía Nacional. Las fiestas decembrinas disimularon la gravedad y los detalles del asunto y el tema quedó, en ese momento, como un episodio de órdenes cruzadas entre el Ministerio de Defensa y la Dirección de la entidad. Pero lo cierto es que se trata de uno de los escándalos de corrupción más graves que haya tenido que enfrentar esta institución de la Fuerza Pública. Tanto así, que todos los organismos de control y de investigación están metidos de cabeza en develar sus alcances. Su delicadeza hizo que hasta la Vicepresidencia de la República entrara a apoyar el asunto.
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Quienes lo conocen aseguran que es la verdadera razón de la pelea entre el director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, y el alto oficial encargado de investigar todas las irregularidades dentro de la Policía, el general William Salamanca, quien desde hace un año es el inspector general de este organismo. Fuentes de la Fiscalía y de la Procuraduría le explicaron a El Espectador el trasfondo de los casos de corrupción que duraron meses, hasta años, completamente quietos en la Inspección y de varias irregularidades que nadie había denunciado ni investigado antes. El foco de las investigaciones es la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Diran).
Con los testimonios que trascendieron en los últimos días a raíz del expediente disciplinario en contra de Atehortúa, el escándalo de fondo volvió a adquirir relevancia. Según los documentos conocidos por este diario, son cuatro los temas que se investigan desde la Inspección General de la Policía: presuntas irregularidades en la Aviación de la Policía (adscrita a la Diran), vínculos del Clan del Golfo y del cartel de Sinaloa con uniformados de puertos marítimos y aéreos, millonarios contratos adjudicados al parecer a dedo y, por último, quizás el más grave, presuntas conductas ilegales en salas de interceptaciones a cargo de la institución.
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Horas de vuelo y un accidente
Los primeros detalles de irregularidades en la Aviación de la Policía se conocieron a finales del año pasado, cuando se supo que el general Atehortúa le ordenó al general Salamanca que saliera de vacaciones por más de un año. Esa orden fue reversada por el presidente Iván Duque, a través de su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. No le quedaba nada bien ni a la Policía, ni al Ministerio, ni a la Presidencia, que el oficial a cargo de investigar la corrupción interna saliera de vacaciones de esa forma, y mucho menos durante más de 400 días, como lo había determinado Atehortúa. Hasta el procurador Fernando Carrillo se atravesó en la decisión del director de la Policía y empezó a indagar las verdaderas razones de esa orden.
Ya entrado el año 2020, el diario El Tiempo reveló que más de 150 uniformados subieron a sus hojas de vida registros de horas de vuelo falsas, pues, según las normas, a más tiempo en el aire, más dinero en sus sueldos y hasta en su pensión de retiro. En ese momento se supo que había por lo menos $100 mil millones en juego y que hasta policías retirados seguían ganando dinero por esas anomalías. Los hallazgos causaron inquietud en la Inspección, pues se trataba de los pilotos con más experiencia y quienes presumían de ser los más avezados por tener más horas de vuelo. Pero el sistema donde se cargan esos tiempos mostró que había pilotos con números que de ninguna manera podían ser correctos.
El Espectador conoció el primer informe de estas irregularidades. Se trata de un acta del 11 de mayo de 2019, en el que quedaron en evidencia 167 pilotos que habrían cargado al sistema horas de simulador como horas de vuelo, un registro no permitido por las normas de aviación, pues lo que debe contar es el tiempo que se pasa en el aire. Había, por ejemplo, registros de cuatro coroneles con estas inconsistencias, y de mayores con números exorbitantes: uno tenía 869 horas de vuelo falsas, otro 628, y otro más, 525. Además de las horas practicadas en simulador, los investigadores se dieron cuenta también de que había pilotos que habían acumulado tiempo desde antes de ingresar a la misma Policía.
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El resultado de esa acta, que fue producto de una reunión con miembros de alto nivel de la Aviación de la Policía, como el general Luis Enrique Méndez, en ese entonces jefe de área de Aviación, fue que se debían enmendar todos los errores en esas horas, borrarlas de las hojas de vida y restablecer el dinero que irregularmente ganaron policías, entre otros. Pero nadie informó de los hallazgos para investigarlos y mucho menos se ordenó que se sancionara a quienes engañaron a la Policía y, por esa vía, aumentaron sus salarios. Con otra gravedad: en enero pasado, Aviación de la Policía certificó que ya había resuelto el problema, que en realidad solo eran 61 los pilotos con horas mal cargadas y que 16 devolvieron la plata.
¿Por qué la lista pasó de tener 167 pilotos a 67? Esta es una pregunta que se hacen en la Procuraduría, pues le ha seguido de cerca la pista al caso a raíz de un tema relacionado con estas irregularidades, pero de alcances mucho más graves que involucra delitos como el de homicidio. Además, el Ministerio Público tiene información de que los pilotos reportaron como horas de vuelo trayectos de aviones que nunca estuvieron en el aire, que entre ellos se repartían sus tiempos a cambio de plata,y que un intendente habría cobrado hasta $60 mil por cada tabulación de estas horas de trabajo falsas. La Procuraduría se fijó en este esquema de corrupción a finales del año pasado.
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El inicio de esas indagaciones coincidió con las vacaciones del general Salamanca que ordenó su superior, el general Atehortúa. En ese entonces, la Procuraduría hizo uso de su poder preferente para investigar a los oficiales involucrados en la caída de un avión de la Policía en mayo de 2018, siniestro que cobró la vida de cuatro uniformados: el instructor de vuelo, el mayor Andrés Valbuena y sus estudiantes, los tenientes Carlos León y Juan Alcides Sosa, y el subintendente John Wílfer Parra. Lo primero que causó sorpresa en la Procuraduría fue que, aunque el accidente había ocurrido dos años atrás, en la Inspección de la Policía no había ninguna investigación contundente.
Este último dato cobra especial relevancia por una razón: el inspector general de la Policía, cuando ocurrió el accidente, era el general Atehortúa, hoy director. Para la Procuraduría, una de las claves para ejercer ese poder preferente fue precisamente el hecho de que la Inspección solo ordenó la apertura de indagación preliminar a finales de enero de este año, cuando ya habían transcurrido dos años del siniestro. Además de esta posible omisión, a la Procuraduría le llamó la atención que un juzgado penal militar había compulsado copias para investigar desde el ámbito disciplinario el accidente. Y el propio general Salamanca le pidió al Ministerio Público que vigilara el caso.
Antes de esa petición, el accidente se había catalogado dentro de la Policía como una falla técnica. Al parecer, el mantenimiento del avión accidentado se había hecho mal (le pusieron un repuesto no aprobado por la casa fabricante y lo camuflaron). Sin embargo, lo que la justicia penal militar pudo encontrar es que se habrían adulterado documentos que soportaban la capacitación de los pilotos fallecidos, que se falsificó la firma del instructor Valbuena y que la Policía no cumplió con los estándares para instruir a los estudiantes. La justicia penal militar agregó que en el posible ocultamiento de información habría participado un mayor de la Policía. La Fiscalía también está tras estos datos.
Los indicios de que había algo más detrás del siniestro llegaron a oídos de la Inspección de la Policía de boca de un oficial experto en accidentes aéreos, que decidió denunciar la gravedad de los hechos. En declaración jurada, el uniformado relató con detalle cómo arrancó la investigación del accidente y, aunque era un experimentado perito, la Policía no le permitió hacerse cargo del caso. Contó que, por sus propios medios, viajó a Canadá a una visita a la fábrica del avión accidentado para conocer la opinión de los expertos. El oficial recalcó que hubo manipulación de información clave del accidente y que, de no haber sido por la falta del cumplimiento de protocolos, este no habría ocurrido.
El peso de los hallazgos en Aviación de la Policía es de extrema delicadeza para toda la institución, pues irregularidades de este tamaño podrían costarle la licencia para volar de la Aeronáutica Civil. Funcionarios de la Aerocivil consultados por este diario aseguraron que esa posibilidad es altísima, debido a que las faltas que se estarían cometiendo son graves: no se estarían cumpliendo con los estándares de revisiones mecánicas, tampoco se tendrían registros concretos de cuántas horas de vuelo tienen sus pilotos y quizás la más grave de todas, se habría ocultado información sobre un accidente mortal. “Atehortúa no puede darse el lujo de que, bajo su dirección, la Policía pierda esa licencia”, agregó una fuente.
Contratos y convenios
Las secuelas de perder el permiso para volar no solo impactarían al área de aviación, que cuenta con más de 600 pilotos, sino que también afectaría las finanzas de la Policía Nacional. Esta mantiene jugosos convenios con diferentes entidades del país, como ministerios, entes departamentales y organismos de investigación y de control. El negocio consiste en que la institución presta sus aeronaves y personal para transportar, por ejemplo, a funcionarios del Ministerio del Interior en viajes en territorio colombiano o simplemente en trayectos entre ciudades cercanas. Por ese servicio, la Policía ha recibido hasta mil millones de pesos, según un contrato que firmó esta cartera ministerial hace dos años.
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En ese, y en la mayoría de convenios, la descripción del contrato estipula que las entidades convocadas deberán “aunar esfuerzos que permitan atender los requerimientos básicos para garantizar el desplazamiento aéreo del titular de la cartera y los funcionarios que este autorice, dentro del territorio nacional en desarrollo de las actividades propias de su cargo”. En el caso del convenio de mil millones con el Ministerio del Interior, firmado en 2018, la Policía prestó este servicio durante 11 meses y no hubo más proponentes pues se trató de una contratación directa. Ese mismo año, ministerios como el de Vivienda y el de Hacienda firmaron convenios similares, el primero por $150 millones y el segundo por $200 millones
Más allá de los convenios que podrían afectarse, Procuraduría y Fiscalía les siguen la pista a supuestas irregularidades en otros contratos de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía (Diraf). Varios de ellos tienen que ver con negocios que se firmaron en esta Dirección, entre 2017 y 2019, para comprar motos, carros y tanquetas, y de los cuales la firma 7M Group ha sido gran beneficiaria. Al parecer, lo consiguió con ayuda de oficiales de la Policía que habrían aceptado sobornos a cambio de ayudarle en los procesos de contratación, y hasta de funcionarios de Colombia Compra Eficiente. Según cálculos de la investigación, 7M se habría quedado con el 76 % de estos contratos durante los últimos tres años.
Las cuentas que han hecho las autoridades es que esos negocios tuvieron un valor total de casi $34 mil millones. Dentro de la Policía es claro que este fue otro de los casos que avivaron la pelea entre el general Atehortúa y el general Salamanca, pues las primeras denuncias que se conocieron sobre estas presuntas anomalías llegaron a la institución en 2016. Y, aunque en ese momento sí se creó un grupo especial para revisar estos procesos, nunca se presentó ningún avance, ni siquiera cuando Atehortúa estuvo al frente de la Inspección General. La Procuraduría ya arrancó las indagaciones disciplinarias por ese caso y está tras la pista de una general y otros oficiales.
Este diario trató de comunicarse con la empresa 7M, pero no obtuvo respuesta en ninguno de los teléfonos que aparecen en su página web. Sin embargo, cuando su nombre salió por primera vez mencionado en el diario El Tiempo, en mayo de este año, su representante, el tolimense Martín Cáceres, expresó que no entraría en controversias públicas con quienes llamó “detractores en el sector comercial” y que las explicaciones del caso las daría ante las autoridades que así lo requieran. Según la publicación de ese diario, se dijo también que existe un proceso en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posibles actividades que violarían la libre competencia.
Sobre el tema de presuntas irregularidades en contratos, la Inspección de la Policía también tiene indicios de casos que nunca que se investigaron antes, como el de una supuesta sobrefacturación de tiquetes internacionales y nacionales por más de $2.200 millones; otro sobre problemas en la construcción de una sede de la Escuela de Cadetes de la Policía en Tabio (Cundinamarca), investigación que habría ordenado adelantar el general Jorge Nieto, exdirector de la Policía, en 2018, justo cuando Atehortúa estaba en la Inspección. Al respecto, la Procuraduría y la Fiscalía están al tanto de las pesquisas y atentas a intervenir si es necesario.
Por supuesto, en este ítem de “peros” en la contratación de la Policía también está el expediente por las casas fiscales en Tolima, el caso que tiene al general Atehortúa en un juicio disciplinario en la Procuraduría. Según la investigación que arrancó Salamanca, el director de la Policía se habría extralimitado en sus funciones y habría participado de un tráfico de influencias mientras estuvo al frente del Fondo Rotatorio, entre 2014 y 2015. Además de las presuntas faltas disciplinarias por este contrato, la Procuraduría también le reprochó al director Atehortúa que le haya ordenado salir a vacaciones al general Salamanca justo cuando este último le dio impulso a la investigación por las viviendas que lo implicaban.
El general Atehortúa se ha defendido de los cargos de la Procuraduría, alegando que todo se trata de una pelea de poderes interna que solo busca sacarlo de la institución. “¿Por qué esta catarata de procesos que ahora convergen sin conexidad ni procedencia? Es por una intensa gestión de personas que quieren ascender a cualquier precio a la alta Dirección General de la Policía, un presupuesto quizá de ‘el fin justifica los medios’”, dijo el abogado del general, el exmagistrado Marco Antonio Velilla, durante el juicio disciplinario. Justamente el viernes pasado, la Fiscalía anunció el archivo de la investigación por este mismo caso en contra del general Atehortúa.
El roce entre el general Salamanca y el director de la Policía se ha vuelto más notorio con el avance del juicio disciplinario en contra de este último. Después de declarar en ese proceso, el general Salamanca denunció que él y su familia están siendo víctimas de amenazas y hasta de un posible montaje judicial. Mientras tanto, el ministro Trujillo se pronunció por primera vez sobre el asunto recientemente: “En lo que tiene que ver con el general Salamanca, por supuesto cuenta con toda la seguridad. En lo que tiene que ver con el general Óscar Atehortúa, es un gran director de la Policía y está generando un ambiente operacional muy importante”, refirió el alto funcionario.
Mientras tanto, la Procuraduría avanza en el juicio y se espera que esta semana sigan escuchándose testimonios, entre ellos el de un coronel que pidió la defensa de Atehortúa y que tiene siete investigaciones en la Procuraduría, una de ellas por irregularidades en la Sala Negro de interceptaciones de la Policía, un expediente cuyos detalles podrá leer en la edición de mañana en El Espectador.