Los males del tercer canal

El entorno de la industria de la televisión está más enrarecido que nunca. La puja por el tercer canal tiene con los pelos de punta a más de uno. Pero lo más preocupante es que nueve meses después de que se hiciera el anuncio oficial de que Colombia tendría un nuevo canal, hoy son más los interrogantes que las certezas que rodean la adjudicación.

Aunque desde 1997, cuando se entregaron dos canales privados de televisión con una exclusividad de diez años y se reorganizó el espectro para el futuro ingreso de un nuevo canal, se preveía que el asunto no iba a ser nada fácil, los enredos que se evidenciaron en los últimos meses dejan claro que todos los interesados sacaron su artillería pesada, en una guerra que está dejando muchas víctimas en el campo minado de la normatividad, el lobby y la solvencia económica.

La primera batalla se libró en abril de 2008, cuando la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) expidió el Registro Único de Operadores (RUO). Un mecanismo que fijó exigentes requisitos, financieros, técnicos y jurídicos. Allí las víctimas fueron al menos cinco empresarios extranjeros y nacionales, y sólo quedaron en pie las compañías Inversiones Rendiles S.A. (Grupo Cisneros de Venezuela), Pacsa S.A. (Grupo Prisa de España) y Canal 3 S.A. (Grupo Planeta de España).

Mientras estos tres postulados empezaban a afinar su munición, por la misma época se abría otra batalla en la CNTV: la prórroga de la concesión a los canales privados Caracol y RCN. De esta manera, durante el segundo semestre del año pasado los comisionados estuvieron metidos de cabeza en ese asunto y en medio de una aguda polémica —por la calidad de los estudios para valorar la prórroga, por la elección de comisionados y por la adjudicación de una concesión satelital a la empresa Elite Entertainment Televisión, que resultó ser, palabras más, palabras menos, “una perrera”— renovaron la concesión a los dos canales privados.

Entre tanto, durante varios meses, la causa de un tercer canal privado no parecía prioritaria. Sin embargo, en la junta directiva del martes 2 de diciembre de 2008, sorpresivamente, la entidad anunció que a partir de esa fecha se iniciaba el proceso de adjudicación del tercer canal mediante el mecanismo de subasta, que culminaría con la entrega de la concesión en mayo de 2009.

“Era previsible que por la complejidad del proceso el cronograma no se cumpliera”, relató un experto del sector. Sin embargo, la exitosa adjudicación del estándar de televisión digital pareció motivar a algunos comisionados para apresurar la decisión y fijar el cronograma de entrega del tercer canal.

Entonces comenzó un debate dentro de la CNTV sobre el pago de la concesión y finalmente se impuso la tesis del comisionado Ricardo Galán, quien para esa época conceptuó que la concesión debía fijarse teniendo en cuenta, además de la oferta económica, la propuesta de contenidos.

Las dudas legales

A pocos días de su posesión apareció en el proceso la Procuraduría. Su titular, Alejandro Ordóñez, dejó en cabeza de una de sus abogadas de confianza, María Eugenia Carreño Gómez, delegada para Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la labor de seguimiento a la concesión.

Luego de un cruce de requerimientos, el Ministerio Público evidenció serías dudas sobre la normatividad que sustenta el proceso, así como inquietudes por su etapa previa de contratación. Además, inversión extranjera, número de accionistas, las fases de la adjudicación, la posibilidad de que actuales concesionarios de televisión participen en el proceso, la ausencia de un auditor para medir el comportamiento de la pauta y los detalles del trabajo elaborado por las bancas de inversión, son asuntos que aún no convencen del todo a la Procuraduría, pese a las respuestas enviadas por la CNTV.

Pese a ello, la entidad siguió adelante con la licitación y el 22 de abril publicó los prepliegos de condiciones. Un tema que despertó nuevas inquietudes entre los interesados, al punto que se registró una cifra récord: 240 observaciones, de las cuales cerca de 60 les dieron razón a los proponentes. De hecho, sólo este viernes la CNTV hizo públicas las respuestas a las inquietudes, un asunto que también enreda la madeja y que obligará a cambiar algunos aspectos de los pliegos definitivos.

Líos internos

Al tiempo que el proceso avanzaba, otros capítulos se desarrollaban en  la Comisión. Renunció al cargo María Carolina Hoyos y asumió como director de la entidad Juan Andrés Carreño. Sin embargo, el reemplazo, representante directo del presidente Álvaro Uribe, se convirtió en un misterio, en un momento crucial para la entidad.

El misterio del nombramiento se develó el 4 de junio con la posesión de la abogada Ilse Bechara, una experta en educación superior y rectora de la Universidad del Sinú desde 2004. De esta manera la suerte del tercer canal quedó en manos del abogado Juan Andrés Carreño, el biólogo Alberto Guzmán, el reconocido periodista Ricardo Galán, la neófita abogada Zulma Casas y la educadora Bechara.

No obstante, dos semanas después de su nombramiento en la CNTV, se evidenciaron las diferencias entre los dos representantes del Presidente, los comisionados Bechara y Galán. Al punto que el pasado 21 de julio, la comisionada Bechara envió a los miembros de la junta directiva de la CNTV, al presidente Álvaro Uribe y a la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, en donde se defiende de acusaciones de Galán, quien, según ella, le informó al Gobierno de estar “actuando con la oposición en la junta de la Comisión”.

Hoy las diferencias entre los comisionados son evidentes y su criterio como representantes del presidente Uribe, frente a asuntos como el tercer canal de televisión, parece no ser uniforme. De hecho, esta sería la coyuntura para que se conociera la promocionada renuncia de Galán, quien se haría socio de la empresa Redmedios, que le dará soporte en comunicaciones a la candidata Noemí Sanín. Por su parte, el futuro de la comisionada Bechara es incierto.

Golpes en junio y julio

Pero quizás los dos últimos meses han sido el período en que el proceso de adjudicación ha recibido los mayores golpes, que lo pueden poner en la cuerda floja. El 12 de junio, los canales Caracol y RCN entablaron una acción de cumplimiento contra la CNTV. Mediante el mecanismo judicial buscan que se ordene a la junta directiva entidad que, de manera previa a la apertura de la licitación, “las personas interesadas se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de Operadores”. El juez está por fallar y si acepta los argumentos de los canales, el proceso llevado a cabo de inscripción, calificación y clasificación que se hizo durante el año 2008 tendría que repetirse, informó un experto cercano al proceso.

Como si esto fuera poco, en julio otro debate rodeó el proceso: la necesidad de que la frecuencia donde opera el canal 13 sea cedida al nuevo operador a fin de que compita en condiciones similares con los canales privados. Para este fin el Ministerio de Comunicaciones contrató un estudio con la firma Tesamérica, que ya conceptuó que es viable. Sin embargo, ello requeriría un costo por funcionamiento e inversión de US$22 millones y sería el nuevo piloto del canal digital.

El asunto es que aún no se ha definido quién, de dónde y de qué manera se pagará la millonaria cifra. Incluso, recientemente en el Congreso, en un acalorado debate varios senadores vieron poco viable que se traslade un bien público para satisfacer a un particular.

Las complicaciones no pararon allí para el proceso. Hace dos semanas, el 30 de julio, entró en vigencia la nueva Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En uno de sus artículos finales se le colgó una disposición que obligaría a adjudicar el proceso mediante subasta, es decir, que se le otorgaría al que más dinero entregue por la concesión.

El tema también fue objeto de debate en la sesión del viernes de la CNTV y el comisionado Galán cambió su posición y solicitó subasta para la adjudicación. No obstante, el tema también está en estudio. Un directivo de la CNTV señaló al respecto que “si todos se ponen de acuerdo en que sea por subasta, seguramente lo haremos, pero es claro que el proceso debe arrancar de ceros nuevamente y su adjudicación sería para el año entrante”.

El Espectador conoció que en la junta del viernes la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, informó a los comisionados que la orden del presidente Álvaro Uribe es que la concesión se adjudique este año.

En suma, si bien es cierto que la CNTV ha hecho un esfuerzo para blindar el proceso y la adjudicación del tercer canal es necesaria, puede generar pluralismo, inversiones y empleo, el camino es aún espinoso y no se puede improvisar. En la guerra por la concesión aún quedan muchas batallas. ¿Quién vencerá?

El entorno de la industria de la televisión está más enrarecido que nunca. La puja por el tercer canal tiene con los pelos de punta a más de uno. Pero lo más preocupante es que nueve meses después de que se hiciera el anuncio oficial de que Colombia tendría un nuevo canal, hoy son más los interrogantes que las certezas que rodean la adjudicación.

Aunque desde 1997, cuando se entregaron dos canales privados de televisión con una exclusividad de diez años y se reorganizó el espectro para el futuro ingreso de un nuevo canal, se preveía que el asunto no iba a ser nada fácil, los enredos que se evidenciaron en los últimos meses dejan claro que todos los interesados sacaron su artillería pesada, en una guerra que está dejando muchas víctimas en el campo minado de la normatividad, el lobby y la solvencia económica.

La primera batalla se libró en abril de 2008, cuando la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) expidió el Registro Único de Operadores (RUO). Un mecanismo que fijó exigentes requisitos, financieros, técnicos y jurídicos. Allí las víctimas fueron al menos cinco empresarios extranjeros y nacionales, y sólo quedaron en pie las compañías Inversiones Rendiles S.A. (Grupo Cisneros de Venezuela), Pacsa S.A. (Grupo Prisa de España) y Canal 3 S.A. (Grupo Planeta de España).

Mientras estos tres postulados empezaban a afinar su munición, por la misma época se abría otra batalla en la CNTV: la prórroga de la concesión a los canales privados Caracol y RCN. De esta manera, durante el segundo semestre del año pasado los comisionados estuvieron metidos de cabeza en ese asunto y en medio de una aguda polémica —por la calidad de los estudios para valorar la prórroga, por la elección de comisionados y por la adjudicación de una concesión satelital a la empresa Elite Entertainment Televisión, que resultó ser, palabras más, palabras menos, “una perrera”— renovaron la concesión a los dos canales privados.

Entre tanto, durante varios meses, la causa de un tercer canal privado no parecía prioritaria. Sin embargo, en la junta directiva del martes 2 de diciembre de 2008, sorpresivamente, la entidad anunció que a partir de esa fecha se iniciaba el proceso de adjudicación del tercer canal mediante el mecanismo de subasta, que culminaría con la entrega de la concesión en mayo de 2009.

“Era previsible que por la complejidad del proceso el cronograma no se cumpliera”, relató un experto del sector. Sin embargo, la exitosa adjudicación del estándar de televisión digital pareció motivar a algunos comisionados para apresurar la decisión y fijar el cronograma de entrega del tercer canal.

Entonces comenzó un debate dentro de la CNTV sobre el pago de la concesión y finalmente se impuso la tesis del comisionado Ricardo Galán, quien para esa época conceptuó que la concesión debía fijarse teniendo en cuenta, además de la oferta económica, la propuesta de contenidos.

Las dudas legales

A pocos días de su posesión apareció en el proceso la Procuraduría. Su titular, Alejandro Ordóñez, dejó en cabeza de una de sus abogadas de confianza, María Eugenia Carreño Gómez, delegada para Vigilancia Preventiva de la Función Pública, la labor de seguimiento a la concesión.

Luego de un cruce de requerimientos, el Ministerio Público evidenció serías dudas sobre la normatividad que sustenta el proceso, así como inquietudes por su etapa previa de contratación. Además, inversión extranjera, número de accionistas, las fases de la adjudicación, la posibilidad de que actuales concesionarios de televisión participen en el proceso, la ausencia de un auditor para medir el comportamiento de la pauta y los detalles del trabajo elaborado por las bancas de inversión, son asuntos que aún no convencen del todo a la Procuraduría, pese a las respuestas enviadas por la CNTV.

Pese a ello, la entidad siguió adelante con la licitación y el 22 de abril publicó los prepliegos de condiciones. Un tema que despertó nuevas inquietudes entre los interesados, al punto que se registró una cifra récord: 240 observaciones, de las cuales cerca de 60 les dieron razón a los proponentes. De hecho, sólo este viernes la CNTV hizo públicas las respuestas a las inquietudes, un asunto que también enreda la madeja y que obligará a cambiar algunos aspectos de los pliegos definitivos.

Líos internos

Al tiempo que el proceso avanzaba, otros capítulos se desarrollaban en  la Comisión. Renunció al cargo María Carolina Hoyos y asumió como director de la entidad Juan Andrés Carreño. Sin embargo, el reemplazo, representante directo del presidente Álvaro Uribe, se convirtió en un misterio, en un momento crucial para la entidad.

El misterio del nombramiento se develó el 4 de junio con la posesión de la abogada Ilse Bechara, una experta en educación superior y rectora de la Universidad del Sinú desde 2004. De esta manera la suerte del tercer canal quedó en manos del abogado Juan Andrés Carreño, el biólogo Alberto Guzmán, el reconocido periodista Ricardo Galán, la neófita abogada Zulma Casas y la educadora Bechara.

No obstante, dos semanas después de su nombramiento en la CNTV, se evidenciaron las diferencias entre los dos representantes del Presidente, los comisionados Bechara y Galán. Al punto que el pasado 21 de julio, la comisionada Bechara envió a los miembros de la junta directiva de la CNTV, al presidente Álvaro Uribe y a la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, en donde se defiende de acusaciones de Galán, quien, según ella, le informó al Gobierno de estar “actuando con la oposición en la junta de la Comisión”.

Hoy las diferencias entre los comisionados son evidentes y su criterio como representantes del presidente Uribe, frente a asuntos como el tercer canal de televisión, parece no ser uniforme. De hecho, esta sería la coyuntura para que se conociera la promocionada renuncia de Galán, quien se haría socio de la empresa Redmedios, que le dará soporte en comunicaciones a la candidata Noemí Sanín. Por su parte, el futuro de la comisionada Bechara es incierto.

Golpes en junio y julio

Pero quizás los dos últimos meses han sido el período en que el proceso de adjudicación ha recibido los mayores golpes, que lo pueden poner en la cuerda floja. El 12 de junio, los canales Caracol y RCN entablaron una acción de cumplimiento contra la CNTV. Mediante el mecanismo judicial buscan que se ordene a la junta directiva entidad que, de manera previa a la apertura de la licitación, “las personas interesadas se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de Operadores”. El juez está por fallar y si acepta los argumentos de los canales, el proceso llevado a cabo de inscripción, calificación y clasificación que se hizo durante el año 2008 tendría que repetirse, informó un experto cercano al proceso.

Como si esto fuera poco, en julio otro debate rodeó el proceso: la necesidad de que la frecuencia donde opera el canal 13 sea cedida al nuevo operador a fin de que compita en condiciones similares con los canales privados. Para este fin el Ministerio de Comunicaciones contrató un estudio con la firma Tesamérica, que ya conceptuó que es viable. Sin embargo, ello requeriría un costo por funcionamiento e inversión de US$22 millones y sería el nuevo piloto del canal digital.

El asunto es que aún no se ha definido quién, de dónde y de qué manera se pagará la millonaria cifra. Incluso, recientemente en el Congreso, en un acalorado debate varios senadores vieron poco viable que se traslade un bien público para satisfacer a un particular.

Las complicaciones no pararon allí para el proceso. Hace dos semanas, el 30 de julio, entró en vigencia la nueva Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En uno de sus artículos finales se le colgó una disposición que obligaría a adjudicar el proceso mediante subasta, es decir, que se le otorgaría al que más dinero entregue por la concesión.

El tema también fue objeto de debate en la sesión del viernes de la CNTV y el comisionado Galán cambió su posición y solicitó subasta para la adjudicación. No obstante, el tema también está en estudio. Un directivo de la CNTV señaló al respecto que “si todos se ponen de acuerdo en que sea por subasta, seguramente lo haremos, pero es claro que el proceso debe arrancar de ceros nuevamente y su adjudicación sería para el año entrante”.

El Espectador conoció que en la junta del viernes la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, informó a los comisionados que la orden del presidente Álvaro Uribe es que la concesión se adjudique este año.

En suma, si bien es cierto que la CNTV ha hecho un esfuerzo para blindar el proceso y la adjudicación del tercer canal es necesaria, puede generar pluralismo, inversiones y empleo, el camino es aún espinoso y no se puede improvisar. En la guerra por la concesión aún quedan muchas batallas. ¿Quién vencerá?