¿Los mismos con las mismas en TV?

En diez días deberá quedar conformada la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), creada para reemplazar a la liquidada Comisión Nacional de Televisión, pero como en tiempos recientes la pelea por hacerse a una de las cinco plazas de la junta del nuevo organismo está al rojo vivo. Y una vez más la política protagoniza en esa puja en la que, según los expertos, deberían prevalecer estrictos criterios técnicos y de calidad o experiencia en el manejo de la televisión.

Desde que fue aprobado el Acto legislativo 02 de 2011, que acabó con la CNTV, rápidamente se tramitó en el Congreso el reemplazo: la Autoridad Nacional de Televisión, reglamentada a través de la Ley 1507 del 10 de enero de 2012. Fue en este articulado en el que se fijaron términos perentorios para dos procesos simultáneos: la liquidación de la extinta CNTV, que tendrá que quedar lista en seis meses, y la integración de la junta de la ANTV, a más tardar en tres meses, es decir, el próximo martes 10 de abril (vea aquí los candidatos).

En este último aspecto las reglas de juego cambiaron. Si antes la junta directiva de la CNTV estaba integrada por dos escogidos del Gobierno, un representante de los canales regionales, otro de las asociaciones profesionales y un quinto puesto para el vocero de las ligas de televidentes y facultades de comunicación social, ahora la ANTV tendrá cinco miembros: el ministro de Comunicaciones, un representante del presidente, otro de los gobernadores, uno más de las universidades públicas y privadas, y un vocero de la sociedad civil.

Lo del ministro de Comunicaciones era lógico, pues en vigencia de la CNTV podía participar con voz, pero sin voto. En la actualidad, la presencia del ministro Diego Molano Vega, en opinión de los entendidos, es una prenda de garantía por su conocimiento sobre el tema. En cuanto al delegado del presidente Juan Manuel Santos, aunque no se conoce esta carta, es claro que por su condición de periodista requiere un experto en el tema, además de su absoluta confianza por los retos que se vienen.

El asunto se ha venido manejando con mucho sigilo y por ahora los caminos apuntan hacia el ingeniero civil Jaime Andrés Estrada, actual director de la CNTV en liquidación. En su trayectoria cuenta con la condición de jefe del departamento de telecomunicaciones del Departamento Nacional de Planeación, gerente del programa de telefonía Compartel y exintegrante de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Este sería el segundo vocero del Gobierno.

Hasta ahí, con las variables lógicas de los cargos que corresponde proveer al Poder Ejecutivo, la presencia del ministro de Comunicaciones y el delegado del presidente no tienen mayor discusión. El dilema empieza con los otros tres integrantes y la ambigüedad de sus postulantes: uno de las universidades, otro de los gobernadores y el tercero de la sociedad civil. Sobre todo esta última plaza, en la que no se delimitó qué tipo de profesionales pueden acceder a este cargo, pues en el fondo cualquiera puede aspirar al mismo porque pertenece a la sociedad civil.

Es este orden de ideas, y de conformidad con la propia Ley 1507 de 2012, a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, le correspondió la tarea de encomendar el estudio de los candidatos para los tres últimos cupos. Y, como era de esperarse, esta misión ha terminado delegada en tres universidades. El proceso de selección del representante de los gobernadores le va tocar sopesarlo a la Universidad de la Sabana. En el caso del vocero de las universidades, a la UIS de Santander. Y el de la sociedad civil, a la Universidad del Valle.

En lo que se refiere al representante de las universidades públicas y privadas del país, que tendrán que ostentar entre sus programas de maestría o doctorado áreas afines con las funciones a desarrollar, se presentaron 14 candidatos, todos ellos educadores de oficio. En tal sentido, se conserva el cupo que correspondía a la academia, pero se amplía el panorama, pues ya no se limita al tema de la comunicación. Ahora aparecen ingenieros, literatos, o abogados. Eso sí, todos con trayectoria en el ejercicio docente y también en cargos o misiones administrativas.

Por ejemplo, está Fernando Vásquez Rodríguez, magíster de la Javeriana y director de una maestría en la Universidad de la Salle; Martha Cecilia Ramírez, experta en telecomunicaciones de la Universidad Externado; Abdel Karim Hay, decano de muchos ingenieros javerianos; Alfredo Sabbagh Fajardo, director del Centro Audiovisual de la Universidad del Norte; Olimpo Morales Benítez, abogado de la Universidad El Rosario y familiar del exministro y escritor Otto Morales Benítez (ver gráfico).

Para la escogencia de esta plaza no hay mayores reparos, pues la academia tradicionalmente ha sido seria en su proceso de selección. Sin embargo, prevalece el escepticismo en cuanto a la intervención de las universidades para evaluar a los candidatos para tres plazas. “Es un proceso demasiado silencioso, con muy poca información sobre los mecanismos de selección. Es claro que las universidades se van a blindar para evitar reclamos, pero se requiere información”, resaltó el periodista y experto en el tema, Jorge Hernán Peláez.

Pero la mayor preocupación de la industria está centrada en los cupos que la Ley 1507 de 2012 decidió entregarles a las gobernaciones y a la sociedad civil. “Si antes hubo dificultades en la elección del candidato de los canales regionales, ¿qué decir ahora cuando lo van a hacer gobernadores, cuya actividad básica es la política?”, comentó otra fuente consultada, quien prefirió omitir su nombre. Obviamente porque en este escenario se están presentando las primeras dudas sobre la idoneidad de los postulados.

Por ejemplo, la Gobernación del Vaupés terminó postulando a la abogada Adriana María Saldarriaga, quien ya había aspirado a la CNTV. En ese momento estaba apadrinada por el congresista Mario Uribe, aunque no es óbice para reconocer sus méritos. Fue subdirectora administrativa y financiera de la CNTV, es experta en telecomunicaciones y contratación administrativa, y posee una respetable hoja de vida. Sólo que entre los expertos resulta curioso que termine postulada desde la remota ciudad de Mitú.

Otra particularidad es que cuatro gobernaciones, Huila, Amazonas, La Guajira y Valle, tienen como su candidato a Harold Salazar Rodríguez, actual funcionario de la CNTV. Además, es un secreto a voces que cuenta con el respaldo del excomisionado Fernando Álvarez, de la excomisionada Zulma Casas y del actual comisionado Alberto Guzmán. En otras palabras, representa una especie de continuismo en la ANTV, sin que se modifique de plano la intervención de la política en un organismo técnico.

Más allá de sus legítimas aspiraciones, hay otras suspicacias en la elección del candidato de las gobernaciones. Por ejemplo, la Gobernación de Norte de Santander postuló a Carlos Téllez Ramírez, actual asesor jurídico de la CNTV. Conoce el sector, sabe de regulación, trabajó en la telefónica Tigo, pero es claro que también se mueve en la política. Como sucede con la Gobernación de San Andrés, que decidió postular a un colega, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre. Legítima aspiración, pero también muy curiosa.

Y qué decir de la pelea por la quinta plaza, la de la sociedad civil. Son más de 100 candidatos, pero lo peculiar es que buena parte de ellos son altos funcionarios de la CNTV. Incluso, hasta el presidente del sindicato Juan Carlos Garzón aspira a un cupo. A groso modo, hay más de 25 nombres de gente de la CNTV que legalmente pueden aspirar, pero que en el fondo están llevando a repetir los mismos procedimientos del pasado, es decir, unos grupos de poder internos que se van sucediendo en el control del organismo oficial.

Hay aspirantes muy serios, como Fernando Calero Aparicio, con una larga trayectoria en televisión; Germán Franco, también con mucho recorrido en el tema de la televisión pública, o Fernando Pachón, un ingeniero que trabajó por más de veinte años en Telecom. Pero hay otros cuyos nombres inmediatamente son asociados con excomisionados de televisión o empresarios del negocio. Esto sucede, comentó una fuente, porque en un ítem como la sociedad civil caben todas las candidaturas posibles, poniendo en aprietos a la universidad que tendrá que seleccionar.

El asunto está más enredado de lo que parece y prevalece el escepticismo. Hay quienes creen que se va a mantener la concentración de poder en el nuevo organismo rector de la televisión y que en vez de avanzar hacia la convergencia se va a disgregar la legislación en diferentes entidades. Además, recalcó una fuente, va a persistir la injerencia del Gobierno o de la política en el manejo de la televisión. Con el agravante de que las agremiaciones reales, los actores o la gente misma de la televisión podría quedar al margen.

En tal sentido, el experto Jorge Hernán Peláez agregó: “Hay muchos candidatos de personajes que se infiltraron en la CNTV y por eso no cabe duda de que hay preocupación en la industria. Hoy por hoy el problema se reduce a una circunstancia: si las universidades que fueron escogidas para seleccionar a los mejores de los postulados no hacen bien su tarea, que está en su etapa definitiva, con toda seguridad que se van a colar a la ANTV los mismos que se infiltraron y que dominaron a sus anchas en la malograda y en proceso de liquidación Comisión Nacional de Televisión.

Una Comisión a punto de desaparecer

En el artículo 77 de la Constitución de 1991 quedó registrada la creación de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), un ente independiente, compuesto por cinco miembros (dos elegidos por el Gobierno), con la función de fomentar la creación de contenidos para los canales públicos, regular y administrar el sector.

En sus 21 años de existencia, el organismo vio la creación de los canales privados, la explosión de la televisión paga y las primeras pruebas de la televisión digital terrestre; sin embargo, el desequilibrio generado por los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez incrementaron las fallas en su modelo de elección de comisionados y la fallida licitación del tercer canal privado impulsaron su desaparición y la creación de un nuevo organismo.

Con la sanción de la Ley 1507 de 2012, las funciones de la CNTV fueron asignadas a otras entidades y hoy en día se encuentra a la espera de que le asignen un liquidador para que se concrete su desaparición.

El nuevo regulador de televisión

La ANTV es el órgano que, nominalmente, reemplazará a la CNTV, pero con muchas menos funciones que su predecesora.

En esencia, heredó tres: la concesional, que le da la potestad para administrar las licencias del sector (a los operadores de televisión paga, los canales privados y los concesionarios de televisión pública), otorgar nuevas e iniciar procesos licitatorios; la segunda es la de regular los contenidos del sector; y la tercera, fomentar la creación de programas para los canales públicos.

Las demás funciones de la CNTV serán asumidas por otras entidades. La responsabilidad de regular al sector recaerá ahora en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La Agencia Nacional del Espectro (ANE) asumirá lo correspondiente a la ocupación de frecuencias y la Superintendencia de Industria y Comercio regulará las condiciones restrictivas y de integración de la industria. También se creará un fondo para fortalecer la televisión pública.

En diez días deberá quedar conformada la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), creada para reemplazar a la liquidada Comisión Nacional de Televisión, pero como en tiempos recientes la pelea por hacerse a una de las cinco plazas de la junta del nuevo organismo está al rojo vivo. Y una vez más la política protagoniza en esa puja en la que, según los expertos, deberían prevalecer estrictos criterios técnicos y de calidad o experiencia en el manejo de la televisión.

Desde que fue aprobado el Acto legislativo 02 de 2011, que acabó con la CNTV, rápidamente se tramitó en el Congreso el reemplazo: la Autoridad Nacional de Televisión, reglamentada a través de la Ley 1507 del 10 de enero de 2012. Fue en este articulado en el que se fijaron términos perentorios para dos procesos simultáneos: la liquidación de la extinta CNTV, que tendrá que quedar lista en seis meses, y la integración de la junta de la ANTV, a más tardar en tres meses, es decir, el próximo martes 10 de abril (vea aquí los candidatos).

En este último aspecto las reglas de juego cambiaron. Si antes la junta directiva de la CNTV estaba integrada por dos escogidos del Gobierno, un representante de los canales regionales, otro de las asociaciones profesionales y un quinto puesto para el vocero de las ligas de televidentes y facultades de comunicación social, ahora la ANTV tendrá cinco miembros: el ministro de Comunicaciones, un representante del presidente, otro de los gobernadores, uno más de las universidades públicas y privadas, y un vocero de la sociedad civil.

Lo del ministro de Comunicaciones era lógico, pues en vigencia de la CNTV podía participar con voz, pero sin voto. En la actualidad, la presencia del ministro Diego Molano Vega, en opinión de los entendidos, es una prenda de garantía por su conocimiento sobre el tema. En cuanto al delegado del presidente Juan Manuel Santos, aunque no se conoce esta carta, es claro que por su condición de periodista requiere un experto en el tema, además de su absoluta confianza por los retos que se vienen.

El asunto se ha venido manejando con mucho sigilo y por ahora los caminos apuntan hacia el ingeniero civil Jaime Andrés Estrada, actual director de la CNTV en liquidación. En su trayectoria cuenta con la condición de jefe del departamento de telecomunicaciones del Departamento Nacional de Planeación, gerente del programa de telefonía Compartel y exintegrante de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Este sería el segundo vocero del Gobierno.

Hasta ahí, con las variables lógicas de los cargos que corresponde proveer al Poder Ejecutivo, la presencia del ministro de Comunicaciones y el delegado del presidente no tienen mayor discusión. El dilema empieza con los otros tres integrantes y la ambigüedad de sus postulantes: uno de las universidades, otro de los gobernadores y el tercero de la sociedad civil. Sobre todo esta última plaza, en la que no se delimitó qué tipo de profesionales pueden acceder a este cargo, pues en el fondo cualquiera puede aspirar al mismo porque pertenece a la sociedad civil.

Es este orden de ideas, y de conformidad con la propia Ley 1507 de 2012, a la ministra de Educación, María Fernanda Campo, le correspondió la tarea de encomendar el estudio de los candidatos para los tres últimos cupos. Y, como era de esperarse, esta misión ha terminado delegada en tres universidades. El proceso de selección del representante de los gobernadores le va tocar sopesarlo a la Universidad de la Sabana. En el caso del vocero de las universidades, a la UIS de Santander. Y el de la sociedad civil, a la Universidad del Valle.

En lo que se refiere al representante de las universidades públicas y privadas del país, que tendrán que ostentar entre sus programas de maestría o doctorado áreas afines con las funciones a desarrollar, se presentaron 14 candidatos, todos ellos educadores de oficio. En tal sentido, se conserva el cupo que correspondía a la academia, pero se amplía el panorama, pues ya no se limita al tema de la comunicación. Ahora aparecen ingenieros, literatos, o abogados. Eso sí, todos con trayectoria en el ejercicio docente y también en cargos o misiones administrativas.

Por ejemplo, está Fernando Vásquez Rodríguez, magíster de la Javeriana y director de una maestría en la Universidad de la Salle; Martha Cecilia Ramírez, experta en telecomunicaciones de la Universidad Externado; Abdel Karim Hay, decano de muchos ingenieros javerianos; Alfredo Sabbagh Fajardo, director del Centro Audiovisual de la Universidad del Norte; Olimpo Morales Benítez, abogado de la Universidad El Rosario y familiar del exministro y escritor Otto Morales Benítez (ver gráfico).

Para la escogencia de esta plaza no hay mayores reparos, pues la academia tradicionalmente ha sido seria en su proceso de selección. Sin embargo, prevalece el escepticismo en cuanto a la intervención de las universidades para evaluar a los candidatos para tres plazas. “Es un proceso demasiado silencioso, con muy poca información sobre los mecanismos de selección. Es claro que las universidades se van a blindar para evitar reclamos, pero se requiere información”, resaltó el periodista y experto en el tema, Jorge Hernán Peláez.

Pero la mayor preocupación de la industria está centrada en los cupos que la Ley 1507 de 2012 decidió entregarles a las gobernaciones y a la sociedad civil. “Si antes hubo dificultades en la elección del candidato de los canales regionales, ¿qué decir ahora cuando lo van a hacer gobernadores, cuya actividad básica es la política?”, comentó otra fuente consultada, quien prefirió omitir su nombre. Obviamente porque en este escenario se están presentando las primeras dudas sobre la idoneidad de los postulados.

Por ejemplo, la Gobernación del Vaupés terminó postulando a la abogada Adriana María Saldarriaga, quien ya había aspirado a la CNTV. En ese momento estaba apadrinada por el congresista Mario Uribe, aunque no es óbice para reconocer sus méritos. Fue subdirectora administrativa y financiera de la CNTV, es experta en telecomunicaciones y contratación administrativa, y posee una respetable hoja de vida. Sólo que entre los expertos resulta curioso que termine postulada desde la remota ciudad de Mitú.

Otra particularidad es que cuatro gobernaciones, Huila, Amazonas, La Guajira y Valle, tienen como su candidato a Harold Salazar Rodríguez, actual funcionario de la CNTV. Además, es un secreto a voces que cuenta con el respaldo del excomisionado Fernando Álvarez, de la excomisionada Zulma Casas y del actual comisionado Alberto Guzmán. En otras palabras, representa una especie de continuismo en la ANTV, sin que se modifique de plano la intervención de la política en un organismo técnico.

Más allá de sus legítimas aspiraciones, hay otras suspicacias en la elección del candidato de las gobernaciones. Por ejemplo, la Gobernación de Norte de Santander postuló a Carlos Téllez Ramírez, actual asesor jurídico de la CNTV. Conoce el sector, sabe de regulación, trabajó en la telefónica Tigo, pero es claro que también se mueve en la política. Como sucede con la Gobernación de San Andrés, que decidió postular a un colega, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre. Legítima aspiración, pero también muy curiosa.

Y qué decir de la pelea por la quinta plaza, la de la sociedad civil. Son más de 100 candidatos, pero lo peculiar es que buena parte de ellos son altos funcionarios de la CNTV. Incluso, hasta el presidente del sindicato Juan Carlos Garzón aspira a un cupo. A groso modo, hay más de 25 nombres de gente de la CNTV que legalmente pueden aspirar, pero que en el fondo están llevando a repetir los mismos procedimientos del pasado, es decir, unos grupos de poder internos que se van sucediendo en el control del organismo oficial.

Hay aspirantes muy serios, como Fernando Calero Aparicio, con una larga trayectoria en televisión; Germán Franco, también con mucho recorrido en el tema de la televisión pública, o Fernando Pachón, un ingeniero que trabajó por más de veinte años en Telecom. Pero hay otros cuyos nombres inmediatamente son asociados con excomisionados de televisión o empresarios del negocio. Esto sucede, comentó una fuente, porque en un ítem como la sociedad civil caben todas las candidaturas posibles, poniendo en aprietos a la universidad que tendrá que seleccionar.

El asunto está más enredado de lo que parece y prevalece el escepticismo. Hay quienes creen que se va a mantener la concentración de poder en el nuevo organismo rector de la televisión y que en vez de avanzar hacia la convergencia se va a disgregar la legislación en diferentes entidades. Además, recalcó una fuente, va a persistir la injerencia del Gobierno o de la política en el manejo de la televisión. Con el agravante de que las agremiaciones reales, los actores o la gente misma de la televisión podría quedar al margen.

En tal sentido, el experto Jorge Hernán Peláez agregó: “Hay muchos candidatos de personajes que se infiltraron en la CNTV y por eso no cabe duda de que hay preocupación en la industria. Hoy por hoy el problema se reduce a una circunstancia: si las universidades que fueron escogidas para seleccionar a los mejores de los postulados no hacen bien su tarea, que está en su etapa definitiva, con toda seguridad que se van a colar a la ANTV los mismos que se infiltraron y que dominaron a sus anchas en la malograda y en proceso de liquidación Comisión Nacional de Televisión.

Una Comisión a punto de desaparecer

En el artículo 77 de la Constitución de 1991 quedó registrada la creación de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), un ente independiente, compuesto por cinco miembros (dos elegidos por el Gobierno), con la función de fomentar la creación de contenidos para los canales públicos, regular y administrar el sector.

En sus 21 años de existencia, el organismo vio la creación de los canales privados, la explosión de la televisión paga y las primeras pruebas de la televisión digital terrestre; sin embargo, el desequilibrio generado por los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez incrementaron las fallas en su modelo de elección de comisionados y la fallida licitación del tercer canal privado impulsaron su desaparición y la creación de un nuevo organismo.

Con la sanción de la Ley 1507 de 2012, las funciones de la CNTV fueron asignadas a otras entidades y hoy en día se encuentra a la espera de que le asignen un liquidador para que se concrete su desaparición.

El nuevo regulador de televisión

La ANTV es el órgano que, nominalmente, reemplazará a la CNTV, pero con muchas menos funciones que su predecesora.

En esencia, heredó tres: la concesional, que le da la potestad para administrar las licencias del sector (a los operadores de televisión paga, los canales privados y los concesionarios de televisión pública), otorgar nuevas e iniciar procesos licitatorios; la segunda es la de regular los contenidos del sector; y la tercera, fomentar la creación de programas para los canales públicos.

Las demás funciones de la CNTV serán asumidas por otras entidades. La responsabilidad de regular al sector recaerá ahora en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). La Agencia Nacional del Espectro (ANE) asumirá lo correspondiente a la ocupación de frecuencias y la Superintendencia de Industria y Comercio regulará las condiciones restrictivas y de integración de la industria. También se creará un fondo para fortalecer la televisión pública.