Los posibles abusos de Air-e que afectaron a sus usuarios en el Caribe

Tras meses de alzas en la tarifa y mala prestación del servicio de energía, el 12 de septiembre pasado, el Gobierno intervino la operación de Air-e, la empresa que atiende a unos cinco millones de habitantes en el Caribe. Desde entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) tomó posesión de esta empresa, con el fin de evitar la suspensión del servicio eléctrico y garantizar los derechos de sus usuarios en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Guajira.

Tras meses de alzas en la tarifa y mala prestación del servicio de energía, el 12 de septiembre pasado, el Gobierno intervino la operación de Air-e, la empresa que atiende a unos cinco millones de habitantes en el Caribe. Desde entonces, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) tomó posesión de esta empresa, con el fin de evitar la suspensión del servicio eléctrico y garantizar los derechos de sus usuarios en los departamentos de Magdalena, Atlántico y Guajira.

Por esos días trascendió, a través de los voceros de Air-e, que la crisis, en especial la de caja, se produjo por el costo del kilovatio-hora en la bolsa de energía y pidieron investigar a las generadoras por una posible distorsión de los precios.

Sin embargo, más allá de lo que arroje esa indagación, El Espectador pudo verificar que la empresa Air-e antes de su intervención realizó movidas cuestionadas, que habrían afectado su propio bienestar como empresa, así como el mercado y sus usuarios.

Una de esas movidas tiene que ver con los contratos que se vendió a sí misma. El Espectador revisó dos de ellos, el 79866 y el 81773. Se trata de dos de los contratos más onerosos en el mercado regulado, que fueron firmados por Air-e con su propia generadora de energía. Se vendieron a ellos mismos, a un precio elevado, teniendo en cuenta que para ese primer semestre de 2024, el MC (que es el precio promedio nacional para el mercado regulado) era de $295,10/kWh.

El primero fue registrado en febrero de 2024, a $720/kWh, en promedio, y el segundo, en mayo, a $380/kWh, en promedio. Los dos finalizan el 31 de diciembre de 2024. Contratos que algunos agentes del mercado, consultados para este artículo, que pidieron no ser identificados, califican de “opacos y amañados”, aunque se realizaron a través de la subasta pública.

Para entender lo anterior hay que saber que cualquier comercializador de energía del país, que no quiera salir a comprar energía a la bolsa, posiblemente al precio más alto del mercado (dependiendo del nivel de los embalses y la disponibilidad de combustible, entre otras variables), debe hacerlo a través de contratos en subastas públicas.

Desde 2013, estas subastas se hacen a través del Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (Sicep), regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Esta última entidad opera XM, el sitio web que centraliza la información pública del Mercado de Energía Mayorista (MEM) y la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

En la plataforma XM quien va a comprar dice la cantidad de energía que necesita y, en forma reservada o secreta para los vendedores, pone el precio máximo que está dispuesto a pagar por los kilovatios que requiere. Esto es conocido como el Precio de Reserva.

Luego, se abre la subasta y todos los que quieran venderle a esa empresa ofertan la cantidad que pueden vender y su precio por kilovatio-hora. Quien oferte por encima del precio de reserva sale automáticamente por la plataforma y el sistema adjudica de menor a mayor precio, siempre por debajo del precio de reserva.

Al analizar los resultados de energía adjudicada, publicada en XM, se encuentra que Air-e en su rol de compradora puso un precio de reserva de $763,96/kWh, en marzo de 2024, y la misma Air-e, pero ahora en su rol de generadora de energía, ofertó 20 pesos por debajo de ese precio (a $746,96), ganando la subasta.

Un comportamiento que llama la atención, porque en otra convocatoria de este año, Air-e dijo que solo necesitaba energía a partir de agosto y en su rol de compradora puso un precio de reserva de $294,31/kWh. Le ofrecieron a $365,70/kWh y no adjudicó, porque el precio de reserva era más bajo.

Para ese primer semestre de 2024, la crisis de Air-e ya había trascendido en el mercado. Las empresas se cuidaron en no ofertarle mucha energía, porque era una empresa que tenía alto riesgo de no pago, no otorgaba garantías y tenía una percepción de que compraba a un precio bajo.

Es decir, Air-e, bajo la administración de Luis Alberto Ríos Velilla (el reconocido empresario paisa del sector de los servicios públicos y de aseo que la adquirió) no quiso comprar a $365/kWh, porque le pareció caro, pero cuando era posible que nadie les ofertara, publicaron una convocatoria donde se compraron a sí mismos a $743,96/kWh. Para marzo de 2024, el precio promedio de bolsa (que estaba alto por el fenómeno del Niño) fue de $622,31/kWh.

“Todo se fue al mismo bolsillo, del mismo dueño. Solo en ese contrato, en esa marrulla, tuvieron utilidades cercanas a los $40 mil millones de pesos mensuales, por seis meses, para un total de $240.000 millones. Esa noticia no la han dado”, sostuvo un agente del mercado, que pidió no ser identificado para evitar represalias.

Para tener un marco de referencia, en febrero de 2024, el MC (que es el precio promedio nacional para el mercado regulado) era de $295,10/kWh, y por esa compra de Air-e a $743,96/kWh se incrementó el promedio a $309,77/kWh para marzo y a $312,90/kWh para abril, de acuerdo al informe presentado por XM. “Lo anterior significa que la mala gestión de Air-e y su auto-compra de energía no solo afectó a sus usuarios, sino a todos los usuarios de Colombia, al incrementar el valor promedio de compra de energía en $17/kWh”, dijo uno de los agentes del mercado consultados por este diario.

Indagado por El Espectador sobre este asunto, el abogado Jaime Lombana aseguró: “Air-e es una sola empresa, que le compró a agentes del mercado y posteriormente, en una transacción, permitida por la regulación, lo llevó al usuario. Air-e no ganó un peso por la intermediación, pues lo que se puede trasladar al usuario de lo que está por encima del MC solo puede ser el 75 %. Se buscó esa salida para blindar al usuario de la especulación de los generadores en la bolsa que no nos vendían energía vía convocatorias. En doce convocatorias solo vendieron el 4 % de lo que buscamos comprar”.

Lombana representa los intereses de Luis Alberto Ríos Velilla, quien se hizo a esta empresa en 2020, cuando compró por $282.000 millones las acciones de la liquidada empresa Electricaribe, a través de dos empresas de su propiedad: Latin American Corp S.A. y Empresa de Energía de Pereira (EEP).

De hecho, El Espectador revisó las actas de asambleas de accionistas y juntas directivas de Air-e y encontró que Ríos Velilla era parte de la junta directiva de Air-e hasta que renunció a ese cargo en agosto de 2024, pocos días antes de que la empresa fuera intervenida.

Otros negocios de energía

“La Empresa de Energía de Pereira (EEP), que es accionista de Air-e, nos ofrece energía a unos precios elevadísimos ($600/kWh), que se trasladan a los usuarios. Ese contrato no lo vamos a continuar y por eso lo vamos a dar por terminado. No nos parece ético ni conveniente”, reveló hace poco, en entrevista con este diario, el interventor de Air-e, Carlos Diago.

EEP es una empresa reputada en el sector. Esto indica que por las garantías que ofrece consigue energía a buen precio (alrededor de los $350/kWh, que es el precio promedio del mercado, según XM). El Espectador conoció también ocho contratos, del mercado no regulado, correspondientes a los códigos 44940, 45554, 53852, 44940, 64802, 69779, 78234 y 78241, para el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC). Son contratos que hizo la Empresa de Energía de Pereira con Aire Comercializadora.

En esta base de datos, no encontramos ninguno por $600/kWh, como dijo el interventor, pero sí encontramos contratos de EEP a Air-e comercializadora con una tendencia al alza muy marcada desde noviembre de 2023. A partir de esa fecha, hay dos contratos de venta de energía por encima de los $446/kWh y hasta los $546/kWh, que van hasta diciembre de 2024. Se trató de los contratos numerados con los códigos: 78241, registrado el 2 de noviembre de 2023, y 78234, registrado el 25 de noviembre de 2023.

Consultando la plataforma XM, la energía estaba por entonces a $288,59/kWh, en promedio. Es decir, EEP, del grupo de los Ríos Velilla, le habría vendido muy por encima a Air-e comercializadora, desde noviembre de 2023, cuando los usuarios ya alertaban la crisis de la empresa, por el mal servicio prestado y las alzas en sus tarifas.

En diálogo con El Espectador, el abogado Lombana, dijo sobre este asunto: “Es importante mencionar que todos los contratos se despacharon con energía proveniente de generación térmica (la más costosa del mercado), de fronteras de generación que ha representado la Empresa de Energía de Pereira ante el mercado de energía mayorista”.

El cobro de aseo

Como es sabido, a través de la factura de energía se recaudan otras tarifas, como la de aseo, por la recolección y reciclaje de basuras. Eso quiere decir que la empresa distribuidora en cada región cobra por la administración de ese recaudo y debe consignarlo a la empresa de aseo.

Pues eso no pasó en Air-e, antes de su intervención, entre octubre de 2022 y abril de 2024. La empresa a cargo de los Ríos Velilla no pagó lo recaudado por aseo a la empresa Interaseo SAS ESP, de William Vélez. Se trata de una suma que según el grupo de Vélez está sobre los $183 mil millones.

La empresa de Vélez se quejó ante la Superservicios de este asunto en una reunión formal con el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, en el primer trimestre de 2024. Según ellos, no se explica por qué Air-e no les pagó el recaudo si lo recogió. Especialmente, porque ellos no eran un proveedor más, ni hacen parte de la lista de cerca de 60 microempresarios o empresarios afectados por los no pagos de los contratos o suministros de Air-e, cuando se acentuó su crisis.

“Esa no era plata de la operación de Air-e, sino de recaudo, es decir, eso fue un robo, no una deuda”, aseveró una fuente que conoce en detalle la controversia.

Por el contrario, para Air-e, antes de su intervención, lo que hubo fue “significativas inconsistencias numéricas en ese recaudo” derivadas, según ellos, de un error en el software de aplicación de pago: “En su momento, marzo del 2023, se iniciaron las acciones judiciales para que se esclarezca la suma real y efectiva a pagar”, dijo Lombana. Además, agregó que pese a encontrar estas supuestas “irregularidades en el sistema (...) se continuó en mesas de trabajo para llegar a un acuerdo con la compañía del señor William Vélez, acuerdo que se venía cumpliendo y que quedó pendiente por trasladar la última cuota acordada para el día 30 septiembre, como consecuencia de la toma de posesión”.

Según el grupo de Ríos Velilla, “la empresa tiene registrados los asientos contables de los recaudos que se encuentran pendientes de conciliar y la cifra que arrojó la auditoria fiscal es $98 mil millones. No es legítimo cobrar más de lo que se debe”, dijo Lombana.

El asunto trascendió tanto, que dejó de ser una disputa entre privados. Por ejemplo, El Tiempo publicó a finales de septiembre una historia en la que reveló apartes de la transcripción de una conversación, que se grabó sin autorización por la representante legal de Air-e, antes de su intervención, Tatiana Calderón Prado.

En esta, Calderón estaba reunida con Jorge Luis Villamil Salazar, exteniente coronel de la Policía, asesor del despacho del superintendente Quiroga. El encuentro se dio el 27 de junio de 2024, en Cartagena, en la reunión de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).

“Por ejemplo, los de don William Vélez, Trasaseo (sic), da quejas, entonces como es un problema que se discute si tenemos competencia o no, entonces tenemos que averiguar si realmente están perjudicando a unos usuarios o a unos servicios o están reteniendo indebidamente recursos que se recolectan de servicios públicos. Esos están en preliminares solamente cuando ya nosotros establezcamos si podemos tener competencia para (inaudible)”, citan que dijo el superintendente Quiroga, con quien se encontró Calderón, luego de esta reunión, saliendo del hotel.

Este episodio fue leído por los Ríos Velilla, y sus apoderados, como una presión indebida, y esta versión tuvo eco en el anillo más cercano del presidente Petro. Es por esto que el capítulo de Air-e y su intervención sí tiene que ver con la abrupta carta de renuncia que presentó el superservicios, Dagoberto Quiroga. Es más, El Espectador tiene información de que el presidente Gustavo Petro ya le aceptó la renuncia aunque, al cierre de esta edición, aún no lo había comunicado al país.

En el reciente Foro Internacional de Servicios Públicos, que se realizó en Corferías, el superintendente Quiroga dijo con honestidad que la intervención de Air-e o cualquier otra empresa es falta de control y supervisión por parte del Estado. Para los expertos consultados por este diario, no se explica cómo pudieron entregar la empresa en este punto, tras cuatro años de administración, con tan mala acreditación en el mercado energético, tarifas altísimas para los usuarios, y casi $700 mil millones de pesos en deudas. “¿Dónde estaban las entidades de regulación, control y vigilancia del Estado? ¿Dónde la Procuraduría?”, se preguntan.

Para Air-e, en cambio, la radiografía de la crisis financiera es clara y “no hay que buscar la fiebre en otro lado”. “AirE y sus directivas han obrado leal y correctamente y perdieron más de $450.000 millones a hoy. Las causas del detrimento de caja son evidentes y objetivas”, concluyó Lombana y dio algunas cifras de las deudas que tienen otros con la empresa, según sus cálculos: $1,7 billones por parte de entidades, $465 mil millones del cobro de la Opción Tarifaria, que no alcanzaron a cobrar, y cerca de $4 billones por parte de sus usuarios morosos.

Lea aquí la segunda parte de este trabajo, en donde revelamos otras decisiones tomadas por los dueños de la empresa, antes de su intervención, que habrían contribuido a su debacle.

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