Los rollos de un presunto cartel empresarial

En el sector de las empresas que venden productos de consumo masivo hay mucha preocupación. En los últimos meses la Superintendencia de Industria y Comercio avanzó en sendas investigaciones para desarticular dos presuntos carteles que fijaban los precios del mercado en perjuicio del consumidor. El primero estaba dedicado a la venta de pañales desechables y el segundo era productor de papel higiénico y otros suaves. Pero la angustia de directivos y accionistas de las compañías va más allá. La razón es que están listas nuevas investigaciones por la aparición de cuatro posibles carteles que también manejan los precios de productos que consumen a diario la mayoría de los colombianos.

El asunto se convirtió en una verdadera guerra entre las compañías. Antes se reunían para acordar los precios del mercado, pero ahora compiten para evidenciar ante las autoridades las actividades restrictivas de la competencia. A través de una figura legal conocida como delación, los representantes legales de reconocidas empresas han acudido a la superintendencia a confesar sus prácticas y delatar a sus pares comerciales. La razón es que “sapear” a sus rivales les otorga beneficios de hasta el 100% si el aporte es contundente. En otras palabras, las multas, que pueden llegar hasta $61.600 millones para las empresas y $1.232 millones si son personas naturales, se reducen a cero.

Lo cierto es que mientras en Colombia las investigaciones contra los presuntos carteles de los pañales y el papel higiénico han causado entre desconcierto e ira, en el mundo las sanciones son habituales. Entre 2001 y 2013, en países de Europa y en India, Japón, Estados Unidos, Brasil y México, las compañías multinacionales que actuaron como carteles pagaron a los estados multas por US$7.100 millones.

El más reciente capítulo en Colombia de un presunto cartel en producción, distribución y comercialización de papeles suaves surgió el año pasado. A mediados de noviembre, y sin signos de rubor en su rostro, se presentó en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el representante legal de una de las siete compañías que manejan el 91% del mercado en el país. Un mercado conformado por Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Drypers, Cartones y Papeles de Risaralda, además de Unibol y Fadepal, no investigadas por el organismo de control.

Palabras más, palabras menos, frente al superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, y su delegado, Germán Vaca, el directivo empresarial, cuyo nombre se mantiene en reserva por determinación legal, reconoció que su empresa era desde hacía varios años parte de un entramado comercial que se ponía de acuerdo para fijar las condiciones de mercado de productos como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara. La delación fue tan precisa que un mes después, en diciembre, se empezaron a acordar los términos de una negociación que hoy es la carta de navegación del pliego de cargos que la Superintendencia de Industria formuló esta semana contra cinco empresas y 42 directivos y exdirectivos de esas compañías.

Durante casi un semestre, el representante legal de la compañía afinó su delación ante los investigadores del organismo de control. Ofreció entonces la declaración de otras personas, solicitó su reserva de identidad, adjuntó correos electrónicos y entregó versiones libres y juramentadas para fundamentar sus prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Con estos elementos, la Superintendencia comenzó el pasado 30 de julio las visitas administrativas a las empresas en Bogotá, Medellín, Pereira, Soledad y Gachancipá.

Las respuestas de las compañías llegaron en agosto y fueron poco satisfactorias para el organismo de control. Simultáneamente la entidad empezó a determinar el tamaño del mercado de los papeles denominados suaves, que arrojó datos fundamentales para la investigación. Se encontró, por ejemplo, que para 2012 el negocio representó US$612 millones. En una industria que significó el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y que situó el producto como esencial para los consumidores.

De hecho, según cifras del DANE, el 96% de los hogares colombianos, un equivalente a casi 29 millones de personas, consume papel higiénico. Las estadísticas muestran que un hogar promedio en Colombia gasta al año $85.656, al mes $7.138 y por persona en promedio $22.541. Estas cifras ayudaron a los investigadores a comprender que estaban tras peces gordos en una industria pujante que hasta entonces tenía gran reputación.

Los hallazgos preliminares de la investigación empezaron a mostrar que la tradición de las marcas empieza a quedar en entredicho, por la cantidad de evidencias recolectadas y porque no cayó bien a los usuarios el hecho de que supuestamente acordaran precios, con el efecto colateral de encarecer los productos en detrimento de hogares y consumidores sin importar su condición socioeconómica.

No obstante, la indagación también evidenció el fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego de la expedición de la Ley 1340 de 2009 sobre protección de la competencia, fortaleció sus labores de control. A ello se sumó el incremento de su presupuesto en los últimos años, que pasó de $38.000 millones en 2009 a $120.000 millones en el presente año, y dobló su planta de personal a 800 funcionarios. En este contexto se inició la lucha para detectar los carteles empresariales, en sintonía con lo que también estaban haciendo otros organismos de control a nivel internacional.

Empezaron entonces los hallazgos que sorprendieron incluso a los funcionarios. El presunto cartel se configuró hace cerca de 15 años. Prueba de ello es que en 1994 se iniciaron las conversaciones entre dos afamadas compañías: Familia y Kimberly, que se estima manejan el 60% del mercado de los papeles suaves, un negocio que el año pasado tuvo ventas por $12 billones. Según el expediente del caso, “la génesis del presunto cartel habría ocurrido en 1998”. A esta afirmación se llegó por declaraciones de funcionarios. Otros correos entre directivos señalan que el supuesto cartel se creó entre 2000 y 2001.

Las pesquisas mostraron además que hubo múltiples reuniones entre presidentes o gerentes de compañías, es decir, que involucraron en los acuerdos a personal del nivel directivo o ejecutivo. En no menos de 200 correos electrónicos se muestra que la operación funcionaba con implementación de compromisos e instrucciones de seguimiento de estos, y en una tercera fase de control y verificación de los mismos se efectuaban reuniones en reconocidos hoteles, bares y restaurantes de Bogotá y Venezuela. Otra evidencia encontrada fueron mensajes de texto y comunicaciones vía celular.

Según las pesquisas, para proteger el nombre de la empresa los 42 directivos que son investigados tenían como referencia seudónimos para las compañías. Un correo da cuenta de que se tenían otros nombres para ajustar los precios de los productos sin mencionar las marcas. Por ejemplo, la empresa Familia tenía el seudónimo de “Equipo Feo”, Kimberly se llamaba “Equipo Kiosko”, la empresa Papeles Nacionales se identificaba como “Equipo Pitufos” y Cartones y Papeles del Risaralda era conocida como “Equipo Rosas”.

Frente a este tema, señala el pliego de cargos que: “Además de la ejecución de un posible acuerdo anticompetitivo, se tenía conocimiento diáfano de los riesgos que se asumirían al punto de intentar ocultar su identidad”. Para citar otros correos, el 5 de enero de 2007, Felipe Vásquez, funcionario de Familia, le envió a Jimmy Levy de Cartones y Papeles de Risaralda uno en donde le señala que “adjunto envío nueva lista de precios para supermercados vigente a partir del 15 de enero”.

En otro correo del 21 de diciembre de 2007, Juan Miguel Restrepo, de Familia, envía a funcionarios de otras empresas un mensaje con un archivo adjunto denominado “Precios”: “cumpliendo con la fecha establecida para enviar la información, les pasamos los precios de CKC que serán enviados la semana entrante a las cadenas; con esto buscamos cumplir con los precios que se establecieron” (ver frases de otros correos anexas).

Así las cosas, y con las múltiples evidencias, ya no fue sólo un representante legal el que se acogió a la figura de la delación. Al asunto entraron otros dos que confesaron su condición de cartelistas e adjuntaron pruebas de autoincriminación y de las demás empresas. Según la ley, podrían recibir beneficios en rebaja de multas del 70 y 50% respectivamente.

El proceso del supuesto cartel del papel higiénico derivó en pliego de cargos. De nuevos acuerdos con la autoridad y la defensa jurídica de las empresas depende una decisión final de la Superintendencia, que en todo caso podría o no multar a empresas y personas naturales. Se estima que una decisión final se conocerá en menos de un año. En los próximos días viene el anuncio de otros cuatro carteles de productos de consumo masivo. Entre tanto, la mayoría de colombianos ya tiene más claro por qué tantos productos de la canasta familiar están tan costosos. La competencia y el libre mercado parece que no existen.

“Se busca proteger de abusos al consumidor”

“La gente piensa que cuando se utiliza el término cartel se hace referencia exclusivamente a asuntos de narcotráfico y cree que al investigar los posibles carteles empresariales estamos comparando a estas compañías con organizaciones criminales, pero no es así. Por el contrario, fueron los carteles de la droga quienes tomaron este término de la normatividad empresarial”. Así precisó Pablo Felipe Robledo algunos de los efectos que han generado las investigaciones contra diversas firmas.

Según el funcionario, de lo que se trata es de aplicar la ley 1340, que desde el año 2009 existe, aprovechando los beneficios que ofrece por delación. Aunque no entregó detalles adicionales a los que se pueden hacer públicos, para no entorpecer las averiguaciones, indicó que lo que hay de fondo también es un compromiso del Gobierno Nacional para defender los derechos de los consumidores, que paguen precios justos por los productos y prevenir posibles abusos de las empresas.

Frases de los correos entre directivos

Debemos evitar a toda costa una guerra de precios y también posible fuga de mercancías”.
La idea es programar otra alza a mitad de este mes buscando llegar al precio por paca”.
Como habíamos hablado el objetivo en Cali con la competencia era ordenar los precios de la plaza”.
No mencionemos que la información la obtuvimos de los distribuidores”.
Mi posición es clara con mi distribuidor, no me interesa irme a una guerra con nadie”.
Se acordaron precios con la competencia del papel higiénico”.
Los precios que escribe don Alberto Aristizábal en su mail son los acordados”.
Nuestra alza de precios está establecida para que comience a regir a partir del día lunes”.

* nquevedo@elespectador.com / @norbeyquevedo

En el sector de las empresas que venden productos de consumo masivo hay mucha preocupación. En los últimos meses la Superintendencia de Industria y Comercio avanzó en sendas investigaciones para desarticular dos presuntos carteles que fijaban los precios del mercado en perjuicio del consumidor. El primero estaba dedicado a la venta de pañales desechables y el segundo era productor de papel higiénico y otros suaves. Pero la angustia de directivos y accionistas de las compañías va más allá. La razón es que están listas nuevas investigaciones por la aparición de cuatro posibles carteles que también manejan los precios de productos que consumen a diario la mayoría de los colombianos.

El asunto se convirtió en una verdadera guerra entre las compañías. Antes se reunían para acordar los precios del mercado, pero ahora compiten para evidenciar ante las autoridades las actividades restrictivas de la competencia. A través de una figura legal conocida como delación, los representantes legales de reconocidas empresas han acudido a la superintendencia a confesar sus prácticas y delatar a sus pares comerciales. La razón es que “sapear” a sus rivales les otorga beneficios de hasta el 100% si el aporte es contundente. En otras palabras, las multas, que pueden llegar hasta $61.600 millones para las empresas y $1.232 millones si son personas naturales, se reducen a cero.

Lo cierto es que mientras en Colombia las investigaciones contra los presuntos carteles de los pañales y el papel higiénico han causado entre desconcierto e ira, en el mundo las sanciones son habituales. Entre 2001 y 2013, en países de Europa y en India, Japón, Estados Unidos, Brasil y México, las compañías multinacionales que actuaron como carteles pagaron a los estados multas por US$7.100 millones.

El más reciente capítulo en Colombia de un presunto cartel en producción, distribución y comercialización de papeles suaves surgió el año pasado. A mediados de noviembre, y sin signos de rubor en su rostro, se presentó en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el representante legal de una de las siete compañías que manejan el 91% del mercado en el país. Un mercado conformado por Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Drypers, Cartones y Papeles de Risaralda, además de Unibol y Fadepal, no investigadas por el organismo de control.

Palabras más, palabras menos, frente al superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, y su delegado, Germán Vaca, el directivo empresarial, cuyo nombre se mantiene en reserva por determinación legal, reconoció que su empresa era desde hacía varios años parte de un entramado comercial que se ponía de acuerdo para fijar las condiciones de mercado de productos como papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos para manos y cara. La delación fue tan precisa que un mes después, en diciembre, se empezaron a acordar los términos de una negociación que hoy es la carta de navegación del pliego de cargos que la Superintendencia de Industria formuló esta semana contra cinco empresas y 42 directivos y exdirectivos de esas compañías.

Durante casi un semestre, el representante legal de la compañía afinó su delación ante los investigadores del organismo de control. Ofreció entonces la declaración de otras personas, solicitó su reserva de identidad, adjuntó correos electrónicos y entregó versiones libres y juramentadas para fundamentar sus prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Con estos elementos, la Superintendencia comenzó el pasado 30 de julio las visitas administrativas a las empresas en Bogotá, Medellín, Pereira, Soledad y Gachancipá.

Las respuestas de las compañías llegaron en agosto y fueron poco satisfactorias para el organismo de control. Simultáneamente la entidad empezó a determinar el tamaño del mercado de los papeles denominados suaves, que arrojó datos fundamentales para la investigación. Se encontró, por ejemplo, que para 2012 el negocio representó US$612 millones. En una industria que significó el 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y que situó el producto como esencial para los consumidores.

De hecho, según cifras del DANE, el 96% de los hogares colombianos, un equivalente a casi 29 millones de personas, consume papel higiénico. Las estadísticas muestran que un hogar promedio en Colombia gasta al año $85.656, al mes $7.138 y por persona en promedio $22.541. Estas cifras ayudaron a los investigadores a comprender que estaban tras peces gordos en una industria pujante que hasta entonces tenía gran reputación.

Los hallazgos preliminares de la investigación empezaron a mostrar que la tradición de las marcas empieza a quedar en entredicho, por la cantidad de evidencias recolectadas y porque no cayó bien a los usuarios el hecho de que supuestamente acordaran precios, con el efecto colateral de encarecer los productos en detrimento de hogares y consumidores sin importar su condición socioeconómica.

No obstante, la indagación también evidenció el fortalecimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego de la expedición de la Ley 1340 de 2009 sobre protección de la competencia, fortaleció sus labores de control. A ello se sumó el incremento de su presupuesto en los últimos años, que pasó de $38.000 millones en 2009 a $120.000 millones en el presente año, y dobló su planta de personal a 800 funcionarios. En este contexto se inició la lucha para detectar los carteles empresariales, en sintonía con lo que también estaban haciendo otros organismos de control a nivel internacional.

Empezaron entonces los hallazgos que sorprendieron incluso a los funcionarios. El presunto cartel se configuró hace cerca de 15 años. Prueba de ello es que en 1994 se iniciaron las conversaciones entre dos afamadas compañías: Familia y Kimberly, que se estima manejan el 60% del mercado de los papeles suaves, un negocio que el año pasado tuvo ventas por $12 billones. Según el expediente del caso, “la génesis del presunto cartel habría ocurrido en 1998”. A esta afirmación se llegó por declaraciones de funcionarios. Otros correos entre directivos señalan que el supuesto cartel se creó entre 2000 y 2001.

Las pesquisas mostraron además que hubo múltiples reuniones entre presidentes o gerentes de compañías, es decir, que involucraron en los acuerdos a personal del nivel directivo o ejecutivo. En no menos de 200 correos electrónicos se muestra que la operación funcionaba con implementación de compromisos e instrucciones de seguimiento de estos, y en una tercera fase de control y verificación de los mismos se efectuaban reuniones en reconocidos hoteles, bares y restaurantes de Bogotá y Venezuela. Otra evidencia encontrada fueron mensajes de texto y comunicaciones vía celular.

Según las pesquisas, para proteger el nombre de la empresa los 42 directivos que son investigados tenían como referencia seudónimos para las compañías. Un correo da cuenta de que se tenían otros nombres para ajustar los precios de los productos sin mencionar las marcas. Por ejemplo, la empresa Familia tenía el seudónimo de “Equipo Feo”, Kimberly se llamaba “Equipo Kiosko”, la empresa Papeles Nacionales se identificaba como “Equipo Pitufos” y Cartones y Papeles del Risaralda era conocida como “Equipo Rosas”.

Frente a este tema, señala el pliego de cargos que: “Además de la ejecución de un posible acuerdo anticompetitivo, se tenía conocimiento diáfano de los riesgos que se asumirían al punto de intentar ocultar su identidad”. Para citar otros correos, el 5 de enero de 2007, Felipe Vásquez, funcionario de Familia, le envió a Jimmy Levy de Cartones y Papeles de Risaralda uno en donde le señala que “adjunto envío nueva lista de precios para supermercados vigente a partir del 15 de enero”.

En otro correo del 21 de diciembre de 2007, Juan Miguel Restrepo, de Familia, envía a funcionarios de otras empresas un mensaje con un archivo adjunto denominado “Precios”: “cumpliendo con la fecha establecida para enviar la información, les pasamos los precios de CKC que serán enviados la semana entrante a las cadenas; con esto buscamos cumplir con los precios que se establecieron” (ver frases de otros correos anexas).

Así las cosas, y con las múltiples evidencias, ya no fue sólo un representante legal el que se acogió a la figura de la delación. Al asunto entraron otros dos que confesaron su condición de cartelistas e adjuntaron pruebas de autoincriminación y de las demás empresas. Según la ley, podrían recibir beneficios en rebaja de multas del 70 y 50% respectivamente.

El proceso del supuesto cartel del papel higiénico derivó en pliego de cargos. De nuevos acuerdos con la autoridad y la defensa jurídica de las empresas depende una decisión final de la Superintendencia, que en todo caso podría o no multar a empresas y personas naturales. Se estima que una decisión final se conocerá en menos de un año. En los próximos días viene el anuncio de otros cuatro carteles de productos de consumo masivo. Entre tanto, la mayoría de colombianos ya tiene más claro por qué tantos productos de la canasta familiar están tan costosos. La competencia y el libre mercado parece que no existen.

“Se busca proteger de abusos al consumidor”

“La gente piensa que cuando se utiliza el término cartel se hace referencia exclusivamente a asuntos de narcotráfico y cree que al investigar los posibles carteles empresariales estamos comparando a estas compañías con organizaciones criminales, pero no es así. Por el contrario, fueron los carteles de la droga quienes tomaron este término de la normatividad empresarial”. Así precisó Pablo Felipe Robledo algunos de los efectos que han generado las investigaciones contra diversas firmas.

Según el funcionario, de lo que se trata es de aplicar la ley 1340, que desde el año 2009 existe, aprovechando los beneficios que ofrece por delación. Aunque no entregó detalles adicionales a los que se pueden hacer públicos, para no entorpecer las averiguaciones, indicó que lo que hay de fondo también es un compromiso del Gobierno Nacional para defender los derechos de los consumidores, que paguen precios justos por los productos y prevenir posibles abusos de las empresas.

Frases de los correos entre directivos

Debemos evitar a toda costa una guerra de precios y también posible fuga de mercancías”.
La idea es programar otra alza a mitad de este mes buscando llegar al precio por paca”.
Como habíamos hablado el objetivo en Cali con la competencia era ordenar los precios de la plaza”.
No mencionemos que la información la obtuvimos de los distribuidores”.
Mi posición es clara con mi distribuidor, no me interesa irme a una guerra con nadie”.
Se acordaron precios con la competencia del papel higiénico”.
Los precios que escribe don Alberto Aristizábal en su mail son los acordados”.
Nuestra alza de precios está establecida para que comience a regir a partir del día lunes”.

* nquevedo@elespectador.com / @norbeyquevedo