Los tigres del Fondo Premium

El 2 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera intervino la comisionista Interbolsa. En medio del mayor escándalo bursátil de la última década se inició una dura batalla jurídica, económica y mediática para encontrar a los responsables de la debacle e impedir que los inversionistas perdieran su dinero estimado en ese momento en US$300 millones.

Pocos meses después de la intervención se conocieron nuevas decisiones de la justicia. Y como castillo de naipes empezó a caer el emporio financiero. El 31 de julio de 2013, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades intervino 26 empresas y a 22 personas. Entre tanto, la Fiscalía imputó cargos a 12 directivos de la comisionista y sus empresas filiales. Incluso algunos de ellos ya están en prisión.

No obstante a las determinaciones, el principal capítulo de esta novela financiera aún no se abre. Se trata del manejo del Fondo Premium Capital Appreciation Fund constituido en la isla de Curazao. Según las autoridades, allí se estima se captaron US$175 millones que salieron de los bolsillos de inversionistas colombianos. Se ha denunciado que estos recursos se utilizaron para hacer operaciones dudosas de compra de acciones y repos que buscaban beneficiar a los dueños de Interbolsa.

De este Fondo Premium han saltado a la luz pública los nombres de tres empresarios que, según las autoridades, fueron gestores de cuestionadas maniobras financieras: Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz. No obstante, hoy casi 15 meses después del escándalo financiero, la justicia no ha tomado ninguna determinación en contra de los señalados cerebros del negocio.

Según la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, desde agosto del año pasado los empresarios junto con sus abogados se acercaron al despacho del vicefiscal Jorge Perdomo y la fiscal del caso Alexandra Ladino, con el propósito de conocer las condiciones para evaluar un acuerdo con la justicia.

En el caso de Tomás Jaramillo, a mediados de noviembre del año pasado visitó la Superintendencia con el propósito de responder un requerimiento contable de su empresa Inversiones Jaramillo Botero. Por esa época, en el organismo de vigilancia le fue propuesto un plan de desmonte con el fin de devolver los dineros captados ilegalmente. De igual manera, en Fiscalía fue escuchado varias veces para negociar posibles beneficios legales.

En diciembre viajó de vacaciones a España. Hace pocos días regresó al país. Tanto en Fiscalía como en Supersociedades otra vez prometió devolver bienes por $11.000 millones. Sin embargo, esta semana tampoco concretó la propuesta y retornó a España.

En cuanto a Víctor Maldonado, éste juega con dos cartas. Ha entablado 13 acciones de tutela para “tumbar” la intervención de Interbolsa. De éstas ha perdido seis en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia y tiene pendiente que se resuelvan otras siete. Pese a ello, y luego de seis intentos que propuso desde octubre, el pasado 14 de febrero presentó ante la Superintendencia un plan de desmonte para devolver recursos.

Maldonado ofreció entregar acciones de la Bolsa Mercantil y Coltejer, además de tres bienes inmuebles por $25.000 millones. A cambio solicitó levantar el embargo de sus compañías Malta S. A., Las Tres Palmas y Helados Modernos de Colombia. Pero el interventor Alejandro Revollo detectó que las acciones fueron sobrevaloradas por Maldonado y sus socios, y que levantar el embargo de las empresas era inadmisible. De inmediato rechazó el plan de desmonte.

Entre tanto, testigos aseguran que el empresario se volvió muy popular en Cartagena, ya que ofrece megafiestas en La Heroica y en la isla de Barú, e investigadores dan cuenta de continuos viajes de sus familiares a Brasil y Panamá, de donde traen importantes sumas en dólares.

De Juan Carlos Ortiz, El Espectador conoció el memorando de entendimiento de 16 páginas ad portas de ser firmado en el que se compromete a devolver cerca de 20 bienes propios y de sus familiares por $30.000 millones. Empresas, acciones, apartamentos, fincas, lotes, depósitos y hasta un pleito. Curiosamente, uno de los de mayor valor corresponde a los derechos litigiosos de una demanda que Ortiz tasó en $8.500 millones. Para algunos expertos, gran parte de los bienes también están sobreavaluados. El empresario reparte sus días en viajes, retiros espirituales y el manejo de Millonarios.

El jueves en la mañana hubo una reunión en la Fiscalía. Allí en los casos de Jaramillo, Maldonado y Ortiz se ratificó la petición de que efectuaran un plan de devolución de bienes. “No hay ningún preacuerdo con la Fiscalía”, ratificó uno de los asistentes a la reunión.

Por su parte, el interventor de Supersociedades Alejandro Revollo advierte que el plan de desmonte debe ser aprobado por la mayoría de las víctimas y destaca que busca que los tres empresarios asuman de una vez por todas un compromiso público y real de devolver los dineros captados a través del Fondo Premium. Señala que el plan no tiene efectos incluso en lo penal.

La paciencia de la Fiscalía y de la Superintendencia de Sociedades se agotó. Perciben las acciones de los empresarios como una burla a la justicia. La imputación de cargos ya está lista y en pocos días habrá audiencia. A los presuntos delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies y administración desleal que tenían previsto imputar le van a adicionar lavado de activos. La suerte de los tres empresarios que faltan por salir al ruedo judicial en el escándalo de Interbolsa y el Fondo Premium parece estar echada.

El cruce de cuentas pendientes

Los recursos que manejaba el Fondo Premium en Curazao fueron depositados por 1.022 personas, colombianos de estratos 4, 5 y 6 que buscaban mayor rentabilidad a sus inversiones. De esta manera se manejaron hasta US$175 millones. La revisión reflejó que en Curazao se encontró un saldo de US$9 millones. A este se suma una cartera de US$20 millones en Panamá. En Colombia la cartera asciende a US$90 millones. Otros US$31 millones corresponden a inversionistas. Entre diciembre y enero pasado a los inversionistas del Fondo le fueron devueltos cerca de $9.000 millones. Sin embargo, la gran pérdida de recursos se originó en la compra de acciones para aumentar el precio en el mercado, que no funcionó y que tiene encartados a varios. Una pérdida de valor que parece irrecuperable.

nquevedo@elespectador.com

@norbeyquevedo

El 2 de noviembre de 2012, la Superintendencia Financiera intervino la comisionista Interbolsa. En medio del mayor escándalo bursátil de la última década se inició una dura batalla jurídica, económica y mediática para encontrar a los responsables de la debacle e impedir que los inversionistas perdieran su dinero estimado en ese momento en US$300 millones.

Pocos meses después de la intervención se conocieron nuevas decisiones de la justicia. Y como castillo de naipes empezó a caer el emporio financiero. El 31 de julio de 2013, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades intervino 26 empresas y a 22 personas. Entre tanto, la Fiscalía imputó cargos a 12 directivos de la comisionista y sus empresas filiales. Incluso algunos de ellos ya están en prisión.

No obstante a las determinaciones, el principal capítulo de esta novela financiera aún no se abre. Se trata del manejo del Fondo Premium Capital Appreciation Fund constituido en la isla de Curazao. Según las autoridades, allí se estima se captaron US$175 millones que salieron de los bolsillos de inversionistas colombianos. Se ha denunciado que estos recursos se utilizaron para hacer operaciones dudosas de compra de acciones y repos que buscaban beneficiar a los dueños de Interbolsa.

De este Fondo Premium han saltado a la luz pública los nombres de tres empresarios que, según las autoridades, fueron gestores de cuestionadas maniobras financieras: Tomás Jaramillo, Víctor Maldonado y Juan Carlos Ortiz. No obstante, hoy casi 15 meses después del escándalo financiero, la justicia no ha tomado ninguna determinación en contra de los señalados cerebros del negocio.

Según la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, desde agosto del año pasado los empresarios junto con sus abogados se acercaron al despacho del vicefiscal Jorge Perdomo y la fiscal del caso Alexandra Ladino, con el propósito de conocer las condiciones para evaluar un acuerdo con la justicia.

En el caso de Tomás Jaramillo, a mediados de noviembre del año pasado visitó la Superintendencia con el propósito de responder un requerimiento contable de su empresa Inversiones Jaramillo Botero. Por esa época, en el organismo de vigilancia le fue propuesto un plan de desmonte con el fin de devolver los dineros captados ilegalmente. De igual manera, en Fiscalía fue escuchado varias veces para negociar posibles beneficios legales.

En diciembre viajó de vacaciones a España. Hace pocos días regresó al país. Tanto en Fiscalía como en Supersociedades otra vez prometió devolver bienes por $11.000 millones. Sin embargo, esta semana tampoco concretó la propuesta y retornó a España.

En cuanto a Víctor Maldonado, éste juega con dos cartas. Ha entablado 13 acciones de tutela para “tumbar” la intervención de Interbolsa. De éstas ha perdido seis en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia y tiene pendiente que se resuelvan otras siete. Pese a ello, y luego de seis intentos que propuso desde octubre, el pasado 14 de febrero presentó ante la Superintendencia un plan de desmonte para devolver recursos.

Maldonado ofreció entregar acciones de la Bolsa Mercantil y Coltejer, además de tres bienes inmuebles por $25.000 millones. A cambio solicitó levantar el embargo de sus compañías Malta S. A., Las Tres Palmas y Helados Modernos de Colombia. Pero el interventor Alejandro Revollo detectó que las acciones fueron sobrevaloradas por Maldonado y sus socios, y que levantar el embargo de las empresas era inadmisible. De inmediato rechazó el plan de desmonte.

Entre tanto, testigos aseguran que el empresario se volvió muy popular en Cartagena, ya que ofrece megafiestas en La Heroica y en la isla de Barú, e investigadores dan cuenta de continuos viajes de sus familiares a Brasil y Panamá, de donde traen importantes sumas en dólares.

De Juan Carlos Ortiz, El Espectador conoció el memorando de entendimiento de 16 páginas ad portas de ser firmado en el que se compromete a devolver cerca de 20 bienes propios y de sus familiares por $30.000 millones. Empresas, acciones, apartamentos, fincas, lotes, depósitos y hasta un pleito. Curiosamente, uno de los de mayor valor corresponde a los derechos litigiosos de una demanda que Ortiz tasó en $8.500 millones. Para algunos expertos, gran parte de los bienes también están sobreavaluados. El empresario reparte sus días en viajes, retiros espirituales y el manejo de Millonarios.

El jueves en la mañana hubo una reunión en la Fiscalía. Allí en los casos de Jaramillo, Maldonado y Ortiz se ratificó la petición de que efectuaran un plan de devolución de bienes. “No hay ningún preacuerdo con la Fiscalía”, ratificó uno de los asistentes a la reunión.

Por su parte, el interventor de Supersociedades Alejandro Revollo advierte que el plan de desmonte debe ser aprobado por la mayoría de las víctimas y destaca que busca que los tres empresarios asuman de una vez por todas un compromiso público y real de devolver los dineros captados a través del Fondo Premium. Señala que el plan no tiene efectos incluso en lo penal.

La paciencia de la Fiscalía y de la Superintendencia de Sociedades se agotó. Perciben las acciones de los empresarios como una burla a la justicia. La imputación de cargos ya está lista y en pocos días habrá audiencia. A los presuntos delitos de concierto para delinquir, manipulación fraudulenta de especies y administración desleal que tenían previsto imputar le van a adicionar lavado de activos. La suerte de los tres empresarios que faltan por salir al ruedo judicial en el escándalo de Interbolsa y el Fondo Premium parece estar echada.

El cruce de cuentas pendientes

Los recursos que manejaba el Fondo Premium en Curazao fueron depositados por 1.022 personas, colombianos de estratos 4, 5 y 6 que buscaban mayor rentabilidad a sus inversiones. De esta manera se manejaron hasta US$175 millones. La revisión reflejó que en Curazao se encontró un saldo de US$9 millones. A este se suma una cartera de US$20 millones en Panamá. En Colombia la cartera asciende a US$90 millones. Otros US$31 millones corresponden a inversionistas. Entre diciembre y enero pasado a los inversionistas del Fondo le fueron devueltos cerca de $9.000 millones. Sin embargo, la gran pérdida de recursos se originó en la compra de acciones para aumentar el precio en el mercado, que no funcionó y que tiene encartados a varios. Una pérdida de valor que parece irrecuperable.

nquevedo@elespectador.com

@norbeyquevedo