Los traumas de la guerra y la tentación de retomarla en el exterior

Para Álvaro Amórtegui, los muertos -sus muertos- siempre lo acompañan. Dice que los ve parados al lado de la carretera cuando maneja solo, en especial en horas de la noche. Nació en Ibagué, tiene 48 años y pasó 27 en el Ejército, durante los años más intensos del conflicto armado, en el que además vio morir a decenas de amigos y compañeros. Llegó a teniente coronel retirado y hace 11 meses salió del país buscando asilo, pues su vida corría peligro por denuncias de corrupción cuando pasó por el Valle del Cauca. Detalla que después buscó irse como “empleado de seguridad en el exterior”, como lo han hecho otros compañeros que conoce, pero su hijo tuvo un derrame cerebral y no quiso dejar sola a su esposa.

“Si lo de mi hijo no hubiera pasado, quizá pude haber corrido con la misma suerte que varios de los militares que hoy están en dificultades judiciales en Haití, uno no sabe”, comenta hoy al referirse del caso de los 21 militares colombianos involucrados en el asesinato del presidente de esa nación centroamericana, Jovenel Moïse, que permanecen detenidos desde el pasado 7 de julio. Y al hacerlo explica un aspecto poco referido públicamente en este suceso, pero que, según él, no solo explica la presencia de los exmilitares en esta y en otras misiones militares en el exterior por necesidad de dinero, sino que también devela lo que constituye un secreto a voces entre muchos militares en retiro en Colombia:

“Te retiran después de 20 años de vida militar y se te acaba la vida de un momento a otro, como me pasó a mí, como le pasa a la gran mayoría. Y tampoco hay un buen seguimiento psicológico ni psiquiátrico en el Ejército que contenga todo lo que se vive. Uno lo único que sabe hacer es combatir, es hacer misiones, por eso queda con esa adrenalina por dentro, contenida y desatendida, y también va a buscar eso al exterior”. Ahora no tiene “pena de hablar”, porque está afuera del país y alejado del mundo castrense, pero deja claro que de salud mental no se habla mucho en el Ejército: “Si tú dices que tienes un problema psiquiátrico, pierdes las posibilidades de ascender. Es un tabú y está mal visto”.

Álvaro Amórtegui no para en sus reparos sobre la desatención a la salud mental a los militares retirados y para explicarlo se devuelve a sus días de combatiente. Reconoce que supo que “estaba mal” cuando empezó a obsesionarse con quitarse la vida. Sobre todo cuando volvía y volvía a varias escenas de la guerra que vivió, como cuando quedó inconsciente en un combate en el municipio de Carmen del Atrato (Chocó) o cuando rememoraba lo sucedido el 16 de octubre del año 2000, en un combate en el que perdió a 54 compañeros. Ese día, más de 900 guerrilleros de las Farc realizaron una incursión armada a Dabeiba (Antioquia), un municipio que padeció la guerra como pocos.

Según el Registro Único de Víctimas, en este municipio antioqueño 18.914 personas declararon delitos relacionados con el conflicto armado, desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas y amenazas. Por eso, para la época de los enfrentamientos eran comunes entre paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), militares del Ejército y los guerrilleros de las Farc. Estos últimos llegaron a controlar antes de la incursión paramilitar de 1997 buena parte de esa área estratégica y montañosa, rica en agua y recursos de explotación minera, que conecta al departamento de Córdoba, al Urabá antioqueño y al Bajo Atrato chocoano, a través del nudo de Paramillo.

“Yo era teniente y me ordenaron ir con mi compañía de 70 hombres a la base militar de la Fuerza Aérea en Rionegro (Antioquia) para apoyar un asalto aéreo. Mi plan era aterrizar sobre las vías, porque aunque nos demoráramos, era más seguro. Pero el tiempo no nos permitió que saliéramos en la noche. Un mayor ordenó que estuviéramos preparados a las 5:00 a.m., pero la compañía Alcatraz no estuvo lista y él dijo que iba delante de nosotros. A las 10:30 a.m., el oficial encargado de operaciones de la IV Brigada escuchó mi plan y dijo que no. Que había que aterrizar prácticamente sobre Dabeiba. Yo le dije que no, que esa era un área preparada por la guerrilla, y que nos iban a matar.

(Puede leer: Juez designado para investigar asesinato del presidente de Haití abandona el caso)

El coronel me respondió que si tenía miedo que me comprara un perro y que así se iba a hacer, porque no podíamos esperar cuatro horas más para apoyar a la Policía. Ese coronel cambió todo a última hora. Y por eso pasó lo que pasó. Los helicópteros debían descargar a los soldados en una zona después de que los aviones Kfir bombardearan, pero terminaron descargándolos en una zona donde los esperaban 400 guerrilleros. Al último helicóptero lo atacaron más porque estaba suspendido en el aire esperando para desembarcar, porque la zona era pequeña, y por eso se precipitó 20 metros. Solo sobrevivió un soldado que luego terminó asesinado en tierra.

Mi compañía no pudo salir porque el helicóptero tuvo una falla. Pero vivimos momentos de mucha angustia y dolor al ver los helicópteros que volvían todos agujereados por los disparos y al escuchar a los pilotos que contaban que al otro helicóptero lo habían derribado. Al final de la incursión fallecieron 54 soldados del Ejército y dos policías. Los soldados que sobrevivieron lo hicieron porque se pusieron una banda tricolor en el pecho y se hicieron pasar por guerrilleros. No puedo olvidar cuando vi llegar a los muertos, que teníamos que identificarlos, porque muchos habían quedado irreconocibles por la explosión de los cilindros bomba. Una escena de terror que repito en mi cabeza”, cuenta Amórtegui.

“Tú los estás viendo en la mañana y en la tarde te toca recoger los muertos y no pasa nada. La institución no desarrolló, ni lo hace hoy, un acompañamiento psiquiátrico, porque además de eso no se habla mientras se está activo. Pero muchos soldados se suicidan o buscan suicidarse. Muchos lo hacen ya retirados”.

Durante un debate de control político, realizado en el Senado en junio de 2019, salió a relucir, con base en cifras oficiales, que entre 2000 y 2016 se suicidaron 1.155 miembros del Ejército y de la Fuerza Pública. Ese mismo 2019, después de varios acompañamientos psiquiátricos y luego de que a su hijo le dio un derrame cerebral, Amórtegui también intentó quitarse la vida.

“Ese fue el detonante. De la ansiedad que tenía ya no podía ni oír el sonido de un helicóptero. Cuando intenté suicidarme me dijeron que si quería estar cerca de la recuperación de mi hijo debía iniciar acompañamiento psiquiátrico. Por eso empecé, aunque sentía que no lo tomaban en serio. A eso se sumó que empecé a denunciar que en el Batallón Pichincha de Cali había militares que robaban municiones y conformaban un grupo paramilitar que secuestraba a narcotraficantes en Cali, los extorsionaba y los dejaba libres. De eso informé a la comandancia del Ejército. En enero de 2019 cogieron presos a algunos militares de bajo rango y las amenazas empezaron a ser tan delicadas que me tocó salir”.

Entre las denuncias desoídas y los reclamos a la desatención de su salud mental deteriorada por los rigores de la guerra, Amórtegui vuelve a los recuerdos de la “Batalla de Dabeiba”, como se conoce al suceso que no puede olvidar. A manera de compensación, agrega, fue enviado al Batallón Colombia del Ejército acantonado en la península del Sinaí, en Egipto. En concreto, terminó integrando las filas de la Fuerza Multinacional de Observadores de Paz, conocida por sus siglas en inglés como “Multinational Force and Observers (MFO)”, una fuerza armada disuasiva creada en 1981 para supervisar el cumplimiento de los tratados de paz entre Egipto e Israel.

“Fue en el Sinaí, a principios del siglo XXI, cuando los soldados colombianos empezaron a resaltar, pues llegaban de la guerra contra las guerrillas, aguantaban condiciones agrestes y sabían moverse mejor que soldados de otras nacionalidades”, refiere Amórtegui, quien asegura que ha constatado cómo decenas de compañeros activos y retirados se han ido a pelear a guerras ajenas como “empleados de seguridad” o mercenarios, término que la Real Academia Española define como “soldado que lucha a cambio de dinero o de un favor, sin motivación y nula consideración con la ideología, nacionalidad, preferencias políticas o religiosas para el bando por el que luchan. Se les llama también soldados de fortuna”.

De manera simultánea, hacia 2001, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se estrecharon por cuenta del Plan Colombia, suscrito en agosto del año 2000, entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Bill Clinton y Andrés Pastrana, respectivamente. Ese acuerdo triplicó el presupuesto militar y fortaleció las fuerzas de seguridad del Estado. Amórtegui sostiene que esa cruzada militar alentó la búsqueda de militares colombianos para librar guerras ajenas. “Con el Plan Colombia se empezaron a profesionalizar los soldados colombianos. Recuerdo que venían de la Armada estadounidense a formarnos y luego nos llevaban también a ganar experiencia en el exterior”.

Hoy el asunto es un secreto a voces: muchos colombianos se van a buscar fortuna de la mano de diversas empresas de seguridad internacional, como la firma estadounidense Academi, anteriormente conocida como Xe Services LLC, Blackwater USA y Blackwater Worldwide. Según expertos, cambia su nombre cada vez que hay escándalos, como la masacre de 17 civiles iraquíes, incluyendo jóvenes de 9 y 11 años, en 2007. “Esa empresa ha reclutado a soldados colombianos desde 1997, especialmente a través de empresas locales conocidas como IG Solutions y Thor Colombia”, reseña el analista de seguridad Gonzalo Jiménez Mora.

Y agrega sobre ese punto Amórtegui: “Cuando Emiratos Árabes empezó a reclutar soldados colombianos, las deserciones de compañeros eran tantas, que el Gobierno presionó. Por eso ahora solo reclutan a retirados. Hoy en los Emiratos puede haber tres mil militares colombianos. Allá hay unas fuerzas militares con la misma estructura que la de acá, la mayoría de colombianos. Para un soldado es mejor ganarse US$5.000 mensuales sin dejar la vida militar, que ganarse una pensión de $1′600.000 y dedicarse a panadero. Además, son labores de control y vigilancia de instalaciones u oleoductos, pero si quieres ganarte un bono de US$3.000 o más, te pones en la lista de misiones para hacer operaciones especiales en Yemen”.

Con esta misma dinámica, los periplos de los mercenarios colombianos en el exterior también dan cuenta de la presencia de exmilitares en países como Afganistán, cuya violencia contempla hoy el mundo con estupor. Con un agravante, Colombia no ha querido adherir a la convención internacional que criminaliza el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989). Eso explica que, a pesar del escándalo del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en el que está implicado un grupo de 20 exmilitares colombianos, en las redes sociales de los militares retirados todavía circula otra convocatoria, esta vez de la empresa colombiana Globalock Team:

“Se requiere el siguiente personal militar en uso de buen retiro para laborar a partir de septiembre de 2021 en Medio Oriente (Afganistán y Emiratos), África Central y del Norte (Egipto - Libia). Se requiere profesionales en diversas áreas para laborar por prestación de servicios en Colombia, dentro del proceso de selección del personal militar”, se lee en la oferta para oficiales y suboficiales que quieran cumplir labores como instructores. “Tendrán contratos por el término de duración de cada curso que se adelante en el exterior (3 meses), con asignación salarial estimada en el orden de los 3.900 dólares a 4.500 dólares. El personal de base tendrá una asignación salarial estimada en 2.500 dólares”.

En general, desde diversas guerras se buscan desde mecánicos de blindados, expertos en manejo de armas cortas y largas, artilleros, buzos, paracaidistas, pilotos, traductores y explosivistas, hasta psicólogos. Exoficiales o exsuboficiales colombianos que, como el excoronel Álvaro Amórtegui, entienden de la guerra porque la vivieron, así continúen atormentados por los fantasmas y los traumas que deja la violencia. Después de lo sucedido en Haití, muchos tienen dudas, pero las alternativas para personas como él tampoco abundan. Sin otra experiencia que el combate y escasa asistencia profesional para salir del cerco mental que crea la confrontación armada, el señuelo de las armas los sigue atrayendo.

Para Álvaro Amórtegui, los muertos -sus muertos- siempre lo acompañan. Dice que los ve parados al lado de la carretera cuando maneja solo, en especial en horas de la noche. Nació en Ibagué, tiene 48 años y pasó 27 en el Ejército, durante los años más intensos del conflicto armado, en el que además vio morir a decenas de amigos y compañeros. Llegó a teniente coronel retirado y hace 11 meses salió del país buscando asilo, pues su vida corría peligro por denuncias de corrupción cuando pasó por el Valle del Cauca. Detalla que después buscó irse como “empleado de seguridad en el exterior”, como lo han hecho otros compañeros que conoce, pero su hijo tuvo un derrame cerebral y no quiso dejar sola a su esposa.

“Si lo de mi hijo no hubiera pasado, quizá pude haber corrido con la misma suerte que varios de los militares que hoy están en dificultades judiciales en Haití, uno no sabe”, comenta hoy al referirse del caso de los 21 militares colombianos involucrados en el asesinato del presidente de esa nación centroamericana, Jovenel Moïse, que permanecen detenidos desde el pasado 7 de julio. Y al hacerlo explica un aspecto poco referido públicamente en este suceso, pero que, según él, no solo explica la presencia de los exmilitares en esta y en otras misiones militares en el exterior por necesidad de dinero, sino que también devela lo que constituye un secreto a voces entre muchos militares en retiro en Colombia:

“Te retiran después de 20 años de vida militar y se te acaba la vida de un momento a otro, como me pasó a mí, como le pasa a la gran mayoría. Y tampoco hay un buen seguimiento psicológico ni psiquiátrico en el Ejército que contenga todo lo que se vive. Uno lo único que sabe hacer es combatir, es hacer misiones, por eso queda con esa adrenalina por dentro, contenida y desatendida, y también va a buscar eso al exterior”. Ahora no tiene “pena de hablar”, porque está afuera del país y alejado del mundo castrense, pero deja claro que de salud mental no se habla mucho en el Ejército: “Si tú dices que tienes un problema psiquiátrico, pierdes las posibilidades de ascender. Es un tabú y está mal visto”.

Álvaro Amórtegui no para en sus reparos sobre la desatención a la salud mental a los militares retirados y para explicarlo se devuelve a sus días de combatiente. Reconoce que supo que “estaba mal” cuando empezó a obsesionarse con quitarse la vida. Sobre todo cuando volvía y volvía a varias escenas de la guerra que vivió, como cuando quedó inconsciente en un combate en el municipio de Carmen del Atrato (Chocó) o cuando rememoraba lo sucedido el 16 de octubre del año 2000, en un combate en el que perdió a 54 compañeros. Ese día, más de 900 guerrilleros de las Farc realizaron una incursión armada a Dabeiba (Antioquia), un municipio que padeció la guerra como pocos.

Según el Registro Único de Víctimas, en este municipio antioqueño 18.914 personas declararon delitos relacionados con el conflicto armado, desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas y amenazas. Por eso, para la época de los enfrentamientos eran comunes entre paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), militares del Ejército y los guerrilleros de las Farc. Estos últimos llegaron a controlar antes de la incursión paramilitar de 1997 buena parte de esa área estratégica y montañosa, rica en agua y recursos de explotación minera, que conecta al departamento de Córdoba, al Urabá antioqueño y al Bajo Atrato chocoano, a través del nudo de Paramillo.

“Yo era teniente y me ordenaron ir con mi compañía de 70 hombres a la base militar de la Fuerza Aérea en Rionegro (Antioquia) para apoyar un asalto aéreo. Mi plan era aterrizar sobre las vías, porque aunque nos demoráramos, era más seguro. Pero el tiempo no nos permitió que saliéramos en la noche. Un mayor ordenó que estuviéramos preparados a las 5:00 a.m., pero la compañía Alcatraz no estuvo lista y él dijo que iba delante de nosotros. A las 10:30 a.m., el oficial encargado de operaciones de la IV Brigada escuchó mi plan y dijo que no. Que había que aterrizar prácticamente sobre Dabeiba. Yo le dije que no, que esa era un área preparada por la guerrilla, y que nos iban a matar.

(Puede leer: Juez designado para investigar asesinato del presidente de Haití abandona el caso)

El coronel me respondió que si tenía miedo que me comprara un perro y que así se iba a hacer, porque no podíamos esperar cuatro horas más para apoyar a la Policía. Ese coronel cambió todo a última hora. Y por eso pasó lo que pasó. Los helicópteros debían descargar a los soldados en una zona después de que los aviones Kfir bombardearan, pero terminaron descargándolos en una zona donde los esperaban 400 guerrilleros. Al último helicóptero lo atacaron más porque estaba suspendido en el aire esperando para desembarcar, porque la zona era pequeña, y por eso se precipitó 20 metros. Solo sobrevivió un soldado que luego terminó asesinado en tierra.

Mi compañía no pudo salir porque el helicóptero tuvo una falla. Pero vivimos momentos de mucha angustia y dolor al ver los helicópteros que volvían todos agujereados por los disparos y al escuchar a los pilotos que contaban que al otro helicóptero lo habían derribado. Al final de la incursión fallecieron 54 soldados del Ejército y dos policías. Los soldados que sobrevivieron lo hicieron porque se pusieron una banda tricolor en el pecho y se hicieron pasar por guerrilleros. No puedo olvidar cuando vi llegar a los muertos, que teníamos que identificarlos, porque muchos habían quedado irreconocibles por la explosión de los cilindros bomba. Una escena de terror que repito en mi cabeza”, cuenta Amórtegui.

“Tú los estás viendo en la mañana y en la tarde te toca recoger los muertos y no pasa nada. La institución no desarrolló, ni lo hace hoy, un acompañamiento psiquiátrico, porque además de eso no se habla mientras se está activo. Pero muchos soldados se suicidan o buscan suicidarse. Muchos lo hacen ya retirados”.

Durante un debate de control político, realizado en el Senado en junio de 2019, salió a relucir, con base en cifras oficiales, que entre 2000 y 2016 se suicidaron 1.155 miembros del Ejército y de la Fuerza Pública. Ese mismo 2019, después de varios acompañamientos psiquiátricos y luego de que a su hijo le dio un derrame cerebral, Amórtegui también intentó quitarse la vida.

“Ese fue el detonante. De la ansiedad que tenía ya no podía ni oír el sonido de un helicóptero. Cuando intenté suicidarme me dijeron que si quería estar cerca de la recuperación de mi hijo debía iniciar acompañamiento psiquiátrico. Por eso empecé, aunque sentía que no lo tomaban en serio. A eso se sumó que empecé a denunciar que en el Batallón Pichincha de Cali había militares que robaban municiones y conformaban un grupo paramilitar que secuestraba a narcotraficantes en Cali, los extorsionaba y los dejaba libres. De eso informé a la comandancia del Ejército. En enero de 2019 cogieron presos a algunos militares de bajo rango y las amenazas empezaron a ser tan delicadas que me tocó salir”.

Entre las denuncias desoídas y los reclamos a la desatención de su salud mental deteriorada por los rigores de la guerra, Amórtegui vuelve a los recuerdos de la “Batalla de Dabeiba”, como se conoce al suceso que no puede olvidar. A manera de compensación, agrega, fue enviado al Batallón Colombia del Ejército acantonado en la península del Sinaí, en Egipto. En concreto, terminó integrando las filas de la Fuerza Multinacional de Observadores de Paz, conocida por sus siglas en inglés como “Multinational Force and Observers (MFO)”, una fuerza armada disuasiva creada en 1981 para supervisar el cumplimiento de los tratados de paz entre Egipto e Israel.

“Fue en el Sinaí, a principios del siglo XXI, cuando los soldados colombianos empezaron a resaltar, pues llegaban de la guerra contra las guerrillas, aguantaban condiciones agrestes y sabían moverse mejor que soldados de otras nacionalidades”, refiere Amórtegui, quien asegura que ha constatado cómo decenas de compañeros activos y retirados se han ido a pelear a guerras ajenas como “empleados de seguridad” o mercenarios, término que la Real Academia Española define como “soldado que lucha a cambio de dinero o de un favor, sin motivación y nula consideración con la ideología, nacionalidad, preferencias políticas o religiosas para el bando por el que luchan. Se les llama también soldados de fortuna”.

De manera simultánea, hacia 2001, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se estrecharon por cuenta del Plan Colombia, suscrito en agosto del año 2000, entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia, Bill Clinton y Andrés Pastrana, respectivamente. Ese acuerdo triplicó el presupuesto militar y fortaleció las fuerzas de seguridad del Estado. Amórtegui sostiene que esa cruzada militar alentó la búsqueda de militares colombianos para librar guerras ajenas. “Con el Plan Colombia se empezaron a profesionalizar los soldados colombianos. Recuerdo que venían de la Armada estadounidense a formarnos y luego nos llevaban también a ganar experiencia en el exterior”.

Hoy el asunto es un secreto a voces: muchos colombianos se van a buscar fortuna de la mano de diversas empresas de seguridad internacional, como la firma estadounidense Academi, anteriormente conocida como Xe Services LLC, Blackwater USA y Blackwater Worldwide. Según expertos, cambia su nombre cada vez que hay escándalos, como la masacre de 17 civiles iraquíes, incluyendo jóvenes de 9 y 11 años, en 2007. “Esa empresa ha reclutado a soldados colombianos desde 1997, especialmente a través de empresas locales conocidas como IG Solutions y Thor Colombia”, reseña el analista de seguridad Gonzalo Jiménez Mora.

Y agrega sobre ese punto Amórtegui: “Cuando Emiratos Árabes empezó a reclutar soldados colombianos, las deserciones de compañeros eran tantas, que el Gobierno presionó. Por eso ahora solo reclutan a retirados. Hoy en los Emiratos puede haber tres mil militares colombianos. Allá hay unas fuerzas militares con la misma estructura que la de acá, la mayoría de colombianos. Para un soldado es mejor ganarse US$5.000 mensuales sin dejar la vida militar, que ganarse una pensión de $1′600.000 y dedicarse a panadero. Además, son labores de control y vigilancia de instalaciones u oleoductos, pero si quieres ganarte un bono de US$3.000 o más, te pones en la lista de misiones para hacer operaciones especiales en Yemen”.

Con esta misma dinámica, los periplos de los mercenarios colombianos en el exterior también dan cuenta de la presencia de exmilitares en países como Afganistán, cuya violencia contempla hoy el mundo con estupor. Con un agravante, Colombia no ha querido adherir a la convención internacional que criminaliza el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989). Eso explica que, a pesar del escándalo del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en el que está implicado un grupo de 20 exmilitares colombianos, en las redes sociales de los militares retirados todavía circula otra convocatoria, esta vez de la empresa colombiana Globalock Team:

“Se requiere el siguiente personal militar en uso de buen retiro para laborar a partir de septiembre de 2021 en Medio Oriente (Afganistán y Emiratos), África Central y del Norte (Egipto - Libia). Se requiere profesionales en diversas áreas para laborar por prestación de servicios en Colombia, dentro del proceso de selección del personal militar”, se lee en la oferta para oficiales y suboficiales que quieran cumplir labores como instructores. “Tendrán contratos por el término de duración de cada curso que se adelante en el exterior (3 meses), con asignación salarial estimada en el orden de los 3.900 dólares a 4.500 dólares. El personal de base tendrá una asignación salarial estimada en 2.500 dólares”.

En general, desde diversas guerras se buscan desde mecánicos de blindados, expertos en manejo de armas cortas y largas, artilleros, buzos, paracaidistas, pilotos, traductores y explosivistas, hasta psicólogos. Exoficiales o exsuboficiales colombianos que, como el excoronel Álvaro Amórtegui, entienden de la guerra porque la vivieron, así continúen atormentados por los fantasmas y los traumas que deja la violencia. Después de lo sucedido en Haití, muchos tienen dudas, pero las alternativas para personas como él tampoco abundan. Sin otra experiencia que el combate y escasa asistencia profesional para salir del cerco mental que crea la confrontación armada, el señuelo de las armas los sigue atrayendo.