"Lucharé para hallar hasta el último hueso de mi hijo"

¿Cuánto vale un muerto incompleto? Para quienes no lo enterraron, como usted o como yo, quizá poco o nada: al fin y al cabo ni el muerto ni la pena son nuestros. Sin embargo, para Luz Marina Bernal, la madre de este muerto, no existen reservas de oro en el mundo que alcancen para cubrir tan siquiera una trigésima parte de la paz que sentiría si supiera que en el ataúd de su hijo Fair Leonardo Porras Bernal, quien se encuentra en el cementerio La Inmaculada, en el norte de Bogotá, no hace falta un solo hueso. Qué más quisiera ella.

La realidad, no obstante, la abofetea cada que cierra los ojos y su mente la arrastra a ese ataúd. Entonces recuerda que allí no están el maxilar izquierdo, ni parte del derecho, ni la mandíbula, ni los huesos nasales; no están algunas vértebras y costillas; no están el coxis, la clavícula derecha o el esternón; no están parte del brazo derecho ni la sombra del brazo izquierdo. “En mis oraciones le pido a mi hijo que me muestre en sueños dónde están las partes que le faltan. Esto me tiene con un gran dolor en el alma y... bueno… no sé...”. A las palabras que venían se les atravesó el llanto.

Han pasado más de cuatro años desde que Luz Marina Bernal se enteró de que al cadáver de su hijo le faltaban tantas partes. Quien lo certificó fue el patólogo forense Robert Bux, quien llegó al caso por la gestión de la abogada de las víctimas, Gloria Silva —del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos— y por medio de la organización Physicians for Human Rights (Médicos para los Derechos Humanos). Bux, por petición de la madre, hizo una segunda exhumación de Fair Leonardo Porras; la primera la había hecho el CTI en 2008, cuando ya Medicina Le gal le había confirmado a la familia del joven su violenta muerte.

En septiembre de 2008, la familia Porras fue a Ocaña a recoger el cuerpo de Fair Leonardo, que llegó a Bogotá envuelto en plástico y sellado. Pero, como la esperanza suele morir de última, Luz Marina Bernal no descartaba la posibilidad de que el joven cuya osamenta reposaba en el cementerio La Inmaculada no fuera su hijo. Por eso, en 2010, le solicitó a su abogada que se practicara una segunda autopsia. Así las cosas, el 10 de septiembre de 2010, a las 7 de la mañana y con la debida autorización de la Fiscalía, el cuerpo de Fair Leonardo Porras fue trasladado hasta el cementerio Jardines del Apogeo, ubicado en el sur de Bogotá, para que el patólogo forense pudiera hacer su tarea.

El trabajo encomendado a Bux consistía en analizar los restos y comparar con la necropsia que Medicina Legal había realizado el 12 de enero de 2008 en la morgue del hospital de Ocaña. En ese primer dictamen se estableció que Porras recibió nueve disparos desde una (o varias) arma tipo fusil. En el segundo dictamen, sin embargo, por lo menos cinco de las nueve heridas no pudieron ser confirmadas porque los huesos no estaban. Aun así, Bux encontró lesiones adicionales y la evidencia suficiente para afirmar que a Fair Leonardo Porras los disparos le causaron una hemorragia que lo llevó a la muerte. El informe final se les entregó a las víctimas y a la Fiscalía.

El patólogo forense, además, dio con un curioso hallazgo dentro de la bóveda craneal: una media y una camiseta color azul verdoso, la misma que vestía el joven Porras al momento de morir. La camiseta tenía una marquilla de fábrica en la que se leía “Ultimate Experience”: la experiencia última. Ambas prendas fueron enviadas al laboratorio de balística de la Fiscalía, el cual concluyó que la camiseta había sido “mal recolectada y preservada”. Según el reporte, no fue protegida como se debía “para detectar nitritos producto de la combustión de la pólvora”. No obstante, sí se hallaron rastros de cobre “debido al paso del proyectil de arma de fuego”.

¿Quién pone la camiseta de la víctima de un homicidio dentro de su propio cráneo? ¿Cómo es que en Ocaña hay un cadáver entero y a Bogotá llega sólo la mitad? ¿Por qué la familia de Fair Leonardo Porras no se había animado a denunciar estas irregularidades? “Cuando los peritos hablaron en el juicio —sostiene Luz Marina Bernal—, pensé que iban a tocar el tema, pero ninguno de ellos lo hizo. El doctor Bux hizo su intervención por Skype, entonces no le pude preguntar. Además, los abogados de los militares habían dilatado tanto éste y los otros procesos de Soacha que me daba miedo de que la atención se desviara”.

Para los jueces, tanto en primera como en segunda instancias, hubo pruebas suficientes para establecer que el joven Porras Bernal fue asesinado a sangre fría, en un combate que no fue más que la puesta en escena de un mayor, un teniente, un cabo y tres soldados profesionales: esos son los condenados hasta ahora. En julio de 2013 se ratificó que todos estaban condenados a 53 años de prisión por delitos como desaparición forzada y homicidio agravado. Ni siquiera la Procuraduría, que se opuso a que este crimen fuera declarado de lesa humanidad, puso en duda la muerte violenta de Porras o las circunstancias pérfidas que la rodearon.

Que Fair Leonardo Porras viniera al mundo fue designio divino, o eso es lo que cree su madre, quien ha sufrido por él lo indecible desde antes de parirlo. En su quinto mes de embarazo, un carro la atropelló. Nació en el sexto mes de gestación con una parte de su cerebro desprendida. Luego vino la meningitis: durante siete meses el pequeño estuvo conectado a máquinas, en estado vegetativo. “Quedó con discapacidad en el brazo y la pierna derecha”, cuenta Luz Marina. Ese fue uno de los detalles que no tuvieron en cuenta los militares, que le plantaron una pistola 9 mm cerca de su mano derecha ignorando que él jamás habría podido usarla, pues era zurdo.

—¿Acaso no saben que su hijo era un delincuente que estaba extorsionando en la región? (les preguntaron algunos investigadores de la Fiscalía de Ocaña a Luz Marina y a su esposo cuando fueron a recoger el cuerpo de su hijo, en septiembre de 2008).

¡¿Acaso no saben que nuestro hijo tenía la edad mental de un niño de 10 años porque una meningitis le redujo un 53% su capacidad de aprendizaje?! (respondieron los dolidos padres).

En juicio, las evidencias que presentó el CTI de la Fiscalía derrumbaron cualquier argumento de los militares. Nunca hubo combate, pues el lugar del presunto tiroteo era un cultivo de tomates y ni un solo tomate había resultado perjudicado. El análisis balístico, además, demostró que a Porras Bernal lo ejecutaron de la manera más canalla: mientras él estaba de rodillas, y quien disparaba de pie, recibió tres disparos en la cara. Luego vinieron los otros seis disparos en el pecho y las piernas. Al final lo acomodaron en una zanja, al lado de unas cuantas vainillas regadas sobre la tierra, todo para simular un enfrentamiento que nunca tuvo lugar.

¿Cuánto vale un muerto incompleto? Para Luz Marina Bernal vale su propia vida, la cual está dispuesta a seguir arriesgando hasta que todos los interrogantes que la aturden tengan respuesta. Siente que es el momento adecuado para emprender esta batalla: total, ya al proceso por la muerte de su hijo se le puso punto final en primera y segunda instancias; ya la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de casación; ya lleva años sorteando con amenazas; ya su hijo mayor se tuvo que ir a otra ciudad por su seguridad; ya su matrimonio se resquebrajó ante tantas presiones; ya se murió su hermano mayor de pena moral. Ya hasta se volvió actriz.

El Espectador se comunicó con la Fiscalía de Norte de Santander y de Bogotá. Fuentes del organismo en Cúcuta aseguraron estar aterrados ante la información: “El cuerpo se trajo de Ocaña entero. El proceso fue muy estricto, nunca habíamos visto algo así”. En Bogotá, la respuesta para este diario fue: “El fiscal del caso no tiene presente esa situación, pero le pide a la familia del joven Porras que se acerque al despacho para revisar qué se puede hacer”. Luz Marina Bernal, quien ya empezó a consultar a su abogada, dice que pronto estará allá presentando los recursos que la situación exija: “Yo no me puedo morir con esta zozobra”.

***

Un caso de lesa humanidad

En septiembre de 2008 estalló el escándalo, y la política de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con Juan Manuel Santos como su ministro de Defensa, fue blanco de una lluvia de críticas que no ha cesado. La respuesta del gobierno en ese momento fue destituir a 27 oficiales y suboficiales, incluido el comandante del batallón Santander, al que pertenecían los uniformados que acabaron con la vida de Fair Leonardo Porras Bernal. Hace un par de semanas, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que se venían decisiones sobre 22 generales por falsos positivos. Hasta la fecha, ningún general ha sido llamado a juicio por un caso así.

Que el caso de Fair Leonardo Porras Bernal fuera declarado de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Cundinamarca fue un antecedente importantísimo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría se opuso, señalando que “el homicidio del señor Porras Bernal aparece como un hecho aislado”.

Los números de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

4.832 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2008 y podrían ser ‘falsos positivos’, dijo la Fiscalía.

4.919 miembros activos y retirados del Ejército están siendo investigados.

69 ‘falsos positivos’ se cometieron entre 2010 y 2012, denunció el senador Iván Cepeda. 

48 procesos pasaron a la Justicia Penal Militar durante gobierno Santos, dijo la ONU.

60 fiscales y 150 investigadores del CTI en todo el país manejan los expedientes actuales. 

¿Cuánto vale un muerto incompleto? Para quienes no lo enterraron, como usted o como yo, quizá poco o nada: al fin y al cabo ni el muerto ni la pena son nuestros. Sin embargo, para Luz Marina Bernal, la madre de este muerto, no existen reservas de oro en el mundo que alcancen para cubrir tan siquiera una trigésima parte de la paz que sentiría si supiera que en el ataúd de su hijo Fair Leonardo Porras Bernal, quien se encuentra en el cementerio La Inmaculada, en el norte de Bogotá, no hace falta un solo hueso. Qué más quisiera ella.

La realidad, no obstante, la abofetea cada que cierra los ojos y su mente la arrastra a ese ataúd. Entonces recuerda que allí no están el maxilar izquierdo, ni parte del derecho, ni la mandíbula, ni los huesos nasales; no están algunas vértebras y costillas; no están el coxis, la clavícula derecha o el esternón; no están parte del brazo derecho ni la sombra del brazo izquierdo. “En mis oraciones le pido a mi hijo que me muestre en sueños dónde están las partes que le faltan. Esto me tiene con un gran dolor en el alma y... bueno… no sé...”. A las palabras que venían se les atravesó el llanto.

Han pasado más de cuatro años desde que Luz Marina Bernal se enteró de que al cadáver de su hijo le faltaban tantas partes. Quien lo certificó fue el patólogo forense Robert Bux, quien llegó al caso por la gestión de la abogada de las víctimas, Gloria Silva —del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos— y por medio de la organización Physicians for Human Rights (Médicos para los Derechos Humanos). Bux, por petición de la madre, hizo una segunda exhumación de Fair Leonardo Porras; la primera la había hecho el CTI en 2008, cuando ya Medicina Le gal le había confirmado a la familia del joven su violenta muerte.

En septiembre de 2008, la familia Porras fue a Ocaña a recoger el cuerpo de Fair Leonardo, que llegó a Bogotá envuelto en plástico y sellado. Pero, como la esperanza suele morir de última, Luz Marina Bernal no descartaba la posibilidad de que el joven cuya osamenta reposaba en el cementerio La Inmaculada no fuera su hijo. Por eso, en 2010, le solicitó a su abogada que se practicara una segunda autopsia. Así las cosas, el 10 de septiembre de 2010, a las 7 de la mañana y con la debida autorización de la Fiscalía, el cuerpo de Fair Leonardo Porras fue trasladado hasta el cementerio Jardines del Apogeo, ubicado en el sur de Bogotá, para que el patólogo forense pudiera hacer su tarea.

El trabajo encomendado a Bux consistía en analizar los restos y comparar con la necropsia que Medicina Legal había realizado el 12 de enero de 2008 en la morgue del hospital de Ocaña. En ese primer dictamen se estableció que Porras recibió nueve disparos desde una (o varias) arma tipo fusil. En el segundo dictamen, sin embargo, por lo menos cinco de las nueve heridas no pudieron ser confirmadas porque los huesos no estaban. Aun así, Bux encontró lesiones adicionales y la evidencia suficiente para afirmar que a Fair Leonardo Porras los disparos le causaron una hemorragia que lo llevó a la muerte. El informe final se les entregó a las víctimas y a la Fiscalía.

El patólogo forense, además, dio con un curioso hallazgo dentro de la bóveda craneal: una media y una camiseta color azul verdoso, la misma que vestía el joven Porras al momento de morir. La camiseta tenía una marquilla de fábrica en la que se leía “Ultimate Experience”: la experiencia última. Ambas prendas fueron enviadas al laboratorio de balística de la Fiscalía, el cual concluyó que la camiseta había sido “mal recolectada y preservada”. Según el reporte, no fue protegida como se debía “para detectar nitritos producto de la combustión de la pólvora”. No obstante, sí se hallaron rastros de cobre “debido al paso del proyectil de arma de fuego”.

¿Quién pone la camiseta de la víctima de un homicidio dentro de su propio cráneo? ¿Cómo es que en Ocaña hay un cadáver entero y a Bogotá llega sólo la mitad? ¿Por qué la familia de Fair Leonardo Porras no se había animado a denunciar estas irregularidades? “Cuando los peritos hablaron en el juicio —sostiene Luz Marina Bernal—, pensé que iban a tocar el tema, pero ninguno de ellos lo hizo. El doctor Bux hizo su intervención por Skype, entonces no le pude preguntar. Además, los abogados de los militares habían dilatado tanto éste y los otros procesos de Soacha que me daba miedo de que la atención se desviara”.

Para los jueces, tanto en primera como en segunda instancias, hubo pruebas suficientes para establecer que el joven Porras Bernal fue asesinado a sangre fría, en un combate que no fue más que la puesta en escena de un mayor, un teniente, un cabo y tres soldados profesionales: esos son los condenados hasta ahora. En julio de 2013 se ratificó que todos estaban condenados a 53 años de prisión por delitos como desaparición forzada y homicidio agravado. Ni siquiera la Procuraduría, que se opuso a que este crimen fuera declarado de lesa humanidad, puso en duda la muerte violenta de Porras o las circunstancias pérfidas que la rodearon.

Que Fair Leonardo Porras viniera al mundo fue designio divino, o eso es lo que cree su madre, quien ha sufrido por él lo indecible desde antes de parirlo. En su quinto mes de embarazo, un carro la atropelló. Nació en el sexto mes de gestación con una parte de su cerebro desprendida. Luego vino la meningitis: durante siete meses el pequeño estuvo conectado a máquinas, en estado vegetativo. “Quedó con discapacidad en el brazo y la pierna derecha”, cuenta Luz Marina. Ese fue uno de los detalles que no tuvieron en cuenta los militares, que le plantaron una pistola 9 mm cerca de su mano derecha ignorando que él jamás habría podido usarla, pues era zurdo.

—¿Acaso no saben que su hijo era un delincuente que estaba extorsionando en la región? (les preguntaron algunos investigadores de la Fiscalía de Ocaña a Luz Marina y a su esposo cuando fueron a recoger el cuerpo de su hijo, en septiembre de 2008).

¡¿Acaso no saben que nuestro hijo tenía la edad mental de un niño de 10 años porque una meningitis le redujo un 53% su capacidad de aprendizaje?! (respondieron los dolidos padres).

En juicio, las evidencias que presentó el CTI de la Fiscalía derrumbaron cualquier argumento de los militares. Nunca hubo combate, pues el lugar del presunto tiroteo era un cultivo de tomates y ni un solo tomate había resultado perjudicado. El análisis balístico, además, demostró que a Porras Bernal lo ejecutaron de la manera más canalla: mientras él estaba de rodillas, y quien disparaba de pie, recibió tres disparos en la cara. Luego vinieron los otros seis disparos en el pecho y las piernas. Al final lo acomodaron en una zanja, al lado de unas cuantas vainillas regadas sobre la tierra, todo para simular un enfrentamiento que nunca tuvo lugar.

¿Cuánto vale un muerto incompleto? Para Luz Marina Bernal vale su propia vida, la cual está dispuesta a seguir arriesgando hasta que todos los interrogantes que la aturden tengan respuesta. Siente que es el momento adecuado para emprender esta batalla: total, ya al proceso por la muerte de su hijo se le puso punto final en primera y segunda instancias; ya la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de casación; ya lleva años sorteando con amenazas; ya su hijo mayor se tuvo que ir a otra ciudad por su seguridad; ya su matrimonio se resquebrajó ante tantas presiones; ya se murió su hermano mayor de pena moral. Ya hasta se volvió actriz.

El Espectador se comunicó con la Fiscalía de Norte de Santander y de Bogotá. Fuentes del organismo en Cúcuta aseguraron estar aterrados ante la información: “El cuerpo se trajo de Ocaña entero. El proceso fue muy estricto, nunca habíamos visto algo así”. En Bogotá, la respuesta para este diario fue: “El fiscal del caso no tiene presente esa situación, pero le pide a la familia del joven Porras que se acerque al despacho para revisar qué se puede hacer”. Luz Marina Bernal, quien ya empezó a consultar a su abogada, dice que pronto estará allá presentando los recursos que la situación exija: “Yo no me puedo morir con esta zozobra”.

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Un caso de lesa humanidad

En septiembre de 2008 estalló el escándalo, y la política de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, con Juan Manuel Santos como su ministro de Defensa, fue blanco de una lluvia de críticas que no ha cesado. La respuesta del gobierno en ese momento fue destituir a 27 oficiales y suboficiales, incluido el comandante del batallón Santander, al que pertenecían los uniformados que acabaron con la vida de Fair Leonardo Porras Bernal. Hace un par de semanas, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que se venían decisiones sobre 22 generales por falsos positivos. Hasta la fecha, ningún general ha sido llamado a juicio por un caso así.

Que el caso de Fair Leonardo Porras Bernal fuera declarado de lesa humanidad por el Tribunal Superior de Cundinamarca fue un antecedente importantísimo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales. La Procuraduría se opuso, señalando que “el homicidio del señor Porras Bernal aparece como un hecho aislado”.

Los números de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

4.832 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2008 y podrían ser ‘falsos positivos’, dijo la Fiscalía.

4.919 miembros activos y retirados del Ejército están siendo investigados.

69 ‘falsos positivos’ se cometieron entre 2010 y 2012, denunció el senador Iván Cepeda. 

48 procesos pasaron a la Justicia Penal Militar durante gobierno Santos, dijo la ONU.

60 fiscales y 150 investigadores del CTI en todo el país manejan los expedientes actuales.