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La lucha contra la crisis climática ha sido una de las banderas de Gustavo Petro desde que se lanzó a la presidencia de Colombia. En sus palabras, se trata del “principal problema que afronta hoy la humanidad”. En innumerables ocasiones, foros, eventos nacionales e internacionales, y a través de sus redes sociales, ha hecho públicos dos de sus grandes pilares para enfrentarla: proteger la Amazonia e impulsar una “transición energética justa” en Colombia.
Su discurso ha sido coherente desde la campaña. Antes de las elecciones ya había manifestado que, entre sus primeras decisiones como presidente, estaría el cese de nuevos contratos de exploración de petróleo en Colombia. También lo incluyó en su plan de gobierno, por el que votaron más de 11 millones de colombianos. “No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”, dice el documento. Desde el día de su posesión ha repetido que, como país, “estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo”, y que la crisis climática solo se superará si dejamos de consumir hidrocarburos. Una idea que ha mantenido hasta hoy.
A nivel internacional sus propuestas han resonado. El Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han manifestado su apoyo, considerando que las propuestas van en línea con las discusiones climáticas globales y responden a las ambiciosas metas que Colombia actualizó ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2020: reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51 % para 2030 y lograr la carbono neutralidad para 2050. El Banco Mundial otorgó un préstamo por US $1.000 para financiar el plan de transición energética y el BID destinó otros US $74,5 millones para fortalecer la política de transición energética y enfrentar la deforestación.
Sin embargo, a nivel local, la insistencia del Gobierno Petro en detener los nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos dentro del territorio nacional ha generado sinsabores. A la luz de un país como Colombia, altamente dependiente de los combustibles fósiles (el 74% de la oferta energética interna viene del petróleo, gas natural y carbón mineral), y cuyas exportaciones de hidrocarburos y de la industria extractiva minera representan más del 50% de las exportaciones nacionales, el 20% de ingresos fiscales y el 87% de las regalías regionales; una decisión como esa debe revisarse con cuidado. Y debería ir respaldada por un sustento técnico sólido, si no, podría poner en riesgo la autosuficiencia y la seguridad energética del país.
Pero la realidad ha sido distinta. Las comunicaciones desde el Gobierno y las cifras que han presentado para justificar la decisión solo dejaron confusión e inquietudes. Han generado desacuerdos entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas, la renuncia de figuras técnicas como la exviceministra de Energías, Belizza Ruiz, a raíz de decisiones tomadas por el ministerio; la industria ha manifestado su descontento y no existe -hasta ahora- un plan concreto ni acciones claras a seguir. Además, el debate se ha desviado de lo fundamental: más allá de los hidrocarburos, ¿cómo va a impulsar Colombia una verdadera transición energética? (Le puede interesar: Transición energética: ¿qué sabemos entre tantos mensajes confusos?)
Para Giovanni Pabón, director del área de Energía de Transforma, un centro de pensamiento colombiano que promueve la acción climática y las transiciones ecológicas, el Gobierno se ha equivocado desde el planteamiento del debate, al hablar de dos cosas distintas, la transición económica y la transición energética, como si fueran una sola. “Los anuncios que han hecho tienen que ver con una transición económica. Con actividades que se quieren cambiar. Pero, cuando hablamos de transición energética, nos referimos a cambiar la manera en la que se utilizan esos energéticos en el país. A cómo vamos a sacar el gas de las casas y el petróleo del transporte aéreo, marítimo y terrestre o de la industria”, explica. “Esa es la primera pregunta que tiene que resolverse, antes de hablar de transición económica”.
Colombia tiene la necesidad de dejar su dependencia a los combustibles fósiles, señala, “pero detrás de eso tiene que haber un plan”. “Si solo hablamos del sector transporte, que es la principal fuente de emisiones del sector energético (con el 42%), tenemos que pensar en cambiar nuestros carros, aviones, barcos, estaciones de servicio, mecánicos, repuestos… ¿Eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuánto dinero nos va a costar? ¿Cómo vamos a vender y a llevar la energía? ¿Cómo vamos a incentivar a la gente a cambiar sus modos de vida? ¿Cómo vamos a reducir la demanda?… En cada sector tenemos que hacernos preguntas particulares. Y no las estamos haciendo”, afirma. (También puede leer: El plan para que más de 1,5 millones de hogares colombianos dejen de cocinar con leña)
Las pocas cifras que hay sobre la transición tampoco cuadran. El pasado 19 de enero, durante el Foro Económico Mundial, en Davos, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió a anunciar ante el mundo que Colombia no permitiría nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Tras el revuelo que causó la declaración, para “devolver la tranquilidad”, citó las cifras de un informe que había publicado su cartera en diciembre. Entre esas estaba que las reservas del país alcanzarían, al menos, para garantizar el consumo interno de gas natural hasta 2037 o 2042. Sin embargo, estos números distan mucho de los datos presentados por la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, en donde las actuales reservas no superan los 10 años.
Según Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, “se ha querido sustentar que no se necesita nueva actividad exploratoria porque en gas, y de manera similar, en el petróleo, el país tiene garantizados recursos hasta las fechas que mencionó la ministra. Y eso no es cierto”. ¿La razón? “Se sumaron tres componentes que no se pueden sumar”. Entre esos, las reservas probadas, probables y posibles, con recursos contingentes (que son descubrimientos no desarrollados y que no son viables en el futuro inmediato) y con los recursos prospectivos (que responden a la vaga idea de que en una zona puede existir petróleo o gas, pero donde no ha habido actividad exploratoria o descubrimiento).
Para Pabón, de Transforma, el otro error del Gobierno ha sido insistir en estos anuncios sin presentar un plan concreto. “Sin cifras, sin datos, sin un plan, sin un periodo de tiempo y sin diálogos de concertación con los sectores afectados, es muy difícil tener una discusión seria sobre lo fundamental”, afirma.
Jeffrey León, decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad Ean, coincide. “En Colombia la transición energética se ha asociado netamente a nuestra dependencia de los combustibles fósiles tradicionales. Al combustible que utilizamos. Pero hay un universo de variables que también debemos analizar”, afirma. Entre esas, la seguridad, la resiliencia, la accesibilidad y la eficiencia energética.
Lo que hay que tener en cuenta al hablar de transición energética
Colombia, en palabras de Ricardo Carrillo, coordinador de Instrumentos Públicos del programa Camino Hacia Carbono Neutral, tiene todas las condiciones geográficas y naturales para lograr una transición energética. “Es un país de cordilleras, con radiación solar fuerte, con dos océanos que pueden generar alternativas mareomotrices importantes. Es una potencia por naturaleza”, asegura. Sin embargo, la capacidad instalada de energías renovables no convencionales en Colombia (energía solar y eólica) solo representa el 1,58 % actualmente.
Dejar atrás los combustibles fósiles e impulsar nuevas energías limpias implica -entre otras cosas- inversiones, tiempo, conocimiento, desarrollos e infraestructura y transformaciones en el comportamiento. Proyectos como Transforma y Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN) han diseñado unas “hojas de ruta” con recomendaciones y propuestas necesarias para la transición energética en el país. “Retomar los debates fundamentales es necesario para cumplir las metas de mitigación de GEI y alcanzar la carbono neutralidad a 2050″, explican.
Como lo mencionaba Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol (la empresa más grande de petróleo y energía de Colombia, que representa el 10% del presupuesto del país), uno de los retos importantes es la conectividad. “Al final del día, si no tienes la capacidad de sacar los electrones de donde son generados y llevarlos al mercado, va a ser muy difícil”, dijo durante el Foro Económico Mundial al hablar de transición energética. Para CHCN, en Colombia ya hay varios ejemplos.
En la Guajira, en donde actualmente se gestionan nueve proyectos de energías alternativas con un alto potencial de generación, no hay todavía una conexión con la red nacional de energía. “Así cumplan sus tiempos de apertura, están inhabilitados para sacar esa energía del sitio de producción”, señala Carrillo. A esto hay que sumarle que las generadoras de la transición en Colombia, las fuentes no convencionales de energías renovables, no están ubicadas en sitios cercanos a la red eléctrica del país. “Conectarlas implica obras de infraestructura lineal, que recorren muchos territorios, y para las que será necesario realizar consultas y construir consensos con la gente que vive en esos territorios”, agrega Carrillo.
Sobre todo, porque esos territorios -como La Guajira- suelen hacer parte de las Zonas No Interconectadas del país, es decir, en las que no se cuenta con un acceso constante y de calidad a la energía eléctrica. “Es una muestra de la paradoja de tener un parque eólico al lado y no contar con energía eléctrica. Poder acceder a esa energía hace parte de la transición energética justa”, explican desde CHCN.
Otro de los puntos tiene que ver con la transición laboral justa. Transformar la economía implica tener en cuenta la vida de aquellas personas que habitan las regiones dependientes de la extracción de hidrocarburos o carbón. Cómo van a cualificarse, dónde estarán los nuevos campos de conocimiento y tecnología, cómo va a mitigarse la posible afectación de los empleos y cómo se van a formar nuevas habilidades y competencias para la reconversión laboral.
Según el Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional está formulando la “Estrategia de Transición Justa de la Fuerza Laboral”, con el objetivo de estimular la generación de empleos en nuevos sectores que apunten a la transición energética y la preservación del medioambiente. Aunque aún no se conocen detalles de la estrategia, la cartera asegura que estará lista para diciembre del 2023. Sin embargo, más allá del texto, es un proceso que requiere tiempo.
“Debido a las implicaciones sociales, productivas, económicas y ambientales que genera la adaptación al cambio climático, es necesario tener en cuenta que el proceso de transición no se hará de la noche a la mañana. Incluso, expertos mencionan que toma alrededor de 15 años, a medida que las políticas y sus efectos se van consolidando en los sectores económicos y la fuerza de trabajo”, señalan desde el Ministerio de Trabajo.
Colombia también debe ocuparse de mejorar la eficiencia energética. De acuerdo con Giovanni Pabón, de Transforma, en el país hoy consumimos eficientemente solo el 30% de la energía que se produce. “Esto se debe, en parte, a que la mayoría proviene de productos fósiles, cuya eficiencia también es del 20 al 25%. Entonces es necesario aumentar la eficiencia en todos los procesos”, señala. De igual forma, señala que es importante crear incentivos para que las personas transformen su consumo. “El debate se ha centrado en limitar la explotación, pero no en transformar la demanda y el consumo creciente”, explica.
Según una hoja de ruta realizada por Transforma y WWF, también sería necesario tener en cuenta elementos como la electrificación, para mejorar la eficiencia de los sistemas, y la captura de carbono. “Hay algunos procesos cuyas emisiones no van a poder disminuir. La intención es que tengan un proceso adicional donde se pueda capturar el carbono y almacenarlo en algún lugar seguro, para que no suba a la atmósfera”.
Una de las alternativas que el Gobierno ha impulsado como “prioridad” para la transición energética en Colombia es el hidrógeno verde. “El gobierno trabaja en un plan en el corto plazo para lograr una alianza que permita convertirnos en exportadores de hidrógeno verde (…) Los cargueros marítimos del carbón se reemplazarían por tanqueros de hidrógeno verde”, trinó el presidente Petro. Pero, para los expertos, se trata de “un sueño con el que hay que tener cuidado”.
Para Pabón, de Transforma, Colombia aún no tiene la infraestructura, conocimiento o las plantas montadas para generar energía eléctrica “limpia”, que es necesaria para producir hidrógeno verde. “Hay que meterle primero el acelerador a eso, porque necesitaríamos cuatro veces la capacidad instalada que tenemos hoy, en energías renovables, para poder cumplir con energía eléctrica verde”, señala.
Desde la Universidad EAN coinciden. “Debemos entender que esa no es la panacea final”, señala el decano León. “En la gran carrera de generar alternativas energéticas, hay un factor importante de seguridad de proceso que debemos cumplir. No podemos obviar que generar nuevas tecnologías y nuevo conocimiento tiene una responsabilidad. En el caso del hidrógeno, más allá de su potencial, tenemos muchos desafíos por solucionar, por ejemplo, cómo se contiene su capacidad explosiva”, explica.
Pese a los retos, insisten, no se puede perder el “sentido de urgencia”. Es necesaria una intervención rápida y tomar medidas a corto plazo. “Pero, es importante resaltarlo, estas intervenciones deben ir soportadas con un enfoque firme que plantee un éxito para toda la sociedad. No es solo tomar decisiones radicales”, dice León.
La transición energética en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
El pasado 6 de febrero, el Gobierno de Colombia radicó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), que el Congreso deberá analizar hasta el próximo 7 de mayo. Allí se materializan las propuestas reales frente al proyecto de país que empiezan a diseñar para los próximos años.
Como se anunció, el cambio climático ha estado en el centro de la propuesta. Se estima una inversión de 114,5 billones para la transformación productiva y la acción climática. Sin embargo, a diferencia de las declaraciones recientes, en el Plan propone una dinámica “progresiva”, en la que los hidrocarburos y minerales seguirán teniendo un lugar significativo”, y donde los excedentes financieros de carbón y petróleo serían destinados a la transición energética segura, señala el documento de las bases para el PND.
También se determina la creación de un “Fondo para la Transición energética” y un registro nacional de reducción de las emisiones y remoción de GEI.
Aunque expresamente en el proyecto de ley se establece que “a partir de la vigencia de la presente ley se prohíbe el desarrollo de nuevos proyectos mineros para la extracción de carbón término a cielo abierto, clasificados como de gran escala”, en el caso de los hidrocarburos, la propuesta inicial del gobierno aparece matizada. Se asegura que se monitorearán los resultados de los contratos de exploración y producción vigentes con el fin de realizar una evaluación y el balance entre la oferta y la demanda para la toma de decisiones. Pero en ningún momento se establece la negativa a firmar nuevos proyectos de exploración y petróleo.
El PND también deja ver que, para Colombia, el gas es un combustible de transición y parte fundamental de la transición energética. Aunque el gas natural emite entre un 50 y 60 % menos de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, en comparación a otros combustibles, emite grandes proporciones de metano, un gas de efecto invernadero mucho más fuerte que el CO2. Aun así, su uso para la electricidad ha contribuido al mayor aumento de las emisiones globales de CO2 en los últimos años, como advierte un informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC). Por eso, el gas ha estado en el centro del debate internacional y se ha cuestionado su rol como combustible fósil “de transición”. (Puede leer: Transformar la ganadería, la tarea de Colombia para reducir las emisiones de metano)
Sin embargo, en el país se proyecta la financiación de proyectos de masificación del uso de gas, con recursos públicos, para los hogares de menos ingresos económicos, así como la sustitución de leña, carbón y residuos energéticos para la cocción de alimentos, a partir de la conexión de usuarios al servicio público de gas “u otros energéticos de transición”.
“Hemos identificado que es necesario sostener la actividad exploratoria a largo plazo, a través de los contratos vigentes y nuevos contratos, para mantener la seguridad energética y que el gas pueda usarse como herramienta para reducir la pobreza y cerrar brechas de desigualdad”, dice Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).
Mientras tanto, el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (EIA) predice, por primera vez, que la demanda de combustibles fósiles empezará a decrecer en el futuro cercano. El carbón se reducirá desde 2025, el gas se estabilizará para 2030 y el petróleo alcanzará su máximo a mediados de la década de 2030 y disminuirá ligeramente hasta 2050.
“La Estrategia 2050, un instrumento de política de Estado que orienta las acciones nacionales, sectoriales y territoriales para construir un futuro resiliente al clima en Colombia y cumplir las metas del Acuerdo de París, es muy importante, porque es el tiempo que tenemos para que nuestra canasta exportadora cambie, y para que haya otras actividades productivas no tan contaminantes. Pero desafortunadamente seguimos en temas muy coyunturales, políticos, del día a día, y perdemos un poco de vista el mediano y largo plazo, en el cual nos hemos comprometido como país ante el mundo”, afirman desde CHCN.
*Aunque consultamos al Ministerio de Minas y Energía para este reportaje, no obtuvimos respuesta.
Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina