Memorias de una Contraloría controlada por la política

“Espero que este sea el último contralor general de la República elegido de esta manera”. Este comentario del presidente del Congreso, Roy Barreras, al radicar un proyecto de acto legislativo para crear un Tribunal de Cuentas, sintetiza el momento crítico que vive una institución a las puertas de convertirse en centenaria. Surgida de las recomendaciones de la misión estadounidense del profesor Kemmerer tras el pago de la indemnización, en 1922, por el zarpazo de Panamá, la Contraloría resume, en su siglo de historia, el precio de estar tan cerca de la política. En algunos momentos fortín electoral o escenario de escándalos, un organismo fiscal que en los últimos tiempos explica por qué ahora piden cambiarlo.

“Espero que este sea el último contralor general de la República elegido de esta manera”. Este comentario del presidente del Congreso, Roy Barreras, al radicar un proyecto de acto legislativo para crear un Tribunal de Cuentas, sintetiza el momento crítico que vive una institución a las puertas de convertirse en centenaria. Surgida de las recomendaciones de la misión estadounidense del profesor Kemmerer tras el pago de la indemnización, en 1922, por el zarpazo de Panamá, la Contraloría resume, en su siglo de historia, el precio de estar tan cerca de la política. En algunos momentos fortín electoral o escenario de escándalos, un organismo fiscal que en los últimos tiempos explica por qué ahora piden cambiarlo.

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Los tiempos de las contralorías emblemáticas de Carlos Lleras Restrepo, Germán Zea Hernández, Alfonso Palacio Rudas o Evaristo Sourdís, entre los años 30 y 60, dieron paso a una época en la que, en contraste, la Contraloría se transformó en parte del carrusel del despilfarro administrativo. En la memoria de una generación mayor quedan los recuerdos de los informes del periodista Germán Castro Caycedo, recogidos en su libro clásico Colombia amarga, que documentaron los malos manejos administrativos de la gestión del contralor Julio Enrique Escallón, que terminó dando explicaciones a las autoridades sobre el mal uso de recursos públicos habiendo sido encargado de custodiarlos.

En los gobiernos de Alfonso López y Julio César Turbay, el contralor fue Aníbal Martínez Zuleta, el hombre de la voz del cañaguate, juez, integrante de la Comisión Nacional de Instrucción Criminal, representante a la Cámara del Cesar, director del organismo fiscal al que le dio fortaleza en su carrera administrativa y que escribió doce libros de control fiscal, pero terminó dando explicaciones a la justicia, al punto de que fue condenado a tres años de cárcel por el delito de cohecho. Durante un tiempo no le faltaron las investigaciones o la libertad condicional, pero, igual, en 1990 fue elegido segundo alcalde popular de Valledupar, gestión que también le atrajo dificultades disciplinarias.

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En 1982, llegó a la Contraloría el economista y político santandereano Rodolfo González García. Exconcejal y exalcalde de Bucaramanga, representante a la Cámara, los tiempos de Belisario Betancur y Virgilio Barco en el Ejecutivo, a pesar de sus visiones diferentes sobre el Estado, tuvieron en común a este fogoso contralor. De Rodolfo González llegó a hablarse como precandidato presidencial, y eso caracteriza el poder que alcanzó desde el organismo fiscal. Después de dejar la Contraloría, fue investigado en el narcoescándalo del proceso 8.000 en tiempos de Ernesto Samper y estuvo más de un año preso en una estación de Policía, pero nunca fue condenado.

Los tiempos de César Gaviria en la Presidencia fueron los de Manuel Francisco Becerra en la Contraloría. El exministro de Educación del gobierno Barco y directivo del club América de Cali introdujo eficaces avances fiscales que fortalecieron la institución en el cambio provocado por la reforma constitucional de 1991, pero los coletazos del mentado proceso 8.000 también tocaron a Becerra, quien fue detenido en 1996 y condenado por la Corte Suprema de Justicia. Nunca ha dejado de reclamar en su caso debido proceso. Por eso llevó su caso ante la ONU y algunas particularidades de su pelea han sido decisivas en la evaluación de los expedientes de única instancia.

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En 1994, el contralor elegido en el Congreso para el cuatrienio del mandato presidencial de Ernesto Samper fue el excongresista bolivarense y empresario David Turbay Turbay. Pero en pleno desarrollo de su gestión, también se lo llevó el río del 8.000 y fue otro notable más en la fila de congresistas, funcionarios públicos, periodistas, deportistas o intelectuales que tuvieron que dar cuenta de sus actos en la Fiscalía. Terminó condenado por un cheque de una empresa controlada por los hermanos Rodríguez Orejuela y terminaron también así sus expectativas políticas que lo tuvieron en el rango de los presidenciables. Con David Turbay concluyeron también los días de la Contraloría descontrolada.

El asunto quedó en manos del economista manizaleño Carlos Ossa Escobar, consejero de paz del gobierno Barco, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y constituyente de 1991, que antes de ser contralor entre 1998 y 2002, durante los tiempos que gobernó Andrés Pastrana, fue protagonista de un episodio en el aeropuerto El Dorado que lo puso en la historia nacional. Siendo codirector del Banco de la República, en una requisa rutinaria durante un viaje a Venezuela, fue encontrada en su equipaje una dosis personal de marihuana. En su momento fue escándalo, pero Ossa Escobar después no solo fue un brillante administrador de banca central y contralor estricto, sino educador consumado.

Con el siglo XXI, llegó otro contralor versado. Antonio Hernández Gamarra, exministro de Agricultura de la administración Samper y codirector del Banco de la República, que, cargado de experiencia, auditorías y controles, desarrolló una gestión de casi trescientos fallos de responsabilidad fiscal que permitieron la recuperación de importantes recursos para el Estado y sus finanzas. Fue ternado por la Corte Constitucional para el cargo y ejerció como contralor durante los tiempos del primer mandato de Álvaro Uribe. Una de sus acciones fue el examen a la Ley 100 de 1993 de Seguridad Social, de la cual fue ponente en sus tiempos de senador el gobernante ahora evaluado.

A Hernández Gamarra lo sucedió Julio César Turbay Quintero, hijo del expresidente Julio César Turbay. Representante a la Cámara, senador, dirigente de la herencia política que terminó ternado por el Consejo de Estado y elegido contralor por la aplanadora uribista en los tiempos de la reelección presidencial, con votos del partido de la U, Convergencia Ciudadana, el conservatismo y hasta algunos votos liberales. En 2009, la revista Cambio publicó informes sobre gastos excesivos en su gestión y aumentos desproporcionados en la contratación de servicios. La Auditoría General de la República intervino y luego su sucesora, Sandra Morelli, aplicó el espejo retrovisor con la misma crítica.

La escogida en 2010, en paralelo con el acceso al ejecutivo de Juan Manuel Santos para su primer mandato, no dio tregua en sus denuncias y provocó que se abrieran varias investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra el excontralor Turbay. Sandra Morelli, durante casi una década directora jurídica de la Federación de Cafeteros, fue nominada por el Consejo de Estado y con apoyo de la alianza santista, entró pisando firme. Hasta que una negociación multimillonaria para el cambio de sede del organismo fiscal, con presunto detrimento económico de alcances penales, malogró su gestión. La justicia no termina de indagar el caso y la excontralora todavía se defiende.

Ternado por la Corte Constitucional, en 2014, el contralor de las mayorías santistas, con 175 de 227 votos, resultó ser el recorrido funcionario de la justicia Edgardo Maya Villazón. Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, dos veces procurador general de la Nación, puso sobre la órbita de la acción fiscal el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar) y otros cuantos capítulos de dudosa administración que conoció desde los distintos frentes de su accionar institucional. Entre 2001 y 2009 regentó el Ministerio Público y luego fue contralor, pero tuvo cuestionamientos, como todos, y en su caso llegaron por cuenta de sus relaciones de parentesco con procesados de la parapolítica en su natal Cesar.

Después de un funcionario recorrido como Maya apareció otro de los beneficiarios para altos cargos públicos de la Federación Nacional de Departamentos. Con apenas 40 años de edad, pero veloz para titularse como abogado y después como doctor en leyes mientras desarrollaba su gestión en la Contraloría, el elegido fue Carlos Felipe Córdoba, titulado en Relaciones Internacionales de Pereira. Accedió al cargo con 203 votos de apoyo, gracias a los tradicionales acuerdos políticos, esta vez con el guiño del entonces presidente Iván Duque. Además del ruido de sus títulos profesionales, ha sido cuestionado por algunos negocios familiares en su departamento.

Ahora el turno corresponde a Carlos Hernán Rodríguez, que a última hora ganó el pulso. En la puerta del horno se le quemó el pan de la victoria a María Fernanda Rangel, que a principios de semana tenía el apoyo de las bancadas en el Congreso, pero como la política es cambiante, sobre todo con estrene en la Casa de Nariño, al advertir que iba a perder dio un paso al costado. “Las circunstancias políticas no se dieron”, fue su comentario. Hasta petristas y uribistas coincidieron. Como hace cien años, en tiempos del primer contralor Eugenio Andrade, o como hace noventa con Plinio Mendoza Neira, o en las horas de Rojas Pinilla con el oficial Alberto Ruiz Novoa, en asunto de contralores elige la política. Roy Barreras quiere cambiarlo, quién sabe qué dirán los demás electores.

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