Monómeros: entre una “toma hostil” y la lupa de Supersociedades

En acciones penales, fallidos anuncios de reestructuración y la conformación de una comisión de la Asamblea de Venezuela para viajar a Colombia y apersonarse del caso va la crisis que hoy afronta la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S. A. La empresa fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades desde el pasado 20 de agosto, y desde entonces han sido casi dos meses de forcejeo, con la injerencia de los gobiernos de ambas naciones, el interinato de Juan Guaidó y las denuncias sobre una posible “toma hostil” para quedarse con esta empresa con 54 años de historia.

En acciones penales, fallidos anuncios de reestructuración y la conformación de una comisión de la Asamblea de Venezuela para viajar a Colombia y apersonarse del caso va la crisis que hoy afronta la sociedad Monómeros Colombo Venezolanos S. A. La empresa fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades desde el pasado 20 de agosto, y desde entonces han sido casi dos meses de forcejeo, con la injerencia de los gobiernos de ambas naciones, el interinato de Juan Guaidó y las denuncias sobre una posible “toma hostil” para quedarse con esta empresa con 54 años de historia.

Aunque desde Caracas se anunció un decreto de reestructuración de Monómeros, avalado por el gobierno interino de Guaidó, “conforme a las reglas y principios y las recomendaciones de la Supersociedades”, al final todo quedó en la integración de una comisión que hará presencia esta semana en Colombia con delegados de los partidos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, para investigar a fondo qué es lo que está sucediendo y tomar cartas en la defensa de este activo venezolano en el exterior, controlado por la oposición desde mayo de 2019.

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A instancias del espacio de televisión venezolano En conexión, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, explicó que se requiere resolver este asunto con urgencia e investigar hasta las últimas consecuencias de qué manera funcionarios, directivos y miembros de la clase política colombiana se han concertado para desarrollar la “toma hostil”. La propuesta de Guanipa es que una vez superada la crisis de Monómeros, se constituya un fideicomiso en la banca internacional que la controle, “para que entre la mano técnica y salga la política”.

La “toma hostil” que encendió las alarmas en Colombia y Venezuela, según fuentes consultadas por este diario, corresponde a un mecanismo para “hacerse a la mayoría del pasivo externo de una compañía con aprietos financieros y luego convertir las deudas en acciones mediante un proceso de insolvencia”. Un argumento que alude concretamente a la firma Nitron y su filial en Colombia Nitrofert, esta última constituida hace pocas semanas, que era el principal proveedor de materia prima de Monómeros y ahora buscaría quedarse con la empresa.

Cierto o no, lo único claro es que varios de los directivos de Monómeros, de la noche a la mañana se pasaron a Nitrofert. Se dice que la lista va en 35 exempleados de Monómeros que ahora laboran en la que fue su principal proveedora. El asunto es tan complejo y de tan delicada filigrana política, que la cronología incluye la intervención de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, con reuniones en la Casa de Nariño para discutir el asunto. Incluso dos de sus exasesores —Grace Noguera y William Otero— ahora trabajan con Nitrofert.

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Este diario contactó a exdirectivos de Monómeros desde que el interinato de Juan Guaidó ordenó “la toma de control progresivo y ordenado de los activos de la república venezolana en el exterior”. Lo que se advierte es que el asunto no iba bien, pero sorpresivamente todo se vino a pique. “Monómeros era una empresa solvente, sin créditos, con estrechez de caja y atrasada en términos administrativos, pero no era una compañía fallida. Incluso, se logró licencia por el tema de la Lista Clinton”, comenta una fuente, que califica como “un actuar agresivo” lo que sucedió después.

Con el argumento de “subsanar una situación crítica de orden jurídico y contable”, la Supersociedades de Colombia sometió a control a Monómeros. Al tiempo se puso en marcha la avanzada de Nitron —de capital paraguayo y constituida en Estados Unidos— y su filial en Colombia, Nitrofert. En la lupa está la expresidenta de la Junta Directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, quien defiende la intervención de la Supersociedades para no poner en riesgo los empleos directos e indirectos que genera la empresa venezolana, pero deja dudas respecto a los intereses de Nitrofert.

Sin embargo, en la trastienda se afirma que Hernández corresponde a los intereses del grupo político que orienta el líder de la oposición Leopoldo López y su movimiento Voluntad Popular. En contraste, hace dos semanas, Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, anunció que su partido, Primero Justicia, no va a participar más en la gestión de activos venezolanos en el exterior. No obstante, tanto Voluntad Popular como Primero Justicia, al igual que Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo reconocieron su disposición a extremar medidas para salvar a Monómeros.

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Claro está que mientras se sacan los ojos entre quienes ordenaron el control de los activos de Venezuela en el exterior, o la Superintendencia de Sociedades en Colombia pone las cosas en su sitio, desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro no le pierde la pista a Monómeros. En su última intervención, Maduro resaltó que “si todo se está poniendo en su lugar, la empresa Monómeros debe volver a sus dueños, a su empresa matriz Pequiven, para que todos los productos de Monómeros vengan a Venezuela a contribuir a la recuperación económica integral del país”.

Lo dice porque durante los diálogos en México que buscan acercamientos entre el gobierno Maduro y la oposición, de cara a unas elecciones libres, el vocero de Nicolás Maduro, el exvicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha dicho de manera enfática que “Monómeros pertenece al Estado venezolano” y que cualquier actuación que tome el gobierno de Iván Duque es un robo flagrante. Salta a la vista que dentro de su perspectiva de estabilización del país, gracias a la mediación de Noruega, desde el Palacio de Miraflores miran atentamente la joya de la corona de Monómeros.

Aunque una fuente consultada refiere que el activo venezolano en el extranjero de mayor valor es Citgo, una empresa en Estados Unidos para la refinación de petróleo y comercialización de gasolina, la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A. en Colombia no es un asunto de poca monta, sobre todo por lo que hoy significa en el entramado de la disputa política. El asunto está al rojo vivo y, por lo pronto, la actual gerencia, en cabeza de Guillermo Rodríguez Laprea, trata de cumplir con las exigencias de la Superintendencia de Sociedades, que también juega en la puja por Monómeros.

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“Seguimos avanzando hacia la recuperación de nuestros activos en el exterior”, asegura Nicolás Maduro. “Teníamos que detener la caída y nadie puede decir que no hayamos dado un viraje estratégico, pues al momento de la intervención de la Supersociedades no había una sola factura vencida”, agrega un exdirectivo consultado. En Nitrofert predomina el silencio, pero sus cuentas económicas son claras y confía en su plan de salvamento. Sus opositores insisten en que se trata de una “toma hostil”, y desde Venezuela llega esta semana una comisión a investigar lo que ha sucedido.

Además del pulso entre ambas naciones, y de las realidades empresariales de Monómeros Colombo Venezolanos con su pasado a cuestas en la financiación de algunos sectores de la política colombiana, están en juego más de 600 empleos directos y mil indirectos en Barranquilla, pues la empresa es líder en el mercado colombiano de los fertilizantes. Lo demás es su larga historia y su posicionamiento con tres puertos a orillas del río Magdalena en Barranquilla, que, debido a los gajes de la política y las ambiciones económicas, pasa por su momento más apremiante en medio siglo de historia.

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Al tiempo que los actuales directivos de Monómeros han soportado denuncias por falsedad documental, concierto para delinquir y hasta terrorismo, ahora se añaden litigios por presunto fraude procesal y falsedad agravada. Todo un tinglado judicial entre los interesados en quedarse con una empresa que surgió en 1967, cuando Colombia y Venezuela gozaban de las mieles políticas bipartidistas paralelas del Frente Nacional y el Acuerdo de Punto Fijo, que ahora atraviesan por la incertidumbre de dos naciones sin relaciones internacionales por cuenta de sus gobiernos.