Morir bajo custodia de la Policía: cuatro denuncias de homicidios en estaciones

Las familias de Paula Torres, Juan Guzmán y Viviana Chavarro insisten en que sus familiares no se suicidaron, pese a que la Policía sostiene ante la justicia que ellos mismos acabaron con sus vidas en estaciones de la entidad en Bogotá, Arboletes (Antioquia) y Oporapa (Huila), en distintos momentos entre 2015 y 2020. Sus casos fueron denunciados como homicidios y la justicia aún no ha revelado la verdad. El mismo reclamo hacen los familiares de Javier Ordóñez, abogado asesinado el año pasado tras ser conducido por dos uniformados a un CAI de la Policía en Bogotá. Estos hechos fueron retomados el pasado martes en una audiencia de acusación, en la se conoció que uno de los patrulleros involucrados, Juan Camilo Lloreda, cambiaría su versión y se declararía culpable por la muerte de Javier Ordóñez, pues está negociando un preacuerdo con la Fiscalía.

La violencia policial es alarmante en Colombia y es considerada como un problema estructural, según un reciente informe de la organización Temblores. De acuerdo con el documento “Bolillo, Dios y Patria”, la Policía habría cometido casi dos asesinatos por semana en los últimos cuatro años. Y aunque la mayoría de estos ocurrieron en la vía pública, al menos el 2 % tuvieron lugar en guarniciones militares, estaciones de Policía o CAI. Temblores afirma que, entre 2017 y 2019, se registraron seis de estos casos, mientras que los reportes de prensa registraron por lo menos otros dos en 2020. Una situación crítica, según la organización, pues los homicidios fueron cometidos cuando los ciudadanos se encontraban bajo custodia del Estado.

El Espectador presenta a continuación cuatro de los casos denunciados como homicidios en estaciones de Policía, entidad que se negó a responder las preguntas de este diario.

Víctima: Paula Alejandra Torres Cabrera

Fecha de los hechos: 5 de diciembre de 2015.

Lugar de los hechos: UPJ de Puente Aranda (Bogotá).

La noche del 5 de diciembre de 2015, la novia de Paula Torres llamó al papá de la joven, José Torres, para contarle que iba a ser trasladada por agentes de la Policía con rumbo desconocido, al parecer por tener una discusión con un taxista. En la llamada se escuchaba a Paula diciendo que la estaban maltratando, pero unos 30 minutos después, la mujer de 28 años apareció sin vida en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda en Bogotá. Los uniformados dicen que se suicidó con el cordón de su sudadera, pero su papá afirma que se trató de homicidio.

José Torres le dijo a este diario que el cuerpo de su hija estaba golpeado, que el Instituto de Medicina Legal reportó más de 12 traumas y que ella ingresó sin signos vitales al Hospital San José y con los pantalones abajo. Al cuerpo de Paula no se le practicó un frotis anal, vaginal o bucal, para determinar si hubo violencia sexual, pero sí se le realizó un frotis nasal que arrojó presencia de cocaína. El no realizar los demás frotis, según la abogada Alicia Suaza, abogada de la clínica jurídica Policarpa de Temblores, puede ser un error de Medicina Legal o también puede indicar que no se quiso descartar la violencia sexual, pero sí se quiso hacer énfasis en que era una persona que consumía cocaína. José Torres dice que su hija no consumía drogas.

La abogada Suaza menciona que otras de las inconsistencias son que las cámaras de seguridad de la UPJ no estaban funcionando, por lo que no hay forma de comprobar que la víctima entró al sitio; y que Paula ingresó al hospital muerta y con frialdad distal, que ocurre cuando el cadáver pierde temperatura en las extremidades. “Esto se da cuando hay deterioro en la circulación sanguínea y aparece aproximadamente 30 minutos después de que los vasos dejan de funcionar. La Policía dice que ella subió a la patrulla a las 9:15p.m, a las 9.50p.m. llegó a la UPJ, a las 10:10p.m. fue trasladada al hospital y a las 10:20p.m. llegó al centro médico. Por la frialdad distal, se podría decir entonces que ella murió a las 9.50p.m. de la noche o antes, cuando supuestamente estaba ingresando en la UPJ o antes, en la patrulla. Es una inconsistencia grande”, sostuvo Suaza a este diario.

Medicina Legal determinó que Paula murió por asfixia mecánica por ahorcamiento con cuerda y que el cuerpo presentaba lesiones. Pese a que el proceso penal inició en la justicia ordinaria, en 2019 fue remitido a la Justicia Penal Militar, donde está en etapa de investigación y pruebas, pero bajo el delito de lesiones personales y no homicidio. “El caso estaba enterrado en lo más profundo de la Justicia Penal Militar. En enero pasado asumimos la representación del señor Torres, ahora estamos constituyéndolo como parte civil y pretendemos llevar de nuevo el caso la justicia ordinaria, donde pertenece”, explicó Suaza. El proceso disciplinario al interior de la Policía fue archivado en noviembre de 2017.

“La violencia policial es sistemática. Estoy seguro de que mi hija fue secuestrada y torturada, pero la justicia funciona cuando los policías son las víctimas, pero cuando ellos son los victimarios se les olvida el Código Penal. Mientras tanto, mi vida ya no es la misma. No he dejado de moverme en el proceso. No he llorado desde que Paula fue asesinada y no he hecho mi duelo. Me molesta la injusticia y la corrupción en este caso. La Procuraduría lo lanzó a la Justicia Penal Militar a sabiendas de lo que sabía. No quiero plata, yo quiero justicia”, concluyó José Torres en diálogo con El Espectador.

Víctima: Viviana Chavarro Chavarro

Fecha de los hechos: 1° de septiembre de 2019.

Lugar de los hechos: estación de Policía de Oporapa (Huila).

Viviana Chavarro volvió a Colombia a mediados de 2019 para acompañar a su mamá tras la muerte de su papá. Había vivido durante años en Ecuador con su esposo y sus dos hijas. El 1° de septiembre de 2019 salió con sus amigos al bar Corona de Oporapa (Huila), donde se presentó una riña y ella terminó siendo trasladada a la estación de Policía junto a su hermano. Al mismo tiempo que Viviana fue ingresada en este sitio, otro grupo de ciudadanos fue ingresado por una riña en otro lugar. Los hombres fueron puestos en una celda y ella en otra.

Uno de los testigos dice que se escuchaba a Viviana gritarle a su hermano que se calmara, pero minutos después no se volvió a escuchar su voz. Minutos después fue hallada muerta. Los uniformados dicen que se suicidó con el cordón de los zapatos de uno de los detenidos en la segunda riña. Sin embargo, la familia de Viviana asegura que esta versión presenta varias inconsistencias.

“Ella tenía puestas unas sandalias romanas, que tiene un lazo bastante largo. No tenía cordones. ¿Cómo es que ella accede a un cordón que no es de ella y que supuestamente estaba en custodia de la Policía, que se lo quitó otro detenido al ingresarlo a la estación? Además, Viviana cargaba con un canguro en el que tenía a su disposición implementos que le hubiesen servido para quitarse la vida, como un lazo para hacer manillas, unos audífonos de celular y una camándula. Si se hubiese querido suicidar, usaría lo que llevaba con ella, no un cordón de un extraño”, explicó Mónica Perdomo, abogada de la familia de Chavarro.

La última noticia de la investigación en la Fiscalía se obtuvo el 6 de octubre de 2020, cuando apenas llegaban los primeros dictámenes periciales. La necropsia evidenció que murió por asfixia por ahorcamiento con cuerda. “Lo que está por determinarse es si ella se ahorcó o la ahorcaron. Viviana tenía dos hijas, de 13 y 2 años. No tenía motivos para suicidarse”, concluyó Perdomo en diálogo con este diario.

Víctima: Juan Luis Guzmán González

Fecha de los hechos: 26 de julio de 2020.

Lugar de los hechos: estación de Policía de Arboletes (Antioquia).

Juan Guzmán, bailarín de bullerengue, de 21 años, estudiaba ingeniería agrónoma en la Universidad de Córdoba de Montería, pero debido al COVID-19 volvió el año pasado a su casa en Arboletes. La noche del 26 de julio de 2020 fue trasladado a la estación de Policía del municipio después de discutir con unos vecinos. Su hermana Juliana siguió la patrulla, vio cuando fue ingresado al sitio y se devolvió a su casa a buscar la cédula. Cuando regresó a la estación no vio a su hermano ni escuchó su voz. “No me dejaron verlo. Tres policías estaban ahí, me pidieron que regresara al siguiente día y me dijeron que Juan ya estaba tranquilo. Pero a los 10 minutos de llegar a mi casa alguien llamó del hospital a mi mamá y le dijo que mi hermano estaba muerto”, contó Juliana a El Espectador.

Juliana se resistía a creerlo, así que volvió a la estación de Policía, y esta vez se encontró con por lo menos 15 policías reunidos. Ante la insistencia de la mujer, uno de los uniformados respondió que su hermano estaba en el hospital Pedro Nel Cardona. La Policía dice que el joven se suicidó con un bóxer en su celda, pero Medicina Legal determinó que murió por estrangulamiento. “Vi el cadáver de Juan, lo identifiqué, no tenía fracturas ni manchas. Cuando estaba en el hospital, llegó un grupo de uniformados que parecían de la Sijín para supuestamente hacerle estudios al cuerpo. Dejaron la puerta abierta, escuché un golpe y vi que tiraron de la camilla el cadáver de mi hermano. Creo que la intención era causarle golpes al cuerpo para reafirmar su tesis del suicidio”, añadió Juliana.

Jorge Negrete, abogado de la familia de la víctima, aseguró que el caso apenas está en investigación en la Fiscalía y aún no hay imputados. Por el momento se sabe que se están practicando pruebas para determinar si el bóxer con el que supuestamente se suicidó Juan podría sostenerlo y se le pidió a la Procuraduría vigilar el proceso. “La prueba contundente es el dictamen de Medicina Legal, que deja claro que Juan fue estrangulado. Cinco policías estaban el día de los hechos en la estación, deberían imputarles delitos por acción u omisión. Juan entró vivo y salió muerto. Los policías montaron la escena”, afirmó Negrete. Por su parte, Yosy Ramírez Pacheco, abogado de la organización Caribe Afirmativo que apoya el caso, mencionó que Juan había sido acosado por la Policía previamente en Montería.

“No entiendo por qué pasó esto si la Policía está para cuidarnos. Nos dañaron la vida. Mi mamá todavía llora y no come. No tenemos tranquilidad y vivimos angustiados de qué va a pasar. Nos sentimos solos, queremos la verdad, porque mi hermano tenía muchas ganas de vivir”, afirmó Juliana a El Espectador.

Víctima: Javier Humberto Ordóñez Bermúdez

Fecha de los hechos: 9 de septiembre de 2020.

Lugar de los hechos: CAI de Villa Luz en Bogotá.

El 8 de septiembre de 2020, el abogado Javier Ordóñez salió a comprar licor en compañía de sus amigos a las afueras de un conjunto residencial. La Policía abordó al grupo y redujo a Ordóñez con una pistola taser, pese a que él pedía que detuvieran los choques eléctricos. Minutos después fue montado a una patrulla para ser trasladado al CAI de Villa Luz, en Bogotá. Una de las versiones del caso señala que allí habría sido brutalmente golpeado por agentes de Policía, que luego intentaron llevarlo a la clínica Santa María del Lago, donde finalmente declararon su muerte.

Vadith Gómez, abogado de la familia de Ordóñez, ha dicho que el hombre no murió en la ida al hospital, sino que su cuerpo indicaría que minutos antes ya había muerto, como consecuencia de una golpiza que los policías le habrían propinado a la víctima en el CAI. El pasado 16 de marzo, a las 3 p.m., se realizó la audiencia de acusación contra dos patrulleros de la Policía, que se encuentran recluidos en una cárcel de Facatativá. En la diligencia se ventiló que uno de ellos, Juan Camilo Lloreda, está negociando un preacuerdo con la Fiscalía por lo que cambiaría su versión y se declararía culpable recibiendo rebajas de su posible condena.

“Este caso sigue en la justicia ordinaria, porque fueron actos de brutalidad que no pueden ser considerados actos del servicio. Hay, además, una prohibición expresa para el delito de tortura, pues no es competencia de la justicia penal militar, sino de la ordinaria. Aquí se cometieron los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. La Fiscalía cuenta con evidencia para demostrar la hipótesis delictiva, comenzando por el examen de necropsia, que arroja que la golpiza produjo la muerte de la víctima”, reiteró el abogado Gómez a este diario.

La necropsia reveló el año pasado que el cuerpo de Ordóñez presentaba “signos de inmovilización”, como “equimosis en las muñecas”, además de traumas menores en manos, nudillos, codos, rodillas, cara y piernas. Además, había una lesión “de tipo contundente” en el lado derecho del tórax y restos de esquirlas en la pierna derecha, que provenían de un proyectil de arma de fuego. “Estamos hablando de múltiples traumas contundentes. Por su naturaleza no pudieron haber sido autoinfligidos, sino que son producidos por terceros. Esa es nuestra definición más amplia del homicidio”, aseguró el médico forense de Medicina Legal Francisco José Calle. El homicidio de Javier Ordóñez desató intensas protestas en Bogotá y otras ciudades en contra de la violencia policial, que dejaron más de 300 denuncias de abuso.

Las familias de Paula Torres, Juan Guzmán y Viviana Chavarro insisten en que sus familiares no se suicidaron, pese a que la Policía sostiene ante la justicia que ellos mismos acabaron con sus vidas en estaciones de la entidad en Bogotá, Arboletes (Antioquia) y Oporapa (Huila), en distintos momentos entre 2015 y 2020. Sus casos fueron denunciados como homicidios y la justicia aún no ha revelado la verdad. El mismo reclamo hacen los familiares de Javier Ordóñez, abogado asesinado el año pasado tras ser conducido por dos uniformados a un CAI de la Policía en Bogotá. Estos hechos fueron retomados el pasado martes en una audiencia de acusación, en la se conoció que uno de los patrulleros involucrados, Juan Camilo Lloreda, cambiaría su versión y se declararía culpable por la muerte de Javier Ordóñez, pues está negociando un preacuerdo con la Fiscalía.

La violencia policial es alarmante en Colombia y es considerada como un problema estructural, según un reciente informe de la organización Temblores. De acuerdo con el documento “Bolillo, Dios y Patria”, la Policía habría cometido casi dos asesinatos por semana en los últimos cuatro años. Y aunque la mayoría de estos ocurrieron en la vía pública, al menos el 2 % tuvieron lugar en guarniciones militares, estaciones de Policía o CAI. Temblores afirma que, entre 2017 y 2019, se registraron seis de estos casos, mientras que los reportes de prensa registraron por lo menos otros dos en 2020. Una situación crítica, según la organización, pues los homicidios fueron cometidos cuando los ciudadanos se encontraban bajo custodia del Estado.

El Espectador presenta a continuación cuatro de los casos denunciados como homicidios en estaciones de Policía, entidad que se negó a responder las preguntas de este diario.

Víctima: Paula Alejandra Torres Cabrera

Fecha de los hechos: 5 de diciembre de 2015.

Lugar de los hechos: UPJ de Puente Aranda (Bogotá).

La noche del 5 de diciembre de 2015, la novia de Paula Torres llamó al papá de la joven, José Torres, para contarle que iba a ser trasladada por agentes de la Policía con rumbo desconocido, al parecer por tener una discusión con un taxista. En la llamada se escuchaba a Paula diciendo que la estaban maltratando, pero unos 30 minutos después, la mujer de 28 años apareció sin vida en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda en Bogotá. Los uniformados dicen que se suicidó con el cordón de su sudadera, pero su papá afirma que se trató de homicidio.

José Torres le dijo a este diario que el cuerpo de su hija estaba golpeado, que el Instituto de Medicina Legal reportó más de 12 traumas y que ella ingresó sin signos vitales al Hospital San José y con los pantalones abajo. Al cuerpo de Paula no se le practicó un frotis anal, vaginal o bucal, para determinar si hubo violencia sexual, pero sí se le realizó un frotis nasal que arrojó presencia de cocaína. El no realizar los demás frotis, según la abogada Alicia Suaza, abogada de la clínica jurídica Policarpa de Temblores, puede ser un error de Medicina Legal o también puede indicar que no se quiso descartar la violencia sexual, pero sí se quiso hacer énfasis en que era una persona que consumía cocaína. José Torres dice que su hija no consumía drogas.

La abogada Suaza menciona que otras de las inconsistencias son que las cámaras de seguridad de la UPJ no estaban funcionando, por lo que no hay forma de comprobar que la víctima entró al sitio; y que Paula ingresó al hospital muerta y con frialdad distal, que ocurre cuando el cadáver pierde temperatura en las extremidades. “Esto se da cuando hay deterioro en la circulación sanguínea y aparece aproximadamente 30 minutos después de que los vasos dejan de funcionar. La Policía dice que ella subió a la patrulla a las 9:15p.m, a las 9.50p.m. llegó a la UPJ, a las 10:10p.m. fue trasladada al hospital y a las 10:20p.m. llegó al centro médico. Por la frialdad distal, se podría decir entonces que ella murió a las 9.50p.m. de la noche o antes, cuando supuestamente estaba ingresando en la UPJ o antes, en la patrulla. Es una inconsistencia grande”, sostuvo Suaza a este diario.

Medicina Legal determinó que Paula murió por asfixia mecánica por ahorcamiento con cuerda y que el cuerpo presentaba lesiones. Pese a que el proceso penal inició en la justicia ordinaria, en 2019 fue remitido a la Justicia Penal Militar, donde está en etapa de investigación y pruebas, pero bajo el delito de lesiones personales y no homicidio. “El caso estaba enterrado en lo más profundo de la Justicia Penal Militar. En enero pasado asumimos la representación del señor Torres, ahora estamos constituyéndolo como parte civil y pretendemos llevar de nuevo el caso la justicia ordinaria, donde pertenece”, explicó Suaza. El proceso disciplinario al interior de la Policía fue archivado en noviembre de 2017.

“La violencia policial es sistemática. Estoy seguro de que mi hija fue secuestrada y torturada, pero la justicia funciona cuando los policías son las víctimas, pero cuando ellos son los victimarios se les olvida el Código Penal. Mientras tanto, mi vida ya no es la misma. No he dejado de moverme en el proceso. No he llorado desde que Paula fue asesinada y no he hecho mi duelo. Me molesta la injusticia y la corrupción en este caso. La Procuraduría lo lanzó a la Justicia Penal Militar a sabiendas de lo que sabía. No quiero plata, yo quiero justicia”, concluyó José Torres en diálogo con El Espectador.

Víctima: Viviana Chavarro Chavarro

Fecha de los hechos: 1° de septiembre de 2019.

Lugar de los hechos: estación de Policía de Oporapa (Huila).

Viviana Chavarro volvió a Colombia a mediados de 2019 para acompañar a su mamá tras la muerte de su papá. Había vivido durante años en Ecuador con su esposo y sus dos hijas. El 1° de septiembre de 2019 salió con sus amigos al bar Corona de Oporapa (Huila), donde se presentó una riña y ella terminó siendo trasladada a la estación de Policía junto a su hermano. Al mismo tiempo que Viviana fue ingresada en este sitio, otro grupo de ciudadanos fue ingresado por una riña en otro lugar. Los hombres fueron puestos en una celda y ella en otra.

Uno de los testigos dice que se escuchaba a Viviana gritarle a su hermano que se calmara, pero minutos después no se volvió a escuchar su voz. Minutos después fue hallada muerta. Los uniformados dicen que se suicidó con el cordón de los zapatos de uno de los detenidos en la segunda riña. Sin embargo, la familia de Viviana asegura que esta versión presenta varias inconsistencias.

“Ella tenía puestas unas sandalias romanas, que tiene un lazo bastante largo. No tenía cordones. ¿Cómo es que ella accede a un cordón que no es de ella y que supuestamente estaba en custodia de la Policía, que se lo quitó otro detenido al ingresarlo a la estación? Además, Viviana cargaba con un canguro en el que tenía a su disposición implementos que le hubiesen servido para quitarse la vida, como un lazo para hacer manillas, unos audífonos de celular y una camándula. Si se hubiese querido suicidar, usaría lo que llevaba con ella, no un cordón de un extraño”, explicó Mónica Perdomo, abogada de la familia de Chavarro.

La última noticia de la investigación en la Fiscalía se obtuvo el 6 de octubre de 2020, cuando apenas llegaban los primeros dictámenes periciales. La necropsia evidenció que murió por asfixia por ahorcamiento con cuerda. “Lo que está por determinarse es si ella se ahorcó o la ahorcaron. Viviana tenía dos hijas, de 13 y 2 años. No tenía motivos para suicidarse”, concluyó Perdomo en diálogo con este diario.

Víctima: Juan Luis Guzmán González

Fecha de los hechos: 26 de julio de 2020.

Lugar de los hechos: estación de Policía de Arboletes (Antioquia).

Juan Guzmán, bailarín de bullerengue, de 21 años, estudiaba ingeniería agrónoma en la Universidad de Córdoba de Montería, pero debido al COVID-19 volvió el año pasado a su casa en Arboletes. La noche del 26 de julio de 2020 fue trasladado a la estación de Policía del municipio después de discutir con unos vecinos. Su hermana Juliana siguió la patrulla, vio cuando fue ingresado al sitio y se devolvió a su casa a buscar la cédula. Cuando regresó a la estación no vio a su hermano ni escuchó su voz. “No me dejaron verlo. Tres policías estaban ahí, me pidieron que regresara al siguiente día y me dijeron que Juan ya estaba tranquilo. Pero a los 10 minutos de llegar a mi casa alguien llamó del hospital a mi mamá y le dijo que mi hermano estaba muerto”, contó Juliana a El Espectador.

Juliana se resistía a creerlo, así que volvió a la estación de Policía, y esta vez se encontró con por lo menos 15 policías reunidos. Ante la insistencia de la mujer, uno de los uniformados respondió que su hermano estaba en el hospital Pedro Nel Cardona. La Policía dice que el joven se suicidó con un bóxer en su celda, pero Medicina Legal determinó que murió por estrangulamiento. “Vi el cadáver de Juan, lo identifiqué, no tenía fracturas ni manchas. Cuando estaba en el hospital, llegó un grupo de uniformados que parecían de la Sijín para supuestamente hacerle estudios al cuerpo. Dejaron la puerta abierta, escuché un golpe y vi que tiraron de la camilla el cadáver de mi hermano. Creo que la intención era causarle golpes al cuerpo para reafirmar su tesis del suicidio”, añadió Juliana.

Jorge Negrete, abogado de la familia de la víctima, aseguró que el caso apenas está en investigación en la Fiscalía y aún no hay imputados. Por el momento se sabe que se están practicando pruebas para determinar si el bóxer con el que supuestamente se suicidó Juan podría sostenerlo y se le pidió a la Procuraduría vigilar el proceso. “La prueba contundente es el dictamen de Medicina Legal, que deja claro que Juan fue estrangulado. Cinco policías estaban el día de los hechos en la estación, deberían imputarles delitos por acción u omisión. Juan entró vivo y salió muerto. Los policías montaron la escena”, afirmó Negrete. Por su parte, Yosy Ramírez Pacheco, abogado de la organización Caribe Afirmativo que apoya el caso, mencionó que Juan había sido acosado por la Policía previamente en Montería.

“No entiendo por qué pasó esto si la Policía está para cuidarnos. Nos dañaron la vida. Mi mamá todavía llora y no come. No tenemos tranquilidad y vivimos angustiados de qué va a pasar. Nos sentimos solos, queremos la verdad, porque mi hermano tenía muchas ganas de vivir”, afirmó Juliana a El Espectador.

Víctima: Javier Humberto Ordóñez Bermúdez

Fecha de los hechos: 9 de septiembre de 2020.

Lugar de los hechos: CAI de Villa Luz en Bogotá.

El 8 de septiembre de 2020, el abogado Javier Ordóñez salió a comprar licor en compañía de sus amigos a las afueras de un conjunto residencial. La Policía abordó al grupo y redujo a Ordóñez con una pistola taser, pese a que él pedía que detuvieran los choques eléctricos. Minutos después fue montado a una patrulla para ser trasladado al CAI de Villa Luz, en Bogotá. Una de las versiones del caso señala que allí habría sido brutalmente golpeado por agentes de Policía, que luego intentaron llevarlo a la clínica Santa María del Lago, donde finalmente declararon su muerte.

Vadith Gómez, abogado de la familia de Ordóñez, ha dicho que el hombre no murió en la ida al hospital, sino que su cuerpo indicaría que minutos antes ya había muerto, como consecuencia de una golpiza que los policías le habrían propinado a la víctima en el CAI. El pasado 16 de marzo, a las 3 p.m., se realizó la audiencia de acusación contra dos patrulleros de la Policía, que se encuentran recluidos en una cárcel de Facatativá. En la diligencia se ventiló que uno de ellos, Juan Camilo Lloreda, está negociando un preacuerdo con la Fiscalía por lo que cambiaría su versión y se declararía culpable recibiendo rebajas de su posible condena.

“Este caso sigue en la justicia ordinaria, porque fueron actos de brutalidad que no pueden ser considerados actos del servicio. Hay, además, una prohibición expresa para el delito de tortura, pues no es competencia de la justicia penal militar, sino de la ordinaria. Aquí se cometieron los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. La Fiscalía cuenta con evidencia para demostrar la hipótesis delictiva, comenzando por el examen de necropsia, que arroja que la golpiza produjo la muerte de la víctima”, reiteró el abogado Gómez a este diario.

La necropsia reveló el año pasado que el cuerpo de Ordóñez presentaba “signos de inmovilización”, como “equimosis en las muñecas”, además de traumas menores en manos, nudillos, codos, rodillas, cara y piernas. Además, había una lesión “de tipo contundente” en el lado derecho del tórax y restos de esquirlas en la pierna derecha, que provenían de un proyectil de arma de fuego. “Estamos hablando de múltiples traumas contundentes. Por su naturaleza no pudieron haber sido autoinfligidos, sino que son producidos por terceros. Esa es nuestra definición más amplia del homicidio”, aseguró el médico forense de Medicina Legal Francisco José Calle. El homicidio de Javier Ordóñez desató intensas protestas en Bogotá y otras ciudades en contra de la violencia policial, que dejaron más de 300 denuncias de abuso.