Multinacional canadiense incumple acuerdo que prohíbe la minería en Mocoa
La empresa Libero Copper comenzó esta semana los estudios de perforación de un megaproyecto minero para extraer más de 4.200 millones de libras de cobre de la cuenca alta del río Mocoa, en Putumayo, pese a que hay un acuerdo vigente del concejo municipal que prohíbe cualquier tipo de minería en la zona. Las autoridades y la comunidad explican los graves riesgos ambientales y geológicos de este proyecto.
Juan Miguel Hernández Bonilla
“Necesitamos ayuda”, escribe por Whatsapp una joven defensora del medio ambiente del Putumayo que prefiere no dar su nombre por seguridad. “La minería empezó en Mocoa”, afirma, “en el río de mi casa, a pesar de que hay un acuerdo municipal y un plan de desarrollo que la prohíben. Estamos solos”.
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“Necesitamos ayuda”, escribe por Whatsapp una joven defensora del medio ambiente del Putumayo que prefiere no dar su nombre por seguridad. “La minería empezó en Mocoa”, afirma, “en el río de mi casa, a pesar de que hay un acuerdo municipal y un plan de desarrollo que la prohíben. Estamos solos”.
Sus mensajes son un grito de auxilio. Ni ella, ni sus compañeras de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, ni las personas del colectivo Ríos de Reconciliación, ni siquiera el alcalde de Mocoa, Jhon Jairo Imbachi, lograron impedir que esta semana la multinacional canadiense Libero Copper comenzara los estudios de perforación de un mega proyecto minero para extraer más de 4.200 millones de libras de cobre de la cuenca alta del río Mocoa, en Putumayo, pese a que hay un acuerdo vigente del concejo municipal que prohíbe cualquier tipo de actividad minera en ese territorio.
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Según la empresa, la primera fase del proyecto que acaba de comenzar consiste en excavar con taladros especializados al menos cinco pozos, cada uno con más de mil doscientos metros de profundidad. Ian Harris, presidente y director ejecutivo de la filial de la multinacional en el país, explica: “colocar el primer pozo de perforación es un hito sustancial en el avance del Proyecto Mocoa y marca el comienzo de un ambicioso programa geológico”. De acuerdo con Harris, en esta zona del piedemonte amazónico está “el depósito de cobre más grande de Colombia”.
Fátima Muriel Silva, presidenta de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, cuenta con preocupación que desde hace unos días se escuchan y se ven volar los helicópteros de la empresa cargados de maquinaria y material para la excavación. “Aterrizan en un campamento ubicado en la cima de una de las montañas de la región a menos de 10 kilómetros de Mocoa, en medio de la reserva forestal de la cuenca alta del río, y cerca de varias quebradas cristalinas de las que sale el agua para los acueductos comunitarios”, explica Fátima por teléfono.
Para ella, que lleva más de 20 años defendiendo el territorio de los proyectos extractivistas, es muy claro que la multinacional está violando el acuerdo 020 de 2018 que prohíbe en su artículo primero la minería a mediana y gran escala en la jurisdicción del municipio de Mocoa. “No se podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, y transformación de metálicos de gran y mediana minería y de los demás minerales”, recita Fátima de memoria.
Esta lideresa ambiental insiste en que las perforaciones que anunció la empresa a través de sus redes sociales el pasado miércoles 16 de febrero tienen una alta probabilidad de desestabilizar las montañas y producir desastres naturales. “Esas actividades, sumadas a las lluvias permanentes que hay en el territorio, pueden generar derrumbes y avalanchas, como la que ya sufrimos en 2017″.
Fátima y sus compañeras tienen claro que no van a quedarse calladas ante esta arremetida de la multinacional: “Vamos a pelear para proteger nuestros ríos. No nos vamos a rendir. La próxima guerra va a ser por el agua y no hay derecho a que vengan las empresas extranjeras a destruir nuestro ecosistema y a poner nuestra vida en riesgo”.
Violación del acuerdo que prohíbe la minería en Mocoa
En una carta dirigida a Libero Copper, el alcalde de Mocoa, Jhon Jairo Imbachi, le solicita explícitamente a la empresa que no realice las exploraciones y extracciones que tiene previstas porque, además de violar el acuerdo establecido por el concejo, puede generar graves afectaciones a la población del municipio. El alcalde recuerda la trágica avalancha de 2017 y advierte que si la empresa no detiene las actividades de perforación “abrirá los procesos administrativos y policiales que la ley y la constitución establecen”.
La carta, fechada el 26 de enero de este año, explica que las exploraciones se están realizando “exactamente en la parte alta de la Vereda Montclar, lugar de yacimiento de los ríos Cristalina y Chapulina que alimentan el río Mocoa”. El alcalde confirma el miedo de Fátima: “la característica de esta tierra es que es sumamente propensa a deslizamientos”. Su mensaje es contundente: “Al ser parte del piedemonte Amazónico, es importante preservar y proteger el medio ambiente y sus fuentes hídricas, esta administración está en contra de la megaminería y sus derivados”.
Imbachi explica que el acuerdo municipal que prohíbe la minería en Mocoa está vigente y fue respaldado por el juzgado primero del municipio en 2019 y por el Consejo de Estado en noviembre de 2021. La sala de lo contencioso administrativo de esta alta corte rechazó, por improcedentes, los recursos de reposición y súplica interpuestos por la Agencia Nacional de Minería que pretendía acabar el acuerdo municipal. Las autoridades de justicia pertinentes negaron la solicitud de la medida cautelar de suspensión del acuerdo No. 020 del 06 de diciembre de 2018 que, según el alcalde, hoy en día conserva plena validez.
Mocoa, colchón de agua y santuario de especies en vía de extinción
Constanza Carvajal, activista socioambiental del Putumayo y miembro del colectivo Ríos de Reconciliación, explica que hoy en día la multinacional Libero Copper tiene seis títulos mineros sobre el piedemonte amazónico. “Estos títulos suman en total más de 11.000 hectáreas de tierra, el problema es que se traslapan con parte de la reserva ambiental de la cuenca alta del río Mocoa y con varios resguardos y cabildos indígenas”.
Constanza afirma que otra preocupación es que la zona donde está el campamento minero al que llegan los helicópteros, donde se realizarán las perforaciones, es un colchón de agua en el que nacen las fuentes hídricas que alimentan el río Mocoa, el Putumayo, el Caquetá, y el río Patía. “En los seis títulos mineros hay 17 fuentes de agua, entre quebradas, quebraditas y riachuelos”.
En la decisión del juzgado primero de Mocoa que mantiene la vigencia del acuerdo que prohíbe la minería se lee que el 42% de los acueductos de los municipios del Putumayo dependen para su abastecimiento de las fuentes hídricas que nacen en esta región. “Los municipios de San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís y Puerto Leguízamo necesitan de esta agua. Es necesario protegerla”.
Lo grave, dice Constanza, es que con el proceso de exploración y explotación del cobre y otros minerales se contaminan estás fuentes de agua. “Cuando se saca el cobre se produce ácido sulfúrico y al contacto con el agua se vuelve una sustancia corrosiva que mata la vida del río e impide que se pueda consumir por humanos”.
Además, la zona del proyecto minero es un corredor biológico estratégico para proteger muchas especies endémicas y en vía de extinción, como el oso de anteojos o la danta de páramo. “Hay más de 150 especies de mariposas, hay cientos de orquídeas y bromelias que solo nacen acá”, dice Constanza. Según la Corporación Autónoma Regional para la amazonia (Corpoamazonia), en esta región hay más de 552 especies de aves, 210 de mamíferos y 384 especies de plantas. Se encuentran además varias especies amenazadas de monos y el emblemático Jaguar.
Al final, la comunidad organizada y las autoridades buscan evitar una tragedia ambiental, ecológica y social por culpa del desarrollo de las actividades mineras. “Solo queremos que se cumpla lo establecido en el acuerdo”, dicen al unísono, y recuerdan lo establecido por el juzgado de Mocoa: “El municipio debe asumir como prioridad la política de protección al medio ambiente lo que implica de manera explícita la prohibición de actividades mineras teniendo como presente los hechos acaecidos en 2017, a las 11:30 de la noche, cuando la capital del departamento de Putumayo fue sorprendida por la creciente de varias quebradas y de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, presentando una avalancha que acabó con la vida de 336 personas y dejó heridas 398 más”.