Negocios crudos en Ecopetrol: radiografía penal de polémicas adquisiciones

A mediados de esta semana, la junta directiva de Ecopetrol aceptó sorpresivamente la renuncia de su presidente, el economista Juan Carlos Echeverry, quien argumentó motivos familiares para su dimisión. De inmediato, la junta nombró a Felipe Bayón, un ingeniero que desde febrero de 2016 venía desempeñándose como vicepresidente ejecutivo de la empresa. Pero mientras el cambio se notificaba, varios expedientes asociados a polémicos negocios con la petrolera seguían moviéndose en los estrados judiciales.

De hecho, el martes en audiencia por Reficar, la Fiscalía solicitó enviar a prisión a Felipe Laverde Concha, exvicepresidente ejecutivo del Downstream; Reyes Reinoso Yáñez, expresidente de Reficar en 2013, y Massoud Deudehban, exrepresentante ejecutivo de CB&I. Además solicitó la detención domiciliaria para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por ser adulto mayor y en mal estado de salud.

Lo demás fueron restricciones para salir del país de Pedro Alfonso Rosales Navarro y Carlos Alberto Lloreda Silva, exmiembros de la mesa directiva de Reficar y supuestos responsables de las falencias en los contratos. En el caso de Philip Kent Asherman, exdirectivo de CB&I, la Fiscalía solicitó presentaciones periódicas en el Consulado de Colombia en Houston (Estados Unidos). Luego de una difícil audiencia por un presunto desfalco estimado en $615.000 millones, el miércoles se definirá la suerte de todos.

Aunque todos los reflectores judiciales iluminan a Reficar, otros casos están bajo la lupa, producto de un acuerdo de cooperación que el 20 de agosto de 2015 firmó Juan Carlos Echeverry con el ente acusador. Un convenio que empezó a ejecutarse con diversas acciones ordenadas por fiscales que durante varios meses despacharon en las mismas oficinas de Ecopetrol. Por ejemplo, el pasado 25 de enero se ordenó la interceptación durante un año de 12 abonados telefónicos, entre otras acciones. El caso es que la justicia investiga un posible suministro espurio de 1.800 válvulas remanufacturadas por casi cien mil millones de pesos con varios proveedores, pese a que algunos de ellos fueron reemplazados.

No menos inquietante ha resultado el caso de la Corporación País Rural. Se trata del manejo de cinco convenios por más de $30 mil millones para realizar actividades sociales en Meta, Putumayo y Huila. “Estos contratos se celebraron sin la justificación de estudios previos que permitieran establecer la viabilidad de esas iniciativas”, indicó en su momento el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La investigación determinó que la empresa que ejecutaba el contrato estaba amparada en actas falsas de ejecución y con liquidaciones irregulares. Así justificaron los pagos que ordenaba Ecopetrol. Por ello se produjeron cuatro capturas.

En el tema del transporte aéreo y suministro de combustible, la Fiscalía tiene en la mira a la firma Helistar. Con interrogatorios a varios empleados de la firma y revisión documental se pretende demostrar que en un contrato firmado con Ecopetrol superior a los US$13 millones, la compañía habría cobrado millonarios recursos por vuelos no realizados y combustibles no suministrados. Un fiscal anticorrupción trabaja para probar la hipótesis de que se recurrió a una posible falsificación de planillas de vuelo.

En lo que tiene que ver con el contrato celebrado entre Ecopetrol y la firma Construservicios Jaguí por $1.817 millones para el mantenimiento de áreas de producción del campo Apiay, la investigación ya arroja sus primeros hallazgos preliminares. Se verifica la existencia de irregularidades en la ejecución del contrato no declaradas a cambio de prebendas entregadas a favor de quienes ejercían el control del contrato. Aunque ha señalado el fiscal del caso que se han tenido dificultades para la obtención de la información, se ha denunciado que hay un testigo amenazado. Se tiene previsto perfeccionar la investigación y en enero tomar nuevas determinaciones.

La adquisición de la planta de producción de etanol Bioenergy es considerada por algunos como el otro Reficar de Ecopetrol. Según documentos del expediente conocidos por El Espectador, se indaga la compra del 95 % de las acciones por parte de Ecopetrol en octubre de 2008. “Por intermedio de la filial Andean Chemical, dado que la empresa no sólo tiene una actividad económica distinta a la de Ecopetrol, sino porque su valor se incrementó exageradamente pocos meses antes de la compra y, además, de múltiples cesiones de derechos de los socios fundadores con nuevos actores”.

En este negocio también se investiga la construcción de la planta de etanol en Puerto López (Meta), efectuada por la empresa Isolux Ingeniería, a la que se le pagaron US$166 millones, pero incumplió. De hecho, en junio la Procuraduría abrió investigación contra 12 miembros de la junta directiva de Bioenergy S. A. y cuatro gerentes y representantes legales de esa sociedad, por hechos relacionados con la construcción de la planta de producción de etanol. La Fiscalía estima que los sobrecostos en la obra podrían superar los $2 billones.

Otro convenio objeto de indagación penal es el celebrado entre la petrolera y Sap Colombia. Son dos contratos por US$47 millones para el licenciamiento y consultoría tecnológica que no pudieron ejecutarse por falta de recursos derivados de la crisis de los precios del petróleo en 2012. El asunto es que, dice la Fiscalía, no se tuvieron en cuenta las observaciones del comité estratégico de abastecimiento y de allí se deriva la teoría de que se pudo presentar un presunto peculado en favor de terceros en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Con respecto a las actividades para atender las emergencias producidas por el derramamiento de crudo, Ecopetrol a través de su filial Cenit acordó a finales de 2015 el pago de $58.851 millones a la empresa Varoichem-Lamor, porque los términos de referencia fueron enviados por personal de esta última a Cenit. Otros dos casos también ocupan la atención de los fiscales que están sobre la pista de un supuesto pago de comisiones. Un contrato con Centurión Drilling para perforación de pozos de 2012 por $41.149 millones, en donde se investiga una posible concusión del 5 %, equivalente a US$5 millones. Y otro por US$22 millones, con S y J Full Service para el mantenimiento de pozos en el departamento de Putumayo, en donde se están verificando los cargos consistentes en que un funcionario habría recibido $700 millones para levantar la suspensión del contrato, según hechos conocidos entre octubre de 2015 y 2016.

Es la radiografía penal de negocios significativos que se hicieron en Ecopetrol en los últimos años. Actividades que son vigiladas en la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, actualmente en cabeza de María Juliana Albán, de quien se ha conocido trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y vinculó a su equipo en Ecopetrol a 16 personas del Ministerio Publico, como lo documento el columnista Daniel Coronell. La justicia tiene la última palabra.

La respuesta de la empresa petrolera ante los procesos

Ecopetrol ha puesto estos casos en conocimiento de la Fiscalía. Fue la propia empresa la que denunció y entregó toda la información al organismo de control, gracias a un convenio de cooperación suscrito en agosto de 2015, entre el fiscal general de entonces y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, destacó un vocero de la petrolera.

“Además del convenio, en 2015 se creó la Vicepresidencia de Ética y Cumplimiento para investigar y castigar las violaciones al Código de Ética. Esa dependencia es la que ha recogido la información y trabajado de la mano de los fiscales en los casos mencionados”, señaló.

Dicho convenio permitió dedicar un grupo de fiscales especializados en atender la información recogida en investigaciones internas.

Las investigaciones internas de Ecopetrol han dado como resultado decisiones administrativas y disciplinarias contra funcionarios y contratistas, incluidas desvinculaciones. En algunos casos la petrolera ha sido reconocida como víctima, como en el caso de Reficar.

Ecopetrol es el primer interesado en que avancen rápidamente las investigaciones y concluyan estos procesos que han sido denunciados por la propia empresa.

Los resultados de los convenios de cooperación

Producto de los convenios con la justicia, señala Ecopetrol que investigó 35 nuevas denuncias y las puso en conocimiento de la justicia. Cifras de la empresa indican que en los dos últimos años ha corroborado 123 denuncias por violación al Código de Ética, ha sancionado 131 trabajadores y ha tramitado 2.350 casos sobre asuntos éticos y de cumplimiento. La nómina directa e indirecta pasó de 57.600 personas en 2014 a 29.300 a principios de 2017, una disminución superior a 28.000 personas.

Además indica que fue calificada con el 96 % del indicador de prevención de la corrupción, según estadísticas de la Secretaría de Transparencia.

A mediados de esta semana, la junta directiva de Ecopetrol aceptó sorpresivamente la renuncia de su presidente, el economista Juan Carlos Echeverry, quien argumentó motivos familiares para su dimisión. De inmediato, la junta nombró a Felipe Bayón, un ingeniero que desde febrero de 2016 venía desempeñándose como vicepresidente ejecutivo de la empresa. Pero mientras el cambio se notificaba, varios expedientes asociados a polémicos negocios con la petrolera seguían moviéndose en los estrados judiciales.

De hecho, el martes en audiencia por Reficar, la Fiscalía solicitó enviar a prisión a Felipe Laverde Concha, exvicepresidente ejecutivo del Downstream; Reyes Reinoso Yáñez, expresidente de Reficar en 2013, y Massoud Deudehban, exrepresentante ejecutivo de CB&I. Además solicitó la detención domiciliaria para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por ser adulto mayor y en mal estado de salud.

Lo demás fueron restricciones para salir del país de Pedro Alfonso Rosales Navarro y Carlos Alberto Lloreda Silva, exmiembros de la mesa directiva de Reficar y supuestos responsables de las falencias en los contratos. En el caso de Philip Kent Asherman, exdirectivo de CB&I, la Fiscalía solicitó presentaciones periódicas en el Consulado de Colombia en Houston (Estados Unidos). Luego de una difícil audiencia por un presunto desfalco estimado en $615.000 millones, el miércoles se definirá la suerte de todos.

Aunque todos los reflectores judiciales iluminan a Reficar, otros casos están bajo la lupa, producto de un acuerdo de cooperación que el 20 de agosto de 2015 firmó Juan Carlos Echeverry con el ente acusador. Un convenio que empezó a ejecutarse con diversas acciones ordenadas por fiscales que durante varios meses despacharon en las mismas oficinas de Ecopetrol. Por ejemplo, el pasado 25 de enero se ordenó la interceptación durante un año de 12 abonados telefónicos, entre otras acciones. El caso es que la justicia investiga un posible suministro espurio de 1.800 válvulas remanufacturadas por casi cien mil millones de pesos con varios proveedores, pese a que algunos de ellos fueron reemplazados.

No menos inquietante ha resultado el caso de la Corporación País Rural. Se trata del manejo de cinco convenios por más de $30 mil millones para realizar actividades sociales en Meta, Putumayo y Huila. “Estos contratos se celebraron sin la justificación de estudios previos que permitieran establecer la viabilidad de esas iniciativas”, indicó en su momento el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. La investigación determinó que la empresa que ejecutaba el contrato estaba amparada en actas falsas de ejecución y con liquidaciones irregulares. Así justificaron los pagos que ordenaba Ecopetrol. Por ello se produjeron cuatro capturas.

En el tema del transporte aéreo y suministro de combustible, la Fiscalía tiene en la mira a la firma Helistar. Con interrogatorios a varios empleados de la firma y revisión documental se pretende demostrar que en un contrato firmado con Ecopetrol superior a los US$13 millones, la compañía habría cobrado millonarios recursos por vuelos no realizados y combustibles no suministrados. Un fiscal anticorrupción trabaja para probar la hipótesis de que se recurrió a una posible falsificación de planillas de vuelo.

En lo que tiene que ver con el contrato celebrado entre Ecopetrol y la firma Construservicios Jaguí por $1.817 millones para el mantenimiento de áreas de producción del campo Apiay, la investigación ya arroja sus primeros hallazgos preliminares. Se verifica la existencia de irregularidades en la ejecución del contrato no declaradas a cambio de prebendas entregadas a favor de quienes ejercían el control del contrato. Aunque ha señalado el fiscal del caso que se han tenido dificultades para la obtención de la información, se ha denunciado que hay un testigo amenazado. Se tiene previsto perfeccionar la investigación y en enero tomar nuevas determinaciones.

La adquisición de la planta de producción de etanol Bioenergy es considerada por algunos como el otro Reficar de Ecopetrol. Según documentos del expediente conocidos por El Espectador, se indaga la compra del 95 % de las acciones por parte de Ecopetrol en octubre de 2008. “Por intermedio de la filial Andean Chemical, dado que la empresa no sólo tiene una actividad económica distinta a la de Ecopetrol, sino porque su valor se incrementó exageradamente pocos meses antes de la compra y, además, de múltiples cesiones de derechos de los socios fundadores con nuevos actores”.

En este negocio también se investiga la construcción de la planta de etanol en Puerto López (Meta), efectuada por la empresa Isolux Ingeniería, a la que se le pagaron US$166 millones, pero incumplió. De hecho, en junio la Procuraduría abrió investigación contra 12 miembros de la junta directiva de Bioenergy S. A. y cuatro gerentes y representantes legales de esa sociedad, por hechos relacionados con la construcción de la planta de producción de etanol. La Fiscalía estima que los sobrecostos en la obra podrían superar los $2 billones.

Otro convenio objeto de indagación penal es el celebrado entre la petrolera y Sap Colombia. Son dos contratos por US$47 millones para el licenciamiento y consultoría tecnológica que no pudieron ejecutarse por falta de recursos derivados de la crisis de los precios del petróleo en 2012. El asunto es que, dice la Fiscalía, no se tuvieron en cuenta las observaciones del comité estratégico de abastecimiento y de allí se deriva la teoría de que se pudo presentar un presunto peculado en favor de terceros en concurso con contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Con respecto a las actividades para atender las emergencias producidas por el derramamiento de crudo, Ecopetrol a través de su filial Cenit acordó a finales de 2015 el pago de $58.851 millones a la empresa Varoichem-Lamor, porque los términos de referencia fueron enviados por personal de esta última a Cenit. Otros dos casos también ocupan la atención de los fiscales que están sobre la pista de un supuesto pago de comisiones. Un contrato con Centurión Drilling para perforación de pozos de 2012 por $41.149 millones, en donde se investiga una posible concusión del 5 %, equivalente a US$5 millones. Y otro por US$22 millones, con S y J Full Service para el mantenimiento de pozos en el departamento de Putumayo, en donde se están verificando los cargos consistentes en que un funcionario habría recibido $700 millones para levantar la suspensión del contrato, según hechos conocidos entre octubre de 2015 y 2016.

Es la radiografía penal de negocios significativos que se hicieron en Ecopetrol en los últimos años. Actividades que son vigiladas en la Vicepresidencia Corporativa de Cumplimiento, actualmente en cabeza de María Juliana Albán, de quien se ha conocido trabajó en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez y vinculó a su equipo en Ecopetrol a 16 personas del Ministerio Publico, como lo documento el columnista Daniel Coronell. La justicia tiene la última palabra.

La respuesta de la empresa petrolera ante los procesos

Ecopetrol ha puesto estos casos en conocimiento de la Fiscalía. Fue la propia empresa la que denunció y entregó toda la información al organismo de control, gracias a un convenio de cooperación suscrito en agosto de 2015, entre el fiscal general de entonces y el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, destacó un vocero de la petrolera.

“Además del convenio, en 2015 se creó la Vicepresidencia de Ética y Cumplimiento para investigar y castigar las violaciones al Código de Ética. Esa dependencia es la que ha recogido la información y trabajado de la mano de los fiscales en los casos mencionados”, señaló.

Dicho convenio permitió dedicar un grupo de fiscales especializados en atender la información recogida en investigaciones internas.

Las investigaciones internas de Ecopetrol han dado como resultado decisiones administrativas y disciplinarias contra funcionarios y contratistas, incluidas desvinculaciones. En algunos casos la petrolera ha sido reconocida como víctima, como en el caso de Reficar.

Ecopetrol es el primer interesado en que avancen rápidamente las investigaciones y concluyan estos procesos que han sido denunciados por la propia empresa.

Los resultados de los convenios de cooperación

Producto de los convenios con la justicia, señala Ecopetrol que investigó 35 nuevas denuncias y las puso en conocimiento de la justicia. Cifras de la empresa indican que en los dos últimos años ha corroborado 123 denuncias por violación al Código de Ética, ha sancionado 131 trabajadores y ha tramitado 2.350 casos sobre asuntos éticos y de cumplimiento. La nómina directa e indirecta pasó de 57.600 personas en 2014 a 29.300 a principios de 2017, una disminución superior a 28.000 personas.

Además indica que fue calificada con el 96 % del indicador de prevención de la corrupción, según estadísticas de la Secretaría de Transparencia.