Nombre polémico en Fiscalía

La nueva era en la Fiscalía General de la Nación arranca este miércoles 12 de enero con la posesión de la abogada Viviane Morales Hoyos. La acompañará en la cúpula de la entidad un selecto grupo de profesionales con amplia experiencia que ya fue anunciado. Pero entre los elegidos, para asumir el cargo de secretaria general, figura la abogada Claudia Patricia Molano Vargas, cuyo reciente paso por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dejó una averiguación disciplinaria vigente por manejo de información reservada.

El episodio conocido por El Espectador indica que después de una revisión técnica de carácter informático en el interior de la UIAF a mediados de septiembre de 2010, se constató que entre el 3 de agosto y el 1° de septiembre, desde su correo electrónico institucional, la asesora de la Dirección General, Claudia Patricia Molano Vargas, envió 14 comunicaciones y documentos relacionados con asuntos internos de la entidad. Al ser requerida sobre las razones de su procedimiento, después de sus explicaciones renunció a su cargo.

Claudia Patricia Molano llegó a la UIAF el 4 de enero de 2010 para cumplir funciones como asesora del entonces director del organismo, Mario Alejandro Aranguren, y ese mismo día firmó un compromiso de confidencialidad que la obligaba a guardar la reserva de información del organismo y sólo dar a conocer documentos al director, sus superiores inmediatos y a aquellos funcionarios que por razón de sus labores debieran acceder a ellos. La información enviada no pasó nunca por el despacho del director (e) Fernando Niño Niño.

La sorpresa fue mayor cuando la Dirección de la UIAF se enteró por la propia funcionaria que, sin tenerla en cuenta, el destinatario de la documentación enviada era el recién posesionado secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos Pinzón. Los correos, sin embargo, no estaban enviados al alto funcionario de Palacio sino al ingeniero electrónico Joaquín Romero Herrera, a su correo institucional de la Universidad de los Andes, con comentarios de que habían quedado mejor organizados para conocer sus opiniones antes de remitirlos a su destino final.

Entre la insubsistencia y la renuncia, Claudia Patricia Molano optó por la segunda opción. Dimitió de su cargo el 10 de septiembre de 2010 y ese mismo día, a través de la resolución 146 le fue aceptada. Cumpliendo con sus deberes legales, tres días después, el entonces director, Fernando Niño, notificó lo sucedido al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Y el 17 de septiembre, antes de iniciar la entrega del cargo a su sucesor, Luis Edmundo Suárez, reportó lo sucedido al Grupo de Control Interno Disciplinario de la UIAF.

En su oficio enviado a la coordinadora del aludido grupo, Olga Lucía Cross, el ex director de la UIAF aclaró que la información recaudada se obtuvo en un monitoreo al correo electrónico de la ex funcionaria según lo dispuesto en el procedimiento de “Pruebas Técnicas de Seguridad” y anexó los 14 correos enviados por la ex asesora Claudia Molano con los documentos respectivos. La investigación sigue abierta y según comentó a El Espectador el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, ya dio instrucciones para que se agilice el caso.

¿Pero cuál era el contenido de lo enviado por la ex funcionaria y por qué su interés de que llegara a la Presidencia? La segunda respuesta se explica en el preámbulo del primer documento, titulado: “La transparencia en la gestión de inteligencia financiera”, en el que la ex asesora escribió que consideraba necesario presentar al Gobierno, por intermedio del secretario general Juan Carlos Pinzón, la evaluación, estrategias y acciones que deberían ser analizadas y tenidas en cuenta para que le permitan aumentar la transparencia de su gestión a fin de garantizar la integridad y continuidad de los servicio que ofrece la UIAF”.

Acto seguido, el 3 de agosto remitió un documento de 14 páginas en el que además de describir el organismo, definir sus propósitos, aclarar el tipo de información recaudada y evaluar las potestades de la UIAF para entregar o negar información reservada, aportó un análisis de las vulnerabilidades o riesgos de la entidad para el cumplimiento de sus funciones. Tras argumentar que son muchos los aspectos que el presidente Juan Manuel Santos debe tener en cuenta para restaurar la credibilidad y confianza en la UIAF, presentó lo que llamó su propuesta estratégica.

La iniciativa para fortalecer la UIAF fue que la entidad no actúe sobre la base de presunción de legalidad, sino que se acoja a la normatividad vigente en materia de inteligencia y a todo lo relacionado con privacidad y reserva de la información. Y después, entre las acciones a desarrollar para su implementación, en un acápite denominado “Conocimiento y comprensión del sistema financiero”, citó al profesor Joaquín Romero Herrera —intermediario, primer destino o comentarista de sus correos—, sobre lo que debe entenderse por inteligencia financiera.

El 4 de agosto envió el segundo correo sustentado en el propósito de “facilitar el estudio y adopción de acciones concretas y oportunas por parte del equipo de empalme del presidente electo Juan Manuel Santos”. Con una particularidad, la construcción del documento lo hizo a partir de los principales pronunciamientos de la Fiscalía, la Procuraduría y el juez de control de garantías en el marco del proceso penal que cursa contra su ex jefe, el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, hoy detenido por el escándalo de seguimientos financieros ilegales a magistrados de la Corte.

Esta información se complementa en otro correo, y ya para el 26 de agosto, precedido por el comentario a Joaquín Romero de que espera su opinión para no equivocarse, el documento anexo lleva un subtítulo concreto: “Presentado al señor Secretario General de la Presidencia de la República”. Con el mismo esquema. La información judicial referida, las vulnerabilidades más relevantes detectadas, las recomendaciones y la sugerencia de que “el trabajo se emprenda a la mayor brevedad posible, acorde con las políticas de ‘Buen Gobierno’ del presidente Santos”.

Los siguientes correos fueron ajustes a la propuesta con comentarios de respuesta de Joaquín Romero. La última comunicación del 1° de septiembre lleva por título: “Prosperidad Democrática: transparencia en la gestión estatal de inteligencia financiera”, y la abogada Claudia Molano Vargas lo sustenta en su calidad de “especialista en derecho público, seguridad y defensa nacional y en sistema de control organizacional y de gestión”. Un documento final de siete folios y un anexo de 27 con su disposición a colaborar con el Goberno.

Seguramente al ex director de la UIAF no le gustó que en calidad de superior, no fuera consultado. Tampoco le pareció pertinente que los detalles del caso Aranguren se entregaran y que, sin decisión judicial de fondo, se convirtieran en ejemplo. Pero en especial, Fernando Niño resaltó en su petición disciplinaria contra la ex asesora, sus reparos a la inclusión de ciertos detalles que pertenecen a la reserva del organismo o que formaron parte de un concepto que él había solicitado cuando ejercía como subdirector de Análisis de Operaciones.

En concreto, el ex director de la UIAF resaltó que la información del proceso penal de Aranguren no es más que la información que él le pidió para manejo interno; que uno de sus anexos recoge apartes del contenido de manuales de calidad de la Unidad que se encuentran disponibles para consulta interna únicamente a través de la intranet de la UIAF, y que otra parte del documento recoge de manera casi textual (por no mencionar que idéntica), un concepto de la oficina jurídica de la UIAF, solicitado por él con radicado específico.

El caso sigue abierto, pero los protagonistas prefieren el silencio. El Espectador  quiso conocer la opinión del ex director de la UIAF, Fernando Niño Niño, y éste se limitó a decir que desde el 15 de septiembre le notificaron en el Ministerio de Hacienda que ya tenía reemplazo y desde entonces nada tiene que decir sobre el caso. A la ex asesora e inminente secretaria general de la Fiscalía, Claudia Patricia Molano Vargas, se hicieron varias llamadas telefónicas y comunicaciones a su correo personal, pero hasta el pasado viernes en la noche no hubo respuesta alguna.

El único que se pronunció fue el actual director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, quien observó que la investigación existe, conoció los hechos durante el empalme con su antecesor, pero no puede emitir comentarios porque en la normatividad interna él debe oficiar como eventual segunda instancia para una decisión de fondo. Sin embargo, expresó que en principio no se trató de información financiera ni de asuntos misionales de la entidad, ni menos aún de datos bancarios de personas o instituciones. En su criterio, se trata de un asunto netamente administrativo.

¿Sabía la fiscal Viviane Morales estos antecedentes de quien está anunciada como su secretaria general? ¿La ex asesora lo hizo por ganar puntos con el Gobierno a espaldas de sus jefes? La Secretaría General de la Presidencia recibió una propuesta de libre examen, ¿existe alguna anomalía de que un tercero llamado Joaquín Romero opine sobre aspectos reservados de la UIAF cuando este organismo sigue afectado por el escándalo del DAS? Lo cierto es que, entre otras funciones de la Secretaria General de la Fiscalía, está custodiar archivos reservados.

Facsímil en donde se solicita la investigación contra la ex asesora.

Una cúpula con destacados profesionales

Desde el pasado mes de diciembre, cuando la fiscal electa, Viviane Morales, dio a conocer públicamente los directivos que la van a acompañar, el mundo jurídico mostró su satisfacción. En el cargo de vicefiscal anunció a Juan Carlos Forero, un destacado penalista de la Universidad del Rosario, magíster en derecho penal en centros docentes en Europa. Se venía desempeñando como director del posgrado de derecho penal en El Rosario. También es autor de varios libros y abogado litigante.

En otro cargo clave en la entidad, la Dirección Nacional de Fiscalías, fue designado Néstor Armando Novoa, un penalista que se desempeñó como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá.

En la Dirección de Asuntos Internacionales fue nombrada Josefina Pérez Dávila, destacada ejecutiva del sector privado. Fue asesora de la Cancillería en el gobierno Gaviria. Por su parte, Claudia Molano trabajó en la Contraloría y la Beneficencia de Cundinamarca.

La nueva era en la Fiscalía General de la Nación arranca este miércoles 12 de enero con la posesión de la abogada Viviane Morales Hoyos. La acompañará en la cúpula de la entidad un selecto grupo de profesionales con amplia experiencia que ya fue anunciado. Pero entre los elegidos, para asumir el cargo de secretaria general, figura la abogada Claudia Patricia Molano Vargas, cuyo reciente paso por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dejó una averiguación disciplinaria vigente por manejo de información reservada.

El episodio conocido por El Espectador indica que después de una revisión técnica de carácter informático en el interior de la UIAF a mediados de septiembre de 2010, se constató que entre el 3 de agosto y el 1° de septiembre, desde su correo electrónico institucional, la asesora de la Dirección General, Claudia Patricia Molano Vargas, envió 14 comunicaciones y documentos relacionados con asuntos internos de la entidad. Al ser requerida sobre las razones de su procedimiento, después de sus explicaciones renunció a su cargo.

Claudia Patricia Molano llegó a la UIAF el 4 de enero de 2010 para cumplir funciones como asesora del entonces director del organismo, Mario Alejandro Aranguren, y ese mismo día firmó un compromiso de confidencialidad que la obligaba a guardar la reserva de información del organismo y sólo dar a conocer documentos al director, sus superiores inmediatos y a aquellos funcionarios que por razón de sus labores debieran acceder a ellos. La información enviada no pasó nunca por el despacho del director (e) Fernando Niño Niño.

La sorpresa fue mayor cuando la Dirección de la UIAF se enteró por la propia funcionaria que, sin tenerla en cuenta, el destinatario de la documentación enviada era el recién posesionado secretario general de la Presidencia de la República, Juan Carlos Pinzón. Los correos, sin embargo, no estaban enviados al alto funcionario de Palacio sino al ingeniero electrónico Joaquín Romero Herrera, a su correo institucional de la Universidad de los Andes, con comentarios de que habían quedado mejor organizados para conocer sus opiniones antes de remitirlos a su destino final.

Entre la insubsistencia y la renuncia, Claudia Patricia Molano optó por la segunda opción. Dimitió de su cargo el 10 de septiembre de 2010 y ese mismo día, a través de la resolución 146 le fue aceptada. Cumpliendo con sus deberes legales, tres días después, el entonces director, Fernando Niño, notificó lo sucedido al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Y el 17 de septiembre, antes de iniciar la entrega del cargo a su sucesor, Luis Edmundo Suárez, reportó lo sucedido al Grupo de Control Interno Disciplinario de la UIAF.

En su oficio enviado a la coordinadora del aludido grupo, Olga Lucía Cross, el ex director de la UIAF aclaró que la información recaudada se obtuvo en un monitoreo al correo electrónico de la ex funcionaria según lo dispuesto en el procedimiento de “Pruebas Técnicas de Seguridad” y anexó los 14 correos enviados por la ex asesora Claudia Molano con los documentos respectivos. La investigación sigue abierta y según comentó a El Espectador el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, ya dio instrucciones para que se agilice el caso.

¿Pero cuál era el contenido de lo enviado por la ex funcionaria y por qué su interés de que llegara a la Presidencia? La segunda respuesta se explica en el preámbulo del primer documento, titulado: “La transparencia en la gestión de inteligencia financiera”, en el que la ex asesora escribió que consideraba necesario presentar al Gobierno, por intermedio del secretario general Juan Carlos Pinzón, la evaluación, estrategias y acciones que deberían ser analizadas y tenidas en cuenta para que le permitan aumentar la transparencia de su gestión a fin de garantizar la integridad y continuidad de los servicio que ofrece la UIAF”.

Acto seguido, el 3 de agosto remitió un documento de 14 páginas en el que además de describir el organismo, definir sus propósitos, aclarar el tipo de información recaudada y evaluar las potestades de la UIAF para entregar o negar información reservada, aportó un análisis de las vulnerabilidades o riesgos de la entidad para el cumplimiento de sus funciones. Tras argumentar que son muchos los aspectos que el presidente Juan Manuel Santos debe tener en cuenta para restaurar la credibilidad y confianza en la UIAF, presentó lo que llamó su propuesta estratégica.

La iniciativa para fortalecer la UIAF fue que la entidad no actúe sobre la base de presunción de legalidad, sino que se acoja a la normatividad vigente en materia de inteligencia y a todo lo relacionado con privacidad y reserva de la información. Y después, entre las acciones a desarrollar para su implementación, en un acápite denominado “Conocimiento y comprensión del sistema financiero”, citó al profesor Joaquín Romero Herrera —intermediario, primer destino o comentarista de sus correos—, sobre lo que debe entenderse por inteligencia financiera.

El 4 de agosto envió el segundo correo sustentado en el propósito de “facilitar el estudio y adopción de acciones concretas y oportunas por parte del equipo de empalme del presidente electo Juan Manuel Santos”. Con una particularidad, la construcción del documento lo hizo a partir de los principales pronunciamientos de la Fiscalía, la Procuraduría y el juez de control de garantías en el marco del proceso penal que cursa contra su ex jefe, el ex director de la UIAF, Mario Aranguren, hoy detenido por el escándalo de seguimientos financieros ilegales a magistrados de la Corte.

Esta información se complementa en otro correo, y ya para el 26 de agosto, precedido por el comentario a Joaquín Romero de que espera su opinión para no equivocarse, el documento anexo lleva un subtítulo concreto: “Presentado al señor Secretario General de la Presidencia de la República”. Con el mismo esquema. La información judicial referida, las vulnerabilidades más relevantes detectadas, las recomendaciones y la sugerencia de que “el trabajo se emprenda a la mayor brevedad posible, acorde con las políticas de ‘Buen Gobierno’ del presidente Santos”.

Los siguientes correos fueron ajustes a la propuesta con comentarios de respuesta de Joaquín Romero. La última comunicación del 1° de septiembre lleva por título: “Prosperidad Democrática: transparencia en la gestión estatal de inteligencia financiera”, y la abogada Claudia Molano Vargas lo sustenta en su calidad de “especialista en derecho público, seguridad y defensa nacional y en sistema de control organizacional y de gestión”. Un documento final de siete folios y un anexo de 27 con su disposición a colaborar con el Goberno.

Seguramente al ex director de la UIAF no le gustó que en calidad de superior, no fuera consultado. Tampoco le pareció pertinente que los detalles del caso Aranguren se entregaran y que, sin decisión judicial de fondo, se convirtieran en ejemplo. Pero en especial, Fernando Niño resaltó en su petición disciplinaria contra la ex asesora, sus reparos a la inclusión de ciertos detalles que pertenecen a la reserva del organismo o que formaron parte de un concepto que él había solicitado cuando ejercía como subdirector de Análisis de Operaciones.

En concreto, el ex director de la UIAF resaltó que la información del proceso penal de Aranguren no es más que la información que él le pidió para manejo interno; que uno de sus anexos recoge apartes del contenido de manuales de calidad de la Unidad que se encuentran disponibles para consulta interna únicamente a través de la intranet de la UIAF, y que otra parte del documento recoge de manera casi textual (por no mencionar que idéntica), un concepto de la oficina jurídica de la UIAF, solicitado por él con radicado específico.

El caso sigue abierto, pero los protagonistas prefieren el silencio. El Espectador  quiso conocer la opinión del ex director de la UIAF, Fernando Niño Niño, y éste se limitó a decir que desde el 15 de septiembre le notificaron en el Ministerio de Hacienda que ya tenía reemplazo y desde entonces nada tiene que decir sobre el caso. A la ex asesora e inminente secretaria general de la Fiscalía, Claudia Patricia Molano Vargas, se hicieron varias llamadas telefónicas y comunicaciones a su correo personal, pero hasta el pasado viernes en la noche no hubo respuesta alguna.

El único que se pronunció fue el actual director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, quien observó que la investigación existe, conoció los hechos durante el empalme con su antecesor, pero no puede emitir comentarios porque en la normatividad interna él debe oficiar como eventual segunda instancia para una decisión de fondo. Sin embargo, expresó que en principio no se trató de información financiera ni de asuntos misionales de la entidad, ni menos aún de datos bancarios de personas o instituciones. En su criterio, se trata de un asunto netamente administrativo.

¿Sabía la fiscal Viviane Morales estos antecedentes de quien está anunciada como su secretaria general? ¿La ex asesora lo hizo por ganar puntos con el Gobierno a espaldas de sus jefes? La Secretaría General de la Presidencia recibió una propuesta de libre examen, ¿existe alguna anomalía de que un tercero llamado Joaquín Romero opine sobre aspectos reservados de la UIAF cuando este organismo sigue afectado por el escándalo del DAS? Lo cierto es que, entre otras funciones de la Secretaria General de la Fiscalía, está custodiar archivos reservados.

Facsímil en donde se solicita la investigación contra la ex asesora.

Una cúpula con destacados profesionales

Desde el pasado mes de diciembre, cuando la fiscal electa, Viviane Morales, dio a conocer públicamente los directivos que la van a acompañar, el mundo jurídico mostró su satisfacción. En el cargo de vicefiscal anunció a Juan Carlos Forero, un destacado penalista de la Universidad del Rosario, magíster en derecho penal en centros docentes en Europa. Se venía desempeñando como director del posgrado de derecho penal en El Rosario. También es autor de varios libros y abogado litigante.

En otro cargo clave en la entidad, la Dirección Nacional de Fiscalías, fue designado Néstor Armando Novoa, un penalista que se desempeñó como fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá.

En la Dirección de Asuntos Internacionales fue nombrada Josefina Pérez Dávila, destacada ejecutiva del sector privado. Fue asesora de la Cancillería en el gobierno Gaviria. Por su parte, Claudia Molano trabajó en la Contraloría y la Beneficencia de Cundinamarca.