Detalles de una operación militar en la que habría crímenes de guerra contra niños

Nadie tiene la cifra exacta. Se dice que fueron al menos 250 menores reclutados al paso de la guerra de las Farc en Guaviare, Meta y Putumayo, en tiempos en los que el gobierno Pastrana dialogaba de paz en el Caguán. Se los llevaron de sus casas o fueron cooptados en discotecas o entre los raspachines de la coca. Un día los reunieron en la Macarena (Meta) y el Mono Jojoy dispuso que iban a ser el semillero de la columna móvil Arturo Ruiz. Por eso, debían ser trasladados hasta el Magdalena Medio. Una ruta azarosa por cinco departamentos al borde del delito que terminó en exterminio, y niños y niñas víctimas e inmersos en una inexplicable operación militar que fue exaltada como histórica y sus oficiales distinguidos. Un capítulo sin perdón por las vidas en su florecer que murieron ni reparación para los sobrevivientes, que ahora le cuentan a la justicia la otra parte de esta historia.

Documentos oficiales y reservados, en poder de El Espectador, dan cuenta de todos los detalles de este episodio. La columna llevó el nombre de Arturo Ruiz, en memoria de un guerrillero muerto en abril de 1998, como lo exaltó en El Borugo el Mono Jojoy, en la orden dada a Israel Martínez, alias Rogelio. Él debía llevar la columna hasta Santander, donde los jóvenes tenían que prepararse para enfrentar la embestida paramilitar que llegaba a las calles de Barrancabermeja. Los que vivieron para contar lo que pasó reconocen que fue “mucho sufrimiento”, y que, desde la partida, en la mente de los menores, el propósito común era fugarse. Tanto Rogelio como sus colaboradores llevaban una orden inequívoca: no atacar a nadie. Se trataba de una columna de inexpertos de 13 a 17 años. Por eso, el avance se hizo esquivando a la fuerza pública. Entonces vinieron las deserciones y el desenlace trágico, que se llamó Operación Berlín.

En un listado de acciones militares memorables, una publicación del Ejército impresa en 2018 resumió su justificación como objetivo. “Logró desarticular dos frentes de las Farc en el departamento de Santander. En el desarrollo de esta operación se capturaron 118 subversivos y se neutralizaron 62 más. Además, se evidenció el reclutamiento ilícito que estaban realizando las Farc”. El 13 de febrero de 2001, el presidente Andrés Pastrana condecoró a un grupo de oficiales y suboficiales por el éxito de la acción, coordinada por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, brigadier general Martín Orlando Carreño. Incluso mereció un trabajo impreso del Departamento Jurídico Integral, con el resaltado de “héroes bicentenarios, avanzando por Colombia”, con testimonios de reclutamiento de las Farc desde que fueron incorporados a la columna móvil.

La misma documentación oficial constata que la orden de operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre de 2000, con la misión de bloquear una avanzada guerrillera que se dirigía hacia el departamento de Santander. La orden estaba sustentada en la información dada a los militares por los desertores de la columna Arturo Ruiz. Por eso sabían del componente mayoritario de menores de edad reclutados contra su voluntad. No obstante, la orden de batalla incluyó soporte aéreo y la participación de militares de los batallones García Rovira, Capitán Ricaurte, Luciano D’Elhuyar y Los Guanes. El parte militar reportó que las acciones se prolongaron hasta enero de 2001 y que entre los capturados había 23 menores de edad. La Operación Berlín quedó enmarcada en letras de oro, hasta que los sobrevivientes se convencieron de que faltaba su verdad.

En marzo de 2019, la organización Benposta Nación de Muchachos y un grupo consultor en defensa de los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso rompieron su silencio para contar una historia a la que le faltaba una pieza central: el sacrificio de los menores vertido en los testimonios de quienes vivieron para contarlo. “Momentos difíciles, muchos compañeros muertos en combate tuve que ver. Incluso tengo un cargo de consciencia que me pesa mucho, porque cuando el Ejército me encontró, ellos me prometen muchas cosas (...) en ese momento es cuando decido hablar y entrego a mis compañeros. Cuando a las horas, veo a mis compañeros caídos, o sea asesinados por el Ejército. Fueron momentos difíciles que al pasar el tiempo lloro y no lo logro superar”. El documento luego fue ampliado en el reporte “Nos violentaron con promesas de libertad”.

Con desoladores relatos de cómo vieron caer a los compañeros que salieron de sus refugios con las manos arriba, convencidos por los anuncios de los soldados de que se les iba a respetar la vida. Cuando intervino un capitán para frenar las ejecuciones, ya habían caído dos menores, uno de 14 y el otro de 15 años. Tras los interrogatorios y las labores de inteligencia, el desenlace lo resumió uno de los testigos: “Al rato, por la tarde, es que empiezan a llegar ellos, y empiezan a llegar cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, y empiezan a hacer una celebración con las ametralladoras porque tenían esa cantidad. Y todos mis compañeros ahí reventados, y me dijeron a mí: ‘Agradezca que usted no está ahí, porque o si no hubiera quedado con la cabeza floriada’”. Así quedaron las víctimas de la columna Arturo Ruiz: desfiguradas, desmembradas, con estallido de masa encefálica.

Los informes de Benposta y del grupo consultor en la defensa de los niños y niñas contra el reclutamiento forzado llegaron directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No fueron planteados a la justicia ordinaria por sus escasos avances en el estudio de este y otros casos de reclutamiento de menores en el conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, a través de un auto expedido en marzo de 2019, había creado el macrocaso 007, alusivo al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Siete meses después ordenó que el tema fuera estudiado a partir de dos enfoques: la responsabilidad de las Farc y la de la fuerza pública. En desarrollo de esta segunda faceta, la JEP dispuso que una magistrada revisara las verdades ocultas de la Operación Berlín.

(Le podría interesar: Operación Berlín: el calvario de los niños reclutados por las Farc)

Esa magistrada de la JEP que, según las fuentes, pidió estar en el caso, recibió 17 versiones voluntarias de altos mandos de las Farc para entender su lógica frente al reclutamiento y tramitó diligencias de inspección en unidades militares y despachos judiciales. Su primera conclusión fue que “el resultado de las averiguaciones frente a los hechos de la llamada Operación Berlín fue particularmente fructífero, pues se logró acopiar importante material probatorio que develó una notoria discrepancia entre comparar la verdad judicial y mediática de los hechos con la información obtenida”. En otras palabras, que la acción militar, presentada como uno de los mayores resultados operacionales en la historia de las Fuerzas Militares por el número de bajas y porque develó el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de la guerrilla, no resultó ser heroica ni ejemplar.

En contraste, entre los hallazgos de la pesquisa de la magistrada y el balance provisional de su magistratura en movilidad constató que “el Ejército, antes de realizar ataques y bombardeos, sabía que la columna Arturo Ruiz estaba conformada entre un 70 y 80 % por menores de edad que se desplazaban desde San Vicente del Caguán hasta el Magdalena Medio”. Y agrega la magistrada, en una decisión conocida por este diario, que el Ejército “también sabía que las instrucciones dadas por la comandancia de la columna Arturo Ruiz eran de no atacar a la fuerza pública, sino llevar a los menores de edad hasta el Magdalena Medio”. A todas luces, a raíz de los reportes dados por los desertores convertidos en informantes, los militares que aniquilaron a la mayoría de integrantes del desplazamiento guerrillero tenían pleno conocimiento de que enfrentaban a un enemigo vulnerable.

En criterio de la magistrada, con su conducta los militares desconocieron principios de proporción y precaución contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, y pudieron incurrir en crímenes de guerra sobre personas protegidas, perfidia, orden de no dar cuartel (no dejar a nadie con vida), tortura psicológica, tratos crueles y degradantes y amenazas de violencia sexual. Con otro agravante: varios cadáveres fueron reportados como si fueran adultos, y fue clara la inconsistencia entre las cifras oficiales y las que se dieron en los medios. Los cuerpos que quedaron después de los bombardeos, ametrallamientos y las ejecuciones fueron repartidos entre los cementerios de Suratá, Arboledas, Chítaga, Vetas, Tona, Matanza, Mutiscúa, California, Rionegro, El Playón y Cáchira. Dieciséis cuerpos fueron a dar al cementerio de Campohermoso, en el Huila, como constató una Fiscalía.

La JEP hizo requerimientos a nueve batallones con dos respuestas. Ahora busca que, como un ejercicio de justicia dialógica y restaurativa y como un aporte a la verdad, desde su experiencia de lo que pasó en la Operación Berlín, los oficiales que tuvieron a cargo la misión militar den una versión voluntaria. El general Martín Orlando Carreño, entonces comandante de la Quinta Brigada, ya no puede hacerlo porque falleció en 2007. Pero la JEP quiere escuchar la versión voluntaria del general Eduardo Santos Quiñones, excomandante de la segunda división; de José Óscar García Battle, excomandante del Batallón García Rovira; del coronel José Isaac Hoyos, excomandante del Batallón de Fuerzas Especiales; del mayor Oswaldo Peña Bermeo, del Batallón de Contraguerrilla Los Guanes, y del coronel Nelson Hernando Rojas, comandante del B2 de la Quinta Brigada.

(Lea también: En busca de los desaparecidos de la operación Berlín)

El auto de la magistrada antepone la discusión sobre la condición de víctimas de los niños y niñas reclutados por grupos armados ilegales, según ella, ignorada desde hace tiempo. En el documento deja expreso que no solo los autores materiales del reclutamiento desconocen el daño y la ilegalidad del hecho, sino también “diferentes instituciones del Estado, lo que se evidencia en la judicialización de las víctimas, su utilización como insumo de información militar y, recientemente, la referencia a ellas como ‘¿máquinas de guerra’, afirmación con la que se justificó la muerte de menores a manos del Ejército, en desconocimiento del derecho a la vida y del debido proceso”. La referencia corresponde a las declaraciones del hoy ministro de Defensa, Diego Molano, tras el bombardeo a un campamento de Gentil Duarte, líder de las disidencias en Guaviare.

Según las denuncias que luego dieron pie a un agitado debate de control político en el Congreso de la República, en ese hecho, ocurrido en marzo de 2021, habrían muerto varios niños que fueron reclutados por la organización ilegal. La frase del hoy ministro Diego Molano lo puso en el blanco de las críticas y días después tuvo que matizar sus palabras aclarando que tenía “absoluta certeza en que los niños reclutados son víctimas, pero, en el transcurso de ese proceso, los convierten en combatientes y ‘máquinas de guerra’ que son capaces de cometer atrocidades”. Sin embargo, su frase ya había calado entre los sobrevivientes de la Operación Berlín, quienes, pese a las amenazas que continúan recibiendo, decidieron contarle todo a la JEP “para que no haya ningún otro niño que pueda ser visto como una máquina de guerra”.

El Espectador trató de contactar a la magistrada del caso, pero no obtuvo su comentario. En abril de este año, la magistrada envió sus hallazgos a la Comisión de la Verdad y, por supuesto, a la Sala de Reconocimiento. Junto a sus conclusiones, las versiones de los niños y niñas (hoy adultos), llenas de preguntas sobre la Colombia profunda. El niño del Guaviare Abajo, de doce años, sin estudio alguno, desde los ocho raspachín de coca hasta que fue reclutado. La menor que se fue a probar una vida distinta a la pobreza y aprendió a ser enfermera de sus compañeros. El recuerdo del joven nukak maku del que nunca se volvió a saber. O el momento en el que subieron a una de las capturadas a un helicóptero militar junto a una montonera de cadáveres, antes de improvisar ante los periodistas un libreto aprendido de cómo fueron reclutados por las Farc y rescatados por el Ejército.

Relatos que dos décadas después recobran fuerza ante la dimensión de una verdad mayor a la que se fabricó hace veinte años. “Más indignados se pusieron y de una vez dijeron que definitivamente tenían que acabar con nosotros. Estando en esos combates, como ya más o menos nos dejaron unos 30 o 35, plomo va y plomo viene, de un momento a otro se calmó todo. Ya no se escucharon más tiros. Entonces reportaron por radio: los tenemos, ya se entregaron, ¿qué hacemos con ellos? Entonces llegó otro teniente que no reportó por radio dijo: ‘No quiero ningún catrehijueputa de esos guerrilleros vivos, aquí me los traen pero muertos’”. El testigo, que en noviembre de 2000 era un menor, cuenta que todo lo escuchó tendido en el piso junto a otros compañeros. “A otros lo que hicieron fue rafaguearlos, por eso quedaron irreconocibles, la mayoría sin la cabeza y sin la carraca”.

Eran niños y niñas en pueblos lejanos, cuando las Farc se los llevaron seducidos con falsas promesas o a la fuerza. A las niñas las obligaron a que una enfermera les colocara dispositivos anticonceptivos . Contra su voluntad, en vez de su infancia aprendieron a delinquir y a usar armas. Como lo tituló un informe de la organización Human Rights Watch, la consigna común de su reclutamiento fue: “Aprenderás a no llorar”. Sus memorias en el olvido fueron recobradas a tiempo por Benposta Nación de Muchachos y el grupo consultor que apoya su iniciativa contra este delito. Ninguno quiere que la verdad de lo sucedido se extravíe en las telarañas de la impunidad. Ahora, la opción es que la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad al menos puedan insistir en que se rectifique la equivocada versión legendaria sobre la Operación Berlín.

El Espectador trató de contactar al Ejército para conocer su versión sobre esta nueva versión de la Operación Berlín. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue: “La Operación Berlín se encuentra dentro del caso n°007 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la cual dar algún tipo de información o declaración fuera de un contexto legal, podría trasgredir el debido proceso y/o afectar la reserva y la defensa de quienes eventualmente sean investigados”.

Nadie tiene la cifra exacta. Se dice que fueron al menos 250 menores reclutados al paso de la guerra de las Farc en Guaviare, Meta y Putumayo, en tiempos en los que el gobierno Pastrana dialogaba de paz en el Caguán. Se los llevaron de sus casas o fueron cooptados en discotecas o entre los raspachines de la coca. Un día los reunieron en la Macarena (Meta) y el Mono Jojoy dispuso que iban a ser el semillero de la columna móvil Arturo Ruiz. Por eso, debían ser trasladados hasta el Magdalena Medio. Una ruta azarosa por cinco departamentos al borde del delito que terminó en exterminio, y niños y niñas víctimas e inmersos en una inexplicable operación militar que fue exaltada como histórica y sus oficiales distinguidos. Un capítulo sin perdón por las vidas en su florecer que murieron ni reparación para los sobrevivientes, que ahora le cuentan a la justicia la otra parte de esta historia.

Documentos oficiales y reservados, en poder de El Espectador, dan cuenta de todos los detalles de este episodio. La columna llevó el nombre de Arturo Ruiz, en memoria de un guerrillero muerto en abril de 1998, como lo exaltó en El Borugo el Mono Jojoy, en la orden dada a Israel Martínez, alias Rogelio. Él debía llevar la columna hasta Santander, donde los jóvenes tenían que prepararse para enfrentar la embestida paramilitar que llegaba a las calles de Barrancabermeja. Los que vivieron para contar lo que pasó reconocen que fue “mucho sufrimiento”, y que, desde la partida, en la mente de los menores, el propósito común era fugarse. Tanto Rogelio como sus colaboradores llevaban una orden inequívoca: no atacar a nadie. Se trataba de una columna de inexpertos de 13 a 17 años. Por eso, el avance se hizo esquivando a la fuerza pública. Entonces vinieron las deserciones y el desenlace trágico, que se llamó Operación Berlín.

En un listado de acciones militares memorables, una publicación del Ejército impresa en 2018 resumió su justificación como objetivo. “Logró desarticular dos frentes de las Farc en el departamento de Santander. En el desarrollo de esta operación se capturaron 118 subversivos y se neutralizaron 62 más. Además, se evidenció el reclutamiento ilícito que estaban realizando las Farc”. El 13 de febrero de 2001, el presidente Andrés Pastrana condecoró a un grupo de oficiales y suboficiales por el éxito de la acción, coordinada por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército, brigadier general Martín Orlando Carreño. Incluso mereció un trabajo impreso del Departamento Jurídico Integral, con el resaltado de “héroes bicentenarios, avanzando por Colombia”, con testimonios de reclutamiento de las Farc desde que fueron incorporados a la columna móvil.

La misma documentación oficial constata que la orden de operaciones 046 salió del comando de la Quinta Brigada el 18 de noviembre de 2000, con la misión de bloquear una avanzada guerrillera que se dirigía hacia el departamento de Santander. La orden estaba sustentada en la información dada a los militares por los desertores de la columna Arturo Ruiz. Por eso sabían del componente mayoritario de menores de edad reclutados contra su voluntad. No obstante, la orden de batalla incluyó soporte aéreo y la participación de militares de los batallones García Rovira, Capitán Ricaurte, Luciano D’Elhuyar y Los Guanes. El parte militar reportó que las acciones se prolongaron hasta enero de 2001 y que entre los capturados había 23 menores de edad. La Operación Berlín quedó enmarcada en letras de oro, hasta que los sobrevivientes se convencieron de que faltaba su verdad.

En marzo de 2019, la organización Benposta Nación de Muchachos y un grupo consultor en defensa de los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso rompieron su silencio para contar una historia a la que le faltaba una pieza central: el sacrificio de los menores vertido en los testimonios de quienes vivieron para contarlo. “Momentos difíciles, muchos compañeros muertos en combate tuve que ver. Incluso tengo un cargo de consciencia que me pesa mucho, porque cuando el Ejército me encontró, ellos me prometen muchas cosas (...) en ese momento es cuando decido hablar y entrego a mis compañeros. Cuando a las horas, veo a mis compañeros caídos, o sea asesinados por el Ejército. Fueron momentos difíciles que al pasar el tiempo lloro y no lo logro superar”. El documento luego fue ampliado en el reporte “Nos violentaron con promesas de libertad”.

Con desoladores relatos de cómo vieron caer a los compañeros que salieron de sus refugios con las manos arriba, convencidos por los anuncios de los soldados de que se les iba a respetar la vida. Cuando intervino un capitán para frenar las ejecuciones, ya habían caído dos menores, uno de 14 y el otro de 15 años. Tras los interrogatorios y las labores de inteligencia, el desenlace lo resumió uno de los testigos: “Al rato, por la tarde, es que empiezan a llegar ellos, y empiezan a llegar cuerpos, cuerpos, cuerpos, cuerpos, y empiezan a hacer una celebración con las ametralladoras porque tenían esa cantidad. Y todos mis compañeros ahí reventados, y me dijeron a mí: ‘Agradezca que usted no está ahí, porque o si no hubiera quedado con la cabeza floriada’”. Así quedaron las víctimas de la columna Arturo Ruiz: desfiguradas, desmembradas, con estallido de masa encefálica.

Los informes de Benposta y del grupo consultor en la defensa de los niños y niñas contra el reclutamiento forzado llegaron directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No fueron planteados a la justicia ordinaria por sus escasos avances en el estudio de este y otros casos de reclutamiento de menores en el conflicto armado. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, a través de un auto expedido en marzo de 2019, había creado el macrocaso 007, alusivo al reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Siete meses después ordenó que el tema fuera estudiado a partir de dos enfoques: la responsabilidad de las Farc y la de la fuerza pública. En desarrollo de esta segunda faceta, la JEP dispuso que una magistrada revisara las verdades ocultas de la Operación Berlín.

(Le podría interesar: Operación Berlín: el calvario de los niños reclutados por las Farc)

Esa magistrada de la JEP que, según las fuentes, pidió estar en el caso, recibió 17 versiones voluntarias de altos mandos de las Farc para entender su lógica frente al reclutamiento y tramitó diligencias de inspección en unidades militares y despachos judiciales. Su primera conclusión fue que “el resultado de las averiguaciones frente a los hechos de la llamada Operación Berlín fue particularmente fructífero, pues se logró acopiar importante material probatorio que develó una notoria discrepancia entre comparar la verdad judicial y mediática de los hechos con la información obtenida”. En otras palabras, que la acción militar, presentada como uno de los mayores resultados operacionales en la historia de las Fuerzas Militares por el número de bajas y porque develó el reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de la guerrilla, no resultó ser heroica ni ejemplar.

En contraste, entre los hallazgos de la pesquisa de la magistrada y el balance provisional de su magistratura en movilidad constató que “el Ejército, antes de realizar ataques y bombardeos, sabía que la columna Arturo Ruiz estaba conformada entre un 70 y 80 % por menores de edad que se desplazaban desde San Vicente del Caguán hasta el Magdalena Medio”. Y agrega la magistrada, en una decisión conocida por este diario, que el Ejército “también sabía que las instrucciones dadas por la comandancia de la columna Arturo Ruiz eran de no atacar a la fuerza pública, sino llevar a los menores de edad hasta el Magdalena Medio”. A todas luces, a raíz de los reportes dados por los desertores convertidos en informantes, los militares que aniquilaron a la mayoría de integrantes del desplazamiento guerrillero tenían pleno conocimiento de que enfrentaban a un enemigo vulnerable.

En criterio de la magistrada, con su conducta los militares desconocieron principios de proporción y precaución contemplados en el Derecho Internacional Humanitario, y pudieron incurrir en crímenes de guerra sobre personas protegidas, perfidia, orden de no dar cuartel (no dejar a nadie con vida), tortura psicológica, tratos crueles y degradantes y amenazas de violencia sexual. Con otro agravante: varios cadáveres fueron reportados como si fueran adultos, y fue clara la inconsistencia entre las cifras oficiales y las que se dieron en los medios. Los cuerpos que quedaron después de los bombardeos, ametrallamientos y las ejecuciones fueron repartidos entre los cementerios de Suratá, Arboledas, Chítaga, Vetas, Tona, Matanza, Mutiscúa, California, Rionegro, El Playón y Cáchira. Dieciséis cuerpos fueron a dar al cementerio de Campohermoso, en el Huila, como constató una Fiscalía.

La JEP hizo requerimientos a nueve batallones con dos respuestas. Ahora busca que, como un ejercicio de justicia dialógica y restaurativa y como un aporte a la verdad, desde su experiencia de lo que pasó en la Operación Berlín, los oficiales que tuvieron a cargo la misión militar den una versión voluntaria. El general Martín Orlando Carreño, entonces comandante de la Quinta Brigada, ya no puede hacerlo porque falleció en 2007. Pero la JEP quiere escuchar la versión voluntaria del general Eduardo Santos Quiñones, excomandante de la segunda división; de José Óscar García Battle, excomandante del Batallón García Rovira; del coronel José Isaac Hoyos, excomandante del Batallón de Fuerzas Especiales; del mayor Oswaldo Peña Bermeo, del Batallón de Contraguerrilla Los Guanes, y del coronel Nelson Hernando Rojas, comandante del B2 de la Quinta Brigada.

(Lea también: En busca de los desaparecidos de la operación Berlín)

El auto de la magistrada antepone la discusión sobre la condición de víctimas de los niños y niñas reclutados por grupos armados ilegales, según ella, ignorada desde hace tiempo. En el documento deja expreso que no solo los autores materiales del reclutamiento desconocen el daño y la ilegalidad del hecho, sino también “diferentes instituciones del Estado, lo que se evidencia en la judicialización de las víctimas, su utilización como insumo de información militar y, recientemente, la referencia a ellas como ‘¿máquinas de guerra’, afirmación con la que se justificó la muerte de menores a manos del Ejército, en desconocimiento del derecho a la vida y del debido proceso”. La referencia corresponde a las declaraciones del hoy ministro de Defensa, Diego Molano, tras el bombardeo a un campamento de Gentil Duarte, líder de las disidencias en Guaviare.

Según las denuncias que luego dieron pie a un agitado debate de control político en el Congreso de la República, en ese hecho, ocurrido en marzo de 2021, habrían muerto varios niños que fueron reclutados por la organización ilegal. La frase del hoy ministro Diego Molano lo puso en el blanco de las críticas y días después tuvo que matizar sus palabras aclarando que tenía “absoluta certeza en que los niños reclutados son víctimas, pero, en el transcurso de ese proceso, los convierten en combatientes y ‘máquinas de guerra’ que son capaces de cometer atrocidades”. Sin embargo, su frase ya había calado entre los sobrevivientes de la Operación Berlín, quienes, pese a las amenazas que continúan recibiendo, decidieron contarle todo a la JEP “para que no haya ningún otro niño que pueda ser visto como una máquina de guerra”.

El Espectador trató de contactar a la magistrada del caso, pero no obtuvo su comentario. En abril de este año, la magistrada envió sus hallazgos a la Comisión de la Verdad y, por supuesto, a la Sala de Reconocimiento. Junto a sus conclusiones, las versiones de los niños y niñas (hoy adultos), llenas de preguntas sobre la Colombia profunda. El niño del Guaviare Abajo, de doce años, sin estudio alguno, desde los ocho raspachín de coca hasta que fue reclutado. La menor que se fue a probar una vida distinta a la pobreza y aprendió a ser enfermera de sus compañeros. El recuerdo del joven nukak maku del que nunca se volvió a saber. O el momento en el que subieron a una de las capturadas a un helicóptero militar junto a una montonera de cadáveres, antes de improvisar ante los periodistas un libreto aprendido de cómo fueron reclutados por las Farc y rescatados por el Ejército.

Relatos que dos décadas después recobran fuerza ante la dimensión de una verdad mayor a la que se fabricó hace veinte años. “Más indignados se pusieron y de una vez dijeron que definitivamente tenían que acabar con nosotros. Estando en esos combates, como ya más o menos nos dejaron unos 30 o 35, plomo va y plomo viene, de un momento a otro se calmó todo. Ya no se escucharon más tiros. Entonces reportaron por radio: los tenemos, ya se entregaron, ¿qué hacemos con ellos? Entonces llegó otro teniente que no reportó por radio dijo: ‘No quiero ningún catrehijueputa de esos guerrilleros vivos, aquí me los traen pero muertos’”. El testigo, que en noviembre de 2000 era un menor, cuenta que todo lo escuchó tendido en el piso junto a otros compañeros. “A otros lo que hicieron fue rafaguearlos, por eso quedaron irreconocibles, la mayoría sin la cabeza y sin la carraca”.

Eran niños y niñas en pueblos lejanos, cuando las Farc se los llevaron seducidos con falsas promesas o a la fuerza. A las niñas las obligaron a que una enfermera les colocara dispositivos anticonceptivos . Contra su voluntad, en vez de su infancia aprendieron a delinquir y a usar armas. Como lo tituló un informe de la organización Human Rights Watch, la consigna común de su reclutamiento fue: “Aprenderás a no llorar”. Sus memorias en el olvido fueron recobradas a tiempo por Benposta Nación de Muchachos y el grupo consultor que apoya su iniciativa contra este delito. Ninguno quiere que la verdad de lo sucedido se extravíe en las telarañas de la impunidad. Ahora, la opción es que la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad al menos puedan insistir en que se rectifique la equivocada versión legendaria sobre la Operación Berlín.

El Espectador trató de contactar al Ejército para conocer su versión sobre esta nueva versión de la Operación Berlín. Sin embargo, la respuesta que obtuvo fue: “La Operación Berlín se encuentra dentro del caso n°007 ante la Jurisdicción Especial para la Paz, razón por la cual dar algún tipo de información o declaración fuera de un contexto legal, podría trasgredir el debido proceso y/o afectar la reserva y la defensa de quienes eventualmente sean investigados”.