El oro viene del espacio y no se mezcla con ningún otro metal, explica la ciencia. Se originó cuando una estrella gigante estalló en miles de partículas, hace millones de años. Una nube vagabunda de escarcha que vino a estrellarse a la Tierra y que se dispersó y escondió en la formación de las cordilleras y de los mares. Hace cinco siglos los españoles llegaron a Colombia buscándolo con locura, porque somos un país rico de ese codiciado metal que solo en los dos últimos dos años ha superado su valor económico en más de un 200 %. Sobre todo después de la pandemia del covid-19 y de la guerra en Ucrania, que sacudieron la estabilidad de los mercados financieros internacionales.

Durante los tiempos de la Colonia, cuando descubrieron dónde estaban las vetas, los españoles montaron minas de oro tecnificadas sobre los tres ramales de montaña más importantes y, para trabajarlas, esclavizaron a centenares de indígenas y comunidades negras que trajeron de África. Cuando fueron derrotados por los ejércitos de Bolívar, las minas de oro terminaron en manos de los ingleses, porque habían ayudado con armas y oficiales a pelear contra la Corona Española. Así pasó en la cordillera Occidental, que mira al Pacífico, y en la Central, que se extiende desde el Macizo Colombiano, en el Cauca, hasta la Serranía de San Lucas, en el departamento de Bolívar.

Tras la guerra de Independencia, en 1852 se conformó The Frontino and Bolivia Company, una empresa de capital inglés con minas de veta (que perfora por dentro la montaña) en Remedios y Segovia, Antioquia. En una zona rica en agua que se extiende entre las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, y es paso estratégico entre el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño. Con título de explotación a perpetuidad, que tecnificó y mejoró la explotación de oro. Las minas El Silencio, Providencia y Sandra K, en Segovia, y La Carla, en Remedios, se volvieron famosas por su productividad. De esta manera, la fiebre del oro puso sus ojos en el nordeste antioqueño. Y no cede desde entonces, como tampoco la disputa violenta.

Ya en el siglo XX, en el año 1910, la Frontino pasó a manos de la corporación estadounidense International Mining Corporation, conocida como Frontino Gold Mines. Esta venta precarizó las condiciones laborales y dividió a las comunidades mineras campesinas. Para ese momento ya se cuestionaba que la Frontino tuviera un título, como muy pocos en el país. Se trata de un “Reconocimiento de Propiedad Privada” (RPP 140), figura que permite ser titular o dueño del subsuelo explotado, aunque el Gobierno después expidió la Ley 20 de 1969, que estableció que todas las minas pertenecían a la nación. Sin embargo, la Frontino demostró que explotó la mina de manera ininterrumpida desde 1825 y no se extinguió su derecho a perpetuidad.

La empresa operó hasta 1975, cuando se declaró en quiebra argumentando inviabilidad en la operación por el desplome del precio del oro en los mercados internacionales, el asedio de las guerrillas del Eln y las Farc, la carga pensional y la convención colectiva de los trabajadores sindicalizados desde 1935. Desde entonces funcionó bajo la figura de “concordato preventivo” y la dirección de los trabajadores y pensionados. Así fue hasta 2011, año en el que la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, a través de su subsidiaria Zandor Capital S. A., formalizó la compra. Los derechos de “explotación a perpetuidad”, en un área de 9.000 hectáreas, pasaron a manos de otra compañía con capital extranjero, y en la mitad quedaron cientos de familias mineras informales que se han ganado la vida explotando el mineral.

Apoya el periodismo en el que crees

Suscríbete

Una historia de violencia y zozobra

En los años 80 y 90 el conflicto armado se recrudeció en esta región minera y las masacres se normalizaron. Los “grupos privados de seguridad” llegaron a la región de la mano del paramilitar y narcotraficante Fidel Castaño Gil, quien impuso un nuevo orden económico y la idea genérica de desaparecer cualquier rastro subversivo o de “izquierda”. Por esa razón, el exterminio del Partido Unión Patriótica encontró en la región una de sus expresiones más radicales. Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el período entre 1982 y 1997, en Remedios y Segovia fueron asesinados 347 civiles, 103 de los cuales eran gestores de la movilización social y política.

Esa tendencia continuó en el período entre 1998 y 2012 con otras 15 masacres en la región y un saldo de 211 víctimas fatales. Por sus proporciones y contexto, uno de los pocos casos que han avanzado en la justicia lo constituye el expediente de la masacre de Segovia, perpetrada el 11 de noviembre de 1988, con el asesinato de 46 personas, incluidos niños y ancianos. La justicia concluyó que algunos miembros de las Fuerzas Militares actuaron bajo la sigla MRN (Muerte a Revolucionarios del Nordeste) y que lo hicieron en complicidad con fuerzas paramilitares y políticas, por ejemplo del dirigente político liberal César Pérez García, condenado por la Corte Suprema de Justicia como determinador.

Gravitando alrededor del oro, la región convivió con el conflicto. Los grupos guerrilleros se quedaron en las zonas rurales y los grupos de autodefensa se instalaron en las cabeceras urbanas, bajo distintos remoquetes y en sus guerras internas: Muerte a Secuestradores (MAS), Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), Dignidad Antioqueña, Grupo de Autodefensas del Nordeste (GAN), el Bloque Metro de las Auc, el Bloque Central Bolívar de las Auc, los Urabeños o AGC, las Águilas Negras, los Rastrojos, Héroes del Nordeste. Una de las disputas más cruentas la dio el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), facción paramilitar vinculada al narcotráfico y dispuesta a sacar del camino al Bloque Metro (BM).

El Bloque Central Bolívar dejó su propia historia de terror y despojo, y después de incontables crímenes y violaciones de los derechos humanos, en 2003 se impuso a costa de decenas de muertos. Con su desmovilización, el 31 de enero de 2006, en desarrollo del proceso de negociación con el gobierno Uribe, el control del nordeste y de parte del Bajo Cauca antioqueño quedó en manos de los testaferros de quien ofició en la zona como su máximo comandante, Carlos Mario Jiménez, conocido en la guerra como Macaco. Cuando Macaco fue extraditado por narcotráfico a Estados Unidos, en mayo de 2008, el nordeste antioqueño volvió a ser objeto de disputa territorial entre los Rastrojos y los Urabeños, que entre 2012 y 2013 cobró la vida de 383 personas.

Al final se impusieron los Urabeños, autodenominados como las AGC o llamados Clan del Golfo por las autoridades. Hoy, casi una década después, las AGC tienen la hegemonía armada en las cabeceras municipales de Segovia y Remedios. Como testigos mudos ofician las paredes, marcadas con las siglas AGC en espray negro que nadie se atreve a borrar, así como las “cuotas de seguridad o administración”, como se conocen las extorsiones. Todos los negocios pagan al mes, dependiendo de los ingresos. Nadie se salva: discotecas, bares, papelerías, panaderías, restaurantes, almacenes o compraventas de oro. Y nadie habla del tema sin pedir reserva de identidad. De hecho, no es fácil moverse con libertad entre esos dos municipios sin su autorización. Lo comprobó El Espectador.

Ser mujer en la “cultura minera”

El miedo sigue intacto. Algunos pobladores dicen que se alojó para siempre en esta subregión de Antioquia, muy devota de la Virgen del Carmen, aunque eso no impide que haya fiesta y bares abiertos hasta medianoche durante toda la semana, en especial en Segovia. “Todos los días un minero se hace rico y otro pobre”, dicen. Los pobladores se refieren a un rasgo inocultable de la cultura minera: el derroche y el consumo sin freno, la búsqueda de reconocimiento entre los varones, recios y “machos”. Lo que ganan en la mina se lo pueden gastar esa misma noche. Enseñados al trabajo y la vida azarosos, la lógica parece ser que no hay mañana. Prevalece una cultura asociada al narcotráfico, con excentricidades como restaurantes de extranjeros en los que se paga por una langosta hasta $300.000 y un comercio sexual de mujeres desbordado.

“Lujos” que contrastan con el hospital de tercer nivel, las vías maltrechas intransitables en el invierno y la precariedad del acueducto veredal. En el último tiempo hay cada vez más mujeres que trabajan en las unidades mineras, en especial en las más organizadas, como El Cogote, pero se dedican a actividades de administración, seguridad o de supervisión. Verifican, por ejemplo, si los mineros llegan amanecidos, con tufo de alcohol, a perforar roca bajo la superficie. Sin embargo, la brecha laboral y de ingresos respecto a los trabajadores sigue siendo enorme. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y octubre de 2022 el 16 % de personas ocupadas en minas y canteras eran mujeres.

Por fuera de las unidades mineras, las demás mujeres, muchas a cargo de sus familias, se dedican a la economía de subsistencia. A cielo abierto como “chatarreras”, recogiendo los restos que ya no sirven a otros, o “barequeando” artesanalmente un “huevero” (un bulto de roca de mina de oro) que los propietarios de las minas les dan. Constituyen el último eslabón de la cadena productiva alrededor de la minería artesanal o de pequeña escala, junto a los que viven de pocos ingresos como los carreteros, arrieros y volqueteros, que transportan el material de la mina a los entables, o los que palean y encostalan el material, conocidos como "catangueros". En cualquier caso, con la mina obtienen ingresos que superan cualquier salario mínimo en el país. Una “chatarrera” dedicada puede ganarse más de $2 millones mensuales.

Ver a una mujer minera de socavón sigue siendo una rareza. Pero lo era mucho más hace 37 años, cuando llegó Teresita del Carmen Álvarez Bohórquez. Venía de Córdoba buscando ingresos para sacar adelante a sus tres hijos. “Yo me volaba de mi marido para ir a las quebradas a "barequear", como otras personas, buscando autonomía, porque nunca me dejé dominar de un hombre, yo era salvaje”, dice esta mujer robusta, de 58 años, sentada en el sofá de la casa de su nieta, que la mira orgullosa. Agrega que en ese entonces logró que la recibieran en la mina El Cogote, a las afueras de Segovia, que perteneció a la Frontino y que quedó abandonada cuando quebró la compañía inglesa.

En agosto de 1975, 45 mineros tomaron posesión de la mina y volvieron a trabajarla. La adecuaron y le invirtieron en infraestructura. “En ese tiempo martillábamos con martillo de cuatro libras y taladro, rompíamos la roca a mano”, recalca Teresita del Carmen. Esa ha sido su vida. “La mina me lo ha dado todo, compañerismo, forjarme a mí misma sin permitir que ningún hombre me pisoteara. Yo veía que muchas mujeres entraban, no a trabajar en la mina, sino a recibir un “huevero”, un pucho de mina que les regalaban. Y muchas tenían que hacer sacrificios personales. Como mujer lo sabía. No tuve que hacerlo. Es lo más bonito que me pasó. Si me iba a acostar con un hombre era porque quería, no porque me fuera a ganar algo para sobrevivir. Crié a mis hijos, les di estudio y hoy tengo dos casas. Cogote era una minita, no una empresa. A la multinacional se le abrió el apetito cuando vio la mina organizada”.

La empresa Cogote es un referente de asociación minera de base, estimada y protegida por la comunidad de los municipios de Remedios y Segovia, hoy conformada por 119 asociados, que genera, según ellos, más de 670 empleos directos. Por esas razones de esfuerzo colectivo, el pasado 17 de agosto, luego de que un juez ordenara el desalojo de la asociación, decenas de personas llegaron hasta la mina para manifestar su descontento e impedir la diligencia de entrega. El litigio corresponde a un proceso administrativo que instauró la multinacional, a través de su filial en Colombia en 2013, y que falló a su favor la justicia, en segunda instancia.

Tensiones mineras

“El día de la diligencia fue muy sentido. La sola presencia de la comunidad impidió la entrega. Ahora esperamos que esto nunca se dé, que el nuevo Gobierno pueda incluirnos en la reforma jurídica al Código Minero, que todos quepamos en el territorio. Tenemos recursos jurídicos en curso, que esperamos que prosperen”, resalta Davián Orozco, uno de los asociados de Cogote. Consultada por El Espectador, la multinacional Gran Colombia Gold, que desde septiembre cambió su nombre a Aris Mining, pero continúa con capital canadiense, aseguró que para conjurar las tensiones existentes está abierta al diálogo, “no solo con la mina El Cogote, sino de otras minas de las regiones donde tenemos presencia”. Asimismo, aseguró que da “la bienvenida a las reformas que puedan mejorar las condiciones de operar y ofrecer mayor protección a los pequeños mineros de la región”.

En 2018, la compañía interpuso una demanda internacional ante un Tribunal de Arbitramento adscrito al Banco Mundial. El proceso está en etapa avanzada y de salir a su favor podría ordenar al Estado colombiano el pago de hasta US$800 millones, sentando un precedente jurídico alarmante, ante futuras demandas, para la ya preocupante estabilidad fiscal del país. La empresa alega haber solicitado más de 400 amparos administrativos infructuosos y peticiones ante las autoridades para proteger y desalojar a los mineros que califica de ilegales y están en el área del título minero de explotación a perpetuidad, que adquirió durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

Legalidad de papel

Desde 2010, cuando la multinacional canadiense entró a operar a este conflictivo distrito minero, las tensiones sociales no se hicieron esperar. Los despidos masivos y el cambio en las reglas de juego significaron para muchos mineros medianos y pequeños el comienzo del fin del oficio. “La minería es una actividad demasiado costosa, por eso la gente se organiza, todos ponen y así se logra desarrollar una mina. Lo llamamos “puestaje”, así podemos tener hasta 100 personas trabajando o interviniendo en una unidad minera. Son proyectos que pueden durar 5 o 7 años en producir”, dice Yarley Marín, para explicar por qué los contratos que les ofreció la multinacional son “un modo de esclavitud en el siglo XXI”.

Marín es parte de la Mesa Minera Segovia-Remedios, una organización social que surgió para agremiar y defender a los pequeños y medianos mineros de lo que ellos llaman “una brutal campaña de estigmatización, criminalización y persecución” que empezó con fuerza en su contra a partir de 2014. “Todo empezó a raíz de unas operaciones de la Policía, denominadas Troya, donde les quitaban la mina a los arrieros o transportadores que la llevaban hasta las plantas de beneficio o entables, como llamamos acá en donde se procesa la mina de oro. Nos vimos en la obligación de organizarnos y salir a las calles a protestar, porque vimos que violaban nuestros derechos”. En 2015, la Agencia Nacional de Minería expidió el Rucom, que certifica qué mineros están autorizados para comercializar minerales, pero quedaron por fuera cientos de mineros artesanales.

¿Qué pasa hoy?, se pregunta Jairo Cárdenas, gerente de sostenibilidad minera de la Alianza por la Minería Responsable (ARM, por sus siglas en inglés), organización internacional que busca mejores prácticas mineras, reconocida en Latinoamérica. Él mismo se responde: “Los altos costos para acceder a los permisos de explotación minera son los que incentivan la venta de oro de manera informal. Lo más grave es que el precio del oro formal o informal es casi el mismo. Incluso, en algunas zonas pagan más por la venta de oro informal que por el formal. Esto es un punto clave al que el Estado debe poner atención, porque si no hay beneficios tangibles para entrar en la norma, los mineros pequeños, que son el 70 %, según el último censo, van a preferir seguir en la informalidad”, explica.

“Ese certificado de origen desconoce la tradición de muchas comunidades mineras, que ahora rayamos en la ilegalidad. Nosotros hemos identificado 390 unidades mineras, 126 entables y 130 compras de oro en Segovia con estas características. Antes de que empezara a regir este certificado, Colombia vendía alrededor de 70 toneladas de oro. Después disminuyó su venta en 20 toneladas. ¿Qué pasó con el restante? No desapareció. Se vendió en el mercado ilegal, porque los mineros tenían que seguir llevando comida a sus casas”, insiste Marín, quien admite que ha recibido diversas amenazas contra su vida desde que empezó a ser parte activa en estos procesos de controversia judicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya reconoció medidas cautelares de protección en 2016 a otros líderes de la región, después de que ese mismo año, el 15 de septiembre, fue asesinado en Medellín el abogado y miembro de la mesa de negociación con la multinacional, William García Cartagena. García fue baleado el mismo día en que se iba a llevar a cabo un plantón para decidir si se continuaba con las protestas que paralizaron Segovia en 2016 y fueron reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional. Una pieza más en el complejo rompecabezas de una región que confía en una reforma al Código Minero que libere tantas tensiones sociales. La iniciativa ya no verá la luz antes del primer semestre de 2023, pero hay voluntad política para conciliar este dilema histórico.

El fantasma del mercurio

Para Jairo Cárdenas, de la AMR, no avanzar en la inclusión de los mineros artesanales al Código Minero es no mejorar asuntos claves de la actividad de pequeña escala en el nordeste antioqueño, como el uso de mercurio en el procesamiento de oro en las plantas artesanales. El mercurio es una sustancia tóxica que logra que el polvillo o las pepitas de oro, que no se mezclan con ningún otro metal, se unan. Se conoce como amalgama. “Segovia fue uno de los municipios más contaminados por mercurio, pero desafortunadamente es una práctica que los mineros no dejan. Lo siguen utilizando porque es la única manera que conocen, y está ligado a la informalidad”, detalla Cárdenas. El mercurio en Colombia viene de China, según datos de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas de Colombia. Ingresa de forma legal o ilegal hasta Medellín, y de ahí se distribuye a Antioquia y Chocó, los dos departamentos con mayor minería ilícita en el país.

La agremiación de mineros artesanales del nordeste antioqueño no lo desconoce. “¿Quién va a invertir a ciegas en modelos de tecnologías limpias, que son costosos, si no hay seguridad jurídica? Aun así, por el arraigo que tenemos con nuestro territorio, hemos reducido su uso”, asegura Yarley Marín. La Ley 1658 de 2013 prohíbe el mercurio en cualquier actividad extractiva. En 2023 entrará en vigor la prohibición total (producción y venta) de mercurio, en línea con el Convenio Internacional de Minamata, que ratificó Colombia en 2019, el cual ha buscado erradicar el uso de este químico a nivel mundial. Esto hará que el mercurio sea más difícil de conseguir y puede disparar su comercio en manos de ilegales, que en el caso del nordeste antioqueño tienen una fuerte presencia.

Una realidad que demuestra el monitoreo de cultivos de coca y la explotación de minería de aluvión, al menos en las zonas rurales de Remedios, Segovia, Zaragoza y Nechí. “De los 24 municipios con minería de aluvión, 18 tienen presencia de cultivos de coca para 2021. Eso suma 15.000 hectáreas, lo que significa que estamos en un nuevo momento en donde los grupos armados al margen de la ley están diversificando sus actividades y rentas ilícitas con mayor dinamismo”, explica para El Espectador Germán Andrés Clavijo, coordinador del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simsi), de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).

Apoya el periodismo en el que crees

Suscríbete

La esquiva paz

La presencia armada por el control del oro y la coca ha recrudecido el conflicto armado en las zonas rurales de Segovia y Remedios. La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización de base campesina y minera, ya alertó desde hace un año la grave crisis humanitaria que se vive en la región por cuenta de la disputa entre paramilitares de las AGC y las guerrillas del Eln y disidencias del Cuarto Frente de las Farc, sobre todo en las veredas que limitan con el sur de Bolívar. El pasado 19 de agosto fue asesinado en la vereda El Carmen, de Remedios, el líder comunal Élmer Lenin Guerra, quien regresaba de una gira para promocionar un refugio humanitario para proteger a la población civil.

“Él fue nuestra mano derecha, gestionó la carretera, el acueducto, la señal de internet. De verdad duele. A las personas buenas las quitan del camino. Aquí uno sale y se encuentra un fallecido en la carretera que nos toca levantar, lo mismo que en Carrizal, en Lejanías”, concluye con preocupación Verónica Vargas, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carmen. La muerte de Lenin devolvió a sus pobladores al estado de terror que pensaban superado, apenas dos semanas después del cese al fuego que prometieron las AGC, como guiño de voluntad de paz con el gobierno de Gustavo Petro. A comienzos de noviembre a esta vereda alejada, de carreteras enlodadas y estrechas que colapsan con las lluvias y rodean montañas con pequeños cambuches mineros, llegó una comisión del Gobierno encabezada por Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz.

Rueda escuchó la grave situación, pues en la zona asesinaron a cuatro personas en menos de 15 días, y pidió a todos los grupos armados que respeten el compromiso, "no matar, no torturar y no desaparecer", para poder seguir en los acercamientos de paz. En ese caserío muy distante de donde se toman las decisiones políticas, El Espectador lo encontró y reafirmó a este diario su inamovible: “El respeto a la vida mide la voluntad de paz de cualquier grupo armado”. De paso confirmó lo que la gente dice en voz baja: “Todas las denuncias muestran la percepción de complicidad de estructuras institucionales con las AGC”. Verónica Vargas añade: “Si a Lenin no lo hubieran matado, quizá no hubieran mirado este territorio. Aquí hemos estado solos en todas las veredas del nordeste antioqueño, ¿y encima nos dicen mineros ilegales? Del oro es de lo único que se puede vivir por acá y por el oro seguimos en una espiral de violencia”.